Francisco Javier Hernández Mendoza
Expediente 1323/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1323/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco Javier Hernández Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad de México, once de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado en que se encuentran los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo para impugnar el pronunciamiento de tres de abril de dos mil veintitrés, por el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE 3 JUICIO DE AMPARO P.-1323/2021- VI En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Atento a lo anterior, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Principal
(11/04/2023).- (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 03/04/2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: """""""""""""""""""""""""""""" Ciudad de México, tres de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, por medio del cual, en atención a la vista otorgada en auto de veintitrés de marzo del presente año, manifiesta su conformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda. En atención a las manifestaciones realizadas por la quejosa, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por las aludidas autoridades responsables. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). Conviene precisar que mediante resolución dictada el once de agosto de dos mil veintidós, en el recurso de revisión número R.A. 149/2022 por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que determinó revocar la sentencia dictada en el presente juicio por el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas y amparar a la parte quejosa para los efectos los siguientes efectos: "Lo anterior conduce a REVOCAR la sentencia recurrida, y conceder el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN al quejoso Francisco Javier Hernández Mendoza, en contra del acto que reclama, consistente en el acuerdo de radicación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente RH/0736/21-03, para el efecto de que el Director General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México determine que en el caso se configuró la caducidad en términos del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México." En atención a lo anterior, mediante oficios de ocho y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, el Apoderado General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, remitió el acuerdo y la resolución de nueve y diecisiete de febrero del dos mil veintitrés, respectivamente, emitidos en el expediente RH/0736/21-03, por los Integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría referida, por los cuales se ordenó dejar insubsistente el acuerdo de radicación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno y se determinó la improcedencia del procedimiento administrativo citado en líneas que anteceden. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que el Director General de los Órganos Colegiados de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y los Integrantes de dicho Consejo, dejaron insubsistente el acuerdo de radicación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno y se determinó la improcedencia del procedimiento administrativo RH/0736/21-03, incoado en contra del quejoso; por tanto, este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Las consideraciones anteriores tienen sustento por analogía en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, que es del rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." (No. Registro: 165,807, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a./J. 201/2009, Página: 301) Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe. """""""""""""""""""""""""""""", SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
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- Ciudad de México, a veintititrés de marzo de dos mil veintitrés. En esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter PERSONAL para la parte (QUEJOSA)(SE REQUIERE REALICE MANIFESTACIONES)
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Ciudad de México, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Apoderado General de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana de las Ciudad de México, por medio del cual remite copia certificada del acuerdo de nueve de febrero del presente año, por el que se dejó insubsistente el acuerdo de radicación de veintiséis de marzo del dos mil veintiuno, así como las actuaciones posteriores dentro del procedimiento administrativo RH/0736/21-03. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, vistas las constancias y las manifestaciones de la autoridad responsable se advierte que se encuentra dando cumplimiento parcial a la ejecutoria de amparo, por lo que, en ese sentido y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables al cumplimiento del fallo protector han sido omisas en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, el objetivo de la Ley de Amparo, es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido. Máxime que, el cumplimiento de una ejecutoria de amparo se trata de una situación extraordinaria, por lo que la autoridad responsable no debe darle, a las conductas exigidas, un tratamiento en condiciones ordinarias, esto es, no debe condicionar el cumplimiento a trámites burocráticos, administrativos, comunicaciones internas, ni pretender justificarlo con las cargas de trabajo pues, se insiste, se trata del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, la cual constriñe a la responsable a la restitución de los derechos afectados por un acto declarado inconstitucional de manera inmediata para que el quejoso que ya obtuvo una sentencia favorable no tenga que estar soportando más la actuación de la autoridad declarada inconstitucional. Ahora bien, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: En primer término, conviene precisar que mediante resolución de once de agosto de dos mil veintidós, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió en el recurso de revisión número R.A. 149/2022, lo siguiente: PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Francisco Javier Hernández Mendoza, en contra del acuerdo de radicación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente RH/0736/21-03, por el Director General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, para el efecto precisado en esta resolución. Asimismo, se precisa que los efectos del fallo amparador consisten en lo siguiente: Lo anterior conduce a REVOCAR la sentencia recurrida, y conceder el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN al quejoso Francisco Javier Hernández Mendoza, en contra del acto que reclama, consistente en el acuerdo de radicación de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente RH/0736/21-03, para el efecto de que el Director General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México determine que en el caso se configuró la caducidad en términos del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Los artículos 192; 193; 194, 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, prevén el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, y tomando en consideración que el fallo judicial otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se requiere a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México por conducto de su Presidente Guillermo Zamudio Jiménez, para que dentro del plazo de diez días, contado a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que para dar cumplimiento la autoridad debe: - Emita resolución debidamente fundada y motivada en el que determine que en el caso se configuró la caducidad en términos del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Así las cosas, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a Omar Hamid García Harfuch Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la citada autoridad, la conmine a cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de diez días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismos a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ellas poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de amparo, o bien, para cumplirla por sí mismos. Apercibidas que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Finalmente, se reserva a acordar la vista a la parte quejosa con las constancias que anexa la autoridad responsable, hasta en tanto de cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
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