Francisco Guerrero Duran
Expediente 519/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 36 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Francisco Guerrero Duran
- Francisco Guerrero Duran y Otros.
- Lia Berenica Aguilar Moreno y Otros.
- Lia Berenica Aguilar Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
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Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Admisión de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual se informa que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, el cual radicó con el toca ********************. Asimismo, en atención a lo solicitado, se comisiona a la Oficial Judicial "A", a efecto de realice las gestiones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de vincular el sumario con el toca del referido tribunal. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que no ha sido posible remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, toda vez que no se encuentra debidamente integrado. En efecto, de autos se advierte que para efectos de notificar la sentencia de dos de marzo de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo que nos ocupa, se ordenó girar los oficios 5091/2022, 5093/2022, 5094/2022, los cuales corresponden a las autoridades responsables señaladas como: Director del Hospital General Zona Catorce, Coordinador de Salud en el Trabajo del Hospital General de Zona Catorce y Coordinador de Salud en el Trabajo del Hospital General de Zona Dos, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad; asimismo, el diverso 7315/2022, dirigido al Delegado en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; sin embargo, no existen constancia de notificación de dichos oficios. Por lo tanto, reexpídase los citados oficios y se comisiona al actuario adscrito para que notifique el contenido de las misivas para los efectos legales a que haya lugar. Hecho lo anterior, y una vez que obren los acuses respectivos, remítase los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del recurso de revisión. Notifíquese y Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito que suscribe el apoderado legal de la quejosa Lía Berenice Aguilar Moreno, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene al ocursante interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida resolución. Distribúyanse entre las partes copia del escrito de expresión de agravios, en la inteligencia que la que le concierne a las autoridades responsables le serán remitidas mediante oficio, en tanto que para las demás partes quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. En su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y nueve minutos del dos de marzo de dos mil veintidós, Audiencia y resolución constitucional. En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y nueve minutos del dos de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcazar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, Secretario con quien actúa y da fe declaró abierta la presente audiencia sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos y ampliaciones de la misma; así como, los informes justificados rendidos por las responsables y las constancias de notificación de la totalidad de las partes. Finalmente, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse del informe justificado. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por las autoridades responsables; así como las documentales exhibidas por la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que únicamente la parte quejosa, formuló alegatos. El juez acuerda: Ténganse por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula la parte quejosa; por otra parte, se le tiene por perdido el derecho a las demás partes para hacerlo con posterioridad. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 519/2020, promovido por Francisco Guerrero Duran a ruego de su hija Lia Berenice Aguilar Moreno, contra el acto atribuido al Instituto Mexicano del Seguro Social; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, Francisco Guerrero Duran a ruego de su hija Lia Berenice Aguilar Moreno, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizará. 2. Trámite del juicio de amparo. El veinticuatro de agosto de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto registró la demanda bajo el expediente 519/2020; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 3. Luego, por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veinte, la parte quejosa amplió la demanda en cuanto a una autoridad responsable; la cual fue admitida el diez de diciembre del mismo año; se solicitó el informe justificado correspondiente. 4. Posteriormente, el trece de julio de dos mil veintiuno, la parte quejosa nuevamente amplió su demanda respecto a un nuevo acto y diversas autoridades; la cual, previa prevención, fue admitida a trámite el treinta de julio del mismo año; se solicitó el informe justificado respectivo; y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, de conformidad con los siguientes: Considerandos I. Competência. 5. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 41/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como a la creación de este órgano jurisdiccional. II. Precisión del acto reclamado. 6. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado Sentido del informe Delegado Estatal en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) De la demanda inicial y ampliación de demanda, señaló como actos reclamados: - La falta de atención médica adecuada, para el padecimiento de la quejosa derivado de las lesiones sufridas por riesgo de trabajo calificado y tumor de células gigantes preexistentes; - La omisión de proporcionar un tratamiento, terapia, cirugía correctiva prótesis, rehabilitación física, sin medicamento oncológico y sin diagnostico oncológico completo que permita tratar el padecimiento. - El excesivo periodo sin tratamiento. - La falta de acceso a segunda y tercera opinión de patología; y, - La negativa de subrogar el servicio a otro hospital que cuente con las herramientas y aparatos médicos suficientes para atender el problemas de salud de la quejosa. Niega. Foja 36 a 163. Director del Hospital General Zona número 14, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Niega. Fojas 36 a 163. Titular y/o Encargado de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 2, del Instituto (IMSS), en cd. Obregón, Sonora. Niega. Fojas 346 a 367; y anexo I de pruebas. Coordinador de Salud en el Trabajo de la Unidad de Medicina Familiar número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) De la ampliación de demanda, se advierte que reclamó de estas autoridades: La omisión de emitir el dictamen de Invalidez por riesgo de trabajo ST-4, con efectos de acceder a una pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Niega. Fojas 469 a 480. Coordinador de Salud en el Trabajo de la Unidad de Medicina Familiar número 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Niega. Fojas 469 a 480. Coordinador de Salud en el Trabajo de la Unidad de Medicina Familiar número 63 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Niega. Fojas 469 a 480. Coordinador de Salud en el Trabajo Divisional del Instituto Mexicano del Seguro Social; en la ciudad de Obregón, Sonora El representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que esta autoridad no existe. 7. Determinados los actos reclamados, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de estos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. 8. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Inexistencia del acto reclamado. 9. No son ciertos los actos reclamados que se le atribuye a las autoridades señalas como responsables Delegado Estatal en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Director del Hospital General Zona número 14, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y, Titular y/o Encargado de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 2, del Instituto (IMSS), en ciudad Obregón, Sonora; pues así lo manifestaron al rendir el informe justificado; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que demostrara lo contrario, por lo que procede a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 10. Lo anterior, pues si bien, la quejosa ofreció diversos documentos que contienen las supuestas gestiones realizadas para lograr que las autoridades responsables cumplan con las obligaciones que les impone los artículos 1 y 4 Constitucional; dichos documentos consisten en diversos comunicados y solicitudes enviadas vía correo electrónico a distintos servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, lejos de demostrar las omisiones y abstenciones por parte de las personas o servidores públicos ahí señalados; demuestran, que las peticiones dirigidas al instituto Mexicano del Seguro Social, fueron atendidas con oportunidad. 11. En efecto, del documento "orden de programación prequirúrgica" fechado el diez de febrero de dos mil veinte, emitido por Cristina Gabriela Salazar Mendoza, desde el correo electrónico institucional cristina.salazar@imss.gob.mx; asimismo, se advierte diversos oficios dirigidos al señor Jesús Ernesto Aguilar Moreno; así como a la quejosa Lia Berenice Aguilar Barajas, en donde se le hace saber sobre la fecha programada para la cirugía de prótesis tumoral tercio distal fémur izquierdo; así como, la orden de internamiento, valorización preoperatoria y citas programadas; de ahí que, dichas documentales, no son suficientes para desvirtuar la negativa del acto reclamado por parte de las autoridades responsables. 12. No obstante lo anterior, de una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido de un informe con justificación negativo no es determinante respecto de la inexistencia de los actos reclamados, ya que lo contrario puede ser demostrado por las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley o, incluso, advertido directamente por el juzgador de las constancias de autos. 13. Dicho lo anterior, la inexistencia de los actos reclamados se corrobora con las documentales que se ofrecieron en los informes justificados, por parte del representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora; y jefe de la División de asuntos jurídicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades número 2 "Luis Donaldo Colosio Murrieta" y representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en ciudad Obregón, Sonora; consistentes en: Copia certificada de informe pormenorizado de atención médica de la quejosa Lia Berenice Aguilar Moreno, emitido por el doctor Filiberto Isaac Mendoza, director del Hospital General de Zona número 14, del Instituto Mexicano del Seguro Social; el cual incluye revisión de la literatura médica y dos tomos de anexos con alta de ingreso y notas médicas y prescripción nota de atención médica; Copia certificada de notas médicas de fecha diez y catorce de septiembre de dos mil veinte, en donde constan las citas en que fue atendida la quejosa dentro del hospital General de Zona 2, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Hermosillo, Sonora; Copia certificada (anexo I) de las notas médicas que en su momento requería la parte quejosa, por parte de la Unidad Hospitalaria de alta Especialidad, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora; y, Copia certificada consistente en Dictamen de Incapacidad Permanente o de defunción emitida por Riesgo de Trabajo de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno. 14. Las anteriores documentales, gozan de valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de sus facultades legales, de conformidad con los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°; y, de las cuales se advierte lo siguiente: 15. Antes de entrar al estudio de las constancias que anexaron las responsables al informe justificado, es preciso establecer, que los actos que se atribuyen al Delegado Estatal en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), son inexistentes, ya que los actos de omisión señalados por la parte quejosa en contra de ésta, por sus atribuciones y facultades contenidas en el Reglamento Interior de la Ley del Seguro Social, no le son atribuibles. 16. En efecto, del reglamento en mención, específicamente en su artículo 144, no se advierte que sea facultad del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, el proporcionar atención médica, para el padecimiento de la quejosa derivado de las lesiones sufridas por riesgo de trabajo calificado y tumor de células gigantes preexistentes; proporcionar un tratamiento, terapia, cirugía correctiva prótesis, rehabilitación física, medicamento oncológico y un diagnostico oncológico completo; o bien, el acceso a una segunda y tercera opinión de patología; ni mucho menos subrogar los servicio a otro hospital para atender el problemas de salud de la quejosa. 17. El artículo 144 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social establece: "Artículo 144. Son atribuciones del Delegado dentro de su circunscripción territorial, las siguientes: I. Representar al Instituto, como organismo fiscal autónomo y al Director General, ante todas las autoridades con la suma de facultades generales y especiales que requiera la Ley, así como con aquéllas que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración, incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las especiales que requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal, en los términos del poder notarial conferido, pudiendo sustituir total o parcialmente éste en favor del titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos y abogados respectivos; II. Interponer en representación de las autoridades delegacionales demandadas, el recurso de revisión en contra de las resoluciones y sentencias que pongan fin al juicio que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente; III. Ejercer el presupuesto autorizado de acuerdo a los objetivos y metas trazados para la operación de los servicios institucionales y conforme a los indicadores y procesos generales establecidos; IV. Ejercer actos de dominio a nombre del Instituto, previo acuerdo del Consejo Técnico y en los términos del poder notarial conferido; V. Promover ante los órganos Superiores y Normativos, por conducto de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, los estudios socioeconómicos respecto del inicio de servicios del régimen obligatorio del Seguro Social a grupos de personas susceptibles de ser amparadas por el Instituto; VI. Presidir los Comités delegacionales que se integren para toma de decisiones en los asuntos operacionales; VII. Convocar semanal o quincenalmente y presidir la celebración de juntas a las que concurra el Cuerpo de Gobierno delegacional; VIII. Vigilar el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y sus reglamentos, en la esfera de su competencia y ejercitar las acciones que correspondan, incluyendo la de rescisión de la relación laboral; IX. Remitir a la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, las solicitudes de reconsideración de las rescisiones de la relación laboral; X. Celebrar convenios en los juicios laborales, previa autorización de la Dirección Jurídica; XI. Aceptar las renuncias de los trabajadores y autorizar los finiquitos que correspondan conforme a las estipulaciones contenidas en los contratos individuales de trabajo y en el Contrato Colectivo de Trabajo; XII. Ordenar y llevar a cabo, con el personal que en cada caso designe, las visitas de auditoría que considere necesarias, así como revisar los dictámenes formulados por contador público, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Ley y sus reglamentos; XIII. Vetar los acuerdos que emita el Consejo Consultivo Delegacional, cuando éstos impliquen inobservancia de la Ley o de sus reglamentos, o no se ajusten a los criterios del Consejo Técnico o a las políticas generales del Instituto. El efecto del veto será el de suspender la ejecución de tales acuerdos, mismos que serán remitidos a la Secretaría General del Instituto, para ser presentados al Consejo Técnico en un plazo de cinco días; XIV. Conceder o negar, previo estudio y opinión de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, los préstamos a cuenta de pensiones formuladas por derechohabientes con residencia en la jurisdicción que abarca la Delegación; XV. Imponer las multas y demás sanciones a que se refieren la Ley y el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, con excepción de las sanciones administrativas a los contadores públicos autorizados; XVI. Aplicar las medidas correctivas que dicte el Director de Administración y Evaluación de Delegaciones, respecto de las irregularidades identificadas en el análisis de la prestación de los servicios del Instituto; XVII. Llevar a cabo los actos relacionados con: a) El registro de patrones y demás sujetos obligados; b) La clasificación de empresas y determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo; c) La afiliación de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento; d) El registro de los beneficiarios legales de los asegurados; e) La certificación sobre la vigencia de derechos para el otorgamiento de las prestaciones en especie y en dinero; f) La determinación, emisión, notificación y cobro de liquidaciones por cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, actualización, recargos y multas, así como por los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes; g) La autorización, en el ámbito de su competencia, de las solicitudes de prórroga para el pago diferido o en parcialidades de créditos fiscales a favor del Instituto, en términos de la Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como presentar al Consejo Técnico las solicitudes relativas a los casos previstos en el artículo 40 E de la Ley; h) Los trámites administrativos relativos a la calificación, aceptación, control, efectividad y cancelación de pólizas de fianza, otorgadas en garantía de créditos fiscales a favor del Instituto; i) La incorporación voluntaria al régimen obligatorio de los sujetos que precisa la Ley; j) El cobro de las multas impuestas por infracciones a la Ley y sus reglamentos; k) La incorporación al régimen voluntario del Seguro Social, mediante el seguro de salud para la familia; l) La inscripción en la continuación voluntaria en los seguros conjuntos de invalidez y vida y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; m) La contratación de seguros adicionales; n) La cancelación por incobrabilidad, incosteabilidad o por no localización del deudor o responsables solidarios de los créditos fiscales a favor del Instituto, en los términos que apruebe el Consejo Técnico; o) Declaración de la prescripción de créditos fiscales o la extinción de las facultades de comprobación del Instituto, en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables, y p) El dictamen formulado por contador público sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley y sus reglamentos. XVIII. Conceder, rechazar y modificar las pensiones que, conforme a la Ley, le corresponde otorgar al Instituto; XIX. Recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia y adicionales, los capitales constitutivos, así como sus accesorios legales y percibir los demás recursos del Instituto. De igual forma, recaudar y cobrar las cuotas y sus accesorios legales del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; XX. Ratificar o rectificar la clase, fracción y la prima de riesgo de las empresas para efectos de la cobertura de las cuotas del seguro de riesgos de trabajo; XXI. Ordenar y practicar las investigaciones correspondientes en los casos de sustitución patronal y de responsabilidad solidaria previstas en la Ley y en el Código Fiscal de la Federación y emitir los dictámenes respectivos; XXII. Establecer coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, Estatales y Municipales para el cumplimiento de sus objetivos; XXIII. Llevar a cabo los procedimientos de contratación que tengan por objeto la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios, así como de obra pública y servicios relacionados con la misma, en los términos de la legislación, disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como la terminación anticipada, o bien, la rescisión administrativa de los contratos suscritos dentro del ámbito de su competencia; XXIV. Planear, programar, organizar, controlar y administrar los recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados para el desarrollo de sus funciones; XXV. Analizar en forma permanente los indicadores de variación del número de patrones y demás sujetos obligados de la circunscripción territorial de las Subdelegaciones que le correspondan, así como analizar las extensiones territoriales, vías de comunicación, medios de transporte y demás circunstancias que estime pertinentes, a efecto de proponer, en su caso, a las unidades administrativas competentes, la reclasificación, fusión, supresión o creación de nuevas Subdelegaciones; XXVI. Resolver las solicitudes de declaratoria de prescripción de la obligación patronal de enterar las cuotas obrero patronales y los capitales constitutivos, cuando lo soliciten los patrones y demás sujetos obligados, en los términos del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables; XXVII. Resolver, en el ámbito de su competencia, conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables, las solicitudes presentadas por los patrones y demás sujetos obligados, relativas a dejar sin efectos las multas impuestas por incumplimiento del pago de los conceptos fiscales señalados en la Ley; XXVIII. Resolver conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables, las solicitudes presentadas por los patrones y demás sujetos obligados, relativas a la rectificación de clase, fracción y prima para la cobertura del seguro de riesgos de trabajo; XXIX. Supervisar que las unidades administrativas adscritas cumplan con la aplicación de las disposiciones de la Ley y sus reglamentos, las demás disposiciones legales aplicables, así como de los criterios emitidos por el Consejo Técnico del Instituto y la normatividad emitida en el área de su competencia; XXX. Supervisar observaciones, recomendaciones y solicitudes de información, derivados de los actos de fiscalización practicados por órganos revisores, estableciendo mecanismos de control, seguimiento y análisis, así como aplicar las medidas preventivas y correctivas para evitar la reincidencia; XXXI. Resolver, conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables, las solicitudes de condonación de multas; XXXII. Autorizar a terceros el uso de los bienes inmuebles del Instituto, en los términos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; XXXIII. Enajenar, en los términos de las disposiciones aplicables, los bienes aceptados como dación en pago con motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución; XXXIV. Designar al órgano operativo que realizará las funciones de afiliación y cobranza, tratándose de la incorporación voluntaria de las personas a que se refiere el artículo 13 de la Ley, en el ámbito territorial que corresponda; XXXV. Informar a la Secretaría de la Función Pública sobre las irregularidades en que incurran los servidores públicos adscritos dentro de su circunscripción territorial, con motivo de sus funciones, así como de aquéllas que causen un daño o perjuicio al patrimonio del mismo, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y XXXVI. Las demás que le señalen la Ley y sus reglamentos, los acuerdos del Consejo Técnico y el Director General. Las delegaciones para el eficaz desempeño de sus atribuciones, se integrarán con las jefaturas y unidades administrativas que sean autorizadas por la Dirección General o la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones. Éstas tendrán a su cargo el desempeño de las atribuciones que les señalen los manuales de organización respectivos.". 18. En vista de lo anterior, resulta incuestionable que los actos que se atribuye al delegado en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social son inexistentes, pues en términos de la disposición administrativa que regula sus atribuciones, dicha autoridad carece de facultades, como se dijo, para proporcionar atención médica, para el padecimiento de la quejosa derivado de las lesiones sufridas por riesgo de trabajo calificado y tumor de células gigantes preexistentes; proporcionar un tratamiento, terapia, cirugía correctiva prótesis, rehabilitación física, medicamento oncológico y un diagnóstico oncológico completo; o bien, el acceso a una segunda y tercera opinión de patología; ni mucho menos subrogar los servicios a otro hospital para atender el problema de salud de la quejosa. 19. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 20. Por otro lado, respecto a los actos que se le atribuye a las autoridades Director del Hospital General Zona número 14, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y, Titular y/o Encargado de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 2, del Instituto (IMSS), en ciudad Obregón, Sonora; consistentes en la falta de atención médica adecuada, para el padecimiento de la quejosa derivado de las lesiones sufridas por riesgo de trabajo calificado y tumor de células gigantes preexistentes; la omisión de proporcionar un tratamiento, terapia, cirugía correctiva prótesis, rehabilitación física, sin medicamento oncológico y sin diagnóstico oncológico completo que permita tratar el padecimiento; el excesivo periodo sin tratamiento; la falta de acceso a segunda y tercera opinión de patología; y, la negativa de subrogar el servicio a otro hospital que si cuente con las herramientas y aparatos médicos suficientes para atender el problema de salud de la quejosa; son inexistentes. 21. En efecto, de los informes rendidos por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social y jefe de la División de asuntos jurídicos de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades número 2 "Luis Donaldo Colosio Murrieta", a los cuales anexó diversas constancias en relación con el expediente clínico de la quejosa Lia Berenice Aguilar Moreno, se advierte que ésta recibió la atención médica necesaria, incluso, quedó demostrado que recibió atención por las especialidades en área de traumatología y ortopedia, así como de oncología médica, medicina fisíca y rehabilitación. 22. Asimismo, se le realizó estudio denominado "Inmunohistoquímica", a través del servicio médico subrogado por el órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, del Instituto Méxicano del Seguro Social; a través del proveedor Quest Diagnostics ubicado en la Ciudad de México, estudio que le correspondió el folio Q203231-Q-SON, con fecha de solicitud tres de agosto de dos mil veinte, y fecha de elaboración de diecinueve de agosto de dos mil veinte. 23. Del mismo modo, se advierte que la hoy quejosa fue valorada el veintidós de agosto de dos mil veinte, por el especialista en oncología, doctor Eduardo Javier Urquiera Hernández, en el Hospital General de la Zona 2, en Hermosillo, Sonora, valoración en la que se concluyó: "el reporte de inmunohistoquímica, menciona CD 68 Positivo en células gigantes multinucleadas, vimentina positiva en células estromales Ki 67, Negativo p 53 negativo s 100 negativo CD 99 positivo, clínicamente se encuentra con buen estado general con mejoría en movilidad, apoyada con andadera, con control del dolor con paracetamol, clínicamente se encuentra sin datos de actividad tumoral", indicándole tratamiento con ácido zoledrónico 1 ámpula IV, una aplicación cada 4 semanas por 6 ciclos. 24. De igual manera, obra un informe pormenorizado de atención médica de la quejosa, emitido por el doctor Filiberto Isaac Gómez Mendoza, director del Hospital General de Zona número 14, revisión de la literatura médica, y dos tomos de anexos con alta de ingresos y notas médicas, de donde se desprende el historial médico de la quejosa de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde su ingreso en dicho nosocomio, en fechas treinta y uno de octubre, del uno al dieciséis, veintiocho y veintinueve de noviembre, tres, seis, diez y diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve; veintiuno de enero, dieciocho y veintiséis de febrero, tres, once y diecisiete de marzo, trece de abril, seis, veintiuno, veinticinco y veintinueve de mayo, uno, trece, dieciséis y veintidós de julio, dieciocho, diecinueve, veinte y veintidós de agosto, todos del dos mil veinte. 25. Por otro lado, quedó demostrado que el veintiuno de mayo de dos mil veinte, le fue practicada a la quejosa Lia Berenice Aguilar Moreno, la cirugía de resección de tumor de TCG de fémur izquierdo y colocación de prótesis tumoral, asimismo, ha sido continuada su vigilancia médica por parte de oncología, de la unidad de origen, quien después de su cirugía implementó acidozolendrico por dos meses, después se le aplicó cada cuatro semanas por seis ciclos y posteriormente cada seis semanas, y, actualmente lleva tres ciclos. 26. Es evidente que, la impetrante de garantías fue atendida desde que ingresó por primera vez -treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve a la fecha de la presentación de la demanda--al Hospital General Zona Número 14, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Hermosillo, Sonora, a través del servicio de urgencia donde es valorada inicialmente por un médico de área de urgencias, en turno nocturno, la cual condicionó afección a nivel rodilla de miembro pélvico izquierdo y limitación funcional del mismo. Por lo que se solicitó estudios de gabinete (radiografías simples de rodilla izquierda), así como valoración por el servicio de traumatología y ortopedia en turno, realizando diagnóstico de fractura de cóndilo femoral izquierdo, establece manejo inicial farmacológico e inmovilización de extremidad, se solicitaron estudios de laboratorio y hospitaliza a la paciente para continuar terapéutica a cago de dichos servicios. 27. Posteriormente, al practicarle diversos estudios de laboratorios, así como diversas resonancias magnéticas, le fue pronosticado además de la fractura de femur distal izquierdo, le fue diagnosticado un tumor de células gigantes de fémur distal izquierdo; candidata a una cirugía conservadora de miembro pélvico con prótesis tumoral; la cual le fue practicada el veintiuno de mayo de dos mil veinte, dándosele seguimiento a su padecimiento antes y después a la promoción del juicio. 28. Cabe destacar que no obstante que el familiar (padre) y paciente solicitaron una segunda opinión médica debido a que refieren inconformidad con las opciones terapéuticas planteadas en la unidad; en consulta del veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la impetrante de garantías optó y aceptó por manejo quirúrgico en dicha unidad, siendo enviada a programación quirúrgica dentro de la misma. 29. En tal virtud, de las constancias antes referidas se advierte que las autoridades responsables sí han realizado en el ámbito de sus competencias, lo conducente para brindar atención médica a la impetrante de garantías, corroborando con tales documentos que no han sido omisas en brindar la atención médica requerida. 30. Ahora, si bien durante el trámite del juicio, el autorizado de la parte quejosa insistía en que las autoridades dieron información falsa, ya que no es cierto que se le ha proporcionado a la quejosa la adecuada atención médica para su padecimiento de la quejosa; también es cierto, que dichas manifestaciones son insuficientes para desvirtuar la negativa por parte de las autoridades responsables de proporcionarle la atención requerida, en primer término, porque de los resultados que arrojaron los estudios de laboratorios y resonancia magnética, llevaron a un diagnóstico, que concluyó con el tumor de células gigantes de fémur distal izquierdo; y, se determinó que aquella, era candidata a una cirugía conservadora de miembro pélvico con prótesis tumoral. 31. Lo cual, resulta trascendental para considerar que no existe una omisión o inadecuada atención médica hacia la impetrante de garantías por parte de las responsables; luego, si de las constancias que obran en autos no se advierte que las responsables omitieran realizar lo necesario para proporcionarle y suministrarle cada tratamiento que ha resultado indispensable para salvaguardar la integridad física y la vida de la aquí peticionaria del amparo, o bien, que le hubiere sido negado la atención médica por parte de las autoridades responsables, pues el propio expediente clínico lo denota, lo que apoya indudablemente la negativa del acto reclamado que realizaron en sus informes justificados, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia del acto reclamado. IV. Existencia del acto reclamado 32. Es cierto el acto que le reclama de los Coordinadores de Salud en el Trabajo de las Unidades de Medicina Familiar números 2, 37 y 63 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); así como, el de Salud en el Trabajo Divisional del Instituto Mexicano del Seguro Social de ciudad Obregón, Sonora; consistente en la omisión de emitir el dictamen de Invalidez por riesgo de trabajo ST-4, con efectos de acceder a una pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, no obstante que, al rendir su informe justificado, por conducto del representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, nieguen el acto que se les atribuye. 33. En efecto, de las constancias que remiten las responsables, en apoyo a los informe justificados, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa; se advierte la certeza del acto reclamado; de ahí que debe tenerse por cierto el acto que se les atribuye. V. Causas de improcedencia. 34. Una vez que se fijó el acto reclamado y se acreditó su existencia, corresponde ahora analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes las aleguen, o bien, que se adviertan de oficio. 35. En relación con lo anterior, debe señalarse lo dispuesto por la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados; [.]." 36. Ahora, los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado; de modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del inconforme, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, ya que la razón que justifica la citada causal de improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 37. Es decir, esa hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el ordinal 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obren en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte lo que ésta exija. 38. En la especie se estima que han cesado los efectos del acto reclamado que la parte quejosa hizo consistir en la omisión de emitir el dictamen de Invalidez por riesgo de trabajo ST-4, con efectos de acceder a una pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. 39. En efecto, de las constancias anexas al informe justificado rendido por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, fue emitido el dictamen provisional ST-8, por el Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo, doctor Julio Cesar Rivera Castro, donde se determinó que la hoy quejosa contaba con una incapacidad en el órgano funcional equivalente al 40% (cuarenta por ciento); asimismo, se determinó que se realizará una revaloración a la quejosa en dos años. 40. Ahora, cabe destacar que la quejosa amplió su demanda respecto a dicho acto reclamado el trece de julio de dos mil veintiuno; y, posteriormente se emitió el dictamen de incapacidad permanente, esto es el veintidós de octubre de dos mil veintiuno; lo cual constituye el acto reclamado. 41. De lo anterior se concluye que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado; por lo tanto se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo. 42. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el numeral 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal de la República. 43. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve: 44. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales promovido por Francisco Guerrero Duran a ruego de su hija Lia Berenice Aguilar Moreno, por los motivos expuestos en los considerandos III y V de esta sentencia. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcazar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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