Francisco Javier Carballo Cruz y Otros.
Expediente 1279/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1279/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/10/2019
Partes del expediente
- Francisco Javier Carballo Cruz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Delegado en Chiapas de la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO), con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1279/2019-2-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, de un estudio integral de la demanda de amparo, se colige que el peticionario de amparo señala esencialmente como acto reclamado la multa impuesta al quejoso en proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente ***. Atento a lo anterior, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: i. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. ii. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. iii. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: i. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. ii. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; iii. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; iv. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. v. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. vi. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. vii. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. i. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). ii. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón, la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el inconforme se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL". En la especie, el acto combatido en esta vía constitucional consiste medularmente en la multa impuesta al quejoso en proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente ***. En contra de dicha determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, el inconforme debió agotar el juicio contencioso administrativo, esto acorde a lo previsto en el artículo 3, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; (.)". El dispositivo transcrito, prevé la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que enumera esa disposición, para el caso, en su fracción IV alude a aquellas que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Ahora, es dable precisar que la multa impuesta al aquí peticionario de amparo, según se advierte de lo expuesto por el peticionario de amparo, deviene del incumplimiento de un requerimiento formulado por una autoridad de la Procuraduría Federal del Consumidor, ante su incomparecencia a la audiencia de conciliación señalada para el cinco de agosto del año en curso, en el procedimiento administrativo ***, a audiencia de conciliación señalada en el procedimiento administrativo en el que es parte. Precisado lo anterior, se concluye que las multas que como medida de apremio se decretan con fundamento en la Ley Federal de Protección al Consumidor, son impugnables a través del juicio contencioso administrativo que prevé la fracción IV del numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque su imposición es consecuencia de la infracción a un ordenamiento administrativo federal. Lo anterior es así, porque las medidas de apremio son aquellos instrumentos jurídicos a través de los cuales un juzgador o una autoridad en un procedimiento administrativo pueden hacer cumplir coactivamente sus requerimientos o determinaciones, lo que explica que el primer párrafo del artículo 25 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establezca que la procuraduría para el desempeño de las funciones que le atribuye la ley, podrá aplicar entre otras, la medida de apremio consistente en multa, en los montos a que se refiere la fracción I de esa disposición. Esto significa que la medida de apremio es un acto definitivo e independiente del procedimiento en el que se dicta, pues como se apuntó, su objetivo es hacer cumplir coactivamente determinaciones o requerimientos adoptados por la autoridad; por tanto, cuando se hace efectiva una medida de apremio, su existencia y ejecución ya no dependerán del procedimiento en el que fueron dictadas. Ahora bien, en el caso el acto reclamado consiste en una multa impuesta como medida de apremio con apoyo en la Ley Federal de Protección al Consumidor, y así, se tiene dos características que implican que en contra de ese tipo de sanciones procede el juicio contencioso administrativo en términos de la fracción IV del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; primero, porque se trata de multas aplicadas como medida de apremio y, segundo, porque su emisión se fundamentó en una norma administrativa federal, esto es, en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ello es así, pues como se destacó, la medida de apremio que se combate en esta instancia constitucional derivó de un desacato o inobservancia a un apercibimiento formulado por autoridad perteneciente a la Procuraduría Federal del Consumidor, actitud que se tradujo en una infracción a una norma administrativa federal. Esto es, si bien la multa fue consecuencia de una desobediencia a un mandato de autoridad, también lo es que ese mandato se fundamentó en un ordenamiento administrativo federal y el resultado de ese desacato que consiste en hacer efectivo el apercibimiento formulado, tiene como fundamento por lógica, un ordenamiento administrativo federal, en el caso, la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo que es sustento para estimar que las multa impuestas como medida de apremio con apoyo en ese ordenamiento, es impugnable a través del juicio contencioso administrativo, porque finalmente su origen se encuentra en la desatención a un requerimiento fundamentado en una norma administrativa federal. En ese orden de ideas, si el inconforme se duele del la multa impuesta al quejoso en proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en el expediente ***, debe decirse que es acto impugnable a través del juicio contencioso administrativo previsto en la fracción IV del artículo 3 de la de la Ley Federal Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por las razones expuestas en párrafos que anteceden. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 153/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA". Por tanto, en observancia al principio de definitividad, el quejoso tenía la obligación de agotar el recurso de mérito en contra de la resolución combatida en la parte que le afectó, es decir, la multa que se le impuso, lo que en la especie no aconteció; sin que en el caso se surta alguna excepción al enunciado principio. En consecuencia, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ***
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