Francisco Javier Diaz de Leon Olivares

Expediente 459/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
459/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
04/01/2024

Partes del expediente

  • Francisco Javier Diaz de Leon Olivares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Agréguese el escrito del quejoso; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el original del ocurso de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá de los mismos, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo459/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual el Juez responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. En ese acto, se da cuenta con el escrito registrado con el folio 21634. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes, respecto del escrito del apoderado del tercero interesado, se tienen por hechas las manifestaciones en vía de alegatos, con lo que se ordena hacer relación en el apartado correspondiente de la presente audiencia. Respecto a su petición de dar vista al Ministerio Público, dígase que en el auto admisorio se dio la intervención correspondiente a la representación social federal, por lo que si considera que se ha incurrido en algún ilícito, tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer ante la autoridad competente. Apoya lo antes expuesto, la tesis jurisprudencial sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 1298, de rubro: "VISTA AL REPRESENTANTE SOCIAL FEDERAL CON LA CONDUCTA PROCESAL DE ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. ES FACULTAD DEL TRIBUNAL DE AMPARO ORDENARLA O NO."; además, se hace constar que el Actuario responsable fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificado, lo que será considerado al momento de dictar la sentencia definitiva. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa ofreció documentales, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la parte tercera interesada los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 459/2023, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos de las citadas autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este Juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención a la representación social de la adscripción, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la representación social de la adscripción no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI de la Ley de la materia, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de procesos del orden civil, seguidos ante juzgados con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo: El quejoso se ostenta tercero extraño auténtico a la controversia de arrendamiento inmobiliario ..., radicada ante el Juzgado Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México; y reclama particularmente el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés en que se ordenó la desocupación del inmueble ubicado en ..., en esta ciudad (antes ... en esta ciudad), del que se ostenta propietario. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; lo cual se corrobora con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto que debe analizar el juzgador, previo al estudio del fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad del reclamo, en tanto que de los autos del juicio de origen se advierte que la quejosa compareció al proceso a pedir que cesaran los actos de molestia en su domicilio; de modo que se actualiza el supuesto previsto en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo 18 de la Ley de la materia prevé dos supuestos para determinar el día en que ha de iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda, supuestos que son: a) A partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; b) A partir de aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se tiene que cuando el quejoso se ostente como tercero extraño y existan elementos objetivos para determinar la fecha que tuvo conocimiento del acto que reclama, deberá situársele en el segundo supuesto para computar el término para la presentación de la demanda de amparo. En la especie, la extemporaneidad de la demanda se apoya específicamente en el supuesto que contempla que el término de quince días para la presentación de la misma se computa a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Y es que, como ya se dijo en la sentencia firme del juicio de amparo indirecto ..., el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del proceso natural desde el quince de enero de dos mil quince, cuando se apersonó ante el Juez de la causa, otrora cuando el asunto estaba radicado con el número ... del índice del Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil de esta ciudad. Así, es dable sostener que desde esa fecha, que además quedó incólume por falta de impugnación del quejoso, éste tiene conocimiento de la existencia del juicio al que se ostenta tercero extraño. Debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por la quejosa, y que sirve de base para el cómputo del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo. Ello conforme el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 5, emitida en la Quinta Época, ene. Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, página 6, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Es decir, debe quedar probado el momento en el que el particular tuvo conocimiento directo de lo que pretende combatir, pues de lo contrario se partiría de la presunción de que conoció del acto en determinada fecha sin que tal circunstancia conste fehacientemente. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad, se advierte que el peticionario se enteró de la existencia del juicio del cual derivan los actos reclamados, por lo menos desde el quince de enero de dos mil quince, pues en esa fecha presentó ante el Juez responsable un escrito, mediante el cual realizó manifestaciones en relación a ser el propietario del inmueble materia del litigio; además precisa la información relativa al proceso de origen, como son las partes, materia del litigio, número del expediente y órgano donde está radicado; circunstancia que abona a un conocimiento completo del impetrante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con registro 232213, de la Séptima Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Primera Parte, página 71, en Materia Común, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. También sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 115/2010, de la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, en Materia Común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De ahí que, aun y cuando el quejoso se ostente ajeno a la controversia, lo cierto es que la tramitación del juicio de origen es lo que le perjudica, y por eso es desde el primer momento en que probadamente se puede decir que tuvo conocimiento, que comienza el término para plantear la acción constitucional. Es así, pues la parte quejosa, como tercera extraña auténtica que pretende defender el derecho de propiedad que aduce tener, debió plantear su defensa desde que conoció del procedimiento al que pretende vincularse, pues es el propio proceso de origen el que le causa afectación, sin que la oportunidad se renueve o actualice con actos posteriores, ni siquiera por el hecho de que el proceso haya cambiado de número de registro y órgano de radicación, pues sigue siendo procesalmente la misma litis, además de que en el caso, ya hay un amparo previo (el 1191/2019 de este índice donde se sentenció que era extemporánea la acción constitucional respecto del juicio identificado con los datos actuales, 1182/2018 del juzgado Sexagésimo Cuarto Civil de esta ciudad), por lo que es criterio del suscrito que desde entonces es del conocimiento pleno del quejoso la existencia del juicio de origen. Al efecto se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 6/98 de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, en Materia(s): Común, Página: 95, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Así, el término previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, para que el peticionario de amparo promoviera su demanda, debe computarse a partir del día siguiente al en que con certeza el suscrito puede determinar que el quejoso tenía conocimiento del acto reclamado y juicio de donde deriva, esto es, a partir del dieciséis de enero, feneciendo dicho término el seis de febrero, ambas datas de dos mil quince; descontándose los días inhábiles correspondientes, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo; como ya se había dicho desde el amparo ... de este índice; y que no se recurrió. Luego, si del sello fechador estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo se presentó hasta el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, entonces claramente se planteó fuera del plazo legal de quince días. De ahí que el presente juicio sea improcedente por extemporaneidad en su presentación, para defenderse del proceso con el carácter de tercero extraño auténtico. Y por lo que hace a la orden de lanzamiento, también opera la improcedencia del juicio, pues se trata de actos derivados de otros consentidos; ya que el auto de lanzamiento no es autónomo, sino que emana precisamente del juicio del que el quejoso se ostenta tercero extraño y donde no planteó oportunamente su acción acorde a lo explicado previamente. Ahora bien, la jurisprudencia número 17, común al Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, establece lo siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." En efecto, el consentimiento de mérito por lo que hace a todo lo actuado con el carácter de tercero extraño auténtico, permea sobre las actuaciones posteriores que tienen que ver con la ejecución de las decisiones dictadas en el proceso natural, pues esa anuencia deviene lógicamente de la falta de impugnación oportuna, ya que no puede soslayarse el conocimiento completo que tuvo del proceso de origen en los términos indicados. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis II.2o.C.43 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Novena Época, registro: 193675, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, página 839, cuyo rubro y texto es: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia.Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que menciona para los mismos efectos." Así como el diverso criterio I.3o.C.94 K (10a.) de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, en Materia(s): Común, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO. SU LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SURGE CON EL PRIMER ACTO JUDICIAL QUE AFECTA SU ESFERA JURÍDICA Y NO SE REGENERA CON ACTOS POSTERIORES. Quien se ostenta como tercero extraño al juicio natural puede promover amparo contra el procedimiento judicial que afecta su esfera jurídica, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, una sola vez, y tiene derecho a que se tramite su acción para que se determine la existencia y tutela del derecho que ostenta; en el entendido de que si lo promueve una vez, con ello agota el derecho a promover otro juicio de amparo con esa calidad, y de no demostrar en la audiencia constitucional, que es donde tiene el derecho a ofrecer pruebas y alegar en los plazos señalados en la ley citada, no lo podrá volver a ejercer; esto es, su legitimación como tercero extraño, para promover el juicio de amparo indirecto, surge con el primer acto judicial que afecta su esfera jurídica y no se regenera con actos posteriores." En esta tesitura, ante la falta de impugnación oportuna del carácter de tercero extraño auténtico, el juicio es improcedente por lo que hace al acuerdo de lanzamiento de veintidós de marzo de este año, al tenor de lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el primer párrafo de su diverso numeral 217, conforme al cual, la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en Pleno o en Salas, será obligatoria, entre otros, para los Juzgados de Distrito. Al efecto, se invoca la jurisprudencia P./J. 6/2023 (11a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, en Materias(s): Común, que dispone: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS DEMÁS ÓRGANOS JURISDICCIONALES SUJETOS A OBSERVARLA NO PUEDEN DESATENDERLA, AUN CUANDO ESTIMEN QUE FUE INDEBIDAMENTE COMPILADA Y, POR TANTO, APARTARSE DE SU APLICACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a criterios discrepantes al analizar si un criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta obligatorio, pues uno de los colegiados estimó que había sido indebidamente compilado como jurisprudencia, ya que había variado en distintas publicaciones y, sobre todo, porque en los precedentes que dieron lugar al criterio no se advertía que se hubiera expresado ese sentido; mientras que el otro órgano jurisdiccional sostuvo expresamente no compartir el criterio de su homólogo, toda vez que con posterioridad a la emisión de la tesis en cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido expresamente que la temática jurídica sí constituye jurisprudencia. Criterio jurídico: Los Tribunales Colegiados de Circuito y los demás órganos jurisdiccionales sujetos a observar la jurisprudencia no cuentan con la posibilidad de desatender un criterio obligatorio emitido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por estimar que fue indebidamente integrado como jurisprudencia y, por tanto, apartarse de su aplicación obligatoria. Sin embargo, sí resulta válido, de conformidad con la teoría del precedente, que a través del ejercicio de distinción estimen que un criterio no resulta aplicable a un caso concreto. Justificación: La jurisprudencia, como fuente formal de derecho, resulta de observancia obligatoria cuando se integra a partir de los métodos que la ley reconoce al respecto (reiteración, contradicción de criterios, jurisprudencia por razones y sistema de precedentes), y vincula a los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía a su aplicación obligatoria a partir de su vigencia y cuando se materializa con su publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Asimismo, la jurisprudencia no pierde su obligatoriedad, salvo que se haya emitido una resolución en contrario o, en su caso, sea sustituida conforme a las reglas previstas para tales fines. A partir de lo anterior, se obtiene que el único método mediante el cual cese la vigencia y obligatoriedad de un criterio jurisprudencial emanado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde exclusivamente a este Alto Tribunal, mas no así a los Tribunales Colegiados de Circuito, aun cuando se aduzca que existió un vicio en su integración. Sin embargo, resulta válido que un Tribunal Colegiado de Circuito, a través de un ejercicio de distinción, determine que el criterio jurisprudencial o precedente que, en principio resulta obligatorio, no es aplicable al caso futuro al confluir hechos distintivos y argumentos suficientes que permitan adoptar un criterio diferente para el caso concreto, sin que ello implique desconocer su fuerza vinculatoria ni analizar su método de integración. Con lo anterior, no se desconoce la fidelidad del sistema de precedentes y la coherencia que exige respecto a las decisiones tomadas con anterioridad para salvaguardar la garantía de igualdad de trato y seguridad jurídica, sino que atiende a la razonabilidad de que en un caso posterior se actualicen condiciones bajo las cuales no es jurídicamente posible aplicar las mismas bases (ratio) que en un caso anterior." Consecuentemente, por la extemporaneidad y el consentimiento que deriva de ello, se actualizan las causales invocadas en este fallo y con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se impone el sobreseimiento en el presente juicio. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman de la autoridad responsable ejecutora, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. .

  4. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 459/2023, promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos de las citadas autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este Juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención a la representación social de la adscripción, requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la representación social de la adscripción no intervino; la tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción VI de la Ley de la materia, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de procesos del orden civil, seguidos ante juzgados con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo: El quejoso se ostenta tercero extraño auténtico a la controversia de arrendamiento inmobiliario ..., radicada ante el Juzgado Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México; y reclama particularmente el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés en que se ordenó la desocupación del inmueble ubicado en ..., en esta ciudad (antes ... en esta ciudad), del que se ostenta propietario. TERCERO. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; lo cual se corrobora con la copia certificada del proceso natural remitida, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto que debe analizar el juzgador, previo al estudio del fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad del reclamo, en tanto que de los autos del juicio de origen se advierte que la quejosa compareció al proceso a pedir que cesaran los actos de molestia en su domicilio; de modo que se actualiza el supuesto previsto en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo 18 de la Ley de la materia prevé dos supuestos para determinar el día en que ha de iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda, supuestos que son: a) A partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; b) A partir de aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se tiene que cuando el quejoso se ostente como tercero extraño y existan elementos objetivos para determinar la fecha que tuvo conocimiento del acto que reclama, deberá situársele en el segundo supuesto para computar el término para la presentación de la demanda de amparo. En la especie, la extemporaneidad de la demanda se apoya específicamente en el supuesto que contempla que el término de quince días para la presentación de la misma se computa a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Y es que, como ya se dijo en la sentencia firme del juicio de amparo indirecto ..., el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del proceso natural desde el quince de enero de dos mil quince, cuando se apersonó ante el Juez de la causa, otrora cuando el asunto estaba radicado con el número ... del índice del Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil de esta ciudad. Así, es dable sostener que desde esa fecha, que además quedó incólume por falta de impugnación del quejoso, éste tiene conocimiento de la existencia del juicio al que se ostenta tercero extraño. Debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por la quejosa, y que sirve de base para el cómputo del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo. Ello conforme el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 5, emitida en la Quinta Época, ene. Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, página 6, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Es decir, debe quedar probado el momento en el que el particular tuvo conocimiento directo de lo que pretende combatir, pues de lo contrario se partiría de la presunción de que conoció del acto en determinada fecha sin que tal circunstancia conste fehacientemente. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad, se advierte que el peticionario se enteró de la existencia del juicio del cual derivan los actos reclamados, por lo menos desde el quince de enero de dos mil quince, pues en esa fecha presentó ante el Juez responsable un escrito, mediante el cual realizó manifestaciones en relación a ser el propietario del inmueble materia del litigio; además precisa la información relativa al proceso de origen, como son las partes, materia del litigio, número del expediente y órgano donde está radicado; circunstancia que abona a un conocimiento completo del impetrante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con registro 232213, de la Séptima Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Primera Parte, página 71, en Materia Común, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. También sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 115/2010, de la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, en Materia Común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." De ahí que, aun y cuando el quejoso se ostente ajeno a la controversia, lo cierto es que la tramitación del juicio de origen es lo que le perjudica, y por eso es desde el primer momento en que probadamente se puede decir que tuvo conocimiento, que comienza el término para plantear la acción constitucional. Es así, pues la parte quejosa, como tercera extraña auténtica que pretende defender el derecho de propiedad que aduce tener, debió plantear su defensa desde que conoció del procedimiento al que pretende vincularse, pues es el propio proceso de origen el que le causa afectación, sin que la oportunidad se renueve o actualice con actos posteriores, ni siquiera por el hecho de que el proceso haya cambiado de número de registro y órgano de radicación, pues sigue siendo procesalmente la misma litis, además de que en el caso, ya hay un amparo previo (el ... de este índice donde se sentenció que era extemporánea la acción constitucional respecto del juicio identificado con los datos actuales, ... del juzgado Sexagésimo Cuarto Civil de esta ciudad), por lo que es criterio del suscrito que desde entonces es del conocimiento pleno del quejoso la existencia del juicio de origen. Al efecto se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 6/98 de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, en Materia(s): Común, Página: 95, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Así, el término previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, para que el peticionario de amparo promoviera su demanda, debe computarse a partir del día siguiente al en que con certeza el suscrito puede determinar que el quejoso tenía conocimiento del acto reclamado y juicio de donde deriva, esto es, a partir del dieciséis de enero, feneciendo dicho término el seis de febrero, ambas datas de dos mil quince; descontándose los días inhábiles correspondientes, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo; como ya se había dicho desde el amparo ... de este índice; y que no se recurrió. Luego, si del sello fechador estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo se presentó hasta el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, entonces claramente se planteó fuera del plazo legal de quince días. De ahí que el presente juicio sea improcedente por extemporaneidad en su presentación, para defenderse del proceso con el carácter de tercero extraño auténtico. Y por lo que hace a la orden de lanzamiento, también opera la improcedencia del juicio, pues se trata de actos derivados de otros consentidos; ya que el auto de lanzamiento no es autónomo, sino que emana precisamente del juicio del que el quejoso se ostenta tercero extraño y donde no planteó oportunamente su acción acorde a lo explicado previamente. Ahora bien, la jurisprudencia número 17, común al Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, establece lo siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." En efecto, el consentimiento de mérito por lo que hace a todo lo actuado con el carácter de tercero extraño auténtico, permea sobre las actuaciones posteriores que tienen que ver con la ejecución de las decisiones dictadas en el proceso natural, pues esa anuencia deviene lógicamente de la falta de impugnación oportuna, ya que no puede soslayarse el conocimiento completo que tuvo del proceso de origen en los términos indicados. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis II.2o.C.43 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Novena Época, registro: 193675, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, página 839, cuyo rubro y texto es: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia.Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que menciona para los mismos efectos." Así como el diverso criterio I.3o.C.94 K (10a.) de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, en Materia(s): Común, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO. SU LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SURGE CON EL PRIMER ACTO JUDICIAL QUE AFECTA SU ESFERA JURÍDICA Y NO SE REGENERA CON ACTOS POSTERIORES. Quien se ostenta como tercero extraño al juicio natural puede promover amparo contra el procedimiento judicial que afecta su esfera jurídica, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, una sola vez, y tiene derecho a que se tramite su acción para que se determine la existencia y tutela del derecho que ostenta; en el entendido de que si lo promueve una vez, con ello agota el derecho a promover otro juicio de amparo con esa calidad, y de no demostrar en la audiencia constitucional, que es donde tiene el derecho a ofrecer pruebas y alegar en los plazos señalados en la ley citada, no lo podrá volver a ejercer; esto es, su legitimación como tercero extraño, para promover el juicio de amparo indirecto, surge con el primer acto judicial que afecta su esfera jurídica y no se regenera con actos posteriores." En esta tesitura, ante la falta de impugnación oportuna del carácter de tercero extraño auténtico, el juicio es improcedente por lo que hace al acuerdo de lanzamiento de veintidós de marzo de este año, al tenor de lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el primer párrafo de su diverso numeral 217, conforme al cual, la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en Pleno o en Salas, será obligatoria, entre otros, para los Juzgados de Distrito. Al efecto, se invoca la jurisprudencia P./J. 6/2023 (11a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, en Materias(s): Común, que dispone: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS DEMÁS ÓRGANOS JURISDICCIONALES SUJETOS A OBSERVARLA NO PUEDEN DESATENDERLA, AUN CUANDO ESTIMEN QUE FUE INDEBIDAMENTE COMPILADA Y, POR TANTO, APARTARSE DE SU APLICACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a criterios discrepantes al analizar si un criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta obligatorio, pues uno de los colegiados estimó que había sido indebidamente compilado como jurisprudencia, ya que había variado en distintas publicaciones y, sobre todo, porque en los precedentes que dieron lugar al criterio no se advertía que se hubiera expresado ese sentido; mientras que el otro órgano jurisdiccional sostuvo expresamente no compartir el criterio de su homólogo, toda vez que con posterioridad a la emisión de la tesis en cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido expresamente que la temática jurídica sí constituye jurisprudencia. Criterio jurídico: Los Tribunales Colegiados de Circuito y los demás órganos jurisdiccionales sujetos a observar la jurisprudencia no cuentan con la posibilidad de desatender un criterio obligatorio emitido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por estimar que fue indebidamente integrado como jurisprudencia y, por tanto, apartarse de su aplicación obligatoria. Sin embargo, sí resulta válido, de conformidad con la teoría del precedente, que a través del ejercicio de distinción estimen que un criterio no resulta aplicable a un caso concreto. Justificación: La jurisprudencia, como fuente formal de derecho, resulta de observancia obligatoria cuando se integra a partir de los métodos que la ley reconoce al respecto (reiteración, contradicción de criterios, jurisprudencia por razones y sistema de precedentes), y vincula a los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía a su aplicación obligatoria a partir de su vigencia y cuando se materializa con su publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Asimismo, la jurisprudencia no pierde su obligatoriedad, salvo que se haya emitido una resolución en contrario o, en su caso, sea sustituida conforme a las reglas previstas para tales fines. A partir de lo anterior, se obtiene que el único método mediante el cual cese la vigencia y obligatoriedad de un criterio jurisprudencial emanado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde exclusivamente a este Alto Tribunal, mas no así a los Tribunales Colegiados de Circuito, aun cuando se aduzca que existió un vicio en su integración. Sin embargo, resulta válido que un Tribunal Colegiado de Circuito, a través de un ejercicio de distinción, determine que el criterio jurisprudencial o precedente que, en principio resulta obligatorio, no es aplicable al caso futuro al confluir hechos distintivos y argumentos suficientes que permitan adoptar un criterio diferente para el caso concreto, sin que ello implique desconocer su fuerza vinculatoria ni analizar su método de integración. Con lo anterior, no se desconoce la fidelidad del sistema de precedentes y la coherencia que exige respecto a las decisiones tomadas con anterioridad para salvaguardar la garantía de igualdad de trato y seguridad jurídica, sino que atiende a la razonabilidad de que en un caso posterior se actualicen condiciones bajo las cuales no es jurídicamente posible aplicar las mismas bases (ratio) que en un caso anterior." Consecuentemente, por la extemporaneidad y el consentimiento que deriva de ello, se actualizan las causales invocadas en este fallo y con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se impone el sobreseimiento en el presente juicio. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman de la autoridad responsable ejecutora, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

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