Francisco Javier Avendaño Gutiérrez

Expediente 760/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
760/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Avendaño Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de once de abril de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que el auto de once de abril de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, en este proveído causó estado; en este proveído causó ejecutoria; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso a), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, once de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos que atribuye al Director de la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez en Uruapan, Michoacán, a quien reclamó la omisión de dar contestación a la solicitud de dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Motivo por el cual, se requirió a la referida autoridad responsable, emitiera su informe justificado; lo que se tuvo por rendido en auto de dieciséis de marzo pasado, refiriendo que no es cierto el acto reclamado, toda vez que ya había emitido la respuesta correspondiente, y la había dado a conocer al quejoso, para lo cual acompañó el acuse de recibo del oficio 260/2023 que dirigió al aludido ********************, por el cual da contestación al libelo del cual emanó su acto reclamado, y del que se advierte firma autógrafa de que el garantista de mérito lo recibió de conformidad. Por lo que con lo anterior se dio vista a las partes, por el término de ocho días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera; sin que lo hayan hecho, no obstante de habérseles notificado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, mediante lista. Bajo ese orden de ideas, se advierte de forma manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Cabe precisar que la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la causa de improcedencia antes descrita, arribó a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la causa de improcedencia de mérito, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, nuestro Máximo Tribunal de Justicia del país, arribó a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Bajo esa guisa, es evidente que han cesado los efectos de la omisión de la autoridad responsable de la omisión de dar contestación a la solicitud de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, y que constituye el acto reclamado, como ha quedado de manifiesto en párrafos que anteceden; toda vez que fue destruido en forma total e incondicional con la emisión del oficio 260/2023 dirigido al aquí quejoso ********************, y por el cual, da contestación a la referida petición, mismo que le fue notificado como se advierte de la firma autógrafa respectiva. En consecuencia, se reitera que, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Bajo ese orden de ideas, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijadas para las once horas con cincuenta minutos del doce de abril de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico el contenido de la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que en autos obra el informe justificado requerido al Director de la Facultad de Agrobiología "Presidente Juárez" con residencia en esta ciudad; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días concedido a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, toda vez que fueron notificadas mediante lista el diecisiete de marzo del año en curso. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, señalada en autos, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como corresponde, el alegato constitucional 37/2023, signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual formula alegatos, por lo que con el mismo se ordena dar nueva cuenta al momento de la audiencia constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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