FRANCISCO JAVIER ARCE GARGOLLO y Otros.

Expediente 409/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
409/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • FRANCISCO JAVIER ARCE GARGOLLO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que refiere, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente asunto,..., el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó la protección constitucional. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL UNO DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL TREINTA DE AGOSTO DE 2021, QUE EN SÍNTESIS DICE: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 409/2020, promovido por ..., ... y ..., por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El uno de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró contrarios a sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: "Auto de 7 de julio de 2020, dictado por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el expediente 173/2019." Segundo. Admisión. Previa declinación de legal competencia por cuestión de grado y posterior rechazo del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el catorce de abril de dos mil veintiuno, se admitió la acción de amparo, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; se requirió informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Trámite. La representante social de la Federación no formuló intervención; se tuvo por rendido el informe de ley, la parte tercera interesada fue emplazada; y finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver el juicio de garantías, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37, 38 y 107 fracciones I y V de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos seguidos en un juzgado federal, residente en la ciudad donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La determinación emitida el siete de julio de dos mil veinte, en el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje 173/2019, donde se tuvo por desistidas las acciones principal y reconvencional sin reserva de derechos, y en lo que es materia del juicio, no condenó a las partes actora y codemandadas al pago de costas en beneficio de los quejosos. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, como se indica en el informe rendido, y se corrobora con las copias certificadas remitidas de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron el acto reclamado. I. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de solicitud de nulidad de laudo arbitral, en la vía de juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, donde se reclamó la declaración de nulidad del procedimiento arbitral identificado como Case o caso No 22499/ASM/JPA, la declaración de nulidad del laudo arbitral de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la devolución de determinado numerario y el pago de gastos y costas. En el escrito de demanda se señaló como parte enjuiciada entre otros a ..., ... y ..., todos en calidad de árbitros del Tribunal Arbitral emisor del laudo cuya nulidad se reclamó, y el primero como presidente. II. Seguida la secuela del proceso, se llevó a cabo el emplazamiento de los coenjuiciados y el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se les tuvo por contestada la demanda. III. En sendas piezas la parte actora y la diversa enjuiciada ..., fusionada con ..., ratificaron su desistimiento de la acción reconvencional; similar acción ocurrió respecto de la parte actora, respecto de la cual se mandó ratificar. IV. Previa vista a los quejosos y posterior desahogo, donde se opusieron al desistimiento, pidieron que se les reconociera el derecho a las costas en caso de absolución o de desistimiento sin su consentimiento, el siete de julio de dos mil veinte, el juzgador señalado como autoridad responsable, tuvo a las partes por desistidas sin reservas de algún derecho a cargo de las contrapartes. Respecto de la condena en costas, se declaró improcedente hacer condena en favor de los árbitros. Esta última determinación integra la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación donde la parte quejosa sostiene: A) El acto reclamado contraviene las garantías de fundamentación, motivación y debido proceso, previstas en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación a lo diversos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los ordinales 1091 y 1089 del Código de Comercio, porque contrario a lo resuelto sí procedía emitir condena en constas, por surtirse los supuestos de mala fe y temeridad. Si bien la jurisprudencia invocada en el acto reclamado impide aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, debe considerarse que acorde al ordinal 373 fracción II de éste, es necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica después de que se corra traslado de la demanda, para determinar si existe o no temeridad o mala fe. Asimismo, en términos del dispositivo 34 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, procede condenar en costas por temeridad y mala fe, ante el desistimiento, porque requiere el consentimiento del demandado. B) Contrario a lo resuelto, sí existió temeridad y mala fe, porque se forzó a los quejosos a litigar en un asunto donde no asistía razón a la actora para demandar, ni de vincular a los impetrantes a la causa, porque para tal efecto se tuvieron que contratar abogados y sujetarse a los inconvenientes de un litigio. La conducta procesal consistente en intentar una acción, llamar a juicio a las personas involucradas mediante el emplazamiento, para posteriormente desistirse, conlleva por identidad de razones el supuesto del artículo 1084 del Código de Comercio. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por corresponder temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, aunque no corresponda a la forma planteada en la demanda. No asiste razón a la inconforme en el motivo de inconformidad agrupado en la letra A), porque el Código de Comercio regula de manera completa el supuesto relativo a la condenación en costas, en los casos de temeridad y mala fe. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 177/2017, la Primera Sala del Alto Tribunal sostuvo que existe un elemento común en todo el sistema de condenación en costas previsto para los litigios regidos por la legislación mercantil, donde en cierta manera se abusa del derecho a la jurisdicción, al hacer valer acciones o excepciones fundadas en hechos controvertidos sin presentar pruebas que las sustenten, o valerse de pruebas inválidas, como los instrumentos falsos o testigos falsos o sobornados, o plantear acciones o excepciones improcedentes o inoperantes, o que lleven el litigio a una segunda instancia infructuosamente, o por haber sido vencido en juicio ejecutivo. Dentro de esas reglas no se observa alguna que explícitamente se refiera al caso en que el juicio concluye por desistimiento, habiéndose ya efectuado el emplazamiento. Empero, es innecesario acudir a la norma supletoria para alguna integración debido a que las reglas establecidas en el Código de Comercio sí ofrecen una solución para resolver sobre el tema de costas en el caso de desistimiento después del emplazamiento, y es la relativa a valorar si se ha procedido con temeridad o mala fe. Tal regla permite al Juez que, en el caso que se analiza, resuelva sobre si condena o absuelve del pago de los gastos y costas a alguna de las partes, de acuerdo a si se actuó temeraria o maliciosamente, según las circunstancias de cada caso, pues no podría sostenerse de antemano que el que desiste una vez hecho el emplazamiento siempre actúa de esa manera. Al amparo de tales consideraciones, contrario a lo alegado por la parte quejosa, en el Código de Comercio que es la legislación aplicable al caso, sí regula de manera suficiente la posibilidad de condenar en costas en un procedimiento seguido en forma de juicio. La determinación de esa regla especial prevista en la legislación que rige el proceso, excluye la posibilidad y/o necesidad de recurrir a una normatividad diferente para integrar la norma y/o supuestos bajo los cuales habría de operar la sanción consistente en la condenación en costas, al mediar el desistimiento posterior al emplazamiento. Ante esa situación, no es necesario ni se justificaría acudir a la norma supletoria, teniendo en la especial (Código de Comercio) una regla con la cual puede resolverse el problema jurídico, es decir, no cabe recurrir a la supletoriedad como se sugiere en los conceptos de violación, como tampoco a la diversa normatividad para la Ciudad de México. Máxime, si se advierte que en el precedente citado se demostró que el sistema de costas previsto en el Código de Comercio, es completo y no requiere ser suplido mediante la incorporación de disposiciones de los ordenamientos procesales civiles. En ese sentido es infundado el concepto de violación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 11/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital: 2016811, que dice: "COSTAS EN EL JUICIO MERCANTIL. NO PROCEDE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES SUPLETORIAS AL CÓDIGO DE COMERCIO PARA RESOLVER SOBRE ESE ASPECTO CUANDO EL JUICIO TERMINA POR DESISTIMIENTO POSTERIOR AL EMPLAZAMIENTO. La interpretación de los artículos 1051, 1054, 1063, 1082 y 1084 del Código de Comercio, conduce a determinar que es improcedente la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles o la ley procesal local respectiva al Código de Comercio, para resolver sobre la condena en costas en los juicios mercantiles que concluyan con desistimiento presentado después del emplazamiento. Lo anterior es así, porque en el sistema de prelación de las normas rectoras de los juicios mercantiles, deben preferirse, en primer lugar, las convenidas por las partes o, en su defecto, las establecidas en el Código de Comercio y las leyes mercantiles, en tanto que la supletoriedad constituye un sistema que reviste carácter excepcional o extraordinario para la corrección de vacíos legislativos o el complemento de la legislación especial en aquello que resulte necesario para resolver la cuestión puesta a consideración del Juez; esto es, uno de los requisitos para que opere la supletoriedad consiste en verificar la necesidad de la aplicación de la norma supletoria para resolver la controversia o el problema jurídico planteado, lo que implica que si entre las reglas de la ley especial (Código de Comercio) existe alguna con la cual pueda solucionarse el problema jurídico, esa disposición debe aplicarse sin acudir a alguna otra de la ley supletoria, por más que esta última parezca adecuada o específica. Ahora bien, tratándose de la condena en costas, las disposiciones de los artículos 1082 y 1084 del código aludido, sí ofrecen una regla con la cual el Juez puede resolver si condena o absuelve del pago de costas en el supuesto en que el juicio concluye con desistimiento posterior al emplazamiento, la cual consiste en que ordena imponer las costas a la parte que haya actuado con temeridad o mala fe, lo que puede valorar el juzgador, según las circunstancias de cada caso, pues no podría sostenerse de antemano que el que desiste una vez practicado el emplazamiento siempre actúa de esa manera. Así, el sistema de condenación en costas previsto por el legislador mercantil es completo y sería innecesario e injustificado acudir a la norma supletoria, teniendo en el Código de Comercio una regla con la cual puede resolverse el problema jurídico en cuestión." Además, es infundado el concepto de violación agrupado en la letra B), porque el desistimiento posterior al emplazamiento, por sí solo no demuestra la temeridad y mala fe que a su vez provoque la condenación en costas. El planteamiento de la parte quejosa conlleva de forma implícita una primer cuestión consistente en determinar, a partir de supuestos previstos en diversa legislación al Código de Comercio, condiciones de aplicación análogas al desistimiento de la acción posterior al emplazamiento. Punto de partida que resulta incorrecto si se considera que el Código de Comercio contempla una regulación suficiente y completa sobre el tema de las costas; esto es, las costas judiciales son los gastos necesarios que eroga cada una de las partes para iniciar, tramitar y concluir un juicio, erogaciones que deberán tener una relación directa con la controversia mercantil de que se trata, de tal forma que sin ellos no pueda legalmente concluirse, debiendo ser excluidos, en consecuencia, aquellos gastos que hubieran sido innecesarios, superfluos y contrarios a la ley y a la ética personal o profesional. El sistema que sigue la legislación mercantil es mixto porque contempla un régimen de carácter objetivo, donde rigen cinco fracciones que integran al precepto y, por otra, incluye un sistema subjetivo, el cual se actualiza cuando se haya procedido por alguna de las partes con temeridad o mala fe, según el prudente arbitrio del juzgador. Al caso tiene aplicación el criterio subjetivo, conforme a la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, acorde a la cual por regla general se acciona la maquinaria judicial en la sustanciación de un procedimiento sin derecho alguno para requerir las prestaciones demandadas en juicio, hipótesis en la cual se está obligado, por dicha conducta temeraria o maliciosa a cubrir los gastos o erogaciones efectuadas por la contraparte que se haya defendido en juicio. Ahora, acorde al criterio de la Primera Sala del Alto Tribunal, la temeridad en términos procesales, consiste en promover un juicio u oponer excepciones o defensas, incidentes o recursos, a sabiendas de la falta de razón para tal efecto. Es precisamente, el conocimiento de que lo que se promueve es desacertado, lo que da lugar a dicho elemento subjetivo; en tanto que la mala fe, se puede definir como el acto procesal consistente en utilizar la acción, excepciones o defensas, incidentes o recursos, para causar un perjuicio a un tercero. Al conjuntar ambas premisas (completitud del Código de Comercio para regular las costas y supuestos específicos del criterio subjetivo), válidamente se puede contestar que es innecesaria la remisión a diversa legislación, o supuestos integrados con normas que no sean las previstas en la legislación comercial, para dar contenido a los conceptos "temeridad y mala fe". En suma, atendiendo al principio de completitud del cual goza el Código de Comercio, el simple hecho de que alguna de las partes del juicio actúe bajo los elementos subjetivos precisados, y que encuentra su materialización objetivamente en las constancias de autos o en la misma sentencia, da lugar a la condena en costas. En ese sentido es infundado el concepto de violación. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 10/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital: 2003008, que dice: "COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. TEMERIDAD O MALA FE PARA SU CONDENA, CONFORME AL ARTÍCULO 1084, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. El artículo 1084, del Código de Comercio prevé que la condena en costas se hará en dos supuestos: cuando así lo prevenga la ley, o cuando estime el juzgador que se haya procedido con temeridad o mala fe. En el primer caso se hace una remisión a la ley, ya sea del propio Código de Comercio, entre otras a las diversas fracciones de su artículo 1084, o la legislación aplicable al caso en la materia. En el segundo supuesto, se está en presencia de una atribución en la que el juzgador, a su arbitrio, podrá condenar en costas cuando advierta que alguna de las partes procedió con temeridad o mala fe. De lo que se sigue que tales supuestos, si bien pueden coincidir, son independientes entre sí, pues no significa que deben actualizarse ambas hipótesis para efecto de la condena en costas, sino que basta que se dé alguno de los supuestos previstos en ley; o bien, que a criterio del juzgador se haya actuado con temeridad o mala fe. Lo anterior, en virtud de que, del numeral citado se desprende que ambos supuestos se encuentran separados por la conjunción disyuntiva "o", lo que indica que basta que en el caso concreto se configure alguno de los dos para que sea procedente la condena respectiva. Así, en términos de la fracción V, del artículo 1084, del Código de Comercio, -que refiere que siempre será condenado el que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de ese tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes-, para que proceda la condena en costas, es suficiente con que la autoridad judicial se encuentre impedida para estudiar la controversia planteada por falta de algún presupuesto procesal necesario para ello, sin que sea indispensable que se tome en cuenta la temeridad o la mala fe con que haya actuado cualquiera de las partes." El segundo planteamiento que integra el motivo de inconformidad es el relativo a la función probatoria que el solicitante de la condena en costas, debe implementar para demostrar que se produjo el supuesto de temeridad o mala fe, porque el desistimiento por sí solo no lo acredita, de lo contrario se podría estimar que todos los desistimientos en sí tienen intrínsecamente una intensión subjetiva susceptible de valorarse necesariamente como temeridad o mala fe, al margen de su función autocompositiva del proceso. En efecto, la parte quejosa únicamente afirmó que la vinculación al proceso y su culminación mediante el desistimiento recíproco, tanto de la acción principal como de la reconvencional, se explica y/o tiene fundamento en la temeridad y/o la mala fe de los litigantes; empero, dejó de ofrecer pruebas para valorar que tales conductas procesales fueron con el propósito de perjudicarla dado el papel que tuvo en el proceso, o bien, con el conocimiento de la improcedencia de lo demandado y contrademandado. Lo cual es relevante porque al dejarse de justificar la premisa que funda el reclamo de derecho, es inviable obtener una condena como la solicitada por el sólo hecho de haberse acogido en la causa el desistimiento de las acciones que trabaron la controversia. Aspecto que se robustece si se considera que las controversias del derecho privado opera el principio dispositivo, conforme al cual las partes son dueñas del proceso conforme a las posibilidades que la legislación aplicable les proporciona, y en ese sentido deben impulsar la constitución de sus acciones, lo cual implica justificar las circunstancias impeditivas, extintivas o modificativas del derecho de su contraparte, mediante el ofrecimiento probatorio y su consiguiente justificación de carácter argumentativo. Por ende, si la quejosa dejó de colmar las exigencias indicadas, es claro que el ejercicio de la acción en abstracto y no puede tener la función de justificarse y explicarse a sí misma. Además, entre los argumentos que el juzgador señalado como responsable sostuvo y que la parte impetrante dejó de controvertir, se recoge el siguiente: "(.) A mayores datos debe tomarse en cuenta que los árbitros se constituyen como rectores del procedimiento arbitral, por lo que su actividad al emitir el laudo se equipara a un acto materialmente jurisdiccional y por esa naturaleza carecen de legitimación para ser demandados tanto en el juicio de nulidad del laudo que emiten como en el reconocimiento y ejecución del mismo, sin prejuzgar respecto de alguna responsabilidad dolosa que pudiera atribuírseles en un procedimiento diverso. (.)" De modo que el juzgador responsable resolvió que los quejosos carecen de una condición para ejercer la acción de solicitud de condena en costas, lo cual se dejó de controvertir en los conceptos de violación. Aspecto que resulta relevante porque el objeto de la queja tiene como punto de partida la forma en cómo los impetrantes quedaron vinculados al juicio natural, a causa de la cual se vieron en el deber de contestar la demanda e intervenir procesalmente. En ese sentido, al haberse resuelto que la parte quejosa en realidad carecía de legitimación a pesar de su emplazamiento y vinculación al proceso temporal, conlleva que en realidad la parte quejosa está impedida del ejercicio de la acción, esto es, adolecía de una condición necesaria para atribuir a sus aparentes contrapartes cualidades en su conducta procesal, y por ende podía proceder imputarles las consecuencias que estimó a su favor. Aunado a que el aspecto de la legitimación es una cuestión que puede revisarse de cualquier momento del proceso, de modo que al haberse hecho el pronunciamiento respectivo al calificarse la viabilidad del desistimiento, tampoco genera incertidumbre en los impetrantes, ni desconoce la vinculación temporal que tuvieron en la causa, sino el reconocimiento de un elemento que debía depurar la persecución de la controversia. En ese sentido es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada VII.2o.C.211 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de registro digital: 2021036, que dice: "COSTAS EN CASO DE ALLANAMIENTO DEL DEMANDADO EN UN JUICIO MERCANTIL. PARA QUE PROCEDA LA CONDENA A SU PAGO, NO ES SUFICIENTE POR SÍ SOLO QUE SE HAYA EFECTUADO AQUÉL, SINO QUE DEBEN OBRAR EN AUTOS ELEMENTOS QUE LLEVEN AL JUEZ A LA CONVICCIÓN DE QUE EL REO ACTUÓ CON TEMERIDAD O MALA FE. Tratándose de la procedencia al pago de costas en caso de allanamiento del demandado en un juicio mercantil, no es dable acudir a la aplicación supletoria de diversas disposiciones adjetivas -locales o federales-, pues el artículo 1084 del Código de Comercio ofrece una regla con la cual el Juez puede resolver si condena o absuelve su pago. Así es, el citado precepto establece dos criterios para que proceda la condena al pago de costas en un juicio mercantil, el objetivo, previsto en sus cinco fracciones y el subjetivo, cuando a su juicio, el Juez advierte que una de las partes actuó con temeridad o mala fe. Ahora bien, la procedencia al pago de costas en caso de allanamiento del demandado en un juicio mercantil, no se ubica en ninguna de las hipótesis objetivas establecidas en el precepto en cita; por tanto, debe ubicarse en el criterio subjetivo -temeridad o mala fe-. En tales condiciones, para que proceda la condena al pago de costas en el caso del allanamiento del demandado en un juicio mercantil, no es suficiente la existencia de éste, sino que deben obrar en autos elementos que lleven al Juez a la convicción de que el reo actuó con temeridad o mala fe." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, todos de la ley reglamentaria del juicio de garantías, se R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., ... y ..., por propio derecho, contra los actos del Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones señaladas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese conforme a derecho corresponda.

  4. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LAS TERCERAS INTERESADAS NO ACUDIERON POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LAS REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, A LOS CITATORIOS QUE SE DEJARON EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 30 DE AGOSTO DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 409/2020, promovido por ..., ... y ..., por propio derecho, contra actos del Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El uno de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró contrarios a sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: "Auto de 7 de julio de 2020, dictado por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el expediente 173/2019." Segundo. Admisión. Previa declinación de legal competencia por cuestión de grado y posterior rechazo del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el catorce de abril de dos mil veintiuno, se admitió la acción de amparo, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita; se requirió informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Trámite. La representante social de la Federación no formuló intervención; se tuvo por rendido el informe de ley, la parte tercera interesada fue emplazada; y finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver el juicio de garantías, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37, 38 y 107 fracciones I y V de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos seguidos en un juzgado federal, residente en la ciudad donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La determinación emitida el siete de julio de dos mil veinte, en el juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje 173/2019, donde se tuvo por desistidas las acciones principal y reconvencional sin reserva de derechos, y en lo que es materia del juicio, no condenó a las partes actora y codemandadas al pago de costas en beneficio de los quejosos. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, como se indica en el informe rendido, y se corrobora con las copias certificadas remitidas de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron el acto reclamado. I. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de solicitud de nulidad de laudo arbitral, en la vía de juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, donde se reclamó la declaración de nulidad del procedimiento arbitral identificado como Case o caso No 22499/ASM/JPA, la declaración de nulidad del laudo arbitral de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la devolución de determinado numerario y el pago de gastos y costas. En el escrito de demanda se señaló como parte enjuiciada entre otros a ..., ... y ..., todos en calidad de árbitros del Tribunal Arbitral emisor del laudo cuya nulidad se reclamó, y el primero como presidente. II. Seguida la secuela del proceso, se llevó a cabo el emplazamiento de los coenjuiciados y el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se les tuvo por contestada la demanda. III. En sendas piezas la parte actora y la diversa enjuiciada ..., fusionada con ..., ratificaron su desistimiento de la acción reconvencional; similar acción ocurrió respecto de la parte actora, respecto de la cual se mandó ratificar. IV. Previa vista a los quejosos y posterior desahogo, donde se opusieron al desistimiento, pidieron que se les reconociera el derecho a las costas en caso de absolución o de desistimiento sin su consentimiento, el siete de julio de dos mil veinte, el juzgador señalado como autoridad responsable, tuvo a las partes por desistidas sin reservas de algún derecho a cargo de las contrapartes. Respecto de la condena en costas, se declaró improcedente hacer condena en favor de los árbitros. Esta última determinación integra la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación donde la parte quejosa sostiene: A) El acto reclamado contraviene las garantías de fundamentación, motivación y debido proceso, previstas en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación a lo diversos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los ordinales 1091 y 1089 del Código de Comercio, porque contrario a lo resuelto sí procedía emitir condena en constas, por surtirse los supuestos de mala fe y temeridad. Si bien la jurisprudencia invocada en el acto reclamado impide aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, debe considerarse que acorde al ordinal 373 fracción II de éste, es necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica después de que se corra traslado de la demanda, para determinar si existe o no temeridad o mala fe. Asimismo, en términos del dispositivo 34 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, procede condenar en costas por temeridad y mala fe, ante el desistimiento, porque requiere el consentimiento del demandado. B) Contrario a lo resuelto, sí existió temeridad y mala fe, porque se forzó a los quejosos a litigar en un asunto donde no asistía razón a la actora para demandar, ni de vincular a los impetrantes a la causa, porque para tal efecto se tuvieron que contratar abogados y sujetarse a los inconvenientes de un litigio. La conducta procesal consistente en intentar una acción, llamar a juicio a las personas involucradas mediante el emplazamiento, para posteriormente desistirse, conlleva por identidad de razones el supuesto del artículo 1084 del Código de Comercio. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por corresponder temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, aunque no corresponda a la forma planteada en la demanda. No asiste razón a la inconforme en el motivo de inconformidad agrupado en la letra A), porque el Código de Comercio regula de manera completa el supuesto relativo a la condenación en costas, en los casos de temeridad y mala fe. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 177/2017, la Primera Sala del Alto Tribunal sostuvo que existe un elemento común en todo el sistema de condenación en costas previsto para los litigios regidos por la legislación mercantil, donde en cierta manera se abusa del derecho a la jurisdicción, al hacer valer acciones o excepciones fundadas en hechos controvertidos sin presentar pruebas que las sustenten, o valerse de pruebas inválidas, como los instrumentos falsos o testigos falsos o sobornados, o plantear acciones o excepciones improcedentes o inoperantes, o que lleven el litigio a una segunda instancia infructuosamente, o por haber sido vencido en juicio ejecutivo. Dentro de esas reglas no se observa alguna que explícitamente se refiera al caso en que el juicio concluye por desistimiento, habiéndose ya efectuado el emplazamiento. Empero, es innecesario acudir a la norma supletoria para alguna integración debido a que las reglas establecidas en el Código de Comercio sí ofrecen una solución para resolver sobre el tema de costas en el caso de desistimiento después del emplazamiento, y es la relativa a valorar si se ha procedido con temeridad o mala fe. Tal regla permite al Juez que, en el caso que se analiza, resuelva sobre si condena o absuelve del pago de los gastos y costas a alguna de las partes, de acuerdo a si se actuó temeraria o maliciosamente, según las circunstancias de cada caso, pues no podría sostenerse de antemano que el que desiste una vez hecho el emplazamiento siempre actúa de esa manera. Al amparo de tales consideraciones, contrario a lo alegado por la parte quejosa, en el Código de Comercio que es la legislación aplicable al caso, sí regula de manera suficiente la posibilidad de condenar en costas en un procedimiento seguido en forma de juicio. La determinación de esa regla especial prevista en la legislación que rige el proceso, excluye la posibilidad y/o necesidad de recurrir a una normatividad diferente para integrar la norma y/o supuestos bajo los cuales habría de operar la sanción consistente en la condenación en costas, al mediar el desistimiento posterior al emplazamiento. Ante esa situación, no es necesario ni se justificaría acudir a la norma supletoria, teniendo en la especial (Código de Comercio) una regla con la cual puede resolverse el problema jurídico, es decir, no cabe recurrir a la supletoriedad como se sugiere en los conceptos de violación, como tampoco a la diversa normatividad para la Ciudad de México. Máxime, si se advierte que en el precedente citado se demostró que el sistema de costas previsto en el Código de Comercio, es completo y no requiere ser suplido mediante la incorporación de disposiciones de los ordenamientos procesales civiles. En ese sentido es infundado el concepto de violación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 11/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital: 2016811, que dice: "COSTAS EN EL JUICIO MERCANTIL. NO PROCEDE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES SUPLETORIAS AL CÓDIGO DE COMERCIO PARA RESOLVER SOBRE ESE ASPECTO CUANDO EL JUICIO TERMINA POR DESISTIMIENTO POSTERIOR AL EMPLAZAMIENTO. La interpretación de los artículos 1051, 1054, 1063, 1082 y 1084 del Código de Comercio, conduce a determinar que es improcedente la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles o la ley procesal local respectiva al Código de Comercio, para resolver sobre la condena en costas en los juicios mercantiles que concluyan con desistimiento presentado después del emplazamiento. Lo anterior es así, porque en el sistema de prelación de las normas rectoras de los juicios mercantiles, deben preferirse, en primer lugar, las convenidas por las partes o, en su defecto, las establecidas en el Código de Comercio y las leyes mercantiles, en tanto que la supletoriedad constituye un sistema que reviste carácter excepcional o extraordinario para la corrección de vacíos legislativos o el complemento de la legislación especial en aquello que resulte necesario para resolver la cuestión puesta a consideración del Juez; esto es, uno de los requisitos para que opere la supletoriedad consiste en verificar la necesidad de la aplicación de la norma supletoria para resolver la controversia o el problema jurídico planteado, lo que implica que si entre las reglas de la ley especial (Código de Comercio) existe alguna con la cual pueda solucionarse el problema jurídico, esa disposición debe aplicarse sin acudir a alguna otra de la ley supletoria, por más que esta última parezca adecuada o específica. Ahora bien, tratándose de la condena en costas, las disposiciones de los artículos 1082 y 1084 del código aludido, sí ofrecen una regla con la cual el Juez puede resolver si condena o absuelve del pago de costas en el supuesto en que el juicio concluye con desistimiento posterior al emplazamiento, la cual consiste en que ordena imponer las costas a la parte que haya actuado con temeridad o mala fe, lo que puede valorar el juzgador, según las circunstancias de cada caso, pues no podría sostenerse de antemano que el que desiste una vez practicado el emplazamiento siempre actúa de esa manera. Así, el sistema de condenación en costas previsto por el legislador mercantil es completo y sería innecesario e injustificado acudir a la norma supletoria, teniendo en el Código de Comercio una regla con la cual puede resolverse el problema jurídico en cuestión." Además, es infundado el concepto de violación agrupado en la letra B), porque el desistimiento posterior al emplazamiento, por sí solo no demuestra la temeridad y mala fe que a su vez provoque la condenación en costas. El planteamiento de la parte quejosa conlleva de forma implícita una primer cuestión consistente en determinar, a partir de supuestos previstos en diversa legislación al Código de Comercio, condiciones de aplicación análogas al desistimiento de la acción posterior al emplazamiento. Punto de partida que resulta incorrecto si se considera que el Código de Comercio contempla una regulación suficiente y completa sobre el tema de las costas; esto es, las costas judiciales son los gastos necesarios que eroga cada una de las partes para iniciar, tramitar y concluir un juicio, erogaciones que deberán tener una relación directa con la controversia mercantil de que se trata, de tal forma que sin ellos no pueda legalmente concluirse, debiendo ser excluidos, en consecuencia, aquellos gastos que hubieran sido innecesarios, superfluos y contrarios a la ley y a la ética personal o profesional. El sistema que sigue la legislación mercantil es mixto porque contempla un régimen de carácter objetivo, donde rigen cinco fracciones que integran al precepto y, por otra, incluye un sistema subjetivo, el cual se actualiza cuando se haya procedido por alguna de las partes con temeridad o mala fe, según el prudente arbitrio del juzgador. Al caso tiene aplicación el criterio subjetivo, conforme a la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, acorde a la cual por regla general se acciona la maquinaria judicial en la sustanciación de un procedimiento sin derecho alguno para requerir las prestaciones demandadas en juicio, hipótesis en la cual se está obligado, por dicha conducta temeraria o maliciosa a cubrir los gastos o erogaciones efectuadas por la contraparte que se haya defendido en juicio. Ahora, acorde al criterio de la Primera Sala del Alto Tribunal, la temeridad en términos procesales, consiste en promover un juicio u oponer excepciones o defensas, incidentes o recursos, a sabiendas de la falta de razón para tal efecto. Es precisamente, el conocimiento de que lo que se promueve es desacertado, lo que da lugar a dicho elemento subjetivo; en tanto que la mala fe, se puede definir como el acto procesal consistente en utilizar la acción, excepciones o defensas, incidentes o recursos, para causar un perjuicio a un tercero. Al conjuntar ambas premisas (completitud del Código de Comercio para regular las costas y supuestos específicos del criterio subjetivo), válidamente se puede contestar que es innecesaria la remisión a diversa legislación, o supuestos integrados con normas que no sean las previstas en la legislación comercial, para dar contenido a los conceptos "temeridad y mala fe". En suma, atendiendo al principio de completitud del cual goza el Código de Comercio, el simple hecho de que alguna de las partes del juicio actúe bajo los elementos subjetivos precisados, y que encuentra su materialización objetivamente en las constancias de autos o en la misma sentencia, da lugar a la condena en costas. En ese sentido es infundado el concepto de violación. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 10/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital: 2003008, que dice: "COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. TEMERIDAD O MALA FE PARA SU CONDENA, CONFORME AL ARTÍCULO 1084, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. El artículo 1084, del Código de Comercio prevé que la condena en costas se hará en dos supuestos: cuando así lo prevenga la ley, o cuando estime el juzgador que se haya procedido con temeridad o mala fe. En el primer caso se hace una remisión a la ley, ya sea del propio Código de Comercio, entre otras a las diversas fracciones de su artículo 1084, o la legislación aplicable al caso en la materia. En el segundo supuesto, se está en presencia de una atribución en la que el juzgador, a su arbitrio, podrá condenar en costas cuando advierta que alguna de las partes procedió con temeridad o mala fe. De lo que se sigue que tales supuestos, si bien pueden coincidir, son independientes entre sí, pues no significa que deben actualizarse ambas hipótesis para efecto de la condena en costas, sino que basta que se dé alguno de los supuestos previstos en ley; o bien, que a criterio del juzgador se haya actuado con temeridad o mala fe. Lo anterior, en virtud de que, del numeral citado se desprende que ambos supuestos se encuentran separados por la conjunción disyuntiva "o", lo que indica que basta que en el caso concreto se configure alguno de los dos para que sea procedente la condena respectiva. Así, en términos de la fracción V, del artículo 1084, del Código de Comercio, -que refiere que siempre será condenado el que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de ese tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes-, para que proceda la condena en costas, es suficiente con que la autoridad judicial se encuentre impedida para estudiar la controversia planteada por falta de algún presupuesto procesal necesario para ello, sin que sea indispensable que se tome en cuenta la temeridad o la mala fe con que haya actuado cualquiera de las partes." El segundo planteamiento que integra el motivo de inconformidad es el relativo a la función probatoria que el solicitante de la condena en costas, debe implementar para demostrar que se produjo el supuesto de temeridad o mala fe, porque el desistimiento por sí solo no lo acredita, de lo contrario se podría estimar que todos los desistimientos en sí tienen intrínsecamente una intensión subjetiva susceptible de valorarse necesariamente como temeridad o mala fe, al margen de su función autocompositiva del proceso. En efecto, la parte quejosa únicamente afirmó que la vinculación al proceso y su culminación mediante el desistimiento recíproco, tanto de la acción principal como de la reconvencional, se explica y/o tiene fundamento en la temeridad y/o la mala fe de los litigantes; empero, dejó de ofrecer pruebas para valorar que tales conductas procesales fueron con el propósito de perjudicarla dado el papel que tuvo en el proceso, o bien, con el conocimiento de la improcedencia de lo demandado y contrademandado. Lo cual es relevante porque al dejarse de justificar la premisa que funda el reclamo de derecho, es inviable obtener una condena como la solicitada por el sólo hecho de haberse acogido en la causa el desistimiento de las acciones que trabaron la controversia. Aspecto que se robustece si se considera que las controversias del derecho privado opera el principio dispositivo, conforme al cual las partes son dueñas del proceso conforme a las posibilidades que la legislación aplicable les proporciona, y en ese sentido deben impulsar la constitución de sus acciones, lo cual implica justificar las circunstancias impeditivas, extintivas o modificativas del derecho de su contraparte, mediante el ofrecimiento probatorio y su consiguiente justificación de carácter argumentativo. Por ende, si la quejosa dejó de colmar las exigencias indicadas, es claro que el ejercicio de la acción en abstracto y no puede tener la función de justificarse y explicarse a sí misma. Además, entre los argumentos que el juzgador señalado como responsable sostuvo y que la parte impetrante dejó de controvertir, se recoge el siguiente: "(.) A mayores datos debe tomarse en cuenta que los árbitros se constituyen como rectores del procedimiento arbitral, por lo que su actividad al emitir el laudo se equipara a un acto materialmente jurisdiccional y por esa naturaleza carecen de legitimación para ser demandados tanto en el juicio de nulidad del laudo que emiten como en el reconocimiento y ejecución del mismo, sin prejuzgar respecto de alguna responsabilidad dolosa que pudiera atribuírseles en un procedimiento diverso. (.)" De modo que el juzgador responsable resolvió que los quejosos carecen de una condición para ejercer la acción de solicitud de condena en costas, lo cual se dejó de controvertir en los conceptos de violación. Aspecto que resulta relevante porque el objeto de la queja tiene como punto de partida la forma en cómo los impetrantes quedaron vinculados al juicio natural, a causa de la cual se vieron en el deber de contestar la demanda e intervenir procesalmente. En ese sentido, al haberse resuelto que la parte quejosa en realidad carecía de legitimación a pesar de su emplazamiento y vinculación al proceso temporal, conlleva que en realidad la parte quejosa está impedida del ejercicio de la acción, esto es, adolecía de una condición necesaria para atribuir a sus aparentes contrapartes cualidades en su conducta procesal, y por ende podía proceder imputarles las consecuencias que estimó a su favor. Aunado a que el aspecto de la legitimación es una cuestión que puede revisarse de cualquier momento del proceso, de modo que al haberse hecho el pronunciamiento respectivo al calificarse la viabilidad del desistimiento, tampoco genera incertidumbre en los impetrantes, ni desconoce la vinculación temporal que tuvieron en la causa, sino el reconocimiento de un elemento que debía depurar la persecución de la controversia. En ese sentido es infundado el concepto de violación. Apoya lo expuesto, la tesis aislada VII.2o.C.211 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de registro digital: 2021036, que dice: "COSTAS EN CASO DE ALLANAMIENTO DEL DEMANDADO EN UN JUICIO MERCANTIL. PARA QUE PROCEDA LA CONDENA A SU PAGO, NO ES SUFICIENTE POR SÍ SOLO QUE SE HAYA EFECTUADO AQUÉL, SINO QUE DEBEN OBRAR EN AUTOS ELEMENTOS QUE LLEVEN AL JUEZ A LA CONVICCIÓN DE QUE EL REO ACTUÓ CON TEMERIDAD O MALA FE. Tratándose de la procedencia al pago de costas en caso de allanamiento del demandado en un juicio mercantil, no es dable acudir a la aplicación supletoria de diversas disposiciones adjetivas -locales o federales-, pues el artículo 1084 del Código de Comercio ofrece una regla con la cual el Juez puede resolver si condena o absuelve su pago. Así es, el citado precepto establece dos criterios para que proceda la condena al pago de costas en un juicio mercantil, el objetivo, previsto en sus cinco fracciones y el subjetivo, cuando a su juicio, el Juez advierte que una de las partes actuó con temeridad o mala fe. Ahora bien, la procedencia al pago de costas en caso de allanamiento del demandado en un juicio mercantil, no se ubica en ninguna de las hipótesis objetivas establecidas en el precepto en cita; por tanto, debe ubicarse en el criterio subjetivo -temeridad o mala fe-. En tales condiciones, para que proceda la condena al pago de costas en el caso del allanamiento del demandado en un juicio mercantil, no es suficiente la existencia de éste, sino que deben obrar en autos elementos que lleven al Juez a la convicción de que el reo actuó con temeridad o mala fe." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, todos de la ley reglamentaria del juicio de garantías, se R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., ... y ..., por propio derecho, contra los actos del Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones señaladas en el diverso último de esta sentencia.".

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