Francisco Javier Aguilar Vaca
Expediente 546/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Javier Aguilar Vaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual aclara su escrito de ampliación de demanda, atento a lo anterior, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto, la autoridad responsable cumpla con el requerimiento formulado en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, en específico en el capítulo relativo a las pruebas, solicitó a este juzgado, se requiriera a la autoridad responsable Mesa Directiva del Congreso del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, copia certificada del video de la sesión de primero de junio de dos mil veintitrés y el registro de asistencia integrado por la Segunda Secretaria, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo. Bajo esa premisa, a fin de estar en condiciones de resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en el citado numeral, requiérase al autoridad responsable Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, para que dentro del término de tres días contado a partir de que sea notificado del presente acuerdo, remita copia certificada de la constancias descritas en el párrafo que antecede. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de noviembre del año en curso, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga verificativo la misma. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por ********************, en cuanto apodera jurídica del quejoso ********************, calidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial exhibido en el escrito inicial de demanda, pasado ante la fe del Notario Público Número 172, con ejercicio en la ciudad de Los Reyes, Michoacán. Por lo que respecta a la ampliación de demanda se reserva proveer lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable cumpla con el requerimiento formulado en líneas precedentes. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Uruapan, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. AUDIENCIA INCIDENTAL En Uruapan, Michoacán a las once horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la licenciada Esthela Pedroza Díaz, Jueza del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, asistida del licenciado Mario Rosales Ortiz, Secretario que da fe, se declara abierta la audiencia incidental del juicio de amparo 546/2023, promovido por Valente Álvarez Reyes apoderado jurídico de Francisco Javier Aguilar Vaca, contra actos que atribuye a la Presidenta e integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, sin presencia de las partes pese haber sido citadas oportunamente. Acto continuo, el Secretario hace constar que en el expediente electrónico obra: Demanda de amparo. Auto de veintidós de septiembre por el que se admitió a trámite la demanda de amparo. Auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se negó la suspensión provisional del acto reclamado. Continuando con la relación de constancias, se cuenta con el informe previo de las autoridades responsables siguientes: No. Autoridad Sentido PRESIDENTE E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO PRESIDENTA E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO NIEGA PRESIDENTA E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN NIEGA CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO VICEPRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO PRIMERA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO SEGUNDA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO TERCERA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN OMISO A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 138 y 144 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede; asimismo, por rendido el informe previo de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de lo dispuesto por el artículo 140 de la ley de la materia y por omisa a la autoridad señalada en el inciso k que antecede. Con lo anterior, se tiene por concluida esta etapa y se ordena la apertura del periodo probatorio. A continuación, se declara abierto el período de pruebas: El Secretario hace constar que la parte quejosa ofertó como prueba de su parte: Copia simple de dos escritos dirigidos a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, con sello de recibo de dieciséis y veintiuno de junio de dos mil veintitrés, respectivamente. Copia simple de la credencial de elector de Valente Álvarez Reyes -apoderado jurídico del quejoso directo- Copias fotostáticas del acta número 91, relativa a la sesión extraordinaria celebrada el día primero de junio de dos mil veintitrés. Acta de reunión de Comisión de Comunicaciones y Transportes, celebrada el treinta de mayo de dos mil veintitrés. Iniciativa con carácter de dictamen que contiene el proyecto de decreto, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán. Poder General para pleitos y cobranzas otorgado por la parte quejosa en favor de Valente Álvarez Reyes y otros. Concesión de servicio público de autotransportes a nombre de la parte quejosa. Copia simple de credencial de elector de la parte quejosa, Francisco Javier Aguilar Vaca. Tarjeta de circulación con número de folio TCSP023321. Constancias que obran en el juicio principal y fueron debidamente compulsadas por el Secretario con sus diversas originales, copias certificadas y copias simples, respectivamente. Es aplicable la tesis XVI.3o.C.T.1 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro dicen: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SI EL JUEZ DE DISTRITO OMITE HACER CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS QUE EN AQUÉL SE OFRECEN SE EXHIBIERON EN EL CUADERNO PRINCIPAL EN ORIGINAL, EN COPIA CERTIFICADA, SIMPLE, O NO SE EXHIBIERON DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO A EFECTO DE HACER LA COMPULSA Y SE TOMEN EN CUENTA CON EL VALOR QUE LES CORRESPONDA AL DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010)." Al efecto la Jueza acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las documentales ofertadas por la parte quejosa, dada su propia y especial naturaleza jurídica, y se tiene por perdido el derecho de las partes de ofrecer pruebas, con lo que se cierra esta etapa. Se abre la etapa de alegatos. Abierto el período de alegatos: el Secretario certifica que las partes no formularon alegatos. Al efecto la Jueza acuerda: ténganse por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, al no haberlos hecho por escrito, ni haberse presentado a la presente audiencia; cerrándose así este período. Con lo anterior, se procede a resolver en los siguientes términos: Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 546/2023; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de julio de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico de Francisco Javier Aguilar Vaca, promovió demanda de amparo indirecto, en el que solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que atribuye a las autoridades descritas en el recuadro que antecede, mismas que se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones. SEGUNDO. Mediante oficio 16921, signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, derivado del proveído de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, declinó la competencia del juicio de amparo 913/2023-DSS, de su índice, la cual este órgano no aceptó. Luego, mediante ejecutoria pronunciada por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dentro del conflicto competencial 35/2023, declaró a este órgano competente para conocer dicho asunto, mismo que mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se ordenó la apertura del cuaderno incidental; se pidió el informe previo a las autoridades responsables y citó a las partes a la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de suspensión, toda vez que la competencia nace en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión y se extiende a este mismo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico de Francisco Javier Aguilar Vaca, promovió demanda de amparo indirecto, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades descritas en el recuadro que antecede, que hizo consistir en: De las señaladas en los incisos a) al c): "La iniciativa con carácter de Dictamen que contiene el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, elabora por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de data treinta de mayo de dos mil veintitrés, publicado en la Gaceta Parlamentaria del primero de junio de dos mil veintitrés [.]" De las señaladas en los incisos d) al i): La discusión, votación y aprobación del decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo [.] Del Gobernador y del Secretario de Gobierno: La expedición y promulgación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo [.] TERCERO. Inexistencia de los Actos Reclamados. Al rendir su informe previo las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado: No. Autoridad Sentido b) PRESIDENTA E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO NIEGA c) PRESIDENTEA E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN NIEGA En consecuencia, al no existir prueba alguna aportada por la parte quejosa que desvirtúe las referidas negativas, lo procedente es negar la suspensión definitiva que solicita, con apoyo en la Jurisprudencia número 286, consultable en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo contenido es: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario" CUARTO.- Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe previo las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado: No. Autoridad Sentido a) PRESIDENTE E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO d) CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO e) PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO f) VICEPRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO g) PRIMERA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO h) SEGUNDA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO I) TERCERA SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO j) GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN CIERTO k) SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN OMISO Por lo que respecta a la autoridad responsable Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán fue omisa al rendir su informe previo, por tanto, se le tiene por cierto toda vez se trata de una norma general dada a conocer a través de un medio oficial de difusión, su existencia no está sujeta prueba. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". QUINTO. Estudio. Ahora, para resolver la suspensión de que se trata, debe atenderse a lo previsto, entre otros numerales, al 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, porque, en dicha normativa, se prevén los requisitos que deben cubrirse para su otorgamiento, siendo estos, los siguientes: a) Que exista petición de parte; b) La existencia de un derecho constituido en favor de la parte quejosa, antes de la presentación de la demanda [interés suspensional]; c) Un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho [siempre y cuando éste se actualice, el cual no será necesario analizar en el supuesto de negarse la suspensión], d) La no afectación del interés social y e) La no contravención de disposiciones de orden público. Así, se tiene que el requisito señalado en el inciso a) se cubre a cabalidad, en razón a que, el promovente del juicio de amparo, realizó petición para obtener la suspensión del acto reclamado, lo cual permite continuar el estudio correspondiente a la misma. Dicho lo anterior, se procede al análisis del requisito señalado como inciso b), referente al interés suspensional de la parte quejosa, para efectos de la medida cautelar. En ese sentido, se tiene que la parte quejosa, acude a la vía indirecta constitucional en su calidad de concesionaria indefinida para la prestación del servicio de autotransporte público urbano, en Los Reyes, Michoacán. Y para acreditarlo, adjuntó copia digitalizada de la concesión de servicio público de autotransporte en su modalidad de "Camión Urbano", emitida por el Gobierno del Estado de Michoacán; así como la tarjeta de circulación con folio TCSP023321 correspondiente al vehículo descrito en ese documento, a nombre de la parte quejosa, y que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, son copia fiel, íntegra e inalteradas de los documentos originales. Por tanto, dichas pruebas adquieren el carácter de documentales públicas, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. En tales condiciones, el acto reclamado, precisamente, tiene -entre otras- como finalidad, establecer la regulación de los servicios de transporte tradicionales y los que se usan a través de un medio electrónico, y la parte quejosa demostró ser titular de una concesión de autotransporte con vigencia indefinida de transportes tradicionales y afirma -entre otras cosas-que la normativa reclamada, realiza una distinción discriminatoria entre concesionarios y permisionarios. En consecuencia, el acto reclamado, sí impacta a la esfera jurídica de la parte quejosa, porque, está ubicada en la hipótesis normativa que combate, de ahí que, se acredita el interés suspensional para efectos de la medida cautelar (inciso b). Continuando, se llega al inciso c), relativo al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho -en caso de actualizarse-, el cual para los efectos del estudio de esta determinación, no influye, porque, a consideración de la suscrita, en este momento, no se advierte la posibilidad para establecer, la inconstitucionalidad de la norma que se combate, no obstante que el Decreto que expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, se trata de una norma que entre otros puntos, regula al sistema estatal de transporte y lo contempla como servicio de transporte público en modalidad activa, servicio de transporte público de personas, el servicio de transporte especializado y servicio de transporte público de carga. Respecto a ello, la parte quejosa pretende revelar la inconstitucionalidad de las normas que combate bajo la afirmación de que a los concesionarios del servicio de transporte público de personas como lo es él, se les impone una serie de restricciones o cargas que a su perspectiva son adicionales e injustificadas y que no tienen aquellos que prestan el servicio de transporte especializado -bajo demanda a través de redes móviles mediante plataformas tecnológicas y/o aplicaciones digitales-; esto es, señala que cuentan con diversas prerrogativas que implica discriminación frente a él como concesionario Sin embargo, ese tema de violación a su derecho de igualdad y no discriminación, en este momento y para los efectos de la suspensión definitiva, no son determinantes ni reveladores para establecer, desde este momento, la afectación por discriminación en su esfera de derechos. En la comprensión que, la no acreditación de la apariencia de un buen derecho a favor de la parte quejosa, signifique dejar de atender los demás requisitos, previstos en la Ley de Amparo, a efecto de estudiar, la concesión de la medida cautelar solicitada. Así, se emprenderá el estudio de los requisitos señalados con los incisos d) y e) correspondientes a que con la suspensión no se afecte al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Esto es, si bien ?en principio? las disposiciones legales como puede ser el DECRETO impugnado, con el carácter de norma de carácter general, se consideran de orden público y su cumplimiento de interés social; lo cierto es que aplicar este criterio para establecer la procedencia o improcedencia de la suspensión de los actos reclamados ?ya sea provisional ya sea definitiva? implicaría hacer nugatoria toda medida cautelar; ello, porque todas las disposiciones legales en mayor o menor medida son de interés social y orden público; por tanto, bajo esa perspectiva, se llegaría a la conclusión equívoca de que cualquier medida cautelar tendente a paralizar la ejecución de un acto que se base en aquéllas ha de negarse. En esas condiciones, debe tenerse en cuenta que el concepto de interés social es una noción jurídica que atiende a las necesidades específicas que concurran en cada caso, tomando en cuenta que el fin de la medida cautelar es evitar la afectación en los derechos de los gobernados, paralizando el acto reclamado, hasta en tanto exista un pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad. Así, el orden público y el interés social son conceptos vinculados, pues el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de permitir el adecuado funcionamiento de la Administración Pública procurando el bienestar general; o en su defecto, impedir un mal a la población. Por su parte, el interés social es el necesario bienestar de la comunidad, o bien, la búsqueda de evitar un daño al colectivo que de otra manera no resentiría. Por tanto, se reitera que todas las normas jurídicas, por su naturaleza, son de orden público y de interés social, por ello, no basta con que una norma precise que es una disposición de orden público para con ello considerar que su observancia cumple con los estándares necesarios para generar un beneficio real a la colectividad; debe evaluarse si su contenido, fines y consecuciones, no son contrarios a los valores y principios a que aspira el orden público, o bien, que su aplicación no sea capaz de generar una restricción a derechos fundamentales en aras de procurar un aparente bienestar social. En esa tesitura, de un análisis al decreto combatido por esta vía, se tiene que en su artículo 3 se indica el objeto de esa Ley, y entre otros, en sus fracciones I, III, XI y XII, respectivamente se advierten los siguientes: Establece las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones que garanticen el tránsito, seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; Impulsar el desarrollo del transporte y las comunicaciones, y satisfacer las demandas de los servicios públicos integrados a éstos, los cuales debe proporcionar el Estado los particulares a quienes éste les otorgue las autorizaciones correspondierites, procurando el mayor y mejor aprovechamiento de las vías estatales de comunicación; Desarrollar las bases para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservando el libre tránsito, el orden y la paz pública, a través de la aplicación de las sanciones por infracciones administrativas, en términos de esta Ley y demás disposiciones normativas aplicables; Establecer las bases para salvaguardar la integridad y derechos de las víctimas dé hechos de tránsito, a través de la debida atención, seguimiento y acompañamiento, los mecanismos de reparación del daño, así corno para la aplicación de las sanciones correspondientes, en términos de esta Ley y demás disposiciones normativas aplicables; Por lo anterior, en caso de concederse la suspensión solicitada por el quejoso, con la finalidad de que no se aplique el decreto combatido por esta vía, se iría en contra del interés social que están por encima del interés particular del quejoso, cuenta habida que es claro que su labor está dirigida a la sociedad y, por ende, es ésta a quien le interesa que sus actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, por ser una función propia y de índole prioritaria para el Estado. De ese modo, no sería procedente conceder la medida cautelar solicitada para el efecto solicitado por la parte quejosa, puesto que ello implicaría una afectación al interés social. Sustenta lo así determinado, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ENTRE OTRAS, LAS RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE CARGA O DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE PASAJEROS, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA SU APLICACIÓN" Por lo tanto, no podría paralizarse la armonización legislativa al decreto impugnado, dado que, obedece a un interés social tal mandamiento, así como la creación de las instituciones a quienes se les confiere la aplicación de su contenido normativo. Además, es de precisarse que, en términos del artículo Séptimo transitorio del citado decreto, las sanciones y demás disposiciones previstas en los reglamentos de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, seguirán vigentes, hasta en tanto no se publiquen las disposiciones reglamentarias respectivas, lo cual significa que al quejoso por efecto de la publicación del decreto reclamado, no se podrían imponer sanciones; por tanto, normativamente, no se está en condiciones para suspender acto que la propia norma reclamada no prevé. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se NIEGA a ********************, por conducto de su apoderado jurídico, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicita, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en los considerando tercero y cuarto de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. NOTIFÍQUESE. Y hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Incidental
Uruapan, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que derivado de los avisos de suspensión de labores suscritos por el Coordinador de Jueces de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Uruapan, Juez René Castro Lara, se suspendieron las labores del día diecinueve al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés; por lo cual, durante dicho periodo se estableció que no correrían plazos, ni términos procesales. Por tal motivo, se advierte que no tuvo verificativo la audiencia incidental fijada para las once horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, consecuentemente, a fin de evitar violaciones procesales en perjuicio de las partes, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento, y se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para la celebración de la audiencia respectiva. NOTIFÍQUESE.
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