Francisco Javier Gonzalez Melo
Expediente 294/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Francisco Javier Gonzalez Melo
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que el impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a cinco de julio de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓNVisto; el escrito signado por Carlos Asdrubal Pantoja de la Cruz en su carácter de defensor de Francisco Javier González Melo; a través del cual da cumplimiento a la prevención efectuada en el presente asunto el veintidós de junio pasado; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDAEn principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Primero conviene trascribir el artículo 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esta perspectiva, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en términos del diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.]." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.].". En ese sentido, el impetrante del amparo, precisa como actos reclamados: "A. Del JUEZ DE CONTROL reclamo: La ilegal resolución de fecha siete de junio del año dos mil, veintiuno, dictada en audiencia pública y oral; en los autos del Proceso Penal 213/2020. B. Del FISCAL, reclamo: La falta de aseguramiento de la unidad automotora marca Chevrolet, Silverado, color Guinda, modelo 1991, Serie 2GCEC19ZXM1195958, placas de circulación SJ99634, esto debió ser desde el inicio de la carpeta de investigación UIPJ/DVII/F2/1094/2020 y dentro del plazo de investigación complementaria como un deber de la investigación que tenía bajo su cargo el citado Fiscal en virtud de que supuestamente dicho vehículo tenia huellas del delito que seguramente hoy ya se borraron." Así mediante proveído de veintidós de junio del año en curso, se le previno para que bajo protesta de decir verdad, señalara los siguientes puntos: "(.) 1. Manifieste en qué consiste la resolución de siete de junio del año dos mil, veintiuno, dictada en audiencia pública y oral en los autos del Proceso Penal 213/2020 del índice del Juez de Control Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en esta ciudad; toda vez que de sus antecedentes no se advierte claramente, pues hace únicamente una narrativa de por qué solicitó la nulidad de los actos de investigación practicados por la fiscal responsable. 2. Precise la fecha en la que se le notificó la resolución de siete de junio de dos mil veintiuno, pues ello no se desprende de su ocurso constitucional y dicho dato es indispensable a fin de estar en posibilidad de verificar la presentación oportuna de la demanda de amparo; y, 3. Señale si combatió o ejerció medio de defensa contra el acto que atribuye al Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, consistente en "La falta de aseguramiento de la unidad automotora marca Chevrolet, Silverado, color Guinda, modelo 1991, Serie 2GCEC19ZXM1195958, placas de circulación SJ99634, esto debió ser desde el inicio de la carpeta de investigación UIPJ/DVII/F2/1094/2020 y dentro del plazo de investigación complementaria (.)", ante el Juez de Control Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en esta ciudad (.)" Así, con esta fecha el autorizado del directo quejoso desahogó la vista y manifestó lo siguiente: "(.) EN RELACIÓN AL PRIMER PUNTO, me permito hacer la transcripción de la Resolución de siete de junio de dos mil veintiuno, dictada en autos del proceso penal 213/2020 por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y que a la letra dice: "El suscrito procede a resolver la petición formulada por lo defensa del señor FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MELO, quien solicito la nulidad de los actos de investigación que se encuentran dentro de la carpeta de investigación que tiene a su cargo el ministerio público que es el Licenciado VICTOR MANUEL ARREGUIN NAVARRO, consistentes en la entrevista de fecha veintidós de octubre del año dos mil veinte por AGAPITO HERNANDEZ VITE, entrevista de fecha veintidós y veintisiete de octubre del año dos mil veinte de PETRA ESPINOZA BENAVIDEZ, así como la factura original 33396808 del estado de Texas, sesión de derechos a favor de PETRA ESPINOZA BENAVIDEZ, pedimento de importación 35841003226 del vehículo camioneta marco CHEVROLET, SILVERADO, color guinda modelo 1991, placas de circulación 5199634,así entrevisto de PERLA IVONEN HERNADEZ ESPINOZA de fecha veintiocho de octubre del año dos mil veinte, así como el oficio PM-246912020 signado por Laura Villanueva García y Octaviano Virues Romano, policías de la policía ministerial del estado, así como el dictamen pericial bajo el número 219/2020 signado por Rocío Isabel Montufa Reyes, sobre el vehículo señalado líneas anteriores, asi como el dictamen 2238 de Irene Pérez Hernández, sobre el estado Psicológico de Petra Espinoza Benavides y por último el dictamen de lesiones numero 2834 signado por Raúl Vicencio Hernández en donde valora a Petra Espinoza Benavides, teniendo como fundamento su petición en el numeral 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En primer término, debemos partir que el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: que cualquier acto realizado con violaciones a derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado o convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Siendo que dicho numeral se encuentra contemplado dentro del capítulo VII Nulidad de actos procedimentales, siendo dicho arábigo un principio general, mas no especifico. En consecuencia de ello, torna equivoca la fundamentación que hiciera valer la defensa, dado que si se trata de nulidades sobre actos ejecutados en contravención de derechos humanos sobre cuestiones procedimentales, el propio código en numeral 98 establece la idoneidad, pertinencia y forma de poder combatir tales violaciones, a través de los mecanismos o medios de impugnación que se encuentran inmersos en dicha codificación, lo cual en lo especifico no acontece, dado que la defensa del hoy investigado asumió la misma desde el mes de diciembre del año dos mil veinte, lo cual hasta el día de hoy se encuentran consentidos dichos actos procedimentales. Lo que, para el suscrito, la fundamentación a la que hizo referencia no se actualiza a tal solicitud, ya que existen dos primicias, la primera la nulidad de actos procedimentales y la segunda, la nulidad de la prueba, teniendo como contexto la prueba ilícita y su exclusión, misma que se encuentra regulada en los arábigos 260, 261, 262 y demás del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde específicamente el artículo 263 establece que los datos y las pruebas deberán ser obtenidas (sic obtenidas), producidos y reproducidos tácitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece el propio código. En el caso que nos ocupa en donde se duelen los defensores que el ministerio público nos les permitió el derecho de contradicción a refutar los datos de prueba recabados por el órgano investigador, con la finalidad de desvirtuar su teoría del caso de acuerdo a la mecánica de hechos, en específico el desahogo de las prueba pericial que se debería haber realizado a la unidad que participó en tal evento, dado que el fiscal jamás aseguro el vehículo automotor tal y como lo prevé el numeral 229 del código nacional de Procedimientos Penales, este juzgador está de acuerdo con lo manifestado por los defensores en donde era un obligación del fiscal realizar tal aseguramiento, sin embargo, esa omisión por parte del órgano de investigación no hace nulos los datos de prueba que constan en su carpeta de investigación dado que no se aprecia o desprende que los mismos hayan sido obtenido bajo un ilicitud probatoria o a través de violaciones a los derechos humanos. El Código Nacional de Procedimientos Penales ordena tanto la exclusión (declarada por el juez) y La nulidad (a petición e parte o declarada de oficio por el órgano jurisdiccional) en el primer caso la exclusión opera para los medios de prueba que se ofrezcan en la etapa intermedia en el evento de que no se refieran directa o indirectamente, al objeto de investigación y sean útiles para el esclarecimiento (sic esclarecimiento) de los hechos, por cuanto a la nulidad las partes podrán hacer valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso provocando la obligación del funcionario judicial a pronunciarse al respecto, el momento oportuno para hacerlo siendo pertinente al tomar en cuenta que también el desahogo llevado a cabo en audiencia de juicio puede conllevar ilicitud de la prueba, el Código Nacional de Procedimientos Penales, también contempla además que los actos procesales que hayan sido realizados con violación de derechos humanos serán nulos y no podrán ser saneados, no convalidados, caso en que su nulidad deberá ser declarada de manera oficiosa por el órgano jurisdiccional, lo cual en la especie no acontece, toda vez que, los datos obtenidos por el Ministerio Público se encuentran dentro de lo que establece el art[culo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal y como lo deje establecido, es por ello, que el suscrito declara improcedente la solicitud hecha por la defensa del señor FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MELO". EN RELACIÓNAL SEGUNDO PUNTO, Hago de su conocimiento que la resolución por la que hoy nos dolemos nos fue notificada el siete de junio de dos mil veintiuno. EN RELACIÓN AL TERCER PUNTO, si se combatió o se ejerció el medio de defensa que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el auxilio o control judicial, por tanto, en audiencia pública y oral de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, el Juez de Control, resolvió PROCEDENTE EL ASEGURAMIENTO y le dicto un plazo de cinco días al Fiscal para la Búsqueda, Localización y Aseguramiento del citado Vehículo, debiendo de hacerlo por conducto de su anterior propietaria PETRA ESPINOSA BENAVIDES y el nuevo propietario ALEJANDRO RAMOS para que a este último se le designe como depositario en su domicilio y con la intención de que el imputado, su defensa y peritos llevemos a cabo un acto de investigación consistente en la inspección ocular y secuencia fotográfica necesario para la demostración de nuestra teoría del caso. Por Acuerdo y oficio 939/2021 de 27 de mayo de 2021, el citado Fiscal responsable, en cumplimiento a la resolución judicial de control, informa al Juez de Control, que se giró el oficio de investigación correspondiente al Comandante de la Policía Ministerial de esta ciudad, y en respuesta obtuvo el oficio número PM/1181/2021de fecha 26 de mayo de 2021, signado por el C. RAFAEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ, policía ministerial adscrito a la jefatura de detectives de Poza Rica, quien informa que se dirigió al domicilio ubicado en calle Misantla, número 38, de la colonia La Ceiba de esta ciudad en donde fue atendido por ALEJANDRO RAMÍREZ LUNA, (persona distinta a la ordenada) quien menciono que la unidad Vehicular la publico en Facebook y la vendió a una persona de Gutiérrez Zamora, sin tener el domicilio exacto del nuevo propietario. Es decir, el Fiscal no realizo el aseguramiento del vehiculó ordenado por audiencia pública y oral, de lo que nos enteramos al vencimiento del plazo antes manifestado esto es el 31 de mayo de 2021 (.)" Bajo esta perspectiva, se considera que se actualiza la causa de improcedencia del juicio relativa a los actos que no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en términos del diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sentido. Aquí, conviene precisar que para que se actualice la improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del aludido precepto 61, es menester efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido del normativo 107 fracción V en comentario. En ese sentido, de la lectura atinente al apartado de conceptos de violación, se aprecia que el promovente del amparo, basa su inconformidad en el hecho de que el siete de junio de dos mil veintiuno, el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, resolvió en el proceso penal 213/2020, la improcedencia del recurso de nulidad de los actos de investigación que se encuentran dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DVII/F2/1094/2020 del índice del Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, esto, con la finalidad de lograr el aseguramiento del vehículo automotor y desahogar la prueba pericial que se debió haber realizado a la unidad que participó en el evento delictivo. De igual forma, la resolución de veintisiete de mayo del año en curso, dictada por el Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, donde informó al Juez de Control, su imposibilidad para dar cumplimiento a la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, esto es, asegurar la unidad automotora marca Chevrolet, Silverado, color Guinda, modelo 1991, Serie 2GCEC19ZXM1195958, placas de circulación SJ99634, en la carpeta de investigación UIPJ/DVII/F2/1094/2020. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Así, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable el criterio, de considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento. Así, en la actualidad la concepción de que el amparo indirecto procede contra una violación formal o adjetiva que afectaba a las partes en grado predominante o superior, resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. De esta manera, la citada resolución de siete de junio de dos mil veintiuno, dictada en el proceso penal 213/2020 por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, no es un acto de los considerados de imposible reparación, ya que dicha resolución que declara improcedente el recurso de nulidad de actuaciones, es en relación a la preparación y desahogo de la prueba pericial de la unidad automotora marca Chevrolet, Silverado, color Guinda, modelo 1991, Serie 2GCEC19ZXM1195958, placas de circulación SJ99634, circunstancias que tienen efectos meramente procesales, lo que no implica un perjuicio al impetrante del amparo; de ahí que, dicha resolución afecta únicamente derechos procedimentales y no derechos sustantivos. Por tanto, el acto que en esta vía se impugna no constituye un acto reclamable en amparo indirecto, por no tener una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho material o sustantivo a la parte quejosa; y, a manera de ejemplo son, entre otros, el arresto, la apertura de la correspondencia, derechos de libertad, de secrecía de modo irresarcible, ya que una vez ejecutados los actos, no podrá reponerse al arrestado el tiempo que estuvo detenido, ni volver al secreto el contenido de la correspondencia abierta. Sin embargo, en el caso, que nos ocupa, al promovente solo se le infringen derechos adjetivos o procesales. De ahí que, en el caso no se dan las condiciones para la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, pues no se afectan derechos materiales, sino solo formales, esto es, el derecho que reclama la parte quejosa, no reviste la categoría de derecho sustantivo, por no ser una afectación actual sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio de origen, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo, la jurisprudencia siguiente: Época: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Además, como ya se indicó, la consecuencia de declarar procedente el recurso interpuesto y revocar el auto dictado dentro de la audiencia prevista en el artículo 221 del código adjetivo civil, (determinación combatida en el juicio natural), sería para el efecto de admitir las pruebas ofrecidas, tiene efectos meramente procesales, y por ende constituye una violación combatible, en todo caso, en el juicio de amparo directo que se intente en contra de la sentencia definitiva que se pronuncie, ya que hasta ese momento se sabrá si la violación de que se trata afectó al particular trascendiendo al resultado del fallo; habida cuenta que la resolución que ponga fin al proceso penal 213/2020 por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, pudiera ser que le beneficie y por tanto las violaciones procedimentales quedarán reparadas, o en su caso, de serle desfavorable ello podría ser todavía cuestionado en una eventual segunda instancia o en el juicio de amparo directo y obtener su reparación. En tal virtud, el acto que reclaman el promovente en el presente juicio de amparo no lo deja sin defensa, pues como ya quedó apuntado, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos intraprocesales, pues no se afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en todo caso, las consecuencias del acto reclamado podrían constituir una violación procesal, es decir, aquellas que no tienen sobre las personas una ejecución irreparable, en tanto producen exclusivamente efectos de carácter formal, que desaparecen sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado cuando éste logra queden satisfechas sus pretensiones con el dictado de una resolución favorable. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia que dice: Época: Octava Época Registro: 205810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/91 Página: 25 AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. Ahora bien, si por el contrario, el promovente no llegase a obtener sentencia favorable, entonces el perjuicio que le origine la resolución reclamada podrá ser reparada como ya se indicó, por medio del amparo directo, tal y como lo prevé la fracción III, inciso a) del artículo 107 de la Carta Magna, en términos de los diversos 170, 171 y 172, fracción XII de la Ley de Amparo, previo agotamiento del recurso ordinario si lo hubiere y fuese necesario su interposición previo el juicio de amparo directo y así obtener lo que aquí se busca. Cobra aplicación por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, cuyo contenido es el siguiente: Época: Octava Época Registro: 213050 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Marzo de 1994 Materia(s): Común Tesis: XII.2o.17 K Página: 307 AMPARO INDIRECTO. EL ACUERDO QUE DESECHA UN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL DIVERSO QUE NO ADMITE PRUEBAS, NO ES COMBATIBLE EN. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 constitucional, en relación con los diversos 114, párrafo IV, 158, y 159, de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede el amparo indirecto cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al juicio. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtenerse una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que desecha un recurso de apelación en contra de un proveído que niega admitir pruebas, no debe reclamarse en amparo indirecto pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatido en amparo directo en caso de que se dicte una resolución desfavorable. En razón de lo expuesto y con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, en términos del diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por ser notoria e indudable su improcedencia. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
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Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintidós de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓNVista; la demanda de amparo promovida por Francisco Javier González Melo, por conducto de su defensor Carlos Asdrubal Pantoja de la Cruz, contra actos del Juez de Control Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los artículos 14 y 20 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 294/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN DE LA DEMANDAResulta conveniente citar lo establecido en los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1º. de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De dichos numerales se aprecia que el Juez de Distrito que conozca de una demanda, cuando advierta que existe una irregularidad en la misma, por haberse omitido alguno de los requisitos que establece el numeral 108, deberá prevenir al promovente para el efecto de que subsane las omisiones o haga las aclaraciones correspondientes, en el entendido de que también puede prevenirse cuando se trate de demandas oscuras y/o confusas en algunos de sus requisitos. Con el propósito de proveer eficazmente el presente asunto, es necesario prevenir al impetrante del amparo por irregularidades en el ocurso de su demanda que a continuación se precisan. En principio, en relación con el requisito contenido en la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo, cabe mencionar que de la lectura de la demanda, se advierte que, el disconforme señaló como actos reclamados: "A. Del JUEZ DE CONTROL reclamo: La ilegal resolución de fecha siete de junio del año dos mil, veintiuno, dictada en audiencia pública y oral; en los autos del Proceso Penal 213/2020. B. Del FISCAL, reclamo: La falta de aseguramiento de la unidad automotora marca Chevrolet, Silverado, color Guinda, modelo 1991, Serie 2GCEC19ZXM1195958, placas de circulación SJ99634, esto debió ser desde el inicio de la carpeta de investigación UIPJ/DVII/F2/1094/2020 y dentro del plazo de investigación complementaria como un deber de la investigación que tenía bajo su cargo el citado Fiscal en virtud de que supuestamente dicho vehículo tenia huellas del delito que seguramente hoy ya se borraron." Y toda vez que en el punto once y doce de los antecedentes del acto reclamado el promovente precisa lo siguiente: "[.] 11. De todo lo señalado en los puntos que anteceden, fue que al considerar que con el actuar del Fiscal, se violentaban derechos humanos en contra de mi defendido como lo son Debido Proceso, Igualdad, Contradicción, Debida Diligencia y Deber de Investigación, acudimos con fecha uno de junio del año corriente, ante la responsable Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, con la finalidad de llevar a cabo audiencia de debate para solicitar la nulidad de actos de investigación practicados por la responsable Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del VII Distrito Judicial, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, por considerar que se actualizaba lo establecido por el artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda" para lo cual, el Juez antes señalado, fijo fecha para celebración de audiencia de debate respecto de LA NULIDAD DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN LLEVADOS ACABO POR EL FISCAL ENCARGADO DE LA INVESTIGACIÓN, PREVISTA POR EL NUMERAL 97 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDMIENTOS PENALES, fijando como fecha las 15:00 horas del siete de junio del presente año. 12. En la citada audiencia, se hizo del conocimiento del Juez, las manifestaciones de violaciones a derechos humanos dentro de la etapa de investigación inicial llevada a cabo por el fiscal de la adscripción, como lo son Debido Proceso, Igualdad Procesal, Contradicción, Objetividad Debida Diligencia Y Deber De Investigación a que se refieren nuestra Constitución Federal, los Tratados Internacionales, y Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos a que hare profundo análisis en el apartado de Conceptos de Violación y Disposiciones Legales Violadas, que colocan al quejoso Francisco Javier González Melo, en un terreno de desigualdad e indefensión dentro del proceso penal, esto con base en los hechos narrados en los numerales anteriormente señalados; sin embargo, y no obstante que la solicitud de nulidad fue en tiempo y forma legal, el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, previo el debate llevado acabo entre las partes, decreta que declara firmes los actos de investigación de la fiscalía, los que fueron llevados materialmente a cabo con un vehículo que a la fecha no sabemos si efectivamente existe, gracias a que por su impericia culposa o dolosa el mismo fue enajenado varias veces precisamente porque no fue asegurado por la Fiscalia a pesar de que aquel supuestamente contiene o contenía huellas del delito como son orificio de entrada (desconocemos si de salida) por impacto de proyectil de arma de fuego, de una circunferencia de dos centímetros de aproximación, esto sin que nos conste, pues es lo que se determina en el dictamen 2019/2020 de 26 de octubre de 2020, elaborado por la perito Roció Isabel Montufa Reyes, aduciendo el Juez de Control en términos generales, que no había lugar a llevar acabo las nulidad de pruebas obtenidas por la Fiscalia con el citado vehículo, por no existir violaciones a derechos humanos en el actuar del Fiscal, esto a pesar que aquella si tuvo a la vista el citado vehículo y le sirvió para sus atestes y dictámenes que incriminan al quejoso, pero que al pretender esta defensa que se le ponga a la vista el citado vehículo para el efecto contrario (acreditar la inocencia), simplemente no fue materialmente posible, reitero gracias a que por culpa o dolo de la Fiscalia el vehículo ya fue enajenado y actualmente se desconoce su paradero y localización aunado a que ya se nos venció el plazo de la investigacion complementaria sin que dentro del dicho plazo jamás lográramos llevar a cabo la inspección solicitada o el aseguramiento del mismo, es decir, la Fiscalia faltando a su deber de investigar ha hecho todo lo posible por no permitirnos el acceso al mismo vehículo que dicho órgano investigador sí está utilizando para incriminar al aquí quejoso, es más, se ha constituido en defensor de las ventas y enajenaciones del citado vehículo pues en las audiencias ha manifestado que él no puede coartar el derecho de dominio que existe sobre el citado mueble, sin embargo, se le olvida que aquel tiene huellas del delito y que por ese solo hecho el mismo Fiscal debió asegurar el vehículo desde el inicio de la investigación para salvaguardar el derecho del indiciado a que si era su deseo también lo inspeccionara, lo que en la especie, se solicitó pero que no aconteció en agravio de los derechos humanos de mi defendido y para esta defensa, ya que todas las pruebas que se obtuvieron por parte del citado fiscal aparecen relacionadas con el vehículo que debió asegurar y que culposa o dolosamente no aseguro en agravio de solo una de las partes, por ende, sostenemos que dichas pruebas FUERON OBTENIDAS CON VIOLACION A DERECHOS HUMANOS, principalmente el de contradicción e igualdad en el proceso ya que dicho deber de investigar esta intrínsecamente ligado para con todas las partes en el proceso y no solo para la fiscalía y sus representados, lo que seguramente se hubiera logrado garantizarle a mi defendido con el aseguramiento del vehículo ya descrito, generando que dentro del plazo de investigación complementaria no se lograra la inspección necesaria por parte de nuestros peritos para poder sustentar nuestra teoría del caso." Así, atendiendo a los datos que emanan del escrito de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108 fracción IV, del propio cuerpo normativo, requiérase al promovente para que por escrito y bajo protesta de decir verdad, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: 1. Manifieste en qué consiste la resolución de siete de junio del año dos mil, veintiuno, dictada en audiencia pública y oral en los autos del Proceso Penal 213/2020 del índice del Juez de Control Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en esta ciudad; toda vez que de sus antecedentes no se advierte claramente, pues hace únicamente una narrativa de por qué solicitó la nulidad de los actos de investigación practicados por la fiscal responsable. 2. Precise la fecha en la que se le notificó la resolución de siete de junio de dos mil veintiuno, pues ello no se desprende de su ocurso constitucional y dicho dato es indispensable a fin de estar en posibilidad de verificar la presentación oportuna de la demanda de amparo; y, 3. Señale si combatió o ejerció medio de defensa contra el acto que atribuye al Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, consistente en "La falta de aseguramiento de la unidad automotora marca Chevrolet, Silverado, color Guinda, modelo 1991, Serie 2GCEC19ZXM1195958, placas de circulación SJ99634, esto debió ser desde el inicio de la carpeta de investigación UIPJ/DVII/F2/1094/2020 y dentro del plazo de investigación complementaria (.)", ante el Juez de Control Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en esta ciudad. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2022217 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 4/2020 (10a.) Página: 19 PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención. Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa. Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar." "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "Época: Décima Época Registro: 2005636 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 161/2013 (10a.) Página: 1079 "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." APERCIBIMIENTO Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el término y en las condiciones apuntadas, con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO En el entendido de que deberá exhibir seis copias de su escrito aclaratorio de demanda, con la finalidad de entregarlas a cada una de las partes en el presente juicio de amparo, las que deberán de distribuirse de la manera siguiente: dos para las autoridades responsables, una para correr traslado a la parte tercera interesada; una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito; y dos más para el incidente de suspensión que solicita. Para sustentar lo anterior, cobran aplicación las jurisprudencias siguientes: "Época: Novena Época Registro: 177046 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 106/2005 Página: 170 COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." "Época: Novena Época Registro: 189977 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 36/2001 Página: 79 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe al impetrante del amparo, que de no exhibir la totalidad de las copias solicitadas del escrito aclaratorio, es decir, para el caso de faltarle una, no se tramitará incidente de suspensión, ello, de conformidad con el último párrafo del artículo 14 de la Ley de Amparo. COPIAS RESTANTES DE LA DEMANDA En tanto se provee lo conducente, consérvense en la secretaría de este juzgado las copias anexas de la demanda de amparo, sin que se estime necesario por el momento agregarse a los presentes autos. AUTORIZADOS Téngase como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Angeles Llerenas, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, así como a Alejandra Salazar Olmedo, por así haberlo solicitado expresamente. ACCESO, CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Por otra parte, toda vez que el quejoso solicita el acceso y la consulta del expediente electrónico del presente juicio, así como notificaciones electrónicas; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, notifíquesele los autos los de carácter personal, por dicho medio. En virtud de lo anterior, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, para que de inmediato, realice el trámite correspondiente para que el impetrante pueda tener acceso, consultar y ser notificado vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo, con el usuario: Charly0607. Se significa al ocursante, que a partir del día de hoy se encuentra habilitado para realizar la consulta vía internet, así como recibir notificaciones personales vía electrónica; por lo que, todas las notificaciones que se le realicen en este asunto, se regirán conforme a lo previsto en la ley de la materia para las notificaciones electrónicas. Se tienen por señalados el correo electrónico proporcionados por el impetrante, y agréguense como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
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