Francisco Javier Carmona Reyes
Expediente 1378/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1378/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Francisco Javier Carmona Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. INFORMA GESTIONES Agréguese el oficio de cuenta por medio del cual, el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, comunica las gestiones para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, por lo que dejó insubsistente la resolución de catorce de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 379/2023 de su índice, y señaló las diez horas del veintinueve de noviembre de este año, para llevar a cabo la audiencia de manera verbal; circunstancia de la que queda enterado este juzgado. Por lo anterior, una vez que haya desahoga dicha audiencia, deberá informar lo conducente. Asimismo, se hace del conocimiento a la responsable que subsistente el apercibimiento de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. En la inteligencia de que, la autoridad responsable se encuentra constreñida a realizar todas aquellas gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia amparadora; ello atendiendo a que su objetivo primordial es que sean cumplimentadas sin demora, pues la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. Asimismo, en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en párrafos que anteceden, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, según sea el caso, para continuar con el trámite de inejecución; así como, para que lleve a cabo el proyecto de separación de su cargo, conforme a lo establecido en el numeral 193 de la Ley de Amparo.
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Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación de cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Requerimiento de Cumplimiento En tal virtud, de conformidad con los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Poder Judicial del Estado de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación acate en sus términos la ejecutoria de amparo, es decir, realice lo siguiente: "...1) Deje insubsistente la resolución de catorce de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación ********************. 2) Conforme a lo destacado en esta resolución celebre audiencia pública, la que deberá llevarse a cabo siguiendo los lineamientos previstos en los artículos del 57 al 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que citará a las partes que intervendrán en la misma, con los apercibimientos que considere necesarios para el caso de inasistencia. En esta audiencia deberá emitirse la resolución de segunda instancia de manera verbal, con la exposición de sus fundamentos y motivaciones que le den sustento al sentido de la determinación adoptada. Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, en el entendido de que también debe emitirla en versión escrita, en términos de lo establecido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el entendido de que la sentencia quedará cumplida una vez que se celebre oralmente la audiencia respectiva y se resuelva el recurso." Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En la inteligencia de que, la responsable se encuentra constreñida a realizar todas aquellas gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia amparadora; ello atendiendo a que su objetivo primordial es que sean cumplimentadas sin demora, pues la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. Se hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en párrafos que anteceden, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, según sea el caso, para continuar con el trámite de inejecución; así como, para que lleve a cabo el proyecto de separación de su cargo, conforme a lo establecido en el numeral 193 de la Ley de Amparo.
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S E N T E N C I A********************Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo número ********************; promovido por********************; y,****************************************R E S U L T A N D O:****************************************PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito depositado el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México;********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado y autoridad responsable, siguiente:****************************************"III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:********************Lo es el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.****************************************IV.- ACTO RECLAMADO.- Del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, se reclama la ilegal determinación dictada por la responsable en su sentencia de fecha 14 de agosto del año 2023, dictada en el toca número ********************, la cual me fue notificado el día 15 de agosto del año 2023, por correo electrónico; al no haber dictado dicha resolución con la debida fundamentación y motivación, en la valoración de los datos de prueba, como se precisará en los conceptos de violación."****************************************Considerando vulnerados sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió del conocimiento de dicho asunto a este órgano jurisdiccional, que lo radicó con el número ********************, y por auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite y se requirió el informe de ley, dándose la intervención legal a la representación social de la adscripción y se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, así como al agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal de Alzada responsable. Seguido el juicio por sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y****************************************C O N S I D E R A N D O:****************************************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación emitida por una autoridad del orden penal con residencia en el ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia.****************************************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente:****************************************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:****************************************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que la parte quejosa reclama del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la resolución de catorce de agosto de dos mil veintitrés, dictada de forma escrita en el toca de apelación ********************, que confirmó el auto de vinculación a proceso de once de junio del año en curso, emitido en la causa de control ********************, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México.****************************************TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado.********************En ese sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia que a la letra se integra de la siguiente forma: ********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."****************************************Lo cual se corrobora con las constancias que adjuntó el Tribunal de Alzada responsable a dicho informe, consistente en un disco certificado en formato DVD que contiene copia certificada del toca de apelación ******************** y uno diverso que contiene las audiencias llevadas a cabo en la carpeta administrativa ********************, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de los registros escritos, de audio y video de cuya reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su consulta posterior y porque se presume que la información en ellos contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa.********************Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: ********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena."****************************************Asimismo, se cita la jurisprudencia 43/2013 (10a.), publicada con registro 2004362, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Libro XXIII, Agosto de 2013, página 703, de rubro y texto siguientes:********************"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga."****************************************CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.****************************************Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes:****************************************"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."****************************************Al respecto, las partes no las hicieron valer, ni este juzgador advierte de oficio alguna causa de improcedencia, por lo que se procede al estudio del fondo del asunto.****************************************QUINTO. Antecedentes. Para tener mayor comprensión del asunto y estudiar la constitucionalidad del acto materia de reclamo, conviene destacar los antecedentes más relevantes derivado de la causa de control ********************, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, así como del toca de apelación ********************, de la estadística de la responsable, los cuales son: ****************************************El ocho de junio de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión en la causa de control ********************, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la que se decretó la detención judicial y material de la aquí quejosa, por el hecho delictuoso de ROBO CON MODIFICATIVA (AGRAVANTE DE HABERSE COMETIDO CON VIOLENCIA), ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción III, 290, fracción I, inciso b), en relación con los diversos 6, 7, 8 fracciones I y III y 11 fracción I inciso d) del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de ********************.****************************************El imputado a través de su defensor solicitó que se resolviera su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, lo cual fue acordado favorable.****************************************Posteriormente, previo debate entre los intervinientes, el juzgador le impuso al imputado las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica, los primero cinco días de cada mes ante el Director General del Centro de Estatal de Medidas Cautelares, la exhibición de una garantía económica; la prohibición de acercarse a la tienda ********************y comunicarse o acercarse a la víctima ********************.******************** ********************Asimismo, señaló las doce horas del once de junio de dos mil veintitrés, para la continuación de la audiencia inicial. ****************************************Posteriormente, en la continuación de la audiencia inicial (prórroga del plazo constitucional), de once de junio de dos mil veintitrés, el Juez de Control resolvió la situación jurídica del imputado aquí quejoso, en la que dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por el hecho delictuoso antes citado.****************************************Inconforme con la determinación anterior, el imputado interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el cual radicó con el número de toca ******************** y se resolvió el catorce de agosto de dos mil veintitrés, en el sentido de confirmar el auto de vinculación a proceso de once de junio de dos mil veintitrés, emitido en contra del quejoso, por el hecho delictuoso de robo con modificativa (agravante de haberse cometido con violencia), en la causa de control antes citada.****************************************Esta última determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia de control constitucional. ****************************************SEXTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por el accionante del juicio constitucional, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:****************************************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."****************************************SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Ante todo es pertinente señalar que el estudio del acto reclamado, se llevará a cabo en suplencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.****************************************A consideración del suscrito y en suplencia de queja, se estima que el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al emitir la resolución de catorce de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación ********************, que confirmó el auto de vinculación a proceso de once de junio de dos mil veintitrés, emitido en la causa de control ********************, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, no respetó las formalidades esenciales del procedimiento, por lo cual el acto reclamado transgrede lo previsto en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************A efecto de justificar lo anterior, los principios rectores del juicio oral se encuentran previstos en el artículo 20, apartado A, fracciones II, IV, V, VI y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece:****************************************"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ********************A. De los principios generales: ********************II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; ********************IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;********************V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; ********************VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; ********************X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio."****************************************En efecto, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, señala que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y en la fracción II del apartado A, prevé que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá hacerse de manera libre y lógica. ****************************************Luego, una de las características primordiales en el procedimiento penal acusatorio es que este será oral, además toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del juez, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, sin que dicho juez pueda delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de las resoluciones respectivas.****************************************Para comprender la relevancia de la oralidad en este nuevo proceso penal acusatorio adversarial, en adición al contenido Constitucional, debemos invocar los artículos 4°, 5°, 63, 67, segundo párrafo y el 478 del mismo ordenamiento reseñado, que disponen:********************CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES********************"Artículo 4. Características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes.********************Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución."********************"Artículo 5. Principio de publicidad. Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código."********************"Artículo 63. Notificación en audiencia. Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código."********************"Artículo 67. Resoluciones judiciales. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso.********************Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente."********************"Artículo 478. Conclusión de la audiencia. La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma."********************"Artículo 479. Sentencia. La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma.****************************************De la interpretación sistemática de los preceptos constitucionales, así como de la ley secundaria invocados, se deducen varios aspectos a tomar en consideración al resolver la instancia de que se trata; el primero de ellos es, que la "oralidad" es el medio distintivo y la vía instrumental idónea que permite el desarrollo del nuevo sistema penal acusatorio, sin la cual no puede estimarse que se haga el dictado de alguna resolución en las audiencias; que tanto el imputado como la víctima u ofendido, o su representante, tienen legitimación procesal para apelar las resoluciones en este procedimiento; las audiencias deben ser públicas, con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en el propio Código Nacional; las resoluciones de los órganos jurisdiccionales serán dictadas en forma oral, con expresión de los fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión (hayan comparecido o no); y, que es facultad del Tribunal de Apelación revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada y en su caso, ordenar la reposición del acto que dio lugar a la misma.********************Por su parte, los artículos 475 al 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos al trámite de la apelación, establecen que una vez interpuesto dicho medio de impugnación ordinario, el Tribunal de Alzada se debe pronunciar de plano sobre la admisión del recurso, debiendo citar a la celebración de la audiencia de alegatos aclaratorios respectiva, cuando las partes interesadas así lo soliciten, pudiendo durante el desarrollo de esta diligencia pedir aclaraciones sobre los planteamientos realizados en los escritos por los sujetos procesales, y así dictarse la sentencia, ya sea de plano, en la propia audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma.********************Asimismo, de conformidad con el citado artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sentencias que resuelvan algún recurso de apelación, pueden ser dictadas en dos momentos:********************a) De plano en esa misma audiencia, una vez escuchadas a las partes; o,********************b) Por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma.********************A pesar de todo lo expuesto, este segundo supuesto identificado con el inciso b), no puede llevar al extremo de exentar al Tribunal de Apelación a no celebrar una audiencia, pues del texto integral del artículo 478 se advierte que en las dos hipótesis se debe desahogar una audiencia, aun cuando, sólo en apariencia la resolución pueda dictarse en forma escrita, porque de una interpretación sistemática realizada a los dispositivos legales 4º, 5º, 63 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales se aprecia que todas las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales -hecha excepción de las que expresamente señala el Código Nacional y en las que no se ubica este supuesto-, deben ser dictadas en forma oral, en las que se deben expresar los fundamentos y motivaciones que les dan sustento, pues como ya se expuso, si el ordenamiento procesal en cuestión dispone que las notificaciones de las decisiones judiciales adoptadas en las audiencias se tendrán por hechas formalmente a quienes estaban obligados a asistir (artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es inconcuso que las partes debían estar presentes; de ello da cuenta el contenido del precepto 57 ídem, que dispone:****************************************"Artículo 57. Ausencia de las partes. En el caso de que estuvieren asignados varios Defensores o varios Ministerios Públicos, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva.********************El Defensor no podrá renunciar a su cargo conferido ni durante las audiencias ni una vez notificado de ellas.********************Si el Defensor no comparece a la audiencia, o se ausenta de la misma sin causa justificada, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el Defensor público que le sea designado, salvo que el imputado designe de inmediato otro Defensor.********************Si el Ministerio Público no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma, se procederá a su remplazo dentro de la misma audiencia. Para tal efecto se notificará por cualquier medio a su superior jerárquico para que lo designe de inmediato.********************En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan. ********************Si la víctima u ofendido no concurren, o se retiran de la audiencia, la misma continuará sin su presencia, sin perjuicio de que pueda ser citado a comparecer en calidad de testigo.********************En caso de que la víctima u ofendido constituido como coadyuvante se ausente, o se retire de la audiencia intermedia o de juicio, se le tendrá por desistido de sus pretensiones."****************************************La disposición en cuestión, resulta aplicable a la segunda instancia en la que se substanció la apelación que culminó con la resolución controvertida en el juicio de amparo indirecto, porque se encuentra ubicado en el Capítulo II, inherente a las disposiciones de las audiencias en general contempladas en el Código Nacional aplicable al caso; aunado a que el título referente a los recursos que contempla dicho ordenamiento no tiene una disposición específica para el desarrollo de las audiencias en alzada; de ahí que le resulten aplicables las disposiciones comunes antes aludidas.********************Por otra parte, no podemos perder de vista el Capítulo III, de las "Resoluciones judiciales", en su precepto 67, segundo párrafo del propio cuerpo legal mencionado, que señala: ".En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo."; en este caso, la primera parte de la porción normativa transcrita le es aplicable a las resoluciones de apelación en segunda instancia, de la que se destaca que la versión escritural no puede exceder la exposición oral, de manera que de ese precepto podemos comprender que todas las decisiones jurisdiccionales vinculadas con las audiencias se encuentran aparejadas de un ejemplar escrito, que constituye una derivación de las consideraciones que hubiese aportado el órgano jurisdiccional al resolver, en cualquiera de los supuestos; sin que en el particular, el Tribunal de Apelación se encuentre constreñido a emitir la pieza escrita dentro del plazo de veinticuatro horas al que alude dicho precepto legal, porque el diverso 478 ídem, faculta a que este instrumento lo emita dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia, resultando este plazo uno específico que contempló el legislador para asuntos en sede de apelación.********************Bajo ese orden de ideas, los dos supuestos que refiere el dispositivo legal 478 para resolver el recurso de apelación, representan únicamente momentos temporales diferenciados para emitir una sentencia sobre dicho medio de impugnación, y no formas distintas para su dictado, esto es, la porción que señala: "La sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección, podrá ser dictada de plano, en audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma.", esta última parte, no significa que el fin teleológico del creador de la norma haya sido exentar al Tribunal de Apelación de celebrar una audiencia para resolver al asunto, cuando todos los artículos examinados expresan la idea de dirimir controversias a través de audiencias públicas, y con la asistencia de las partes, sino que debe interpretarse en el sentido de que el plazo para la emisión de la versión escrita es el de tres días de celebrada la audiencia correspondiente, en la que se debe expresar los fundamentos y motivaciones que le den sustento lógico jurídico a la decisión adoptada por el tribunal.********************En esa tesitura, el artículo 63 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, constriñe a los titulares que conocen de un recurso, a tener que dictar en audiencia pública, la decisión que ellos emiten en ejercicio de sus funciones, fundando y motivando sus determinaciones, para comunicar simultáneamente a las partes los argumentos que formaron el sentido de la sentencia, debido a que el aludido precepto señala que las resoluciones dictadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes, incluso para quienes no asistan y estaban obligados a asistir, estableciendo la norma mecanismos para agilizar el trámite de las diligencias, pues señala que en el caso de que estuvieren asignados varios defensores o varios Ministerios Públicos, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva (artículo 57 del Código Nacional), pero también buscando garantizar que ambos contendientes se encuentren presentes, así, este dispositivo también establece que para el caso de incomparecencia del defensor, se entenderá abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el defensor público que le sea designado; y si se trata de la inasistencia del fiscal, igualmente se procederá a la sustitución por otro, no sin antes notificar dicha omisión al superior jerárquico para que designe a otro de inmediato; de tal forma, que el conocimiento a los sujetos procesales de las consideraciones y fundamentos de lo resuelto en ellas (notificación), se lleve a cabo en ese mismo instante, de manera simultánea a todos los que comparecieron o debieron hacerlo así.********************Por ello, la oralidad que se verifica en las audiencias, no constituye un mero requisito formal para sostener la legalidad, sino que viene a formar parte de un requisito esencial que permite garantizar el derecho a un verdadero debido proceso que faculta a los intervinientes imponerse de lo ahí decidido, pero sobre todo a comprender, en un lenguaje sencillo y claro el sentido de la resolución.********************En ese sentido, no resulta viable analizar la sentencia escrita, cuando su dictado no se efectuó en la audiencia prevista por el mencionado precepto, amén de que, en el dictamen de reforma al artículo 20 constitucional, se sostuvo que un proceso no es público, cuando sus actuaciones se desarrollan por escrito; y, por ende, no se cumplirían las características del sistema penal acusatorio.********************Además, no debe soslayarse que la decisión escrita tiene su origen en la audiencia que resuelve el recurso de apelación, esto es, en la determinación que, de manera verbal, emiten los Magistrados, debiendo contener ésta todos los argumentos que la rijan, en tanto que la escrita sólo constituye un registro de las consideraciones que se expresaron oralmente en la audiencia; por lo que, no es viable que tenga validez la pieza escritural, cuando no se desahogó la audiencia que le diera legitimidad a lo escrito, incluso no se estaría en aptitud de comprobar si la resolución escrita excede o no el alcance de lo que se hubiera determinado en la resolución oral.********************Esta decisión, se insiste, contraviene lo previsto por el artículo 20 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales; dado que el Tribunal de Alzada en Materia Penal no celebró la audiencia de apelación, lo que implica infracción de la "oralidad" que sirve como principal herramienta del nuevo sistema de justicia penal, objeto de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho.********************Ello es así, porque la responsable inexactamente consideró que estaba relevada de celebrar la audiencia de apelación y emitir la resolución de manera verbal y turnó los autos a la ponencia respectiva a fin de elaborar el proyecto de resolución escrito.********************Así, como se ha expuesto la autoridad no se encuentra facultada para no realizar la audiencia del dictado de la resolución correspondiente y plasmar la sentencia solamente por escrito bajo la excusa de que ninguno de los interesados solicitó la aplicación del artículo 476 del código adjetivo, ni el tribunal lo estimó pertinente para llevar a cabo la audiencia de alegatos aclaratorios, ya que está obligada a dirimir la controversia de manera pública y oralmente, sin perjuicio de que posteriormente agreguen el registro documentado.********************Sin que sea óbice que, dentro del apartado inherente al trámite de la apelación, el artículo 476 del Código Nacional Procesal aplicable, establece:********************"Artículo 476. Emplazamiento a las otras partes. Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión.******************** El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso."****************************************Del contenido de dicho precepto legal, se aprecia que existen dos momentos para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios, que puede ser: ********************a) Dentro de cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o, ********************b) Dentro de los cinco días después de admitido el recurso principal; con entera independencia de que en efecto existe la posibilidad para las partes intervinientes para solicitar una audiencia de aclaración de agravios, lo cierto es que, en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial.****************************************De ahí que la porción normativa transcrita no puede constituir o representar una facultad conferida a los gobernados para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión en audiencia de alegatos aclaratorios, no para decidir si se dicta sentencia en forma oral o por escrito, porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedaría a merced de las partes, cuando las disposiciones adjetivas del Código Nacional de Procedimientos Penales ".son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana.", según lo establece el artículo 1° del mismo cuerpo legal invocado.********************Sustenta lo anterior, la jurisprudencia II.2o.P.J/12 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Página: 2004, Libro 59, octubre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época Número de Registro 2018037, de rubro y texto siguientes:****************************************"APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO FACULTA A LAS PARTES NI AL TRIBUNAL DE ALZADA PARA QUE DECIDAN SI SE CELEBRA O NO UNA AUDIENCIA EN LA QUE SE RESUELVA DICHO RECURSO, PUES EL DICTADO DE LA SENTENCIA RESPECTIVA DEBE REALIZARSE EN FORMA ORAL Y EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE (INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE DICHO PRECEPTO, CON LOS DIVERSOS 4, 52, 58 A 63, 67, 477 Y 478 DEL PROPIO CÓDIGO). El artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de los cinco y quince días después de que fenezca el término para la adhesión.-El Tribunal de alzada, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará a audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los cinco días después de admitido el recurso.". De su contenido se advierte que en el recurso de apelación en el sistema penal acusatorio existen dos momentos para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios, que puede ser dentro: a) de cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o b) de los cinco días después de admitido el recurso principal. Así, con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de agravios, conforme a una interpretación armónica de dicho precepto, con los diversos 4o., 52, 58 al 63, 67, 477 y 478 del propio código, en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el tribunal de alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial; de ahí que el artículo 476 invocado no puede constituir o representar una facultad conferida a las partes ni al tribunal de alzada para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión en audiencia de alegatos aclaratorios, no para decidir si se dicta sentencia en forma oral o por escrito, porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedarían a merced de las partes, cuando las disposiciones adjetivas del código referido "son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana", según lo establece su artículo 1o. En esa virtud, puede sostenerse que existen dos tipos de audiencias, la de aclaración de agravios o alegatos aclaratorios y la de fondo, sin perjuicio de que en la primera el tribunal de alzada pueda resolver de plano el fondo del asunto, como ya se explicó; luego, si en el particular, para resolver el recurso de apelación, no se celebró ninguna audiencia pública, se concluye que se violaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que resguardan el debido proceso."****************************************Del criterio jurisprudencial invocado se advierte que la audiencia de alegatos aclaratorios se puede llevar en dos momentos; no obstante ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia para resolver sobre el recurso de apelación debe llevarse de forma oral, con independencia de que si existió o no una audiencia de aclaración de alegatos, ya que puede llevarse en la misma audiencia en que se aclararon los alegatos o en una diversa. ********************Finalmente, se precisa que este Juzgador no pasa por alto la jurisprudencia 1a./J. 16/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE APELACIÓN. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECE LA AUDIENCIA DE ALEGATOS ACLARATORIOS SOBRE LOS AGRAVIOS HECHOS VALER POR ESCRITO, NO TRANSGREDE LA ORALIDAD DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO NI LOS PRINCIPIOS DE INMEDIACIÓN, PUBLICIDAD Y CONTRADICCIÓN."; sin embargo, la misma no es aplicable en el presente juicio, en virtud de que en el caso que se analiza no es lo referente a la audiencia de aclaración de alegatos, sino a aquélla que resuelve el recurso de apelación, ya que el Tribunal de Alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial. ********************Lo que es acorde a la ratio decidendi del criterio que nos ocupa, pues en el párrafo 145 de la ejecutoria, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País precisó que era importante aclarar que la audiencia de alegatos no debe confundirse con la prevista en el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto éste señala que la sentencia que resuelva el recurso de apelación podrá ser dictada en audiencia, entre otro supuesto, pues refirió -párrafo 146 ídem- que la intención de legislador fue establecer el derecho de las partes para que, a su potestad, sean escuchados oral y públicamente en una audiencia por el Tribunal de Alzada, de ahí que el objeto de esta audiencia -alegatos- es distinto a la señalada por el citado artículo 478. ********************Máxime, que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Sala del Alto Tribal de este País, declaró improcedente la contradicción de tesis en el expediente 71/2021, derivado de los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito -jurisprudencia II.2o.P.J/12 (10a.), que fundamenta el presente asunto- y otros tribunales colegiados, pues en el segundo resolutivo señaló que no existe tal contradicción https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=281514-. ********************Por tanto, procede declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, porque su origen se encuentra viciado, al no celebrarse la audiencia que prevén los artículos 63, 67 y 478 del código adjetivo penal aplicable, en la que debió pronunciarse la sentencia de apelación********************Es decir, en el caso resulta es necesario celebrar una audiencia pública en segunda instancia para resolver el recurso de apelación, previa citación de los sujetos procesales para realizar debate verbal, garantizando el acceso integral y efectivo al recurso idóneo, máxime que en el trámite de la alzada habrán de aplicarse los mismos principios que rigen en la primera.********************Es aplicable a lo anterior la tesis de Jurisprudencia III.2o.P. J/1 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, registro digital 2024927, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo V, página 4372, Undécima Época, que establece:********************"RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. CUANDO EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LO RESUELVE NO SE EFECTÚA EN LA FORMA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 478 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ESTO ES, ORALMENTE EN AUDIENCIA, SINO SÓLO POR ESCRITO, CON LA JUSTIFICACIÓN DE QUE LAS PARTES NO SOLICITARON LA AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE AGRAVIOS ESTABLECIDA EN EL DIVERSO 476 DEL PROPIO CÓDIGO, NI EL TRIBUNAL DE ALZADA LA ESTIMÓ NECESARIA, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. Hechos: Al resolver el recurso de apelación en el proceso penal acusatorio contra el auto que resolvió sobre la vinculación a proceso de la persona imputada, el Tribunal de Alzada omitió dictar la sentencia respectiva en la forma prevista por el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, oralmente en audiencia pública, sino que sólo lo hizo por escrito, bajo la justificación de que las partes recurrentes no solicitaron la audiencia de aclaración de agravios establecida en el diverso 476 del propio código, ni aquél la consideró necesaria. ********************Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal de Alzada no está facultado para dejar de realizar la audiencia del dictado de la resolución correspondiente, a que se refiere el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales y plasmar la resolución solamente por escrito, ni siquiera bajo el supuesto de que las partes no manifestaran su interés de exponer oralmente alegatos aclaratorios, o que el propio tribunal no lo considerara necesario, ya que está obligado a dirimir la controversia de manera pública y oralmente, sin perjuicio de que posteriormente agregue el registro documentado; de ahí que al no haber actuado así, se actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición. ********************Justificación: Lo anterior, porque con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de alegatos sobre los agravios, lo cierto es que en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en los que fundamente su decisión judicial. En ese sentido, no resulta viable analizar la resolución escrita, cuando su dictado no se efectuó en la audiencia prevista en el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, no debe soslayarse que la decisión escrita tiene su origen en la audiencia que resuelve el recurso de apelación, esto es, en la determinación que, de manera verbal, emite la autoridad de alzada, debiendo contener todos los argumentos que la rijan, en tanto que la escrita sólo constituye un registro de las consideraciones que se expresaron oralmente en la audiencia, por lo que no es viable que tenga validez la pieza escritural cuando no se desahogó la audiencia que le diera legitimidad a lo escrito; incluso, no se estaría en aptitud de comprobar si la resolución escrita excede o no el alcance de lo que se hubiera determinado en la oral. Igualmente, esta decisión contraviene los artículos 14 y 20 de la Constitución General, en relación con los diversos 63, 67, segundo párrafo y 478 del código mencionado, dado que el Tribunal de Alzada no celebró la audiencia de apelación, lo que implica infracción al principio de oralidad que sirve como principal herramienta del nuevo sistema de justicia penal. Máxime que, como lo aclaró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2666/2020, la audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios no debe confundirse con la prevista en el artículo 478 indicado, en cuanto que éste señala que la sentencia que resuelva el recurso de apelación podrá ser dictada en audiencia, entre otro supuesto; de ahí que si en el particular, para resolver la apelación que dio origen al juicio de amparo indirecto no se celebró ninguna audiencia pública, puede válidamente sostenerse que se trastocaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 constitucionales, que resguardan el debido proceso."****************************************En ese tenor, al contener vicios de forma la resolución reclamada, este juzgado se encuentra imposibilitado para analizar el fondo del asunto, pues de hacerlo, esta autoridad se sustituiría en la autoridad responsable lo cual no es jurídicamente posible. ********************Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 171, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 60, Tercera Parte, página 40, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACION POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO, SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO. (AUDIENCIA, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO EN CITA).".********************Ante ese contexto, lo procedente es otorgar a********************, el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, realice lo siguiente:********************1) Deje insubsistente la resolución de catorce de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación ********************.****************************************2) Conforme a lo destacado en esta resolución celebre audiencia pública, la que deberá llevarse a cabo siguiendo los lineamientos previstos en los artículos del 57 al 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que citará a las partes que intervendrán en la misma, con los apercibimientos que considere necesarios para el caso de inasistencia.********************En esta audiencia deberá emitirse la resolución de segunda instancia de manera verbal, con la exposición de sus fundamentos y motivaciones que le den sustento al sentido de la determinación adoptada.********************Con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, en el entendido de que también debe emitirla en versión escrita, en términos de lo establecido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************En el entendido de que la sentencia quedará cumplida una vez que se celebre oralmente la audiencia respectiva y se resuelva el recurso.********************Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: ****************************************R E S U E L V E:****************************************ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a********************, en contra de la resolución de catorce de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación ********************, del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la quejosa, a través del cual informa a este juzgado de Distrito que la junta responsable le entregó el cheque por la cantidad señalada en la diligencia de embargo, el cual sí pudo hacer efectivo, por lo que -indica- únicamente falta que se cumplimente lo relativo a la inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que solicita se requiera el cumplimiento del fallo protector a esta última. Atento a lo anterior, téngase por hechas las manifestaciones de la quejosa en el sentido de que sí pudo hacer efectivo el cheque expedido a su favor por la demanda, en cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen; y, en lo atinente a que se solicite al Instituto Mexicano del Seguro Social la inscripción retroactiva que refiere, dígase que deberá estarse a lo acordado en el proveído de diecinueve del mes y año en curso.
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