Francisco Javier Blanco Hernández

Expediente 1749/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1749/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Blanco Hernández
  • Francisco Javier Blanco Hernández y Otros.

Actuaciones

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ****, promovido por ***, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades: 1. **, Fiscal del Ministerio Público Investigador Cinco, de la Fiscalía de Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas. 2. Comandante o Jefe de Grupo de la Policía Especializada, con sede en Salto de Agua, Chiapas. 3. Director de la Policía de Seguridad Pública Municipal de Salto de Agua, Chiapas. 4. **, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Salto de Agua, Chiapas. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 140, 142 y 143 de la ley de la materia, pídase a las autoridades señaladas como responsables su INFORME PREVIO, el cual deberán rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al en que queden notificadas del presente acuerdo, remitiéndoles para ello copia simple de la demanda. En dicho informe deberán precisar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, además de los datos que tengan a su alcance y permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. En ese sentido, para los efectos comprendidos en el artículo 168 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables que, en caso de ser ciertos los actos reclamados, señalen: a) la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa al quejoso; b) las características personales y situación económica del mismo; y, c) si existen datos que presuman la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. Se solicita a las autoridades responsables remitan su informe previo por cualquier medio a disposición de las oficinas públicas de comunicaciones, mediante fax al número telefónico 01-961-61-7-02-07, extensión 1170, o bien, al correo electrónico institucional 7jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo posteriormente por el conducto oficial correspondiente, ello con la finalidad de celebrar la audiencia incidental evitando diferimientos, así como para una pronta y expedita administración de justicia, como lo dispone el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es menester señalar que la falta de informe previo tiene por consecuencia que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, y si las autoridades responsables incurren en tal omisión se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización en términos de lo que establece la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fija como fecha para la celebración de la audiencia incidental, las nueve horas con siete minutos del seis de enero de dos mil veinte. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. ****, Fiscal del Ministerio Público Investigador Cinco, de la Fiscalía de Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas. 2. Comandante o Jefe de Grupo de la Policía Especializada, con sede en Salto de Agua, Chiapas. 3. Director de la Policía de Seguridad Pública Municipal de Salto de Agua, Chiapas. 4. ***, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Salto de Agua, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo *** DESECHAMIENTO PARCIAL Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." En el caso particular, del análisis del escrito demanda se colige que respecto del acto reclamado por los quejosos, consistente en la solicitud de informes para la integración del registro de atención *****, el juicio de amparo intentado, resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". La hipótesis legal transcrita encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 6, en relación con el 5 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en sus derechos subjetivos o interés legítimo o colectivo. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, en caso de que reclame afectación a un derecho subjetivo, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN." Expuesto lo anterior, tocante al acto reclamado impugnado consistente en la solicitud de informes para la integración del registro de atención ***, no constituye un acto que irrogue perjuicio a las personas contra quienes se instruye ésta, a menos que se emita una determinación que vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación. En efecto, la integración de un registro de atención o carpeta de investigación no produce algún agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos de la parte que solicita el amparo, pues impera el interés de la sociedad, sobre el del indiciado o indiciados, de que se indaguen los hechos posiblemente delictuosos que le dieron origen; además de que los actos verificados durante esta etapa, no trascienden irreparablemente en la esfera jurídica del inconforme, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis sustentada por Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, de rubro siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO." Así, respecto del acto destacado consistente en la solicitud de informes para la integración del registro de atención ****, se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el mismo no produce una afectación real y actual a la esfera de derechos del quejoso, ya que como se adujo con anterioridad la persecución de los delitos es facultad de la representación social, que prevé el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la cual es de orden público y ningún agravio le irroga en su esfera jurídica a los aquí quejosos. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, SE DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, respecto del acto destacado consistente en la solicitud de informes para la integración del registro de atención ****. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. ADMISIÓN Contrario a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 112, de la ley de la materia se admite la presente demanda de amparo por lo que hace a los actos consistentes en la orden de localización o detención librada en contra de los quejosos, así como su ejecución. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que sea el caso conceder la suspensión solicitada por la parte quejosa en términos del artículo 126 de la Ley de la materia, dado que los quejosos no se encuentran detenidos, ni incomunicados, promueven la presente demanda por propio derecho y además, los actos reclamados no se encuentran en ninguna de las hipótesis a que se refieren los artículo 22 Constitucional o 15 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que los quejosos reclaman actos de tortura de los cuales serán objeto al momento de ser presentados ante la Representación Social; sin embargo, se tratan de actos futuros e inciertos, los cuales no se están llevando a cabo y tal como lo manifiestan, sería una consecuencia en caso de que sean detenidos y presentados ante el fiscal del ministerio público responsable, es decir, su realización depende de un acto anterior, del cual todavía no son objeto. No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Cumpliendo con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cuatro minutos del veintisiete de enero de dos mil veinte. notifíquese

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