Francisco Javier Gómez Martínez

Expediente 1293/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1293/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Gómez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio suscrito por el Director de Garantías de la Tesorería de la Federación, por el cual acusa recibo del billete de depósito número ********************, que ampara la cantidad de $********************e informa que se hizo efectivo a favor del Erario Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 6, 35, 107, 115, 117, 125 y 128 de la Ley de Amparo, agréguese la demanda de amparo presentada por Francisco Javier Gómez Martínez, por propio derecho; fórmese el expediente relativo con el número 1293/2023-VIII en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el numeral en cita establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la Jurisprudencia: I.1o.A.J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: El acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ******************** en el cual la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se niega a aplicar al quejoso lo dispuesto por el artículo 48, párrafo tercero, de la Ley Federal del Trabajo, por pertenecer a una institución policial. Por tanto, después de analizar el acto reclamado precisado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa, se emitió en la etapa de ejecución de sentencia en el expediente ******************** del índice de la Sala responsable, el cual no puede considerarse como la última actuación en dicha etapa de ejecución, pues evidentemente se trata de una determinación emitida en ejecución de sentencia, la cual, incluso, no paraliza la prosecución de esa etapa. Lo anterior se considera así, porque nuestro máximo Tribunal ha establecido que el significado de la expresión "última resolución" es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, lo cual, no es el caso que nos ocupa, ya que el proveído que se combate no cumple con esa exigencia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J.32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 190035, cuyo rubro y texto se citan: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En ese orden, se considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues expresamente hace referencia que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, implícitamente contempla que el juicio de amparo no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que, estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 Constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad, de que se cumplan dichas resoluciones está por encima al particular que pretende evitarlo. En ese sentido, se advierte que en el juicio del cual emana el acto reclamado la parte quejosa es parte (actora); y que el acto reclamado se encuentra vinculado al cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente ******************** del índice de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; por ende, al ser una actuación realizada en ejecución de la misma, queda regida por las disposiciones a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia antes transcrito, es decir, no puede analizarse en el juicio de amparo indirecto por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; se insiste, aquélla que tenga por cumplida la sentencia en comento o declare la imposibilidad para ello. En otras palabras, el auto que por esta vía combate la parte quejosa reviste el carácter de intermedio, pues no se advierte que se haya dictado auto en que se tenga por cumplida la sentencia, por lo que será seguido de otros actos procesales encaminados a tener por cumplida la sentencia dictada en el procedimiento de origen; de modo tal, que las violaciones que hayan podido cometerse en esa etapa, de ser el caso, podrían plantearse en el juicio que se promueva en contra de la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución. En la que se analice si se cumplieron todos los puntos resolutivos que fueron fijados en la sentencia; así como las cantidades que deriven de las prestaciones que fueron materia de la misma, o bien, si la legislación utilizada para liquidar la condena, fue correcta o no. Esto es, cuando se trata de actos dictados después de concluido el juicio, debe atenderse a si el acto reclamado constituye o no la última resolución, que como se ha visto en forma genérica, es la que declara cumplida la sentencia, laudo o convenio, o la que establece la imposibilidad para ello. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado, vertidos por el quejoso, se desprende que con motivo de la dilación mostrada por la dependencia demandada, para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juico de origen, el actor solicitó se aplicara lo dispuesto en el artículo 48, párrafo tercero de la Ley Federal del Trabajo, consistente en que cuando concluya el plazo de doce meses y no se haya dado cumplido con el laudo, se pagará al trabajador el importe de los intereses que se generen de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual. Luego, en razón de lo solicitado por la parte actora, la autoridad responsable emitió el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el que, si bien no acordó favorable lo solicitado por el actor, cierto es que, a fin de evitar dilaciones innecesarias en el cumplimiento de la sentencia, ordenó requerir a la Tesorera Municipal y a los Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Cuautitlán, Estado de México, para que dentro del plazo que le fijó, exhibiera las documentales idóneas para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada por la sala responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le aplicaría una multa de cien veces el valor correspondiente a la Unidad de Medida y Actualización UMA. De tal suerte, que la determinación emitida por la autoridad responsable, que reclama la parte quejosa, va encaminada a la ejecución de la sentencia en el juicio de origen, y la misma no puede ser considerada la última resolución dictada en tal procedimiento, pues el Tribunal responsable únicamente continúa con la ejecución de la sentencia dictada en el expediente ******************** de su índice, por lo que es claro que el auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, no constituye la última resolución con la que culmina el procedimiento de ejecución en el juicio de origen; por ende, se actualiza la causal en análisis y, en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 10/10 del Pleno del Decimoctavo Circuito, publicada en la página 1492, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2010430, que dispone: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." Sirve de apoyo en contrario sensu, la tesis aislada (común) I.8o.C.22 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2115, Tomo IV, Enero de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENDEN A OBSTACULIZARLA. El propósito de la Ley de Amparo, la razón que la inspira, al establecer en su artículo 107, fracción IV, que en tratándose de ejecución de sentencia el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, y excluir, por ende, la procedencia del juicio constitucional contra las violaciones que anteriormente se hayan cometido durante ese mismo procedimiento, no es otro que el de impedir el abuso del amparo, evitar que se obstruya el curso del procedimiento, porque de otra suerte sería imposible llegar a culminar la ejecución de las sentencias. Siendo ésa la intención de la norma, es claro que en ésta no pueden quedar comprendidas las resoluciones que tiendan a negar, obstaculizar, entorpecer o retardar la ejecución, porque esto implicaría un fraude a la ley, en el que se incurre cuando so pretexto de respetar la letra se viola su espíritu. Por tanto, si en un caso la resolución reclamada tiende a obstaculizar o dificultar la ejecución de la sentencia, debe concluirse que no se está en la hipótesis de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Ahora, debe tomarse en consideración que si dichos actos aunque dictados durante la etapa de ejecución, impiden, suspenden, obstaculizan o detienen la ejecución de la sentencia, ejecución cuyo interés tiene la parte actora en que se lleve a cabo; pueden ser reclamados en amparo indirecto, por ser actos de imposible reparación, toda vez que se trata de una excepción a la regla de procedencia contenida en la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, relativa a que dicho medio de defensa extraordinario sólo procede contra la última resolución en la etapa de ejecución. Sin embargo, como quedó evidenciado en supra líneas, la autoridad responsable emitió un auto de requerimiento de sentencia dirigido a la Tesorera Municipal y a los Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Cuautitlán, Estado de México, a fin de que comprueben el cumplimiento dado a la sentencia condenatoria, de lo que se advierte que el acto reclamado no tiende a impedir, suspender, obstaculizar o detener la ejecución de la sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis: I.16o.T.24 L (10a.), emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con número de registro digital: 2019105, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, consultable en página: 2488, del rubro y texto siguiente: "LAUDO. CONTRA LOS ACTOS QUE IMPIDAN, SUSPENDAN, OBSTACULICEN O DETENGAN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, POR GENERAR CONSECUENCIAS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva el derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de ejecución de los laudos de manera pronta y expedita de la condena líquida reconocida a favor de un trabajador. Consecuentemente, todos aquellos actos dictados durante la etapa de ejecución que impiden, suspenden, obstaculizan o detienen la ejecución del laudo, pueden reclamarse en amparo indirecto, por ser actos de imposible reparación, toda vez que se trata de una excepción a la regla de procedencia contenida en la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, relativa a que dicho medio de defensa extraordinario sólo procede contra la última resolución en la etapa de ejecución." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Gómez Martínez, por propio derecho, contra actos de la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, pues así lo señaló expresamente. Asimismo, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario que refiere; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Se autoriza a las personas que refieren en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA VÍA INTERNET Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario que refiere; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Con relación al correo electrónico que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca comunicación no procesal, en los casos en que se estime necesario. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con relación al correo electrónico que proporciona, se tiene por señalado a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintitrés de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica al quejoso.

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