Francisco Javier GòMez HernàNdez

Expediente 46/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
46/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier GòMez HernàNdez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintitrés de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos sin mayor pronunciamiento los oficios firmados por el Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, con residencia en esta ciudad, toda vez que en proveído de veintitrés de enero del año en curso, se tuvo por no presentada la presente demanda y se dejaron sin efectos las providencias decretadas en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de enero de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la notificación realizada al quejoso Francisco Javier Gómez Hernández, se advierte que, no ratificó la demanda promovida a su favor. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en la constancia actuarial de cuenta. En consecuencia, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de enero del año en curso, y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Finalmente, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de reclusión.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Alberto Gómez Hernández a favor de Francisco Javier Gómez Hernández, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Tijuana y de otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número 46/2022-F. Suspensión de plano. Ahora, toda vez que del escrito inicial de demanda se desprende que se señala como acto reclamado la incomunicación y malos tratos, así como los actos prohibidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sufre el directamente agraviado Francisco Javier Gómez Hernández; en tal virtud, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de dichos actos que se atribuyen a las autoridades señaladas como responsables. Por tanto, comuníquese a las autoridades esta determinación para su conocimiento, así como para que CESE DE INMEDIATO, incomunicación y malos tratos u otros actos prohibidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se dicen infligidos en perjuicio del antes mencionado. En virtud de lo anterior, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS informen a este Juzgado de Distrito el cumplimiento dado a la suspensión decretada, debiendo remitir copia certificada, íntegra y legible, de las constancias relativas, apercibidas que en caso de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa -en lo particular- por la cantidad de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización de esta fecha; ello, con independencia de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir con su conducta. Suspensión de plano respecto a la falta de atención médica. Ahora, de las manifestaciones realizadas por el promovente refiere que con motivo de la incomunicación del aquí quejoso dentro del Centro de Reinserción Social Tijuana en el que actualmente se encuentra recluido, -al menos desde el veintiuno de enero del año en curso-, no se le ha permitido "tomar los medicamentos que le son necesarios con motivo de la prescripción médica respecto a su salud" (sin precisar el tipo de padecimiento), aunado de que no se le ha proporcionado alimentos" y que como consecuencia de ello se pondría en riesgo su salud (ante la falta de atención médica y la omisión de proporcionarle alimentos); por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados hace posible presumir que se ponga en peligro la salud del aquí quejoso, se decreta la suspensión de plano respecto de dichos actos reclamados, para que cesen éstos y de inmediato se le preste la atención médica necesaria al quejoso Francisco Javier Gómez Hernández; así también, se le suministre de manera inmediata los medicamentos necesarios, debiendo dictar las autoridades responsables "en el ámbito de sus competencias" todas las medidas para que el ahora quejoso sea atendido y se le brinde la atención médica solicitada; así también, le sean proporcionados de manera inmediata los alimentos. Para lo cual deberán remitir copia certificada de las constancias de las que se advierta, la atención médica brindada (y en su caso, la prescripción de medicamentos), así como la entrega de los alimentos respectivos. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis I.18o.A.33 K (10a.) sustentada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2020283 de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud." Así también, sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la Jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2020430 de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." Por todo lo anterior, se previene a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;.." Suspensión que surtirá efectos hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables la sentencia que -en su caso-, se dicte en los autos del juicio constitucional en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7, que establece en su rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, están obligadas a informarlo de inmediato y de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan los informes vía correo electrónico institucional a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio de Francisco Javier Gómez Hernández, algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos. De igual manera, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que haga entrega de la comunicación oficial correspondiente a las autoridades responsables, a fin de que tengan conocimiento de la suspensión de plano decretada y den cumplimiento a la misma; asimismo, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentran dicho agraviado. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Ratificación de la demanda Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al directamente agraviado Francisco Javier Gómez Hernández, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización del agraviado en el lugar en que se encuentre detenido. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá requerir al directo quejoso para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto, la notificación del presente proveído, señale domicilio procesal con residencia en esta ciudad, en el entendido de que en caso de omisión, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se notificarán por medio de lista. Por último, este órgano jurisdiccional se reserva acordar respecto a las diversas peticiones formuladas por el promovente del amparo, consistentes en el señalamiento de domicilio procesal; la designación de autorizado en los términos que indica; el acceso al expediente electrónico y la cuenta de correo electrónico, ello, hasta en tanto la directamente agraviada ratifique, en su caso, la demanda de amparo promovida en su favor. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. A efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar las diligencias encomendadas, deberá de cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de la cual ya tiene conocimiento, cuando se trate de un caso que por sus características, implique un peligro de contagio por el virus SARSCo2 (COVID-19), en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma por la respectiva persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentre. Transparencia y digitalización. En atención al cuarto punto petitorio de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que a partir del diez de agosto de dos mil veinte podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que, en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un Nombre de Usuario; y una Contraseña; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente a Francisco Javier Gómez Hernández en su lugar de reclusión.Así lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por el licenciado Francisco Eduardo Jerónimo Osorio secretario que da fe. Doy fe.Tijuana, Baja California, a veintidós de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable xxxxxx en atención a su contenido, da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de dieciocho de octubre del año en curso, e informa xxxxxxx. Notifíquese.

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