Francisco Javier Fernández Fraga

Expediente 877/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
877/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Fernández Fraga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SIENDO LA PRIMER HORA HABIL SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo del expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DICTADA EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO Y VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE PASADO, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. I. Sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por auto de dieciocho de agosto actual, se tuvo por rendido el informe justificado de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, por conducto del presidente auxiliar, mediante el cual allegó fotocopia certificada del auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral *del que se advierte que en esa data, la junta responsable se pronunció sobre el desahogo de diversas pruebas y al efecto señaló fecha y hora para su desahogo. Constancias que merecen valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentos públicos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra sustento la Jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, vistas las constancias de mérito, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional al haber cesado los efectos del acto reclamado que hizo consistir en: ".LA OMISIÓN de la autoridad señalada como responsable acorde con el artículo primero de la ley de amparo en vigor, de tramitar y continuar el procedimiento laboral de origen dentro de los plazos y términos que la ley señalan para llegar a dictar el laudo también dentro del plazo legal establecido por el artículo 885 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo, solicitando señalar fecha para el desahogo de las pruebas pendientes en el procedimiento para que una vez desahogadas en su caso, certifique que no existen pruebas pendientes, dar término para alegatos y estar en posibilidad de dictar el laudo, precisamente dentro de los diez días siguientes contados a partir de que se declare cerrada la instrucción. Le cual implica que dicha autoridad debe realizar todos los actos necesarios para tal fin y dictar el laudo correspondiente en los términos establecidos en la ley laboral citada, tales como: Deberá ordenar el desahogo de las pruebas que fueron admitidas [.] La disposición jurídica que prevé la causa de improcedencia de que se habla, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que el acto reclamado deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, no deja huella alguna. Ahora bien, la quejosa reclama la paralización del juicio laboral de origen, pues aduce que la junta responsable ha incurrido en la omisión de señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas en autos, lo que ha generado como consecuencia que no se continúe el procedimiento en todas sus etapas, incluido la emisión del laudo. Empero, de las constancias que la autoridad responsable allegó a su informe justificado, se desprende que en auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, se señaló el doce de septiembre del presente año, en diversos horarios, para que el verificativo de las pruebas ofertadas en autos del juicio laboral *. Constancias que merecen valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentos públicos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable al caso, la tesis de Jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que ello permita concluir que en el caso a la fecha no existe la omisión ni la paralización del juicio laboral, que la promovente del amparo alegó en su escrito de demanda, puesto que con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio, la junta responsable señaló hora y fecha para el desahogo de diversas pruebas ofrecidas en dicho juicio. Por ende, es claro que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la omisión combatida, toda vez que al ser así, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merezca ser suprimida por el otorgamiento del amparo solicitado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo VII de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de la novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que obste a lo anterior, que en el informe justificado el Presidente de la Junta responsable haya asentado que se señaló fecha para el nueve de septiembre, siendo que en el auto allegado se advierte que se fijaron para el doce de septiembre, tal discrepancia no genera incertidumbre, puesto que ha quedado comprobado que en los autos del procedimiento laboral se señalaron para el doce de septiembre actual. Tampoco es impedimento para llegar a la presente determinación que al momento de que la junta emitido el auto (nueve de agosto de dos mil veintidós) se haya excedido en los términos y plazos procesales para señalar la fecha de desahogo de pruebas, esto es, no los señaló dentro de los quince días hábiles, en virtud de que a la fecha en que se resuelve no deviene relevante, pues de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a su favor, el eventual efecto de tal concesión se traduciría en que la autoridad señale una nueva fecha para el desahogo de la citada diligencia, cumpliendo con lo preceptuado en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, para que los derechos de la peticionaria de amparo sean restituidos, el que establece quince días hábiles, para el señalamiento de audiencia, Sin embargo, es importante considerar los plazos que el propio procedimiento de amparo, prevé para que una sentencia adquiera firmeza, a fin de iniciar el procedimiento de ejecución de la resolución concesoria de amparo, al respecto los artículos 86, y del 192 al 198 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para ello, por lo que atendiendo a dichos lapsos, éstos serían superiores a la fecha señalada por la Junta responsable. Es decir, la terminación dictada el día de hoy, con una eventual concesión, se notificaría al día siguiente, y dejar transcurrir el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que cause estado dicho auto, y proceder a la ejecución de la sentencia, sería el día veintiuno de septiembre del año en curso, ello considerando que ninguna de las partes recurran la sentencia. En ese mismo auto se requeriría a la responsable para que en el plazo de tres días, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, los cuales pueden prorrogarse por una ocasión por el mismo plazo; circunstancias que causaría mayores perjuicios a la quejosa por atender a los plazos legales del procedimiento. En ese sentido, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que al momento de que la junta responsable señaló fecha para el desahogo de pruebas, lo realizó excediendo el término para ello; sin embargo, a la fecha en que se resuelve el presente, se obtiene que causaría mayor perjuicio para la parte accionante una concesión de amparo que el sobreseer y continuar con la fecha señalada en el controvertido laboral. Tampoco es obstáculo a lo anterior, que a la fecha se encuentre transcurriendo la vista concedida a la parte quejosa para que se imponga del contenido del informe justificado y la documental allegada; sin embargo, en aras de garantizar la impartición de justifica pronta y expedita conforme al artículo 17 de la Constitución y al no poderse llegar a determinación distinta a la aquí adoptada, es que procede emitir el presente pronunciamiento. Por ello, se considera se actualiza de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal manera, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a la Analista Jurídico SISE. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos (se turna expediente a actuaría). Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de treinta y uno de agosto de la presente anualidad, se ordenó notificar de manera personal a Francisco Javier Fernández Fraga parte quejosa en el presente juicio; sin embargo, no se advierte que haya quedado debidamente notificado del referido acuerdo. En tal virtud, se turnan los presentes autos a los actuarios de la adscripción, a efecto de que procedan de manera inmediata a realizar las notificaciones de manera personal del indicado auto; y, hecho que sea lo anterior, se realice el escaneo correspondiente de las constancias relativas, a fin de que puedan ser consultable en el expediente electrónico del presente sumario y se logre su debida integración.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. I. Sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por auto de dieciocho de agosto actual, se tuvo por rendido el informe justificado de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, por conducto del presidente auxiliar, mediante el cual allegó fotocopia certificada del auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral *del que se advierte que en esa data, la junta responsable se pronunció sobre el desahogo de diversas pruebas y al efecto señaló fecha y hora para su desahogo. Constancias que merecen valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentos públicos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra sustento la Jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, vistas las constancias de mérito, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional al haber cesado los efectos del acto reclamado que hizo consistir en: ".LA OMISIÓN de la autoridad señalada como responsable acorde con el artículo primero de la ley de amparo en vigor, de tramitar y continuar el procedimiento laboral de origen dentro de los plazos y términos que la ley señalan para llegar a dictar el laudo también dentro del plazo legal establecido por el artículo 885 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo, solicitando señalar fecha para el desahogo de las pruebas pendientes en el procedimiento para que una vez desahogadas en su caso, certifique que no existen pruebas pendientes, dar término para alegatos y estar en posibilidad de dictar el laudo, precisamente dentro de los diez días siguientes contados a partir de que se declare cerrada la instrucción. Le cual implica que dicha autoridad debe realizar todos los actos necesarios para tal fin y dictar el laudo correspondiente en los términos establecidos en la ley laboral citada, tales como: Deberá ordenar el desahogo de las pruebas que fueron admitidas [.] La disposición jurídica que prevé la causa de improcedencia de que se habla, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que el acto reclamado deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, no deja huella alguna. Ahora bien, la quejosa reclama la paralización del juicio laboral de origen, pues aduce que la junta responsable ha incurrido en la omisión de señalar fecha para el desahogo de las pruebas ofrecidas en autos, lo que ha generado como consecuencia que no se continúe el procedimiento en todas sus etapas, incluido la emisión del laudo. Empero, de las constancias que la autoridad responsable allegó a su informe justificado, se desprende que en auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, se señaló el doce de septiembre del presente año, en diversos horarios, para que el verificativo de las pruebas ofertadas en autos del juicio laboral *. Constancias que merecen valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentos públicos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable al caso, la tesis de Jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que ello permita concluir que en el caso a la fecha no existe la omisión ni la paralización del juicio laboral, que la promovente del amparo alegó en su escrito de demanda, puesto que con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio, la junta responsable señaló hora y fecha para el desahogo de diversas pruebas ofrecidas en dicho juicio. Por ende, es claro que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la omisión combatida, toda vez que al ser así, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merezca ser suprimida por el otorgamiento del amparo solicitado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo VII de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de la novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que obste a lo anterior, que en el informe justificado el Presidente de la Junta responsable haya asentado que se señaló fecha para el nueve de septiembre, siendo que en el auto allegado se advierte que se fijaron para el doce de septiembre, tal discrepancia no genera incertidumbre, puesto que ha quedado comprobado que en los autos del procedimiento laboral se señalaron para el doce de septiembre actual. Tampoco es impedimento para llegar a la presente determinación que al momento de que la junta emitido el auto (nueve de agosto de dos mil veintidós) se haya excedido en los términos y plazos procesales para señalar la fecha de desahogo de pruebas, esto es, no los señaló dentro de los quince días hábiles, en virtud de que a la fecha en que se resuelve no deviene relevante, pues de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a su favor, el eventual efecto de tal concesión se traduciría en que la autoridad señale una nueva fecha para el desahogo de la citada diligencia, cumpliendo con lo preceptuado en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, para que los derechos de la peticionaria de amparo sean restituidos, el que establece quince días hábiles, para el señalamiento de audiencia, Sin embargo, es importante considerar los plazos que el propio procedimiento de amparo, prevé para que una sentencia adquiera firmeza, a fin de iniciar el procedimiento de ejecución de la resolución concesoria de amparo, al respecto los artículos 86, y del 192 al 198 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para ello, por lo que atendiendo a dichos lapsos, éstos serían superiores a la fecha señalada por la Junta responsable. Es decir, la terminación dictada el día de hoy, con una eventual concesión, se notificaría al día siguiente, y dejar transcurrir el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que cause estado dicho auto, y proceder a la ejecución de la sentencia, sería el día veintiuno de septiembre del año en curso, ello considerando que ninguna de las partes recurran la sentencia. En ese mismo auto se requeriría a la responsable para que en el plazo de tres días, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, los cuales pueden prorrogarse por una ocasión por el mismo plazo; circunstancias que causaría mayores perjuicios a la quejosa por atender a los plazos legales del procedimiento. En ese sentido, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que al momento de que la junta responsable señaló fecha para el desahogo de pruebas, lo realizó excediendo el término para ello; sin embargo, a la fecha en que se resuelve el presente, se obtiene que causaría mayor perjuicio para la parte accionante una concesión de amparo que el sobreseer y continuar con la fecha señalada en el controvertido laboral. Tampoco es obstáculo a lo anterior, que a la fecha se encuentre transcurriendo la vista concedida a la parte quejosa para que se imponga del contenido del informe justificado y la documental allegada; sin embargo, en aras de garantizar la impartición de justifica pronta y expedita conforme al artículo 17 de la Constitución y al no poderse llegar a determinación distinta a la aquí adoptada, es que procede emitir el presente pronunciamiento. Por ello, se considera se actualiza de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal manera, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a la Analista Jurídico SISE. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. I. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio J-5/448/2022, con anexos, signado por el Presidente Auxiliar de la Junta Especial número Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, por medio del cual rinde su informe justificado. II. Pruebas. Ahora, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba las documentales que acompaña a su informe, sin perjuicio que sean relacionadas en la audiencia constitucional III. Vista. En atención a su contenido y constancias, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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