Francisco Hernandez Garcia

Expediente 963/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
963/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Francisco Hernandez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el cual el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informa sobre el cumplimiento que dio al fallo protector. Al respecto, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún transcurre el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la parte quejosa; una vez que transcurra dicho plazo, provéase lo conducente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V "!... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 963/2022 promovido por Francisco Hernández García, contra actos de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Oaxaca y otra autoridad; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto de naturaleza administrativa, cuyos actos de ejecución tienen lugar dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". La parte quejosa reclamó: Autoridades responsables Actos reclamados Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La omisión de cumplir con la sentencia de siete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente de nulidad 2200/18-15-01-4. Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La omisión de vigilar y el cumplimiento de dicha sentencia. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al rendir su informe justificado la Sala responsable negó la existencia de los actos de omisión reclamados, debido a que refirió que no existe ninguna omisión ya que realizó las gestiones tendentes a hacer cumplir la sentencia en el juicio de nulidad e incluso concluyó el procedimiento señalado en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca. Tal inexistencia se corrobora porque la demanda de amparo fue presentada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós en la Oficina de correspondencia Común y para esa fecha, la Sala Regional ya había dictado el acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, en que declaró en rebeldía a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia e impuso las medidas de apremio correspondientes, hizo del conocimiento al Titular del Órgano Interno de Control del Instituto demandado que tanto la autoridad demandada como su superior jerárquico fueron renuentes en cumplir la sentencia y declaró agotado el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para obligar a la autoridad demandada al cumplimiento del fallo definitivo, por lo que dejó a salvo los derechos de la actora para hacerlos valer en la vía conducente. En ese orden de ideas, se concluye que no existe omisión ni dilación de la Sala Regional del Sureste, pues debe tenerse presente el contenido del artículo 58, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, del tenor siguiente: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. [.]". De ahí que si en el caso, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó el procedimiento previsto en la fracción I del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento contencioso Administrativo, es claro que no existe la omisión ni la dilación reclamada. En ese tenor, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto de omisión atribuido a la Sala responsable de que se trata en este apartado, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de amparo. CUARTO.- Certeza del acto reclamado a la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Al rendir su informe justificado la citada autoridad aceptó parcialmente la existencia de la omisión que se le atribuye. No obstante, es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintitrés de agosto de dos mil veintidós-, la sentencia dictada en el juicio de nulidad 2200/18-15-01-4, de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, no ha quedado cumplida; motivo por el cual, se desvirtúa su negativa parcial y se tiene por cierta la omisión que se le atribuye. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, así como las diversas remitidas por la Sala responsable, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: El aquí quejoso mediante escrito de trece de julio de dos mil dieciocho demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio SP/DPSHT/2239/2018 emitida por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, radicándose la demanda en la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa bajo el expediente 2200/18-15-01-4. El siete de diciembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió sentencia definitiva en la que resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que: El titular de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto demandado, dentro del plazo de cuatro meses previsto en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo emita una resolución en la que considere que atento a lo resuelto en dicho fallo, si bien se determinó que procede el incremento de la cuota pensionaria por los porcentajes de 37.45% y 3.50% que rigieron en los años de 2009 y 2017; sin embargo, también debe destacarse que dada la prescripción analizada la autoridad únicamente deberá cubrir las diferencias pensionarias a partir del 09 de agosto de 2011, hasta la fecha en que se de cumplimiento a la sentencia, en la parte proporcional que corresponda, conforme a los sueldos básicos de todos los trabajadores en activo de la plaza categoría o puesto E1494, maestro bilingüe de educación primeria ¾ tiempo en curso con fortalecimiento curricular, en que se jubiló el actor; por lo que a partir del nueve de agosto de dos mil once, proceda a liquidar las diferencias que pudieran resultar, en las que también deberá tomar en cuenta las diferencias de cada año de aguinaldo, en relación a los cuarenta días de salario respectivos. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil diecinueve, se inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y se requirió a la autoridad demandada para que dentro del plazo de tres días acreditara el cumplimiento de la sentencia. En proveído de diez de enero de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de octubre de dos mil diecinueve y se procedió a requerir de nueva cuenta a la autoridad demandada para que en un plazo de tres días informa el cumplimiento de la sentencia. En auto de seis de febrero de dos mil veinte, se dio cuenta con el oficio ...mediante el cual el encargado de la Subdelegación de Prestaciones comunicó la imposibilidad para cumplir con la sentencia por lo que se le concedió un plazo de diez días para que realizara las gestiones respectivas. Por auto de uno de octubre de dos mil veinte, se requirió de nueva cuenta a la autoridad demandada para que dentro del plazo de tres días hábiles acreditara cumplir con la sentencia de siete de diciembre de dos mil dieciocho y se le apercibió que en caso de renuencia se le impondrían nuevas multas por lo que además se le haría de conocimiento del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto demandado, en su carácter de superior jerárquico. Mediante acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se requirió de nueva cuenta al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones así como al Director Normativo referido, en su carácter de superior jerárquico para que conminara a la autoridad demandada a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia de mérito. Por acuerdo de dos de agosto de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno y se requirió de nueva cuenta al instituto demandado y a su superior jerárquico, así como a Director General del citado Instituto en su calidad de superior jerárquico de ambas autoridades para que en un plazo de tres días informaran el cumplimiento a la sentencia de siete de diciembre de dos mil dieciocho. Por acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, se dio cuenta de la rebeldía de las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia y se impuso las medidas de apremio correspondientes y se hizo de su conocimiento al titular del órgano interno de control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que tanto la autoridad demandada como su superior jerárquico fueron renuentes en dar cumplimiento a la sentencia, asimismo, se determinó que fue agotado el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I de la Ley del acto, para obligar a la autoridad demandada al cumplimiento del fallo definitivo y se dejaron a salvo los derechos del actor para hacerlos valer en la vía conducente. De ahí que la omisión del Instituto demandado de cumplir con la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen, constituye el acto reclamado en este juicio. SÉPTIMO.- Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 164618, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone el siguiente concepto de violación: Se vulnera el artículo 17 Constitucional porque no se ha cumplido con la sentencia dictada en el juicio de origen, ya que transcurrió en exceso el término de cuatro meses para ello. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en los cuales plantea que el acto reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues hasta el momento no se ha dado cumplimiento a la sentencia de siete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 2200/18-15-01-4. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.] Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. [.]". Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CCXXXIX/2018 (10a.), con registro digital: 2018637, explica que la efectividad de las sentencias depende de su ejecución y que en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en la etapa posterior al juicio. Tesis con el título y contenido siguientes: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos". Ahora, el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto demandado en su informe justificado precisó que el dieciocho de julio del año en curso, se finalizó el procedimiento respectivo para realizar el cálculo correspondiente para determinar los montos en la pensión del quejoso y se realizó el cumplimiento relativo a la pensión por jubilación para tramitar su ingreso en la nómina respectiva. Y que es el departamento de finanzas de la representación de dicho Instituto, el encargado de transferencias de pago, pero este aún no le remite copia que acredite el pago de las diferencias a favor del quejoso. Por lo que se encuentra realizando las gestiones correspondientes para el cumplimiento de la sentencia de origen y que los trámites que realiza se han visto perjudicados por el virus SARS-... Sin embargo, el argumento expresado por la autoridad responsable carece de justificación, debido a que desde el siete de diciembre de dos mil dieciocho quedó firme la sentencia dictada en el juicio de nulidad, por lo que dentro del plazo de cuatro meses siguiente a aquella fecha debió dar cumplimiento a la ejecutoria, cuyo término feneció el siete de abril de dos mil diecinueve. Desde entonces, la autoridad demandada se encontraba obligada a su cumplimiento y no obstante que fue requerida expresamente en diversas ocasiones por la Sala Regional responsable en autos del juicio de origen, fue omisa en acatar la sentencia, ya que han transcurrido más de tres años sin que lo haga. En consecuencia, la omisión de la referida autoridad responsable se encuentra acreditada en tanto a ella correspondía la carga para demostrar que dio cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo, y no lo hizo, lo que transgrede el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la parte quejosa Francisco Hernández García. NOVENO. Efectos del fallo protector. En términos del artículo 74, facción V, de la Ley de Amparo, se precisa que UNA VEZ QUE CAUSE EJECUTORIA LA PRESENTE RESOLUCIÓN, la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, deberá realizar lo siguiente: Proceda de inmediato al cumplimento total la referida sentencia dictada en el juicio de nulidad 2200/18'15-01-4, de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para lo cual deberá realizar las gestiones correspondientes. Lo que debe acreditar ante este juzgado con las constancias respectivas. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e: PRIMERO.- SE SOBRESEE en el juicio promovido por ... por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ...en los términos del considerando Octavo y para los efectos del diverso Noveno de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado de la Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca, con el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un plazo de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Pruebas Con apoyo en lo dispuesto por el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la documental que anexa a su informe; probanza que se admite y desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Con dichas constancias dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA V "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un plazo de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Asimismo en atención a que informa que se encuentra realizando las gestiones necesarias para el cumplimiento de la sentencia, como lo acredita con las documentales que remite, por lo que solicita se requiera al Departamento de Finanzas de la representación del referido Instituto, ya que es el departamento idóneo para realizar la transferencia "SPEI" a la parte quejosa, por lo que solicita que se le requiera a fin de que remita copia de la transferencia de mérito. Pruebas Al respecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la referida autoridad responsable la documental que anexa a su informe, misma que se admite y desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Con dicha documental, dese vista a las partes. Ahora, por lo que hace a la solicitud del citado Encargado de la Subdelegación, dígasele que no ha lugar a requerir la constancia que refiere, debido a que en términos del numeral 117 de la ley de la materia, queda a su cargo remitir copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado. Diferimiento de la audiencia constitucional Por tanto, a fin de que las partes se impongan del contenido del citado informe con la debida anticipación de los ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL VEINTISÈIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.

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