Francisco Javier Clemente Zaragoza
Expediente 1143/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1143/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/08/2023
Partes del expediente
- Francisco Javier Clemente Zaragoza
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta firmado vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual comunica que el órgano jurisdiccional de su adscripción se avocó al conocimiento de la demanda promovida por Jacqueline Belmonte Paredes, quien se ostenta como defensora privada de Francisco Javier Clemente Zaragoza, mismo que registro bajo el número 954/2023. Por tanto, archívese como concluido el presente cuaderno de antecedentes, previa las anotaciones respectivas. Destrucción de expedientillo. De conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b), previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de una incompetencia declinada a favor de un diverso órgano judicial; por tanto, una vez transcurridos seis meses de archivo, procédase a su destrucción material.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por ********************quien se ostenta como defensora privada de********************-el que manifestó BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD-, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1143/2023-V-B. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Jueza Coordinadora de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México lo siguiente: "La resolución de fecha 29 de junio de 2023, que resolvió el RECURSO DE REVOCACIÓN presentado por el defensor privado Lic. Luis Simón Herrera Bazán San Martin, en contra del auto de fecha 19 de junio de 2023 -dictado de forma escrita- por la Mtra. ******************** Jueza Coordinadora de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zumpango". INCOMPETENCIA Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO.**** Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno. Lo anterior es así, ya que del acto que reclama a la Jueza Coordinadora de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, consistente en la resolución dictada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro de la causa penal ********************; en ese sentido, se advierte que la ejecución, deberá realizarse en la municipalidad de Zumpango, Estado de México, pues el quejoso se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Zumpango, Estado de México. Por tanto, resulta evidente que el mismo tendrá ejecución en tal municipio. Es pertinente destacar que en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un Juez de Distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se llevara a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia, lo que en la especie, se actualizó en el municipio de Zumpango, Estado de México. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, dado que el acto que se combate tendrá lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Materia Común, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 633, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO.**** Por tanto, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales que integran el juicio de amparo indirecto 1143/2023-V-B, del índice de este órgano de control constitucional, así como sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan. en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se autoriza la consulta del juicio en su versión electrónica a los usuarios "********************", "********************, por encontrarse registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo anterior, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales. Asimismo, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, únicamente el usuario "********************". Lo anterior es así, dado que las diligencias de notificación deben aportar certeza jurídica, por lo que resulta inconducente tener diversos usuarios como domicilio procesal, ello a fin de evitar duplicidad de notificaciones. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Ahora, respecto a la solicitud en el sentido de autorizar el empleo de medios electrónicos, cámaras, lectores ópticos, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de dichos medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. AUTORIZADOS En relación a la personas que designa como autorizado; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que ésta se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. CONSULTA DE EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal.
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