Francisco Javier Garrido Ruíz
Expediente 879/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco Javier Garrido Ruíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En la Ciudad de México, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la Directora General de Recursos Humanos, el Director General de Programación, Organización y Presupuesto y su superior jerárquica la Coordinadora General de Administración, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido omisas en coadyuvar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que no han remitido las constancias con las que acrediten que acataron el fallo constitucional, cumplimiento que les fue requerido mediante acuerdo veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, pese a estar debidamente notificadas. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, y se hace del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien conoce del incidente de inejecución de sentencia 16/2022 de su índice, la contumacia de las autoridades requeridas para cumplir con el fallo protector. Al respecto, infórmese al Alto Tribunal que desde el diecinueve de enero de dos mil veintidós, se requirió al Director General de Programación, Organización y Presupuesto, y a su superior jerárquico Coordinador General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que emitieran el título de crédito por la cantidad de $***, por concepto de diferencias en nómina de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el servicio, por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil dos al treinta y uno de octubre de dos mil quince, esto es, desde hace aproximadamente nueve meses, sin que a la fecha lo hayan realizado, lo que evidencia su contumacia y renuencia para acatar el cumplimiento de la sentencia de amparo, siendo que únicamente han pretextado diversos trámites internos para no cumplir con la ejecutoria de amparo, los cuales, este Juzgado también ha requerido se realicen para lograr el cumplimiento del fallo protector, sin que se haya dado cumplido la sentencia de amparo, en detrimento de la parte quejosa. Lo anterior, para que el Máximo Tribunal de este país, cuente con mayores elementos para en su caso resolver acerca de la imposición de sanciones a que se refiere el artículo 107 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, considerando el retraso en que han incurrido las autoridades responsables y que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la Directora General de Recursos Humanos, y al Director General de Programación, Organización y Presupuesto, ambos de la Fiscalía General de Justicia, todos de la Ciudad de México, para que en el término de DIEZ DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber realizado lo siguiente: a) La Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: haber remitido la planilla de liquidación respetiva y haber solicitado la suficiencia presupuestal y título de crédito por la cantidad que asciende a $***, por concepto de diferencias en nómina de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el servicio, por el periodo comprendido del uno de enero de dos mil dos al treinta y uno de octubre de dos mil quince. b) El Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: haber otorgado la suficiencia presupuestal mencionada en el párrafo anterior y el título de crédito correspondiente. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción I del citado código, REQUIÉRASE al Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de las vinculadas responsables, las conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a las vinculadas responsables el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas que en caso de omisión, se hará del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien conoce del incidente de inejecución de sentencia 16/2022. Esto es así, tomando en consideración el tiempo que ha trascurrido en exceso para acatar lo ordenado en el fallo protector dictado en autos, aunado a que el cumplimiento de una determinación judicial constituye una cuestión de orden público, por lo que deben evitarse actuaciones o decisiones que la dificulten.Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece:"SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PUBLICO DEBIENDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107,fracción XVI, de la Constitución, y 105 y 113 de la Ley de Amparo, en cuanto a las medidas que deben adoptarse para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe establecerse que éste es de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esa materia, no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por consiguiente, si bien la improcedencia del incidente de inejecución de sentencia se produce cuando existe un acto que entraña un principio de cumplimiento, ello solo resulta aplicable cuando tal situación se presente con anterioridad a la promoción del referido incidente y no cuando ello ocurre durante su tramitación pues, en este caso, en el debe lograrse el pleno cumplimiento de la sentencia y proceder, en su caso, a adoptar las medidas consignadas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución (Época: Octava Época, Registro: 206968, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia(s): Común, Tesis: 3a. XCI/91, Página: 99). En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberá atender el presente requerimiento de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito. Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10). En el entendido, de que no se otorgara ninguna prórroga para atender lo solicitado en el presente proveído, por las razones anteriormente expuestas, por lo que transcurrido el termino aludido, en caso omiso de su parte, sin mayor providencia se hará efectivo el apercibimiento decretado. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En otro orden, se tiene por recibido el oficio vía MINTERSCJN, por medio del cual, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informa el proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el incidente de inejecución de sentencia 16/2022 de su índice, en el cual, requirió por tercera ocasión a las autoridades responsables y vinculadas el cumplimiento del fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese
- Principal
Por lo expuesto y con fundamento, en los artículos 73 a 76 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio en que el la Secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de revisión R.A. 112/2022, en que el Tribunal Colegiado revisor determinó lo siguiente: PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la (sic) no ampara ni protege a *****, en los términos y para los efectos precisados en el considerando último de la sentencia que se revisa. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio y anexo de México, se ordena acusar recibo vía interconexión el recibo correspondiente, hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glosar el cuaderno de antecedente formado con motivo del referido recurso. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que se negó la protección constitucional en el presente asunto. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de nueve de mayo de dos mil veintidós, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo, se determina que este expediente es susceptible de depuración en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto en el que la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 3, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se negó, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
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