Francisco Iram Hurtado Miranda

Expediente 841/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
841/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • Francisco Iram Hurtado Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cincuenta y un minutos del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien autoriza y da fe, con apoyo en lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declaro abierta la presente audiencia en el juicio de amparo 841/2021, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la lectura del escrito inicial de demanda, las constancias de notificación a las partes -quejoso, autoridades responsables, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y parte tercero interesada (agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula Dos del Equipo de Investigación 6) y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar y se certifica que transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes pudieran imponerse de los informes justificados y ofrecer pruebas de su interés. El juez acuerda: téngase por realizada la relación de constancias y certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con la prueba documental que en copias certificadas exhibió el juez responsable, así como con el disco versátil digital (CD), que remitió con su informe justificado dicho juez. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza las documentales en trato y el materia audiovisual referido, a cuyo estudio se remitirá este juzgador para dirimir el fondo del asunto en el presente sumario constitucional. Sin otras pruebas que desahogar, se cierra esta fase y se abre la de alegatos; al respecto, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se les tiene por perdido el derecho a las partes para expresar alegatos. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponde. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 841/2021; y, R e s u l t a n d o: I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veinte de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad,, y recibido el mismo día en este Juzgado, el defensor público federal Heriberto Horacio Rodríguez Carpio, solicitó el amparo y protección de la justicia Federal, en favor de su defendido Francisco Hiram Hurtado Miranda, contra actos del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora y del director del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "Cps Sonora", ambos con residencia en esta ciudad. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común remitió la demanda a este juzgado, en donde mediante acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se radicó y admitió a trámite bajo el número de juicio de amparo 841/2021; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, durante el juicio se emplazó a la parte tercero interesada (agente del Ministerio Público de la Federación que tuvo intervención en el procedimiento de origen) y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o : I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 50 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de una autoridad judicial que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. II. Precisión de los actos reclamados Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario. De acuerdo a la lectura de la demanda, y al resto de las constancias existentes en autos, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de vinculación a proceso, de veintisiete de junio de dos mil veintiuno, emitido por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en autos de la causa penal 416/2021, en contra del agraviado Francisco Hiram Hurtado Miranda, por los hechos que la ley señala como el delito de posesión de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área; ilícito previsto y sancionado por el artículo 83 Ter, fracción II, en relación con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cometido en términos de los numerales 13, fracción II, 7, 8 y 9, párrafo primero, todos del Código Penal Federal. Como consecuencia de dicha determinación la prisión preventiva oficiosa a la que fue sujeto el peticionario. Certeza de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados, a las autoridades responsables juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora y director del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "Cps Sonora", ambos con residencia en esta ciudad con residencia en esta ciudad, pues así lo manifiestan en sus respectivos informes justificados. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 830, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con registro 1002815, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias relativas al acto reclamado, que el juez responsable remitió con su informe justificado, así como con la videograbación contenida en el disco versátil digital -DVD- de la audiencia respectiva celebrada dentro de la causa penal 416/2021. En la inteligencia de que al acervo documental en mención se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y, en razón de que las videograbaciones en formato digital de las audiencias orales y públicas celebradas en causas penales de corte acusatorio, aportadas por las autoridades jurisdiccionales responsables como anexos a su respectivo informe justificado, adquieren el carácter de documentales públicas lato sensu, para efectos de su valoración en el presente juicio de amparo. Se cita como apoyo, la tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2004362, que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Se precisa que el presente fallo no contendrá transcripción total del audio contenido en el disco óptico correspondiente, al no existir precepto alguno en la Ley de Amparo que establezca dicha formalidad para el dictado del presente fallo; sin embargo, se analizará el acto reclamado y sus fundamentos, tal como fue planteado ante el juez responsable, en relación con los conceptos de violación. De igual modo, se acota que este órgano jurisdiccional ha analizado el material probatorio tanto el escrito, como el videograbado en el disco de referencia y dicta la presente resolución con base en ese análisis, que es a lo que exclusiva y fundamentalmente obliga la ley, sin que la falta de conocimiento de las partes, mediante una audiencia especial del material electrónico, se equipare a dejarlas en estado de indefensión o a haber omitido el análisis de documentos necesarios para resolver. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página el Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2004362, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Inexistencia de causales de improcedencia Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, página 95, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso no se observa que alguna de las partes haya invocado una causal de improcedencia, ni tampoco este juzgador advierte de manera oficiosa la actualización de alguna; por tanto, se procederá enseguida al estudio de constitucionalidad del asunto que nos ocupa. Innecesaria transcripción de conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Estudio de Constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como se precisó con antelación, el quejoso reclama la resolución de veintisiete de junio de dos mil veintiuno, pronunciada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en autos de la causa penal 416/2021, en la que emitió auto de vinculación a proceso, en contra del ahora quejoso Francisco Hiram Hurtado Miranda, al considerarlo probable responsable por los hechos que pudieran tipificar el delito de posesión de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área Nacional; ilícito previsto y sancionado por el artículo 83 Ter, fracción II, en relación con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cometido en términos de los numerales 13, fracción II, 7, 8 y 9, párrafo primero, todos del Código Penal Federal. Ahora bien, no obstante que no se transcriben literalmente los conceptos de violación, es menester exponer de manera substancial y concreta los argumentos de violación opuestos por el quejoso en su demanda al tenor siguiente: 1. Refiere la parte quejosa que el acto reclamado viola derechos humanos del agraviado, ya que la actuación no está apegada a la carpeta de investigación, habida cuenta que la detención del ahora quejoso se llevó a cabo sin orden judicial de cateo, ni de aprehensión, cuando éste se encontraba en el interior de la habitación 203 del hotel "Posada del Sol", de la población Providencia, en Ciudad Obregón, Sonora, lugar a donde los agentes aprehensores llegaron con motivo de una supuesta denuncia en relación con personas que se encontraban armadas. 2.- Expone, que no existen pruebas de que a los policías se les hubiere autorizado a entrar sin orden judicial a la habitación en la que se encontraba el hoy quejoso, por lo que no se resolvió de acuerdo a los principios que rigen el nuevo sistema penal acusatorio, y de manera destacada, lo que establece el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que "se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación a los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad". 3. Expresa, que si el testigo de la fiscal no se presentó a la audiencia de Técnica de Investigación que se desahogaría el mismo día veintisiete de junio de este año, previo a la audiencia en la que se emitió la vinculación, es obvio que la representante social no logró el objetivo de probar que los policías tuvieran autorización para penetrar a la habitación del hoy imputado y su pareja, en el hotel, de quienes no hubo autorización para que los policías penetraran a la habitación. 4. Aunado a lo anterior, explica, que tampoco tendría validez la actuación policial si el testigo dijera que la autorización la dio el encargado del hotel, porque ese empleado carece de facultades para autorizar a los policías a que entren a las habitaciones ocupadas por huéspedes. 5. Que al no encontrarse ratificada la entrevista de los policías con el testigo (encargado del hotel), no se cuenta con datos de prueba referentes a que los policías hayan entrado a la habitación del agraviado, por autorización de persona autorizada para otorgarla, ni tampoco fue confirmada en la audiencia de técnica de investigación. 6. Se duele de que el juzgador desestimó la oposición de la defensa al pedir que no se diera valor al dicho de los policías en relación a que tenían el consentimiento de la pareja en el hotel para entrar a la habitación y lo relativo a que tampoco se diera eficacia incriminatoria a la entrevista hecha al encargado del hotel, ya que esa persona no se presentó a ratificar ese dato de prueba. 7. También recrimina al juzgador responsable, como inexacta la aplicación de la ley, argumentando que incorrectamente fundamentó en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que no se dio la hipótesis de la fracción II de ese precepto (cita el artículo); pues el único autorizado para otorgar permiso para entrar en la habitación era el ahora procesado, quien no dio permiso para ello, como lo expresó en la audiencia inicial. 8. Expresa, que no se le corrió traslado a la defensa con alguna manifestación de los policías, que hubieren presentado al órgano jurisdiccional en el término de cinco días dando aviso de que penetraron al domicilio porque alguna persona autorizada se los permitió, ni tampoco se presentó persona alguna el día de la audiencia para manifestar que hubiese dado autorización de ingreso a la habitación. 9. Afirma sintetizando, que la intromisión de los policías a la habitación en la que se encontraba el hoy quejoso, en el hotel "Posada del Sol", fue inconstitucional por haber violado el derecho humano de vulnerar la intimidad, la dignidad y el domicilio que eventualmente ejercía el imputado, por lo que, lo que hayan manifestado los aprehensores constituye prueba ilícita, así como todo lo actuado a partir de dicho informe policiaco, conforme aplican los artículos 263 y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales (cita artículos y tesis de rubro: "PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES LEGALES" y EFECTO CORRUPTOR PROCESO PENAL. CONDICIONES PARA SU ACTUALIZACIÓN Y ALCANCES"). Esos motivos de disenso se estudiarán en forma conjunta, sin tratarlos necesariamente en el orden propuesto por el peticionario, ya que los argumentos que opone, se encuentran estrechamente vinculados, aunado a que así lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, por lo que se analizarán así los conceptos de violación, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada en virtud de que la ley no obliga a seguir el orden de la argumentación presentado por la parte quejosa en el escrito de demanda. Es aplicable a lo anterior, la tesis (IV Región) 2º. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la página 2018, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2011406, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Ahora bien, es de suma importancia precisar que conforme a lo dispuesto en los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero, y 20, apartado A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez de Control señalado como responsable no tiene acceso directo a la carpeta de investigación, solamente el representante social, la defensa y la víctima u ofendido, de tal manera que a efecto de analizar tanto el hecho delictuoso como la probabilidad de que el imputado lo cometió -en razón de lo cual se decretó en su contra auto de vinculación a proceso-, se tomará en consideración el relato efectuado por la fiscal respecto de los antecedentes o datos de prueba de la nvestigación con motivo de los cuales el juez decretó la vinculación a proceso. Es así, dado que el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso debe efectuarse sólo con base en las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión, ni tomar en consideración la carpeta de investigación, ya que el Juez de Control -por regla general-, no puede revisar su contenido, debiendo resolver sólo conforme a lo que expongan la representación social y la defensa en la audiencia respectiva. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 50/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 206, Décima Época, con registro de localización 2018561, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, establece que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su comisión. Así, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, el Juez de Control, para determinar que existen elementos para iniciar un proceso contra el imputado, sólo debe considerar la formulación de la imputación y los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, porque tiene vedado revisar la carpeta de investigación para el dictado de esa resolución; sin embargo, tal impedimento desaparece, entre otros supuestos, cuando durante el debate solicita tener a la vista algún registro de la investigación contenido en dicha carpeta, para advertir alguna inconsistencia en los argumentos de las partes. Además, el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por ende, no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; de ahí que, el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo promovido contra el auto de vinculación a proceso, no debe requerir de oficio la carpeta de investigación, porque ello originaría una resolución con elementos que no fueron rendidos ante el Juez de Control, sino que debe atender únicamente al contenido de la audiencia referida, sin que sea óbice que el tercer párrafo del artículo 75 citado faculte al juzgador de amparo para recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, porque en materia penal dicha facultad está limitada a que tal solicitud no implique una violación a los principios que rigen el proceso penal acusatorio, lo que acontece precisamente cuando el Juez de Distrito requiere la carpeta de investigación para resolver el juicio de amparo indirecto; sin embargo, en caso de que el Juez de Control haya tenido a la vista algún registro de la investigación, que le permitió resolver determinada controversia o la situación jurídica del imputado, no existirá impedimento legal para que únicamente dicha constancia de la carpeta de investigación se remita en vía de informe justificado al Juez de Distrito, porque constituye una excepción, a la regla general, y aun en ese supuesto de excepción se cumplirá con el precepto indicado, en virtud de que el juzgador apreciará el acto reclamado como fue debatido ante el Juez de Control, en atención a los principios de contradicción e inmediación contenidos en el artículo 20 de la Constitución Federal, los cuales permiten el equilibrio entre las partes para sostener y debatir la teoría del caso respectiva." Y, la tesis XVII.1o.P.A. J/5 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2377, Décima Época, con registro de localización 2007811, de rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor.". En ese orden de ideas, la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado se analizará desde las exigencias que establecen los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que se advierte que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, debe cumplirse con lo siguiente: 1. Que se haya formulado imputación; 2. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. 3. Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; 4. Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación; 5. Se expresen los datos que establezcan: - a) Que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; - b) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, 6. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. El cumplimiento de tales requisitos se satisface cuando se observe lo siguiente: 1) Se haya formulado imputación. Es la comunicación directa que hace el Ministerio Público al imputado en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delitos, y se debe a la necesidad de que el imputado conozca, desde el principio, los cargos que se le atribuyen, y de esta forma entender que en la respectiva audiencia se van a discutir los hechos imputados y que tiene oportunidad de contestarlos o guardar silencio. 2) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Formulada la imputación, el Juez de Control debe preguntar al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, éste no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, debe estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración y, en caso de que no comprenda o hable el idioma español, ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete. 3) Se exprese el hecho que la ley señala como delito, estableciendo el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito se refiere al establecimiento con precisión del hecho acontecido y la hipótesis normativa específica en la cual se subsume el mismo, a efecto de establecer que tal hecho es de los que la ley señala como delito. Lo anterior, debe ser relatado de manera congruente, razonada y precisa, especificando el lugar, tiempo y las condiciones bajo las cuales se perpetró el hecho. 4) Se dicte por el hecho que fue motivo de la imputación. El auto de vinculación a proceso debe dictarse únicamente por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, sin que el juez pueda variarlos o complementarlos; sin perder de vista que el auto de vinculación a proceso es el mandamiento de autoridad judicial que fija la litis del proceso penal, por lo que, a partir de su dictado, la investigación complementaria se seguirá forzosamente por el hecho con apariencia de delito señalado en él. Por ello, la autoridad judicial a través del auto de vinculación a proceso podrá otorgar a los hechos -en caso de considerarlo necesario-, una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá estar fundada y motivada, haciéndosela saber al imputado para los efectos de su defensa. 5. Se expresen los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen tales extremos cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Al respecto, el juez emisor del auto debe hacer una relación de los datos de prueba que sustentan la imputación con la existencia del hecho ilícito que se pretende demostrar, tomando en consideración que por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo), sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), el cual se realiza con datos, no con pruebas, esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo. 6. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. El Juez de Control tiene que expresar si se actualiza o no una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito, sin que sea necesario que se refiera a cada una de ellas cuando no se actualizan, sino únicamente a aquéllas que hayan sido materia de debate o cuando sí se acreditan en forma plena. De acuerdo a lo anterior, es evidente que para dictar un auto de vinculación a proceso ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino sólo se requiere de la existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En relación a lo antedicho, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé qué debe entenderse por "dato de prueba" para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, equivaliendo esto a que existan indicios razonables que así permitan suponerlo, es decir, se habla únicamente de indicios, los que necesariamente deben ser razonables. Luego, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se exige la comprobación del cuerpo del delito (elementos normativos, objetivos y subjetivos), ni de la probable responsabilidad del imputado en su comisión, pues como se indicó, para decretarse únicamente debe justificarse la existencia de datos de prueba de los que se adviertan indicios razonables de que se ha cometido "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo en el hecho". Asimismo, es menester tener en cuenta que del el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que la función del auto de vinculación dentro del proceso penal es autorizar la investigación complementaria, es decir, se continúa con la etapa de investigación, pero ante el Juez de Control, esto es, el auto de vinculación sólo establece la materia sobre la cual versará la investigación y el eventual juicio. Lo anterior, porque será hasta la formulación de la acusación donde la fiscalía depurará y establecerá los hechos, así como los medios de prueba que serán materia en el juicio oral; de ahí que, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito, y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Igualmente es importante destacar que, dada la relevancia del pronunciamiento de la vinculación a proceso, se debe cumplir con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, ya que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado para tener por satisfecho el principio de legalidad establecido en dicho precepto, que en lo conducente dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" De tal transcripción se desprende que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas, conforme lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 260, Séptima Época, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 175, registro 394216, cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Es también importante mencionar, que el artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes y los puntos a resolver; así como que estarán fundados y motivados, ser claros y concisos, evitando formulismos innecesarios y privilegiando el esclarecimiento de los hechos. Con esas consideraciones y el marco legal referencial expuesto, se analizará enseguida si el auto de vinculación a proceso cumple los requisitos constitucionales y normativos que debe contener una determinación de tal relevancia. En relación con el primer elemento formal consistente en que se haya formulado imputación, de la reproducción del disco versátil digital DVD, debidamente certificado por el juez responsable, se advierte que se cumple dicho requisito, dado que en la audiencia de veintisiete de junio de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público formuló imputación al hoy quejoso Francisco Hiram Hurtado Miranda, al considerarlo probable responsable del hecho que la ley señala como delito de posesión de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área; ilícito previsto y sancionado por el artículo 83 Ter, fracción II, en relación con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cometido en términos de los numerales 13, fracción II, 7, 8 y 9, párrafo primero, todos del Código Penal Federal. Asimismo, como se verá en posteriores párrafos, le hizo saber los hechos por los cuales se le investiga, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de esos hechos, los artículos en los que se establece el delito que se le imputa y el nombre de los agentes policiacos que elaboraron el parte policial homologado y de la persona que compareció ante la fiscal a declarar que él autorizó el ingreso al cuarto del hotel en el que fue detenido el peticionario, por lo que se tiene cumplido dicho requisito. En relación con el segundo elemento formal, relativo a que se haya otorgado al imputado (ahora quejoso), la oportunidad de declarar, se advierte que se cumplió con dicha formalidad, debido a que en la audiencia inicial de formulación de imputación, el Juez de Control hizo del conocimiento al hoy imputado, con la asistencia del defensor público federal que lo asistió, sobre su derecho constitucional a declarar o de no hacerlo; y, previa consulta con su defensa, decidió emitir declaración de su parte. El tercer elemento formal consistente en que se establezca el hecho que la ley señala como delito, indicando el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, se encuentra acreditado, pues dicha resolución fue dictada con base en los hechos que fueron expuestos por la Fiscalía, los cuales se hicieron consistir substancialmente en que: Siendo las 08:25 horas del veinticinco de junio de dos mil veintiuno (circunstancia de tiempo), elementos de la policía municipal, debidamente identificados en la carpeta de investigación transitaban por el cruce de las calles Kino y Morelos, en Providencia, municipio de Cajeme, Sonora, cuando recibieron un llamado vía frecuencia C5, en el que se señalaba que se encontraban personas armadas en el interior del motel Posada del Sol, ubicado en calle Base, casi esquina con calle Uno, en Providencia, municipio de Cajeme, por lo que dichos agentes se dirigieron hacía dicho lugar al cual arribaron a las 08:30 horas (circunstancia de tiempo y lugar), en donde se entrevistaron con quien dijo ser el encargado, de nombre Carlos Alberto Ramírez Paredes, quien les señaló que él no había puesto el reporte pero que si era verdad que estaban en la habitación 203; que la recepcionista le informó de esas personas y que las mismas no habían querido pagar el cuarto del hotel; y les autorizó de manera verbal indicándoles donde se encontraba el cuarto 203; por lo que fueron directamente al cuarto indicado en donde en la parte de arriba estaba indicado el número 203, en donde se identificaron con una persona de sexo masculino que se encontraba por fuera del cuarto, a quien se le explicó el motivo de la presencia policial, persona que dijo llamarse Benjamín Matuz Onamea, de veintiséis años, a quien se le solicitó autorización para inspeccionarlo, así como al vehículo en el que se encontraba; el mismo dio autorización y se levantó la camiseta y se sacó las bolsas del pantalón de mezclilla mostrando que no tenía ningún objeto ilícito con él; se le preguntó que si sabía quien estaba en la habitación 203, señalando que se encontraban dos personas, por lo que se encaminaron hacia la puerta de esa habitación, la cual estaba entreabierta, observando que se encontraba una televisión prendida, la cual aluzaba el interior, aproximadamente a dos metros de la puerta se encontraba una cama en donde había una pareja, que estaba una persona de sexo masculino que se encontraba acostado boca abajo y a un lado sentada una persona de sexo femenino; describiendo la vestimenta de cada uno de ellos; refiriendo que tocaron a la puerta, y que se identificaron como elementos de la policía municipal, y que les explicaron el motivo de su presencia, que era que en esa habitación había personas armadas, por lo que se solicitó autorización para entrar y hacer una revisión tanto a las personas como a la habitación; ellos estuvieron de acuerdo, dijeron de viva voz que estaban de acuerdo; la primer persona que era la de sexo masculino dijo llamarse Francisco Hiram Hurtado Miranda, a quien se le solicitó autorización para hacerle una revisión y al hacerlo se le encontró fajada en la cintura, de lado izquierdo, un arma de fuego, pavoneada, calibre 40, con matrícula calibre 40, matrícula AE38351, marca Tictawer, asegurándola con las medidas de seguridad y retirándola por seguridad de los ahí presentes; eso, a las 08:36 horas; en cuanto a la persona de sexo femenino, dijo llamarse Mirna Teresa Duarte Ávila y tener veinticuatro años de edad; se le preguntó que si llevaba con ella algún objeto ilícito, a lo que respondió que no, y debido a la forma en que estaba vestida, con vestimenta muy ajustada al cuerpo y corta, se observó a simple vista que no llevaba nada consigo; sin que se encontrara en el resto de la habitación ningún otro objeto ilícito; en ese acto los elementos policiacos aprehensores les preguntaron a las dos personas que de quien era el arma de fuego, que estos no contestaron; se miraban solo entre si; se les preguntó si pertenecían a las fuerzas armadas del país, dijeron que no; que no tenían algún permiso de portación de armas; en el lugar también se aseguraron dos teléfonos celulares que se encontraban arriba de la cama; eso fue a las 08:38 horas; Luego a las 08:40, se les hizo del conocimiento a Miriam Teresa, como a Francisco Hiram y a Benjamín Matuz, que se encontraban detenidos por la comisión de un delito contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; a las 08:41 se les da lectura de los derechos que les asisten y se hizo del conocimiento del agente del Ministerio Público a las 08:44 minutos, por lo que el agente social instruyó que se hiciera el traslado inmediatamente a las oficinas de la Fiscalía, que se hiciera el levantamiento y aseguramiento de los indicios, de las cadenas de custodia correspondientes, de IPH, el registro nacional de detenidos y se llevara a certificar a las personas, lo cual hicieron así; trasladándose primeramente a la fiscalía del estado a efectuar la certificación médica, lugar en donde había diversas personas a las que también se les iba a efectuar certificación, quedando las certificaciones a las 09:22; 09:26 y 09:31 horas (al imputado 09:26 horas); también se efectúo el registro nacional de detenidos al hoy imputado le correspondió el registro con terminación 250620210014 y se concluyó a las 10:01 horas, arribando a la fiscalía a las 10:02 minutos, con la puesta formal y material disposición del agente social; el informe policial homologado está suscrito por José Rosario Espinoza Vega, Juan Carlos Campos Vea y Carlos Felipe Vea (minuto 04:10 al 12:11, de la videograbación) En otro tenor, respecto a los elementos de fondo, relativos a que se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, como acertadamente lo consideró el juez responsable, se encuentran satisfechos. En efecto, los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación, relatados por la fiscal al juez, en relación con los hechos que dieron a la detención del ahora quejoso y luego a su vinculación a proceso, se hicieron consistir en: 1. Informe policial homologado de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, emitido por los agentes de Policía Municipal José Rosario Espinoza Vega, Juan Luis Campos Flores y Carlos Felipe Vea. 2.- Comparecencia de Carlos Alberto Ramírez Paredes, de veintisiete de junio de dos mil veintiuno, quien señala que es el encargado del hotel Posada del Sol, en donde se dieron los hechos narrados y que refirió que él fue la persona que les permitió el acceso a los elementos de la policía municipal y que también fue su recepcionista, quien le había informado que se encontraban personas en el mismo y que no habían querido pagar el cuarto. 3.- Dictamen en materia de balística de veinticinco de junio con número de folio 415621, elaborado por el perito oficial Hugo Rivera Rodríguez, en el que refiere que el arma afecta, es una pistola calibre 40, Smith & Wetson, Tictawer, modelo C229, matrícula AE38351, sistema de disparo semiautomático, abastecida con un cargador y seis cartuchos útiles; considerada en el artículo 11, inciso b, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y que es de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 4.- Inspección de arma de fuego, elaborada por el policía federal ministerial Carlos González González, quien recabó once fotografías de la misma, con descripción que concuerda con el peritaje oficial. 5.- Inspección del lugar de los hechos, efectuado el veinticinco de junio de este año, efectuada en el hotel Posada del Sol, ubicado en calle Base, comisaría Providencia, municipio de Cajeme, al que anexan cuatro fotografías y un croquis, en una de las fotografías se observa la puerta del cuarto 203, la cual se observa totalmente impecable sin un daño en la puerta, la cual no se aprecia dañada. 6.- Entrevistas con los elementos aprehensores, primero respondientes, Jorge Rosario Espinoza Vega, Juan Luis Campos Flores y Carlos Felipe Vea, quienes dan cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y ocasión. Con esos datos de prueba, el juez de Control procedió a emitir el auto de vinculación a proceso, y previamente a tal evento, informó a las partes que de acuerdo a los hechos, determinaba clasificar la conducta en el delito de posesión (y no portación) de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área, con lo que la defensa estuvo de acuerdo. Para proceder enseguida a la emisión de la resolución en la forma siguiente: ".De los antecedentes de investigación expuestos por la fiscalía se desprenden datos de prueba que valorados de manera lógica y libre, de conformidad con lo que establece el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estos datos de prueba permiten establecer en grado de probabilidad que el señor Franciso Hiram, participó en el evento delictivo en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ya fueron narradas por la fiscalía en esta audiencia al momento de formular la imputación y solicitar la imputación a proceso; sin embargo, haciendo la acotación que acabo de manifestar en cuanto a la clasificación distinta jurídica del delito, estimo pues, que el señor Francisco Hiram, fue detenido aproximadamente a las ocho horas cuarenta minutos del pasado veinticinco de junio de dos mil veintiuno, cuando mantenía dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad, es decir, poseyó un arma de fuego tipo pistola calibre 40, Smith & Wetson, matrícula AE38351, con un cargador y seis cartuchos útiles, concretamente en la habitación 203 del motel Posada del Sol, ubicado en calle Bas, esquina con Uno, del poblado Providencia, en la Ciudad de Cajeme, Sonora; esta posesión del arma de fuego, se realizó sin contar con el permiso de la autoridad castrense correspondiente con el cual se lesionó el bien jurídico tutelado por la norma penal que en el caso es la paz y seguridad pública. Advierto que el grado de intervención del señor Francisco fue como autor material en grado de comisión dolosa, atento a lo que disponen los artículos 7, 8, 9 párrafo primero y 13, fracción II, todos del Código Penal Federal. Contrario a lo que señala la defensa, estimo que no se advierte de los datos de prueba que se actualice una causa de extinción penal o una excluyente del delito que favorezca al señor Francisco. En cuanto a los argumentos de la defensa, tenemos en principio, lo señalado por el defensor, en el sentido de que los elementos primero respondientes que elaboraron el informe policial homologado no se apegan a la verdad, puesto que estima que la detención no se realizó; el defensor estima que la detención no se realizó tal y como lo relataron los primeros respondientes en el informe policial homologado, puesto que señala como lo refirió el señor Francisco en esta audiencia, que no dio ninguna autorización para ingresar a la habitación del hotel en donde él se encontraba pernoctando con distinta persona. También solicitó el defensor que se declarara la ilicitud probatoria, puesto que en el caso concreto, ni el señor Francisco Hiram, dio la autorización para que ingresaran a la habitación correspondiente, ni tampoco se advierte que haya comparecido a la audiencia señalada para el día de hoy, el señor Carlos Alberto Ramírez Paredes, encargado del hotel de referencia, para ratificar la autorización al hotel ni a la habitación correspondiente. En el caso concreto, por lo que hace al relato que hacen los primeros respondientes relativo a que el señor Francisco Hiram, les dio la autorización para ingresar a la habitación del hotel de referencia, estimo que, en cuanto aún y cuando así lo hubiere hecho, lo mismo tiene que ser ratificado ante una autoridad judicial, en términos del artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales; es decir, me explico: El artículo 290 de esta legislación procesal, no hace manifestación alguna sobre el sujeto calificado; es decir, que tipo de persona es la persona que tiene que autorizar el ingreso; es decir, pudiera ser que fuera el encargado, el dueño del predio, el que se encuentre en la habitación como lo era el señor Francisco Hiram. A lo que voy es que aún y cuando los agentes hagan constar que el señor Francisco Hiram les dio autorización para ingresar a la habitación donde el se encontraba, esto tiene que ser ratificado ante un juez de control como lo establece el artículo 290, ya que si el legislador no hizo la distinción en cuanto a quienes son las personas que pueden comparecer ante un juez de control a ratificar la intromisión al domicilio, el juzgador tampoco puede hacer dicha diferencia. El artículo 290, señala que estará justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando, fracción II, se realiza con consentimiento de quien se encuentra facultado para otorgarlo; y, señala el párrafo segundo de dicho artículo: "En los casos de la fracción II, la autoridad que practique el ingreso deberá informarlo dentro de los cinco días siguientes ante el órgano jurisdiccional. A dicha audiencia deberá asistir la persona que otorgó su consentimiento a efecto de ratificarla. A lo que voy es que si el señor Francisco Hiram, ante esta audiencia no ratificó lo señalado por los primeros respondientes en el informe policial homologado, es por lo que no se tiene por hecha la ratificación y la autorización al ingreso en la habitación de referencia, puesto que le aplica lo que dispone el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales también al señor Francisco Hiram y tendrá que ratificarlo ante el juez de Control, lo cual no sucedió en la especie. Ahora bien, no obstante lo anterior, advierto de los datos de prueba que señaló la fiscal que obra una comparecencia del señor Carlos Alberto Ramírez Paredes, en la cual el propio señor Alberto, se identifica como el encargado del hotel posada del Sol, en la cual el señala que autoriza el acceso al inmueble, al hotel; en ese sentido estimo pues, que hasta este momento procesal en el cual nos encontramos, es decir, obra una comparecencia del señor Carlos Alberto Ramírez Paredes, donde señala que autorizó el ingreso a los primeros respondientes, al lugar donde se encontraba el señor Francisco Hiram, donde se encontró el arma de referencia, lo cierto es que, también nos encontramos dentro de la dilación de los cinco días, a que se refiere el artículo 290 del Código Nacional del Procedimientos Penales, para que la autoridad que practicó el ingreso deba informarlo al órgano jurisdiccional para señalar la audiencia correspondiente. A lo que voy es que nos encontramos dentro del plazo de cinco días, puesto que advierto que la detención del señor Francisco Hiram, sucedió el pasado veinticinco de junio, y si mal no recuerdo el veinticinco de junio fue día viernes; por lo tanto, son cinco días, en los cuales la autoridad puede solicitar y hacer comparecer, obviamente, al señor Carlos Alberto Ramírez Paredes, ante la autoridad jurisdiccional, para ratificar o no ratificar la autorización al predio correspondiente; por lo tanto, si sacamos cuentas, empieza a correr el día viernes, el primer día y fenecería el próximo jueves la solicitud para solicitar la audiencia de ingreso de una autoridad a un lugar sin autorización judicial. Por lo tanto, pues, se encuentra dentro de esta dilación la fiscalía para presentar al testigo correspondiente para efectos de determinar si autorizó o no autorizó el ingreso. De no haber autorizado el ingreso en la audiencia que pudiera verificarse, la defensa queda libre y podrá solicitar lo correspondiente con posterioridad en la etapa complementaria de investigación, pero en el caso concreto nos encontramos con la comparecencia del señor Carlos Alberto Ramírez Paredes, en la cual señaló que sí autorizó el ingreso, la cual se encuentra subjudice a lo que señale ante el juez de control, obviamente; es decir, esta comparecencia, por este momento procesal, tiene valor probatorio como dato de prueba, porque nos encontramos en la dilación de los cinco días, pero tendrá que ratificarse o no ratificarse en la audiencia correspondiente que fenece el término el jueves próximo; por lo tanto, pues, en el caso concreto es válida hasta este momento la intromisión de los primeros respondientes a la habitación donde se encontraba el señor Francisco Hiram, y donde se encontraba poseyendo un arma de fuego por encontrarse precisamente en una habitación de un hotel. En ese sentido pues, no advierto hasta este momento ilicitud probatoria por parte de los primeros respondientes; además, que como lo señaló la fiscal en esta audiencia, se advierte que, en el caso concreto señala el señor Francisco que tumbaron la puerta que destrozaron la puerta; sin embargo, señala la fiscal que obran fotografías en la carpeta de investigación, la cual cuenta señor Francisco, el defensor con dicha carpeta, si gusta checar la carpeta, en la cual se encuentran las fotografías correspondientes y señala la fiscal que la puerta de la habitación 203, se encuentra intacta y no tiene ningún daño; por lo tanto, ahí podrá verificar esa fotografía señor Francisco Hiram; y, por lo tanto, hasta este momento procesal oportuno se encuentra acreditada la posesión del arma de fuego en el lugar y en las circunstancias que fueron señalados por este juzgador y avaladas por los datos de prueba aportados por la fiscal en esta audiencia. Por lo tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 19 Constitucional y los diversos 307 a 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, voy a dictar auto de vinculación a proceso al señor Francisco Hiram, por el hecho que la ley señala como delito de posesión de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área; previsto y sancionado por el artículo 83 Ter, fracción II, en relación con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cometido en términos de los numerales 13, fracción II, 7, 8 y 9, párrafo primero, todos del Código Penal Federal." Enseguida el juzgador responsable se pronunció en relación con la prisión preventiva oficiosa, expresando al respecto que como el delito es de aquéllos que ameritan la medida cautelar de prisión preventiva; por tanto, fijó el lugar para tal efecto el Centro Federal de Readaptación Social número Once "Cps", de Hermosillo, Sonora (minuto 43:40 al 54:29 de la videograbación). En el particular, este juzgador coincide substancialmente con la determinación a la que arribó el juez responsable, en tanto que, con los datos de prueba relatados por la fiscalía, apreciados tanto en lo individual como en su conjunto, resultan idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que el imputado y ahora quejoso, en forma probable, en la hora, fecha y lugar de los hechos, poseyó fajada en su cintura, de lado izquierdo, el arma de fuego descrita, de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; lo que correctamente valoró el juzgador, reclasificando el delito a posesión y no portación (como fue consignado); ya que esos hechos encuadran en las conductas previstas y sancionadas por los artículos 83 Ter, fracción II, en relación con el inciso b), del artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, que además, en la forma narrada en el informe policial homologado, tal como lo calificó el juzgador, la figura del hecho corresponde a un delito realizado de forma dolosa, de autoría material personal. En efecto, los artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en los que se fundamentó el juez responsable son los siguientes: "Artículo 11. Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: (.) b) Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores. (.)" "Artículo 83 Ter.- Al que sin el permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: I. II. Con prisión de uno a siete años y de veinte a cien días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y (.)" Hipótesis normativa que acertadamente el Juez de Control estimó colmada, puesto que de acuerdo a los datos de prueba, se tiene que probablemente el ahora procesado Francisco Hiram Hurtado Miranda, el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las 08:30 horas, en la habitación 203, del motel Posada del Sol, ubicado en Providencias, Cajeme Sonora, estuvo en posesión de un arma de fuego (fajada a la cintura, de lado izquierdo) calibre 40, Smith & Wetson, Tictawer, modelo C229, matrícula AE38351, de disparo semiautomático, abastecida con un cargador y seis cartuchos útiles; considerada en el artículo 11, inciso b, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y que es de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Áerea. Lo anterior, sin que justificara con medio de prueba idóneo pertenecer a las fuerzas armadas del país o contar con permiso expedido por autoridad competente; conducta que realizó por sí mismo, en términos del numeral 13 del Código Penal Federal. Por otro lado, también es correcta la apreciación del Juez de Control, en el sentido de que no se actualiza alguna causa de extinción de la acción penal contenida en el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales o excluyente del delito a que se contrae el numeral 15 del Código Penal Federal, en virtud de que la teoría del caso formulada por la fiscalía se encuentra colmada para efectos del auto de vinculación a proceso. Establecido lo anterior, ahora se aborda el estudio de los planteamientos vertidos por la parte quejosa en el escrito de demanda, los cuales resultan infundados. Es así, porque en el caso, adverso a lo que sostiene la parte quejosa, quien afirma que no existe prueba de que el ingreso de los agentes policiacos a la habitación 203 del hotel posada del Sol, en la que se encontraba el hoy quejoso en la hora y fecha de los hechos, haya sido autorizada por el hoy imputado, debe decirse que, como dejó claro el juzgador responsable, el auto de vinculación a proceso no requiere de la acreditación de prueba fehaciente, sino que el mismo se emite con base en datos de prueba contenidos en la carpeta de averiguación y relatados por la fiscal. Ahora bien, esos datos de prueba en el caso, resultan ser el propio contenido del informe policial homologado, la comparecencia del encargado del hotel ante la fiscalía, en la que expuso que él y su recepcionista, autorizaron el ingreso de los policías a la habitación en la que al parecer se aprehendió en flagrancia delictual al imputado, el dictamen de balística relativo al arma de fuego y las fotografías de la puerta de la habitación 203 del motel referido. En efecto, en cuanto a la valoración de los datos de prueba para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en el auto de vinculación a proceso, para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta prohibida por la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable, lo cual ocurre. Nuestro Máximo Tribunal sostuvo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", los cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituido registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar elementos del cuerpo del delito", sino únicamente que ocurrió un hecho que la ley señale como ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio y se considere al imputado como inocente hasta en tanto se demuestre lo contrario durante el procedimiento. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí - como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que, con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", ni que se ofrezcan en la audiencia de imputación; dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, sostuvo la Primera Sala, que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia, dijo, es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada; es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Las anteriores reflexiones y consideraciones de la Primera Sala, dieron origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, página 360, Décima Época, con registro 2014800, que a continuación se transcribe: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En esa medida, este juzgador es anuente con el juzgador, en consideración de que, si bien el encargado del motel no estuvo en la audiencia señalada para que compareciera, es indudable que, como razonó el juez, existe en la carpeta el dato de prueba relatado por la fiscal, relativo a que obra comparecencia de dicha persona, en la que expuso que él y su recepcionista del motel, autorizaron el ingreso de los policías a la habitación; asimismo, es asertiva la consideración de que a la fecha de emisión del auto de vinculación, no transcurría el término de cinco días, para que esa persona autorizante, compareciera ante el juzgador de Control a ratificar o no, como expresó el juez, si dio su autorización para el acceso de los primeros respondientes a la habitación; de ahí, lo ineficaz de la argumentación del quejoso a este respecto. Por otra parte, en relación a que el juzgador citó incorrectamente el numeral 290, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que en el caso el único autorizado para otorgar autorización de ingreso al cuarto de hotel era el hoy imputado; tal argumentación resulta ineficaz, y al efecto se comparte el razonamiento del juez responsable, pues en el caso como se advierte del informe policial, les fue dada autorización por el encargado del hotel para revisión de la habitación, incluso se les señaló la ubicación. Al respecto, es menester acotar que si bien, el alquiler de una habitación de hotel, se traduce en el respeto a la privacidad de los huéspedes, quienes adquieren durante esa posesión temporal el derecho de no intromisión por parte de una autoridad, siempre que no cuenten con un mandato judicial para la penetración al interior de la habitación alquilada; sin embargo, no debe perderse de vista que ese derecho se encuentra restringido a la no comisión de delitos dentro del inmueble o habitaciones, porque de suceder así, cualquier persona está facultada para denunciar los hechos (como ocurrió) y el encargado o encargados del negocio de hospedaje, tiene la facultad y está obligado, a otorgar autorización de ingreso al lugar del inmueble en el que se esté cometiendo un hecho probablemente constitutivo de delito, más aún que en el particular del dato de prueba referente al encargado del hotel, éste, mencionó que él y su recepcionista otorgaron autorización para el ingreso a la habitación 203 del hotel de referencia; de ahí, que tal como expuso el juez, sería dentro del plazo de cinco días, a que alude el numeral 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que pudiera o no verificarse si el consentimiento para ingresar a la habitación fue o no otorgado. En relación con la restante argumentación de la parte quejosa, relativa a que no se le corrió traslado con alguna manifestación de los policías, que hubieren presentado en el término de cinco días; es también ineficaz, cuenta habida que en la carpeta de investigación obra el dato de prueba relativo al informe policial homologado, del cual también dijo el juzgador, aún no fenecía el término de cinco días para solicitud de la audiencia de ratificación respectiva. En esa medida, se reitera, basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste, para que resulten suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio; correspondiendo a la fiscalía la comprobación del injusto en la fase procesal respectiva, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento de culpabilidad, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Por ende, a guisa de ser reiterativo, en el estado de investigación inicial (en el que actualmente se encuentra el procedimiento de origen), no se habla de prueba, sino de datos de prueba (fuente de prueba), que constituye la información que proporciona el Ministerio Público y que el juez de Control A quo no puede valorar, al no desahogarse ante su potestad. En esa línea de pensamiento, es lógico estimar que contrario a lo que sostiene el quejoso, en el caso, hasta la etapa procesal en la que se encuentra el proceso de origen, no resulta indispensable el desahogo y la comprobación de los datos de prueba expuestos por la representación social, más allá de toda duda razonable en torno a que el hecho aparentemente delictivo sí se cometió. Puesto que, como se dijo párrafos arriba, los datos de prueba resultan suficientes para el estándar probatorio requerido en dicha etapa, a fin de acreditar a título de probabilidad la conducta que se reprocha al imputado -aquí quejoso-, sin que deba quedar plenamente acreditado como lo trata de hacer notar en los motivos de disenso atendidos. VII. Decisión En esa tesitura, al resultar ineficaces e infundados los conceptos de violación aducidos, y no encontrarse motivos para suplir la deficiencia de la queja, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados respecto al acto reclamado. Negativa que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad responsable ejecutora, pues no fueron impugnados por vicios propios, sino con motivo del acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Hiram Hurtado Miranda, quien presentó la demanda de derechos por conducto de su defensor (público federal), contra los actos y autoridades, precisados éstas y aquéllos en los considerandos II y III, por los fundamentos y motivos establecidos en el diverso apartado VI, de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa, autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por una de las responsables; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con cincuenta y un minutos del veinte de septiembre dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON FECHA 13/08/2021: SE DA VISTA A LAS PARTES CON INFORME JUSTIFICADO Y SU CONTENIDO.

  4. Principal

    SE DECLARA SIN MATERIA EL INCIDENTE Y SE VALORA SU DESTINO.

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