Francisco Javier Domínguez Quintana

Expediente 1126/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1126/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Domínguez Quintana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. I. Solo agrega oficio. Agréguese únicamente como constancia el oficio signado por el delegado del Gobernador del Estado de Querétaro, mediante el cual refiere diversas causales de improcedencia, en razón a que por auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. I. Agregar como constancia. Agréguese a los autos, el escrito signado por el Notario Titular de la Notaría Pública *************) de la demarcación notarial de esta ciudad y anexo en copia certificada, y el oficio suscrito en representación de la Legislatura del Estado de Querétaro, los que se ordena agregar para que obren como constancia, en razón de que mediante proveído trece de septiembre de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto y quedaron sin efectos los requerimientos y apercibimientos realizados en auto admisorio.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de septiembre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el índice de este jugado, se advierte que el uno de septiembre de dos mil veintitrés, se radicó el juicio de amparo indirecto ********** promovido por *********, por propio derecho, en el que se señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Legislatura, del Gobernador, del Secretario de Gobierno, del Secretario de Planeación de Finanzas, del Director de Ingresos de la Secretaria de Finanzas, del Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, del Director del Periódico Oficial del Gobierno, todos del Estado de Querétaro, así como del Notario Público 37 de Querétaro, Querétaro. Actos reclamados: La Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, específicamente los artículos 91 y 99. Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, específicamente los artículos 1º y 5º. La omisión legislativa de proveer los plazos en que el notario como auxiliar de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en que debe enterar las cantidades calculadas y retenidas por concepto de cobro de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad. La aplicación de dichos ordenamientos legales, materializados en la retención de los gastos derivados de la protocolización de la escritura pública de origen. Así también, se tiene que en dicho asunto, se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto de los actos atribuidos al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Gobierno del Estado de Querétaro, Secretario y Director de Ingresos, ambos de la Secretaría Planeación y Finanzas, así como del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos del Estado de Querétaro, así como al Notario Público 37 de Querétaro, Querétaro. Lo cual constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis (V Región)3o.2 K (10a.), emitida por la Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, Décima Época, con número de registro 2009758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, visible en la página 2181, que a la letra dice: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión." De igual forma, se tiene que el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se radicó el presente juicio de amparo indirecto bajo el consecutivo *******, promovido por Francisco Javier Domínguez Quintana, por propio derecho, en el que se señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:[...] II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Es menester analizar las causas de improcedencia hechas valer las partes, así como las que este juzgado de Distrito advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la jurisprudencia II.1o. J/5, cuyo rubro y texto se transcriben: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el que, a la letra, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]." Precepto normativo del cual se advierte que, es improcedente el juicio de amparo respecto de normas generales y actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo cual tiene por objeto evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Así, de la porción normativa indicada se obtiene que, a fin de que se actualice la causa de improcedencia en cuestión, es necesario que se reúnan los requisitos siguientes: a) Que la norma general o acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; b) Que ambos juicios sean promovidos por el mismo quejoso, o por otra persona en su nombre o representación, contra la misma autoridad responsable, respecto de un mismo acto, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; y, c) Que estos juicios estén pendientes de resolver, ya sea en primera o única instancia, o en revisión. Exigencia que se actualizan en el caso concreto, pues como se precisó en parágrafos, en el índice de este órgano jurisdiccional, el uno de septiembre de dos mil veintitrés, se radicó y admitió el juicio de amparo indirecto *********, promovido por *******************, por propio derecho. Y por auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se radicó y admitió el presente juicio de amparo indirecto bajo el consecutivo *************, promovido por ****************, por propio derecho. En ambos juicios, se señalaron las mismas autoridades responsables y los mismos actos reclamados, así como el mismo acto de aplicación, tal como se advierte de la certificación de cuenta. En ese sentido, no hay duda que se está ante dos juicios promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades, respecto de los mismos actos reclamados, lo que actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), consultable en el Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común. Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 265, registro 2006145, cuyo rubro y texto se transcribe: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Jurisprudencia que es aplicable al caso concreto en razón a que, si bien en esta se analiza la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que tal porción normativa es correlativa a la prevista en la fracción X del artículo 61 del ordenamiento legal vigente, por lo que las razones ahí expuestas sirven para sustentar la determinación aquí adoptada. Apoya lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis número 1879, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 2125, del Apéndice 2011 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." De tal manera, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." III. Audiencia constitucional sin efectos. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese a la autoridad responsable. IV. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. V. Informe justificado sin proveer. Consecuentemente, agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia el informe justificado que se rinde en representación del Gobernador del Estado de Querétaro, con motivo del sobreseimiento fuera de audiencia decretado. VI. Delegados y domicilio. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que refieren en sus respectivos informes, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. VII. Datos de localización. Asimismo, téngase a la autoridad citada en segundo término, proporcionando datos de localización, de los que se toma nota para los efectos conducentes. VIII. Acceso al expediente electrónico (consulta). Ahora, en atención a la solicitud de la representante del Gobernador del Estado de Querétaro, y toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", con el nombre proporcionado se encontró el usuario "*********". Con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza a la autoridad responsable la consulta del expediente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario antes referido. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta del expediente electrónico, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL AVISO DE 21/09/2023, QUE CONTIENE LA RESOLUCION DE 13/09/2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de septiembre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el índice de este jugado, se advierte que el uno de septiembre de dos mil veintitrés, se radicó el juicio de amparo indirecto ********** promovido por *********, por propio derecho, en el que se señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Legislatura, del Gobernador, del Secretario de Gobierno, del Secretario de Planeación de Finanzas, del Director de Ingresos de la Secretaria de Finanzas, del Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, del Director del Periódico Oficial del Gobierno, todos del Estado de Querétaro, así como del Notario Público 37 de Querétaro, Querétaro. Actos reclamados: La Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, específicamente los artículos 91 y 99. Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, específicamente los artículos 1º y 5º. La omisión legislativa de proveer los plazos en que el notario como auxiliar de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en que debe enterar las cantidades calculadas y retenidas por concepto de cobro de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad. La aplicación de dichos ordenamientos legales, materializados en la retención de los gastos derivados de la protocolización de la escritura pública de origen. Así también, se tiene que en dicho asunto, se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto de los actos atribuidos al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Gobierno del Estado de Querétaro, Secretario y Director de Ingresos, ambos de la Secretaría Planeación y Finanzas, así como del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos del Estado de Querétaro, así como al Notario Público 37 de Querétaro, Querétaro. Lo cual constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis (V Región)3o.2 K (10a.), emitida por la Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, Décima Época, con número de registro 2009758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, visible en la página 2181, que a la letra dice: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión." De igual forma, se tiene que el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se radicó el presente juicio de amparo indirecto bajo el consecutivo *******, promovido por Francisco Javier Domínguez Quintana, por propio derecho, en el que se señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:[...] II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Es menester analizar las causas de improcedencia hechas valer las partes, así como las que este juzgado de Distrito advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la jurisprudencia II.1o. J/5, cuyo rubro y texto se transcriben: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el que, a la letra, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]." Precepto normativo del cual se advierte que, es improcedente el juicio de amparo respecto de normas generales y actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Lo cual tiene por objeto evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Así, de la porción normativa indicada se obtiene que, a fin de que se actualice la causa de improcedencia en cuestión, es necesario que se reúnan los requisitos siguientes: a) Que la norma general o acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; b) Que ambos juicios sean promovidos por el mismo quejoso, o por otra persona en su nombre o representación, contra la misma autoridad responsable, respecto de un mismo acto, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; y, c) Que estos juicios estén pendientes de resolver, ya sea en primera o única instancia, o en revisión. Exigencia que se actualizan en el caso concreto, pues como se precisó en parágrafos, en el índice de este órgano jurisdiccional, el uno de septiembre de dos mil veintitrés, se radicó y admitió el juicio de amparo indirecto *********, promovido por *******************, por propio derecho. Y por auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se radicó y admitió el presente juicio de amparo indirecto bajo el consecutivo *************, promovido por ****************, por propio derecho. En ambos juicios, se señalaron las mismas autoridades responsables y los mismos actos reclamados, así como el mismo acto de aplicación, tal como se advierte de la certificación de cuenta. En ese sentido, no hay duda que se está ante dos juicios promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades, respecto de los mismos actos reclamados, lo que actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), consultable en el Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común. Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 265, registro 2006145, cuyo rubro y texto se transcribe: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Jurisprudencia que es aplicable al caso concreto en razón a que, si bien en esta se analiza la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que tal porción normativa es correlativa a la prevista en la fracción X del artículo 61 del ordenamiento legal vigente, por lo que las razones ahí expuestas sirven para sustentar la determinación aquí adoptada. Apoya lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis número 1879, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 2125, del Apéndice 2011 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." De tal manera, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." III. Audiencia constitucional sin efectos. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese a la autoridad responsable. IV. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. V. Informe justificado sin proveer. Consecuentemente, agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia el informe justificado que se rinde en representación del Gobernador del Estado de Querétaro, con motivo del sobreseimiento fuera de audiencia decretado. VI. Delegados y domicilio. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que refieren en sus respectivos informes, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. VII. Datos de localización. Asimismo, téngase a la autoridad citada en segundo término, proporcionando datos de localización, de los que se toma nota para los efectos conducentes. VIII. Acceso al expediente electrónico (consulta). Ahora, en atención a la solicitud de la representante del Gobernador del Estado de Querétaro, y toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", con el nombre proporcionado se encontró el usuario "*********". Con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza a la autoridad responsable la consulta del expediente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario antes referido. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta del expediente electrónico, para los efectos legales conducentes.

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