Francisco Javier Garrido Calva
Expediente 184/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Junta Especial Número Cuarenta Y Cuatro de la Federal de Conciliación Y Arbitraje, Ciudad
- Francisco Javier Garrido Calva
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que el impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
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- Principal
(aviso) se notifica por lista a la parte quejosa. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Garrido Calva, por propio derecho, contra actos del Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 184/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Lo anterior, porque el precepto mencionado en último término establece que el juicio constitucional en la vía indirecta procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y expresa que éstos son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Sobre los actos de ejecución irreparable, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, consideró que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas -indicó-, se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Mientras que la segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en lo anterior, sostuvo nuestro Máximo Tribunal, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. La anterior interpretación, refirió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dedujo de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, se concluyó, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" se abandonaba el criterio de que el juicio de amparo indirecto procedía excepcionalmente en contra de violaciones procesales cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse dicha concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Las anteriores consideraciones, dieron lugar a la emisión de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y texto, son los siguientes: Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Página: 39 "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Tal criterio se reiteró en la diversa jurisprudencia: P./J. 1/2016 (10a.), también sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, titulo y subtitulo, siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2011428 Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Materia(s): Común Página: 15 CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. (Lo resaltado es propio)" Precisado lo anterior, de la lectura integra del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el consistente en: "(.) El acuerdo dictado por la Autoridad señalada como responsable en fecha 17 de marzo de 2023, en la parte que dice, transcribo: "... Por recibidos ante la oficialía de partes con que cuenta esta Junta el día 16 de marzo de 2023, escrito de fecha 15 de marzo de 2023, signado por el Lic. Carlos Alberto Loya Aguirre, en representación de la demanda BIN ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V., registrado en el libro de promociones que lleva esta H. Junta bajo el número de folio 1274, mismo que se ordena agregar a las autos para los efectos legales a que haya lugar y visto lo solicitado en el escrito de referencia, en el cual se identifica como Licenciada en derecho en términos de la Cédula Profesional número 3855591, expedida por la Dirección General de Profesionales de la SEP, acreditando personalidad en términos de la carta poder de fecha 15 de marzo de 2023 y que relaciona con instrumento público notarial número 443, de fecha 28 de abril de 2021, exhibidos en copias certificadas y copias simples para que previo cotejo entre las mismas la certificada se les devuelvan y las copas simples sean agregadas a los autos, asimismo se les reconoce la personalidad como apoderado legal de la empresa demandada BIN ADMINISTRATIVO, S.A. de C.V. dándole la intervención legal que en derecho le corresponda y como lo solicita en el escrito de referencia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en:- CALLE: 14 NUMERO 509 COL. OBRERA EN ESTA CIUDAD; y toda vez que en el escrito promueve INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 761 y 762 fracción I y 763 de la Ley Laboral, para el efecto de sustanciar el mismo, se le da entrada al incidente planteada por la promovente, se suspende el procedimiento laboral, y para el efecto de substanciar el mismo, se le da entrada al incidente planteada por la promovente, se suspende el procedimiento laboral en que se actúa y toda vez que se encuentra señalada esta fecha y hora para la celebración de la audiencia testimonial, se deja sin efecto la hora y fecha señalada en el proveído de fecha 14 de noviembre de 1022 y se señalan las: DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES; para que tenga lugar la celebración de la audiencia INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES planteada por la apoderada legal de la demandada BIN ADMINISTRATIVO S.A. DE C.V., donde las partes deberán ofrecer sus pruebas y formular sus alegatos en relación al incidente planteado, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por precluido su derecho y deberán estarse a la resolución que se dicte en el mismo." En tanto, en los antecedentes narrados en el escrito aclaratorio de cuenta, precisó: "(.) 1.- Por escrito de fecha 21 de noviembre del año 2019, interpuse formal demanda en contra de la empresa BIN ADMINISTRATIVO S.A. de C.V. y PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, en la que reclamé, la RESCISIÓN del contrato de trabajo celebrado entre el suscrito y la demandada mencionada en primer término, y accesorios, por causas imputables a la empresa, y en cuanto a la mencionada en segundo término, se le demandó en razón de que se beneficiaba con mi trabajo, así como el pago de salarios retenidos. 2.- La demanda señalada en el hecho anterior, se registró como expediente laboral número 668/2019, del Índice de la Junta Especial número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, el 22 de noviembre de 2019, ordenando emplazar a las demandadas en el domicilio señalado para ese propósito. 3.- En su oportunidad se emplazó a juicio a las demandadas, BIN ADMINISTRATIVO S.A. DE C.V, en el domicilio ubicado en Calle 14 Norte, número 509 de la colonia Obrera en esta ciudad, que es el lugar donde tiene oficinas su Departamento de Recursos Humanos. 4.- En fecha ocho de junio de 2021, se llevó a cabo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, a la que compareció, por la codemandada Bin Administrativo S.A. de C.V., la Licenciada DULCE FERNANDA VELAZQUEZ GARCÍA, quien acreditó personalidad como Apoderada legal de la moral demandada, con carta poder de fecha 07 de junio de 2021, que le otorgara la C. SUSANA EVANGELINA MAHE CASTILLO, Administradora Única de la empresa, en la que, además de la nombrada, otorgó poder a los Licenciados Oscar Cuervo Cruz, Cesar Alfredo Pulido Austria, Edith Cano Licona, Elisa Marielli Galeana Olvera y Francisco Cobos Brigada, a quienes en su oportunidad, la Junta les reconocida personalidad en acuerdo que señala: "...se le reconoce la personalidad como apoderada legal de la empresa demandada Bin Administrativo, S.A. de C.V., a la Lic. Dulce Fernando Velázquez García, en términos de los documentos descritos y exhibidos al inicio de la presente audiencia, debiéndoles de dar a los profesionistas antes citados, la intervención legal que en derecho corresponda...". Y en ejercicio del mandato, la apoderada legal mencionada, dio contestación a la demanda interpuesta en contra de su representada, opuso excepciones y defensas e interpuso incidente de Competencia en razón de la materia, que motivó la suspensión de la diligencia, para ocuparse, en primer término, del incidente señalando fecha para celebración de la Audiencia incidental. 5.- Y el 19 de septiembre de 2022, (trece meses después) el Incidente Competencial, fue declarado improcedente y, en la misma resolución, se ordenó la continuación del procedimiento, señalándose las nueve horas con treinta minutos del catorce de noviembre del dos mil veintidós, para la celebración de la Audiencia de ofrecimiento y admisión de Pruebas. 6.- En cumplimiento de lo resuelto, la Autoridad del trabajo comisionó a la actuaria adscrita, Lic. Liliana Aracely Jerónimo Morales, para notificar a las demandadas Bin Administrativo S.A. de C.V. y Pemex, la primera en su domicilio procesal, sito en calle 14 Norte, número 509 de la colonia Obrera de esta ciudad, diligencia que se entendió con el C. Luis Ángel Ortega Martínez, empleado de la demandada Bin Administrativo S.A. de C.V. 7.- Ocurrió que, el 19 de agosto de 2022, (es decir, entes de que se resolviera el incidente de competencia), se recibió en oficialía de partes, de la Junta, escrito signado por los Licenciados OSCAR CUERVO CRUZ, CESAR ALFREDO PULIDO AUSTRIA y EDITH CANO LICONA, en el que manifestaron su voluntad de renunciar al poder otorgada por la Administradora Única de la moral Bin Administrativo S.A. de C.V. con ello la Licenciada DULCE FERNANDA VELAZQUEZ GARCIA, es quién continúa teniendo la condición de apoderada legal de la demandada. 8.- El día catorce de noviembre de 2022, se celebró la audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, a la que compareció únicamente la Apoderada Legal de Pemex Exploración y Producción y el suscrito, razón por la cual, se hizo efectivo el apercibimiento a la codemandada Bin Administrativo S.A. de C.V., en el sentido de tenerle por precluído su derecho a ofrecer pruebas. 9.- La Junta, acordando respecto de las pruebas ofrecidas por el suscrito, determinó la admisión de las mismas, señalando día y hora para su desahogo, en el caso de la prueba Confesional a cargo de las Demandadas Bin Administrativo S.A. de C.V., y Pemex Exploración y Producción, señaló las 11:30 y las 12:30 respectivamente, del 16 de marzo de 2023; y para el desahogo de la prueba testimonial señaló las 12:30 horas del día 17 de marzo de 2023. 10.- El acuerdo de preparación de pruebas, especialmente la Confesional a cargo de Bin Administrativo S.A. de C.V., fue notificado personalmente el 13 de marzo de 2023, en el domicilio ubicado en calle 14 Norte, número 509, de la colonia Obrera en la que, la actuaria hizo constar que la persona que le atendió se negó a recibir la notificación, por lo que fue dejada fijada en la puerta de acceso. 11.- El 17 de marzo de 2023, (fecha de recepción de la prueba testimonial), al inicio de la audiencia, se corrió traslado con escrito presentado en la Oficialía de partes el día 16 de marzo de 2023 a las 12:19 horas, signado por el Licenciado Carlos Alberto Loya Aguirre, que se ostentaba Apoderado Legal de la demandada Bin Administrativo S.A. de C.V., anexando carta poder fechada en 15 de marzo de 2023, signada por el C. CHRISTIAN YAIR MACXON OLIVER Administrador Único de la demandada, en la que firmaron los C. Luis Ángel Ortega Martínez y Susana Flores Espinosa, en calidad de testigos. (Luis Ángel Ortega Martínez, fue la persona que recibió el citatorio de la Junta) 12.- El escrito que contiene el Incidente de Nulidad de Actuaciones, pretende la nulidad de todo lo actuado a partir del 14 de noviembre de 2022 (fecha en que se celebró la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas), en los siguientes términos: "...El día 13 de marzo del presente año a las 13:45 hrs, se presentó la C. actuario de la Junta Especial No. 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje Liliana Aracely Jerónimo Morales ante las oficinas de mi representada ubicadas en el domicilio en calle 14 número 509 de la colonia obrera de esto ciudad a efecto de dejar fijado un instructivo de notificación sobre un acuerdo que se había dictado en la mencionada junta en fecha 14 de Noviembre del 2022 en donde nos pudimos percatar que se trataba de un acuerdo de una audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas así como de que los apoderados los Lícs. Cesar Alfredo Pulido Austria, Oscar Cuervo Cruz y Edith Cano Licona, quienes fungían cama apoderados legales de BIN ADMINISTRATIVO S.A. DE C.V., habían renunciado al cargo como apoderados de la mencionada demandada sin que fuera legalmente notificada mi representada de dicha renuncia de los apoderados dejándola en completo estado de indefensión al no poder ofrecer sus pruebas oportunamente ..." 13.- Independientemente de que lo argumentado por el incidentista es, infundado, en el expediente consta que, Bin Administrativo S.A. de C.V., siempre ha tenido en el expediente, representante legal, aún a la fecha la Licenciada Dulce Fernanda Velázquez García, continúa siendo apoderada legal de la moral demanda. Incluso, consta en el expediente que, quién recibió la notificación del acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2022, (que convoca a la audiencia de ofrecimiento y Admisión de Pruebas), fue el señor LUIS ANGEL ORTEGA MARTINEZ quien manifestó ser empleado de la demandada, lo que se corrobora en razón de que éste es quién firmó, como testigo, en la carta poder exhibida por el Licenciado Carlos Alberto Loya Aguirre, promovente del incidente, por tanto, la demandada no puede negar haber conocido de dicho acuerdo, mucho menos alegar estado de indefensión por renuncia de tres de sus apoderados legales. Es por ello que, la Junta debió actuar en términos de lo dispuesto por el artículo 764 de la Ley Federal del Trabajo, analizando la incidencia y de inmediato resolverlo, al existir en el expediente, pruebas de valor que obligan a su inmediata resolución y, con ello evitar la prolongación indefinida del procedimiento, habida cuenta que, un expediente iniciado en el año 2019, a la fecha se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas. 14.- Contrario a lo que jurídicamente debió realizar, la Junta cursó el incidente sujetándolo a un trámite especial, señalado como fecha de audiencia incidental las diez treinta horas del veintiuno de junio del año dos mil veintitrés, siendo éste el motivo toral por el que acudo a esa autoridad en busca del Amparo y Protección de la Justicia Federal, pues considero, la Autoridad responsable, al cursar el Incidente de manera ordinaria, violó mi derecho, actualizando el siguiente:." Como se observa, la parte quejosa reclama el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 668/2019, donde la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, acordó darle entrada al incidente de nulidad de actuaciones planteado por el aquí tercero interesado, señalando hora y fecha para la celebración de la audiencia en el referido incidente. De esta manera, la citada resolución reclamada, no es un acto de los considerados de imposible reparación, ya que tiene efectos meramente procesales, lo que no implica un perjuicio al promovente del amparo; de ahí que, dicho acuerdo afecta únicamente derechos procedimentales y no derechos sustantivos. Por tanto, los actos que en esta vía se impugnan no constituyen actos reclamables en amparo indirecto, por no tener una ejecución de imposible reparación, ya que no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho material o sustantivo a la parte quejosa; y, a manera de ejemplo son, entre otros, el arresto, la apertura de la correspondencia, derechos de libertad, de secrecía de modo irresarcible, ya que una vez ejecutados los actos, no podrá reponerse al arrestado el tiempo que estuvo detenido, ni volver al secreto el contenido de la correspondencia abierta. De ahí que, en la especie, no se dan las condiciones para la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, pues no se afectan derechos materiales, sino solo formales, esto es, el derecho que reclama la parte quejosa, no reviste la categoría de derecho sustantivo, por no ser una afectación actual sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio de origen, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tal virtud, los actos que reclama el promovente en el presente juicio de amparo no la dejan sin defensa, pues como ya quedó apuntado, no constituyen una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos intraprocesales, pues no se afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en todo caso, las consecuencias del acto reclamado podrían constituir una violación procesal, es decir, aquellas que no tienen sobre las personas una ejecución irreparable, en tanto producen exclusivamente efectos de carácter formal, que desaparecen sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado cuando éste logra queden satisfechas sus pretensiones con el dictado de una resolución favorable. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 160910 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 54/2011 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 772 Tipo: Jurisprudencia "DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto". En mérito de lo expuesto, e actualiza la causal de improcedencia en estudio, que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción V de la propia ley, este último interpretado en sentido contrario, por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Antonio Cervantes Herrera, José Alfredo Cervantes Domínguez, Lorena Velázquez Montiel y Sayra Anai Martínez Mar, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente al quejoso. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
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