Francisco Javier Fernández Villanueva y Otros.

Expediente 1515/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1515/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Fernández Villanueva y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    "..."...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Regístrese la demanda de amparo promovida por Renne Christian Licona Vázquez, en su carácter de apoderado legal de los quejosos Francisco Javier Fernández Villanueva y Mónica García Vila, fórmese el expediente relativo con el número 1515/2023-VI, que le correspondió en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado: - La sentencia de treinta de octubre de dos mil veintitrés, emitida por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que resolvió el toca de apelación 957/2023, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Renée Christian..., en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Francisco Javier..., contra la interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictada por la Titular del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en el INCIDENTE DE REMOCIÓN DE ALBACEA, dentro del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Fausto Salazar..., expediente 1454/2016, del índice del citado Juzgado. DESECHAMIENTO Respecto del acto reclamado, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Lo anterior, debido a que conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio constitucional indirecto procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Acorde a lo anterior, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicha resolución implica infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales. Lo anterior se afirma, debido a que Renée Christian..., apoderado de Francisco Javier.. -aquí quejosos-, interpuso incidente de remoción de albacea, toda vez que la albacea fue omisa en presentar el inventario y avalúo dentro del plazo de treinta días hábiles posteriores al cinco de octubre de dos mil dieciocho, además de que también fue omisa en rendir cuentas bimestrales de su administración; incidente que se resolvió el diecisiete de agosto del año que transcurre, en el sentido de declararlo improcedente porque los inconformes no acreditaron la legitimación para interponer el citado incidente, pues únicamente tienen reconocida la calidad de terceros interesados, de forma presuntiva, pero no la de herederos, personalidad necesaria para realizar todo tipo de actos procesales propios de los herederos, máxime que pretenden ejercitar un derecho sobre un bien inmueble que no han acreditado que realmente les corresponde. Inconforme con esa determinación los incidentistas interpusieron recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la sala responsable, por razón de turno, quien lo resolvió el treinta de octubre de dos mil veintitrés, en el sentido de confirmar la interlocutoria recurrida, al considerar que los apelantes carecen de legitimación para realizar todo tipo de actos procesales que le son propios a los únicos y universales herederos del de cujus; sin embargo, en opinión del suscrito, dicha determinación, per se, no implica que se transgredan derechos fundamentales que generen consecuencias de imposible reparación. Se afirma lo anterior, toda vez que al tener presentes los efectos que produce el acto reclamado de manera objetiva, de no declararse la remoción de albacea, tendría como consecuencia la prevalencia de la interlocutoria -diecisiete de agosto de dos mil veintitrés-, que declaró improcedente el incidente de remoción de albacea planteado por Francisco Javier Fernández..., como terceros interesados al juicio sucesorio, sin estar legitimados para ello (no tienen reconocida la calidad de herederos) y, que el juzgador natural continúe con el procedimiento del juicio hasta el momento de dictar la determinación que resuelva la primera etapa del juicio sucesorio; sin embargo, ello no solo está sujeto a tal proceder de la autoridad de origen, sino también a distintas circunstancias procedimentales que permitan la continuación del procedimiento sucesorio. Lo anterior, tomando en consideración que el juicio sucesorio constituye un proceso de carácter universal, puesto que se integra de cuatro etapas independientes entre sí, dado que en cada una de ellas se persigue un objeto en especial y se resuelven por separado, conforme lo establecen los artículos 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 y 4.322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dichas secciones son: 1) Primera, de sucesión; 2) Segunda, de inventario y avalúos; 3) Tercera, de administración; y, 4) Cuarta, de partición. Ahora, las secciones primera, segunda y tercera no concluyen con el dictado de una sentencia definitiva, sino con resoluciones que dan por concluida cada una de esas etapas, pero no resuelven en definitiva el mencionado juicio sucesorio, situación que únicamente acontece en la sección cuarta, a través de la sentencia relativa a la partición; en términos del criterio que sostuvo la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 393, consultable en la Séptima Época, Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, jurisprudencia SCJN, página 330, que refiere: "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal." En semejantes términos se cita la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXV, página 1476, de contenido siguiente: "SUCESIONES, RESOLUCIONES EN LAS. Las sucesiones pertenecen a la jurisdicción voluntaria y pueden participar también de la contenciosa; pero no son propiamente juicios, dentro de la acepción legal que tiene esta palabra; razón por la cual, el amparo que se pida contra las resoluciones dictadas en ellas, es de la competencia de un Juez de Distrito, salvo cuando se trate de la sentencia definitiva que aprueba la división y partición, que es la que da término al juicio sucesorio." Es decir, las aludidas secciones son independientes entre sí y es por ello que no resuelven en definitiva el mencionado juicio universal sucesorio, sino que esto acontece en la sección cuarta, a través de la sentencia relativa a la partición de los bienes e, indudablemente, para que proceda su pronunciamiento, es requisito necesario que se encuentren concluidas las secciones que le preceden, dado que dicha sentencia definitiva parte de la base de que fueron superadas las cuestiones concernientes a la validez del testamento y la declaración de los herederos, las atinentes A LA APROBACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS DE LOS BIENES INTEGRANTES DE LA MASA HEREDITARIA, así como la CALIFICACIÓN de la rendición de cuentas de la administración de bienes. Por ello, se afirma que cada sección -excepto la cuarta-, culmina con el dictado de una resolución que es impugnable, una vez cumplido el principio de definitividad, en amparo indirecto, en la que podrán ser combatidas las irregularidades que hubiesen acontecido en el trámite de la sección respectiva; en tanto que la sección cuarta -cuando aprueba el proyecto de partición de los bienes-, será impugnable en amparo directo. En ese sentido, se insiste, el acto que reclama la parte quejosa no se trata de alguna de las resoluciones que den por concluida alguna de las primeras tres etapas del juicio sucesorio, ni se trata de alguna resolución que por su naturaleza afecte algún derecho sustantivo del peticionario de amparo; por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, debido a que la referida sentencia de treinta de octubre de dos mil veintitrés, emitida por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que resolvió el toca de apelación 957/2023, se desprende que se dictó DENTRO DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL JUICIO SUCESORIO; por ende, la determinación reclamada, no le causa afectación a la parte quejosa, dado que no resuelve en definitiva dicha sección, ni implica una afectación directa a algún derecho fundamental, pues al declarar improcedente el incidente de nulidad de notificaciones, únicamente tiene como efecto la continuación del procedimiento en la etapa en que se encuentra; es decir, como quedó apuntado en párrafos que anteceden, en la primera de sus fases -de sucesión-; toda vez que prolonga el trámite de la etapa respectiva y, por ende, no la concluye; es decir, no se trata de un fallo definitivo que decida una sección, o bien, que ponga fin a ésta. Aunado a lo anterior, de la copia -con firmas electrónicas- del acto reclamado que la parte quejosa anexa a la demanda de amparo, se advierte que la sala responsable únicamente confirmó que en la etapa procesal en la que se encuentra el juicio sucesorio, los aquí quejosos carecen de legitimación para plantear actos procesales que son propios de los herederos, como sucede con el incidente de remoción de albacea, por lo que indicó que será en una etapa posterior -inventario y avaluó- cuando podrán incorporarse al proceso universal a defender el derecho subjetivo que dicen les asiste respecto de un bien inmueble materia de la masa hereditaria; es decir, el acto reclamado se circunscribe a un aspecto de personalidad, puesto no desconoce ni priva a la parte quejosa de algún derecho fundamental, por el contrario, solo posterga su comparecencia al juicio de origen a que se realice en la etapa correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, del Libro 7, junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por lo tanto, el acto reclamado en el caso concreto, no es de ejecución irreparable, ya que sus efectos, en todo caso, sólo constituyen violaciones intraprocesales susceptibles de combatirse en la resolución con que se concluya la sección correspondiente, siempre que ese acto guarde vinculación con el resultado de esa sección y que lo haya dejado sin defensa, trascendiendo en el resultado del fallo. Esto es, la anterior determinación no genera afectación a derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no le restringe algún derecho de propiedad que defienda con respecto al juicio sucesorio de origen, por el contrario, tiene por objeto que se continúe con la prosecución del juicio natural; de ahí que se considera que la determinación reclamada no es susceptible de cuestionarse a través del amparo indirecto. Se invoca al efecto, en lo conducente, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1311, Novena Época, Materia Civil, con registro digital 165770, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." Lo anterior, si se toma en consideración que a pesar de que la parte quejosa no sea heredera, tales criterios no excluyen la posibilidad de que un tercero extraño que defiende un derecho de propiedad, se apersone ante el juicio sucesorio, incluso, así lo resolvió la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la sentencia reclamada al apuntar: ".la calidad con que los terceros interesados se apersonaron al procedimiento sucesorio intestamentario es presuntiva, de tal manera que ciertamente, su intervención dentro del juicio es limitada conforme al derecho subjetivo que al efecto acrediten, siendo evidente que dentro de la primera sección del juicio sucesorio relativa a la radicación de la denuncia de la muerte del de cujus, dichos terceros no tienen calidad de parte material del mismo y por ende, facultades para realizar actos procesales; lo anterior sin perjuicio de que su intervención dentro de la segunda sección, la cual aún no se ha aperturado, deba constreirse a lo dispuesto por el dígito 4.54 de la ley procesal civil.". En ese orden de ideas, se considera que el dictado de la resolución señalada como acto reclamado, no da lugar a una afectación material, directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación, al tratarse de una cuestión meramente adjetiva. Por lo tanto, no puede estimarse que en este momento exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; de ahí que se considera que la interlocutoria reclamada no es susceptible de cuestionarse a través de amparo indirecto. A lo anterior, resulta aplicable, la Jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, agosto de 1992, página 11, Octava Época, que sostiene: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente. Por último, resulta de suma relevancia mencionar que no se soslaya que la sala responsable confirmó la resolución apelada que declaró improcedente el incidente de remoción de albacea, porque el juez de primera instancia, al analizar oficiosamente la legitimación de los incidentistas, como parte de un estudio preliminar de los presupuestos procesales para la procedencia de la vía instaurada, concluyó que los mismos no tenían la personalidad necesaria para acudir al juicio sucesorio, pues si bien comparecieron con la calidad de terceros interesados a juicio, la misma es presuntiva, aunado a que no tienen reconocida la calidad de herederos en el juicio sucesorio intestamentario, por lo que carecen de legitimación para realizar todo tipo de actos procesales que le son propios a los únicos y universales herederos, máxime que pretenden ejercitar un derecho sobre un inmueble que no han acreditado que realmente les corresponde. Al respecto, la sala responsable consideró esencialmente lo siguiente: "Bajo ese orden de ideas, es por lo que este colegiado comparte la consideración de la A quo, en el sentido de que la calidad con que los terceros interesados se apersonaron al procedimiento sucesorio intestamentario es presuntiva, de tal manera que ciertamente, su intervención dentro del juicio es limitada conforme al derecho subjetivo que al efecto acrediten, siendo evidente que dentro de la primera sección del juicio sucesorio relativa a la radicación de la denuncia de la muerte del de cujus, dichos terceros no tienen calidad de parte material del mismo y por ende, facultades para realizar actos procesales; lo anterior sin perjuicio de que su intervención dentro de la segunda sección, la cual aún no se ha aperturado, deba constreirse a lo dispuesto por el dígito 4.54 de la ley procesal civil que dispone: "Modificación de inventario y avalúo. Artículo 4.54. Aprobado el inventario y avalúo, sólo podrá modificarse cuando aparezcan o se excluyan bienes o se declare operante la oposición." Se insiste, dicha hipótesis normativa aún no se actualiza en el procedimiento sucesorio, de tal manera que se encuentra expedito el derecho o facultad de los terceros interesados ******************** y ********************, de hacer valer el derecho subjetivo que alegan tener respecto del bien inmueble consistente en el solar urbano, ********************, una vez que se encuentre materializada la segunda sección de inventarios y avalúos, en la que ciertamente podrán actuar, siempre y cuando se encuentre afectado derecho alguno a su favor dentro del inventario, caso en el cual podrán justificar plena y fehacientemente su derecho que les asista sobre el bien inmueble, en términos del dispositivo legal antes invocado; mientras tanto ello no acontezca su intervención en la sucesión intestamentaria es limitada; encontrando justificación legal la consideración que de oficio realizó la juzgadora primigenia, al decir que los apelantes carecen de legitimación para realizar todo tipo de actos procesales que le son propios a los únicos y universales herederos del de cujus. (.)" Lo anterior permite corroborar que por el momento, el acto reclamado en esta instancia constitucional no genera alguna afectación de imposible reparación que haga procedente -en este momento procesal- el juicio de amparo que se analiza, puesto que con su emisión no se afecta de modo actual y directo un derecho sustantivo en perjuicio de la parte quejosa. Máxime que si bien en la primera sección del juicio de origen se ordenó poner en posesión material y jurídica del bien raíz al albacea, por las razones argumentadas en el auto de veintinueve de octubre de dos mil diecisiete, el cual se encuentra firme y subsistente; sin embargo, también existe la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil y del Trabajo del Estado de Nuevo León, deducido del juicio de amparo indirecto ********************, en el cual se concedió la suspensión definitiva a los aquí quejosos para que no fueran desposeídos del inmueble que defienden, ni fuera escriturado a nombre de persona alguna hasta en tanto se dictara la resolución constitucional en el juicio de amparo principal; en consecuencia, hasta el dictado de la sentencia reclamada, las cosas se han mantenido en el estado que guardan. De ahí que, se insista, la circunstancia de que la autoridad responsable no haya analizado el fondo del incidente interpuesto por los aquí quejosos, al considerar que no tenían legitimación para ello, no constituye un acto de ejecución irreparable o de imposible reparación, pues la consecuencia que ello tiene no es susceptible de afectar directamente derechos fundamentales de los inconformes tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano el presente juicio de amparo. Cabe precisar que el criterio aquí adoptado respecto a las actuaciones intermedias en las etapas de un juicio sucesorio, fue sustentado en la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el recurso de revisión ********************, al resolver el recurso interpuesto en el juicio de amparo ********************; lo que se invoca como un hecho notorio, en términos de lo previsto en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En relación a que se le practiquen las notificaciones vía electrónica, y por medio de estrados; en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la ley de la materia, en relación con el artículo 9° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario ******************** que refiere; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación, ello sin perjuicio que, conforme lo dispone el segundo párrafo del propio ordenamiento en relación al numeral 26, fracción I, de la ley de la materia, aquellas notificaciones que por su trascendencia lo ameriten, se ordena realizarlas por conducto del Actuario de la adscripción en el domicilio señalado en su demanda. Con la aclaración que, acorde a su solicitud, las notificaciones se efectuarán vía electrónica, es decir, no se realizarán por ambos conductos a la vez -electrónicas y por medio de lista-, sino únicamente como esté ordenado en el auto respectivo, ya que la ley de la materia no permite duplicar las notificaciones. También se tienen por autorizadas a las personas que menciona en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos y las restantes para los efectos que indica. CONSULTA VÍA INTERNET Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de garantías al usuario "********************"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales en este juicio. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, y 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por lo tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar; sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta, dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las bases siguientes: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa..."

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