Francisco Javier Castro Verdugo

Expediente 90/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
90/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Castro Verdugo

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa Francisco Javier Cueva Rodríguez, por medio del cual hace diversas manifestaciones relacionadas con la incompetencia declinada por este Juzgado de Distrito. Al respecto, dígasele al promovente que las cuestiones de competencia son de estricto orden público y deben sustanciarse de acuerdo a las normas contenidas en el capítulo V, titulo primero de la Ley de Amparo, en las que no tienen intervención las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de demanda signado por Francisco Javier Castro Verdugo, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y otras autoridades. Fórmese el expediente y regístrese con el número 90/2019-E, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese orden, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Fijación del acto reclamado Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla, del estudio que se hace de la demanda, se aprecia que el acto reclamado consiste en: "[.] La dilación al no cumplir con todos y cada uno de los plazos y términos determinados en la ley que rige al acto, la omisión de emitir el dictamen en el cual determine la concesión o negativa al otorgamiento de la pensión por jubilación, así como, la ejecución del acuerdo relativo al dictamen de la pensión por jubilación. [.]" Incompetencia De lo anterior, se advierte que ninguno de los actos reclamados tuvieron, han tenido o van a tener ejecución en esta ciudad, donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, sino en el Municipio de Ensenada, Baja California, atendiendo a lo manifestado por la parte quejosa, se estima necesario conocer el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Bajo ese tenor, el numeral transcrito establece que el Juez de Distrito competente para conocer de una demanda de amparo, lo es aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Al efecto, se estima que en el caso que nos ocupa, es evidente que los actos reclamados de acuerdo a lo anterior tendrían ejecución en otra ciudad; por tanto, en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo; de ahí que este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda planteada. De igual forma, del precepto transcrito se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos. Cobra aplicación en lo conducente, la jurisprudencia con número de registro 394634, Octava Época, visible en la página 455, Tomo VI, del Apéndice en 1995, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando dentro los actos reclamados solo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, tenga ejecución material". Asimismo, sirve de apoyo la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 19, tomo IX, marzo de 1992, octava época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto". La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan que de una manera más pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra suma importancia en el juicio de amparo. En ese tenor de ideas; el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. De lo que es factible concluir, conforme los datos objetivos que se desprenden de las relatadas documentales que el domicilio del peticionario se ubica en la municipalidad indicada lo que en modo alguno puede apartarse o disociarse a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, página 32 (Registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De acuerdo con lo anterior, éste Órgano Jurisdiccional se declara incompetente para conocer de la demanda de garantías, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad de Tijuana, Baja California, declina la competencia a favor de cualquiera de los Juzgados de Distrito que tienen residencia en Ensenada Baja California. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por la parte final del segundo párrafo, del artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir todo lo actuado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Turno, con residencia en Ensenada Baja California, por resultar legalmente competente; en razón de que, ante la incompetencia destacada, informe si acepta o no la competencia planteada por este órgano y de considerarlo procedente se pronuncie respecto del conocimiento del presente asunto, al que se solicita el acuse de recibo. Finalmente, con copia de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y un tanto del presente proveído fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. Días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios adscritos a este Juzgado, estén en posibilidad de notificar las actuaciones dictadas en este juicio, que por su carácter lo requieran, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de la materia. Transparencia y digitalización Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Por último, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y personalmente.

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