Francisco Javier Abrego Lujan
Expediente 703/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Javier Abrego Lujan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra ni en el expediente físico ni en el expediente electrónico la notificación de la sentencia a la parte quejosa; por tanto, se reitera al actuario realice la misma o informe el impedimento que tenga para ello. CÚMPLASE.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintidós. Únicamente agréguese a los autos el sobre cerrado que devuelve el Jefe del Servicio Postal Mexicano, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el cual contiene el oficio número 12561, del Director del Centro de Reinserción Social de Topo Chico Nuevo León, por conducto del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en Monterrey Nuevo León, Oaxaca, sin hacer mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que ya se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. CÚMPLASE.
- Principal
MESA I "... C O N S I D E R A N D O ... PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia expresó. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: De la primera autoridad la emisión de los oficios ...y ..., en los cuales se autorizó el traslado e ingreso del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. De la segunda responsable, la calificación de legal de la orden de traslado de treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados pues así lo reconocieron las autoridades responsables, certeza que se corrobora con las documentales públicas que enviaron con sus informes justificados consistentes en los oficios OADPRS/21977/2019 y OADPRS/21979/2019, así como las relativas a las copias fotostáticas certificadas de la carpeta de ejecución número 1683/2018, en el que constan el acto reclamado consistente en el auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, en la cual se ratificó el traslado del sentenciado aquí quejoso FRANCISCO JAVIER ABREGO LUJAN; a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° y además conforme a la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo contenido es el siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Asimismo, se presume cierto el acto reclamado a la restante responsable Comisionado del Órgano Administrativo, Desconcentrado, Prevención, y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, toda vez que tal responsable no rindió su informe justificado, no obstante haber sido requerida para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número ochocientos catorce, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro. (...) De dicho precepto se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Precisamente, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad a quien se le atribuyó tal proceder deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la extinción definitiva del actuar de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos inmersos, que se puede ver acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es evidente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una determinación que ya no está surtiendo sus efectos, al ser sustituida procesalmente. Es de citarse al respecto, por identidad de razón, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página dos mil cuatrocientos sesenta y seis del tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Así, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En ese sentido, se precisa que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias distintas: a) Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. b) Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. En el particular, se estima que se actualiza el primero de los supuestos mencionados para que opere la cesación de efectos del acto controvertido, pues de la lectura de las constancias que obran en autos a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte: a). El impetrante del amparo en su escrito inicial de demanda, específicamente en su capítulo de antecedentes manifestó bajo protesta de decir verdad que sin previo aviso ni conocimiento expreso, fue trasladado del Centro de Reinserción Social " Topo Chico", ubicado en Nuevo León, al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA". b). Al rendir su informe justificado el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, manifestó que mediante oficios OADPRS/21977/2019 y OADPRS/21979/2019, emitidos por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, residente en la Ciudad de México, se autorizó el traslado e ingreso del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA". c). Asimismo manifestó que, el treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León, quien es la autoridad judicial competente, calificó de legal el referido traslado. De manera que aun cuando en esos oficios se autorizó el traslado e ingreso del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", y al ejecutarse el traslado controvertido y en éste se hayan cometido posibles violaciones, sus efectos cesaron, al quedar sustituidos procesalmente por un diverso acto, consistente en el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, en el que se CALIFICÓ LA LEGALIDAD DEL TRASLADO RECLAMADO. De ahí que no es posible estudiar las posibles violaciones de la orden de traslado emitida por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, en los oficios aquí reclamados, sin afectar el nuevo contexto generado por las diversas determinaciones que calificaron de legal el movimiento carcelario reclamado, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es aplicable a lo anterior, por analogía de razón, la ... Es de apuntar que se actualiza la citada causa de improcedencia, porque los efectos de los oficios reclamados quedaron superados por la calificación de dicho acto, realizado en resolución de treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León; de modo tal que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de una actuación u omisión que ya no surte efectos al ser reemplazada procesalmente por otra determinación. De esta manera, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia ley de la materia. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la calificación de legal del traslado de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve emitido por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Monterrey, Nuevo León, se se advierte que la parte promovente no agotó el principio de definitividad, por lo que se actualiza LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XVIII, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se advierte que en tal disposición legal, como en algunas otras de la Ley de Amparo, está inmerso el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme con el cual antes de acudir a esta vía es necesario agotar los medios de defensa ordinarios, por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados en el propio juicio de amparo. En efecto, en atención a tal principio hay la obligación jurídica de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo, lo cual se debe a que la característica esencial y la razón de ser del establecimiento de los recursos ordinarios es su obligatoriedad, es decir, los recursos ordinarios de defensa son una previsión del legislador y, en esa medida, su observancia y sujeción a ellos constituye un deber jurídico de las partes en un juicio, que sólo encuentra excepciones cuando la propia ley o la jurisprudencia así lo determinan. Desde luego, la obligatoriedad de los recursos ordinarios o medios de impugnación es congruente con la observancia del principio de definitividad, el cual si bien admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación jurídica a los impetrantes de promover y sustanciar los medios de defensa ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, lo que significa que los quejosos no pueden, a su voluntad, dejar de interponerlos con el propósito velado o manifiesto de soslayar el principio de definitividad. Esto no implica otra cosa más que el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, obliga a considerarlo procedente sólo cuando previamente se agota el recurso previsto por la ley ordinaria, por virtud del cual puede ser revocado, modificado o, en su caso, nulificado el acto reclamado en el juicio de amparo, es decir, antes de acudir al juicio de amparo debe agotarse el medio idóneo de defensa para atacar los actos impugnados en la propia vía constitucional. Lo anterior es lógica y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta la naturaleza extraordinaria que caracteriza al juicio de amparo, que consiste en un procedimiento de jerarquía constitucional tendiente a conservar a los individuos en el disfrute de sus propios derechos fundamentales, y no en un recurso con el contenido que a tal concepto confiere la doctrina procesal, esto es, una instancia o procedimiento utilizado por las partes para impugnar una resolución y, así, obtener su revocación, reforma o modificación. En suma, si la ley prevé un medio ordinario de defensa debe ser promovido atento al principio de definitividad, puesto que la existencia jurídica del medio de impugnación se traduce en una obligación jurídica para las partes en el juicio, cuya carga procesal no puede ser soslayada por la sola voluntad de ellas, dado que implicaría hacer nugatorio tal principio, lo cual resulta inadmisible desde cualquier óptica, pues equivaldría a dejar inocua una de las bases en las que está cimentado el propio juicio. Por lo anterior, en atención al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, no cabe duda de que antes de acudir a la vía constitucional el quejoso debe agotar el medio idóneo de defensa para revocar, modificar o nulificar los actos reclamados en el juicio de amparo. Es el caso el acto reclamado en esta vía consiste en el acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, emitido en la Carpeta de Ejecución 1683/2018, donde se calificó de legal y ratificó el traslado del quejoso FRANCISCO JAVIER ABREGO LUJAN al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA". Luego, el inconforme debió, en primer lugar, agotar el recurso ordinario previsto en la ley aplicable previo a acudir a esta instancia constitucional ordinaria, tal como lo establecen los artículos 131 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. Lo resaltado es propio. Como se puede advertir, el recurso de apelación procede contra resoluciones que se refieran a traslados y que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla, para lo cual tiene el plazo de tres días siguientes a la notificación del auto que se impugna. Así, es claro que en términos de los artículos transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la determinación emitida por el juez señalado como responsable acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, en la Carpeta de Ejecución 1683/2018, donde se calificó de legal y ratificó el traslado del VIRGINIA FRANCISCA MALDONADO PERALTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.58 21/10/22 09:24:59 quejoso FRANCISCO JAVIER ABREGO LUJAN al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA"; es claramente impugnable mediante el recurso ordinario de apelación, pues constituye una determinación sobre el traslado de un centro de reclusión a otro; de manera que en congruencia con lo anterior y en cumplimiento al principio fundamental de definitividad que rige el juicio de amparo, se concluye que si la legislación aplicable en el caso concreto prevé el citado recurso como medio ordinario de defensa, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo. En ese tenor, si el solicitante de la protección constitucional omitió agotar el recurso previsto en el código adjetivo de la materia, mediante el cual podía revocarse la determinación reclamada, estando legitimado para ello, es inconcuso que el amparo impetrado resulta improcedente, toda vez que previo a instar el juicio de constitucionalidad, debió hacer valer dicho medio de impugnación. Lo anterior, es así pues se insiste el principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, estriba en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por algún recurso ordinario o medio de defensa alguno, con el objeto de impedir la proliferación innecesario de juicios constitucionales contra actos de procedimiento que pueden ser, como ya se dijo, modificados, revocados o incluso a través de ese medio, obtener la satisfacción de lo peticionado. Se cita en apoyo, por su contenido, la tesis cuyos datos de localización, título y contenido son los siguientes: Registro digital: 2023190 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a. XXIV/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506 Tipo: Aislada "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional". Lo resaltado no es de origen. Lo anterior, sin que en el caso se actualicen las excepciones al principio de definitividad establecidas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la especie no se reclama el auto de vinculación a proceso u otro que afecte la libertad del encausado, o bien, que sean de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el quejoso no es tercero extraño al procedimiento; y la procedencia del recurso de apelación no está sujeta a interpretación adicional, dado que el artículo señalado de la Ley Nacional de Ejecución Penal es claro al respecto, sumado a que, como se vio, existe criterio emitido por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en temas similares que definen la procedencia del recurso ordinario aludido. Cabe citar también en apoyo la jurisprudencia con datos de localización, título y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2017117 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Página: 8 DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Finalmente, debe anotarse que, a diferencia de lo dispuesto por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo respecto de actos administrativos, en la fracción aplicable a los jurisdiccionales no se condiciona la definitividad a que la ley ordinara prevea la suspensión de la providencia reclamada. ... En consecuencia, al quedar actualizadas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXI y XVIII, de la Ley de Amparo, procede decretar el SOBRESEIMIENTO en este asunto, en términos del numeral 63, fracción V, de la legislación en comento. QUINTO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, R E S U E L V E UNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ..., contra las autoridades señaladas en el resultando primero de esta resolución. Notifíquese personalmente. la presente resoluciòn se notifica a la parte quejosa, previo aviso en terminos de la ley de amparo
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