Francisco Hernández Hernández
Expediente 332/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisco Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que transcurrió en exceso el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia Federal al quejoso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la misma, para todos los efectos legales. Ahora, no se requiere el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues con antelación se declaró la imposibilidad material y jurídica para cumplirse. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada María Santos Flores Martínez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe. (Firmado electrónicamente)
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa se inconformara en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el que se declaró que existe imposibilidad material y juri´dica para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto, ha quedado FIRME para todos los efectos legales. Con fundamento en el arti´culo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el arti´culo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federacio´n el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al arti´culo 18 inciso a), del acuerdo en cita, toda vez que se concedió´ la suspensión de plano en el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIO´N, por lo que debera´ conservarse por él término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se debera´ depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, el auto que puso fin al asunto y el acuerdo del archivo. La justificación de esto último debera´ constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se debera´ solicitar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en las caratula de dichos expedientes, en el Sistema Integral de Seguimientos a expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de David Jorge Siu Huerta, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor proveído el telegrama de cuenta, signado por la Oficial del Registro Civil de Panúco, Veracruz, mediante el cual cumple con el requerimiento de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, toda vez que mediante acuerdo de diecisiete de marzo del año en curso, se decretó que existe imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por la Oficial 04 del Registro Civil de esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, pues al efecto acompaña copia certificada del acta de defunción del quejoso *****; en ese tenor, agréguese para que obre para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, En este sentido, el efecto de la concesión de amparo, fue para los efectos siguientes: ".lo procedente es conceder el amparo y proteccio´n de la justicia federal para el efecto de que la responsable Director del Hospital General de Ciudad Valles del Estado de San Luis Potosi´, dentro del ámbito de su competencia y funciones como centro de salud, otorgue a ******* el tratamiento necesario para su total recuperación de los abscesos que presenta en el glúteo y pecho, hasta que sea dado de alta. En la inteligencia de que no correra´ a cargo del quejoso la adquisicio´n del material me´dico o quiru´rgico necesario para ello. La proteccio´n constitucional concedida, se hace extensiva para la diversa responsable Hospital Central "Ignacio Morones Prieto" con residencia en la ciudad de San Luis Potosi´, para el caso de que el quejoso deba trasladarse a ese nosocomio con respecto de los padecimientos que en la actualidad tiene, debera´ brinda´rsele la atencio´n médica necesaria." Ahora bien, la responsable Director del Hospital General de esta ciudad mediante oficio presentado el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes de este juzgado, hizo del conocimiento de este Juzgado Federal que el quejoso Francisco Hernández Hernández, falleció el dos de enero de dos mil veintiuno. Así, para efecto de tener la certeza fehaciente de que el aquí quejoso falleció, mediante auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se requirió al Oficial Cuatro del Registro Civil de esta ciudad y al Oficial 01 del Registro Civil de Panuco, Veracruz, para que informaran a este juzgado federal si en sus registros existía acta de defunción expedida a nombre del citado quejoso. En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que el deceso del quejoso está probado fehacientemente pues de la copia certificada defunción número 00033 de siete de enero del presente año, se advierte que dicha persona (aquí quejoso) falleció el dos de enero de dos mil veintiuno, y toda vez que la naturaleza de la concesión de la protección de la Justicia Federal, únicamente afecta derechos personales del quejoso fallecido, se evidencia una causa que imposibilita a este Juzgador de amparo resolver respecto al cumplimiento o no del fallo protector emitido en el presente sumario constitucional. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196 último párrafo de la ley de amparo es procedente declarar que existe imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el controvertido constitucional en que se actúa, pues el derecho fundamental reclamado como se mencionó sólo afecta al quejoso, pues el acto reclamado consistió en la omisión de otorgar al quejoso la atención medica a los padecimientos que refiere respecto de un probable cáncer en colon, negándose a hacerse cargo de los costos de los ana´lisis y estudios que debe hacerse el solicitante de amparo para descartar un posible ca´ncer, asi´ como las curaciones de los abscesos que presenta el quejoso en un glu´teo y pecho. Resulta aplicable la Jurisprudencia PC.III.P.J/16K, del Pleno de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil setecientos treinta y nueve, tomo II, agosto dos mil dieciocho, Décima Época, que dice: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente." Ahora bien, si bien es cierto no se dio vista con el acta de defunción a los autorizados de la parte quejosa, esto no vulnera derechos fundamentales; ello en virtud de que procede recurso de inconformidad; de ahí que se ordena dar vista a los autorizados de la parte quejosa para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidos que de no hacerlo, este tribunal de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J.23/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y cuatro, tomo I, septiembre dos mil dieciocho, Décima Época, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese, y personalmente a los autorizados del quejoso. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
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