Francisco Guerrero Miranda
Expediente 132/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Francisco Guerrero Miranda
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por *************, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la caratula de dicho expediente, en el Sistema Integral de Seguimientos a expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Demanda de amparo e identificación de las partes. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra los actos que reclama del Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral número 1 en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, que considera violatorios del derecho fundamental contenido en los artículos 1°, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 132/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que se tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Acorde a lo anterior, en el caso se reúnen los requisitos establecidos en el numeral 113 de la ley en comento, por advertirse de forma manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción X, que en lo atinente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." De la primera parte del numeral citado se desprende la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, y se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, resulta un hecho notorio para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, remitió el cuaderno principal del juicio de amparo 205/2021-III, de su índice, promovido por Francisco Guerrero Miranda, contra los mismos actos y las mismas autoridades responsables, al declararse incompetente para conocer del mismo, correspondiendo conocer de dicho expediente por razón de turno este Juzgado, aceptando la competencia y correspondiéndole el registro 130/2021. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 257, Tomo XI, Abril de 1993, Octava Época, publicada el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son como siguen: "HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales." Bajo ese contexto, en primer lugar conviene precisar que en la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III). AUTORIDAD RESPONSABLE. 1.- Como ordenadora: a) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 1 Uno. b) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 2 Dos. c) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 3 Tres. d) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 4 Cuatro. e) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 5 Cinco. f) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 6 Seis. g) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 7 Siete. h) Fiscal General del Estado de San Luis Potosí. i) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 1 uno del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. j) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 2 dos del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. k) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 3 tres del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. l) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 4 cuatro del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. m) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 5 cinco del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. n) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 6 seis del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. o) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 7 siete del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. p) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 8 ocho del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. q) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 9 nueve del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. r) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 10 diez del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. s) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. t) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 2.-Tienen el carácter de autoridades ejecutoras: a) Comisario General de la Dirección General de Métodos de Investigación en el estado de San Luis Potosí, con domicilio ampliamente conocido la ciudad de San Luis Potosí Capital del mismo nombre. b) Director General de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad capital. c) Secretario de Seguridad Pública Estado de San Luis Potosí, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad capital. IV). ACTO RECLAMADO (S) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. De las autoridades señaladas como ordenadoras anteriormente, la emisión de la orden de detención y/o aprehensión dictada en contra del suscrito quejoso. De las autoridades señaladas como ejecutoras la ejecución de cualquier orden de detención y/o aprehensión dictada en contra del suscrito quejoso." Ahora, para que se actualice la causal de improcedencia en análisis se requiere lo siguiente: Que exista juicio de amparo anterior. Que este haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Que el juicio de amparo se encuentre pendiente de resolución. Supuestos que en el caso se actualizan, pues el juicio de amparo 130/2021, invocado como hecho notorio en párrafos que anteceden, fue promovido por Francisco Guerrero Miranda, y en principio, reclama del Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral número 1 en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades y de otras autoridades, lo siguiente: "III). AUTORIDAD RESPONSABLE. 1.- Como ordenadora: a) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 1 Uno. b) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 2 Dos. c) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 3 Tres. d) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 4 Cuatro. e) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 5 Cinco. f) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 6 Seis. g) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 7 Siete. h) Fiscal General del Estado de San Luis Potosí. i) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 1 uno del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. j) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 2 dos del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. k) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 3 tres del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. l) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 4 cuatro del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. m) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 5 cinco del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. n) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 6 seis del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. o) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 7 siete del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. p) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 8 ocho del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. q) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 9 nueve del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. r) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 10 diez del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. s) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. t) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 2.-Tienen el carácter de autoridades ejecutoras: a) Comisario General de la Dirección General de Métodos de Investigación en el estado de San Luis Potosí, con domicilio ampliamente conocido la ciudad de San Luis Potosí Capital del mismo nombre. b) Director General de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad capital. c) Secretario de Seguridad Pública Estado de San Luis Potosí, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad capital. IV). ACTO RECLAMADO (S) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. De las autoridades señaladas como ordenadoras anteriormente, la emisión de la orden de detención y/o aprehensión dictada en contra del suscrito quejoso. De las autoridades señaladas como ejecutoras la ejecución de cualquier orden de detención y/o aprehensión dictada en contra del suscrito quejoso." Por lo que claramente, se advierte que son los mismos actos y las mismas autoridades. Entonces, si en el presente juicio reclama precisamente los mismos actos contra las mismas autoridades, que ya precisó en el diverso juicio 130/2021, que se encuentra en trámite en este juzgado, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia aquí analizada. En consecuencia, de conformidad con lo previsto por la referida fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por el numeral 113 de la legislación en consulta, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio. Se tiene como domicilio de la promovente el ubicado en calle 16 de Septiembre número 1200 A, colonia Obrera, de esta ciudad. Autorizados. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Román Salomón Flores Guerrero, Perla Vianey Sánchez López, Pedro Ávila Gil, Linda Candelaria Velázquez Navarro, Miriam Sánchez Muñoz, Roberto Emilio Rivera Montoya y Jessica Díaz Arriaga, toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, registro 2021840, que es del siguiente tenor: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública.." Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que a efecto de que se haga la entrega de la copias que lleguen a solicitar las partes, éstas deberán generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las trece horas con treinta minutos a las diecisiete horas, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el acuerdo en mención, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o, en su caso, se procederá a su expulsión del recinto, de conformidad con el artículo 7 del ordenamiento multicitado. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1253, Libro XVI, de Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Exhortación para utilizar el "juicio en línea". En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos. Ahora, en relación con los oficios derivados del presente acuerdo, dirigidos a las autoridades responsables cuyas actividades se encuentren suspendidas con motivo de la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19, se instruye al Actuario de la adscripción, a efecto de que tales comunicaciones queden en su resguardo hasta en tanto las autoridades correspondientes reanuden sus actividades, y una vez que ello acontezca proceda a su entrega de manera inmediata. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en la circular SECNO 10/2021, emitida el trece de febrero de dos mil veintiuno por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por la que se comunica la aprobación del punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; el presente acuerdo se elabora de manera remota o a distancia y se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), anexándose al efecto la evidencia criptográfica respectiva; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al local que ocupa este órgano jurisdiccional, una vez que se ordene la continuación de los plazos y términos. Notifíquese y personalmente a los autorizados del directo quejoso, así como a este en el lugar de su reclusión. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LOS AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE:Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Demanda de amparo e identificación de las partes. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra los actos que reclama del Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral número 1 en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, que considera violatorios del derecho fundamental contenido en los artículos 1°, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 132/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que se tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Acorde a lo anterior, en el caso se reúnen los requisitos establecidos en el numeral 113 de la ley en comento, por advertirse de forma manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción X, que en lo atinente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." De la primera parte del numeral citado se desprende la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, y se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, resulta un hecho notorio para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, remitió el cuaderno principal del juicio de amparo 205/2021-III, de su índice, promovido por Francisco Guerrero Miranda, contra los mismos actos y las mismas autoridades responsables, al declararse incompetente para conocer del mismo, correspondiendo conocer de dicho expediente por razón de turno este Juzgado, aceptando la competencia y correspondiéndole el registro 130/2021. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 257, Tomo XI, Abril de 1993, Octava Época, publicada el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son como siguen: "HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales." Bajo ese contexto, en primer lugar conviene precisar que en la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III). AUTORIDAD RESPONSABLE. 1.- Como ordenadora: a) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 1 Uno. b) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 2 Dos. c) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 3 Tres. d) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 4 Cuatro. e) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 5 Cinco. f) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 6 Seis. g) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 7 Siete. h) Fiscal General del Estado de San Luis Potosí. i) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 1 uno del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. j) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 2 dos del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. k) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 3 tres del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. l) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 4 cuatro del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. m) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 5 cinco del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. n) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 6 seis del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. o) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 7 siete del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. p) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 8 ocho del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. q) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 9 nueve del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. r) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 10 diez del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. s) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. t) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 2.-Tienen el carácter de autoridades ejecutoras: a) Comisario General de la Dirección General de Métodos de Investigación en el estado de San Luis Potosí, con domicilio ampliamente conocido la ciudad de San Luis Potosí Capital del mismo nombre. b) Director General de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad capital. c) Secretario de Seguridad Pública Estado de San Luis Potosí, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad capital. IV). ACTO RECLAMADO (S) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. De las autoridades señaladas como ordenadoras anteriormente, la emisión de la orden de detención y/o aprehensión dictada en contra del suscrito quejoso. De las autoridades señaladas como ejecutoras la ejecución de cualquier orden de detención y/o aprehensión dictada en contra del suscrito quejoso." Ahora, para que se actualice la causal de improcedencia en análisis se requiere lo siguiente: Que exista juicio de amparo anterior. Que este haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Que el juicio de amparo se encuentre pendiente de resolución. Supuestos que en el caso se actualizan, pues el juicio de amparo 130/2021, invocado como hecho notorio en párrafos que anteceden, fue promovido por Francisco Guerrero Miranda, y en principio, reclama del Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral número 1 en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades y de otras autoridades, lo siguiente: "III). AUTORIDAD RESPONSABLE. 1.- Como ordenadora: a) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 1 Uno. b) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 2 Dos. c) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 3 Tres. d) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 4 Cuatro. e) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 5 Cinco. f) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 6 Seis. g) Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral en el Estado de San Luis Potosí número 7 Siete. h) Fiscal General del Estado de San Luis Potosí. i) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 1 uno del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. j) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 2 dos del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. k) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 3 tres del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. l) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 4 cuatro del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. m) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 5 cinco del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. n) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 6 seis del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. o) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 7 siete del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. p) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 8 ocho del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. q) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 9 nueve del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. r) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común número 10 diez del nuevo sistema de Justicia Penal en el estado de San Luis Potosí. s) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. t) Agente Fiscal Adscrito al área de investigación y trámite común en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 2.-Tienen el carácter de autoridades ejecutoras: a) Comisario General de la Dirección General de Métodos de Investigación en el estado de San Luis Potosí, con domicilio ampliamente conocido la ciudad de San Luis Potosí Capital del mismo nombre. b) Director General de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad capital. c) Secretario de Seguridad Pública Estado de San Luis Potosí, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad capital. IV). ACTO RECLAMADO (S) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. De las autoridades señaladas como ordenadoras anteriormente, la emisión de la orden de detención y/o aprehensión dictada en contra del suscrito quejoso. De las autoridades señaladas como ejecutoras la ejecución de cualquier orden de detención y/o aprehensión dictada en contra del suscrito quejoso." Por lo que claramente, se advierte que son los mismos actos y las mismas autoridades. Entonces, si en el presente juicio reclama precisamente los mismos actos contra las mismas autoridades, que ya precisó en el diverso juicio 130/2021, que se encuentra en trámite en este juzgado, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia aquí analizada. En consecuencia, de conformidad con lo previsto por la referida fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por el numeral 113 de la legislación en consulta, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio. Se tiene como domicilio de la promovente el ubicado en calle 16 de Septiembre número 1200 A, colonia Obrera, de esta ciudad. Autorizados. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Román Salomón Flores Guerrero, Perla Vianey Sánchez López, Pedro Ávila Gil, Linda Candelaria Velázquez Navarro, Miriam Sánchez Muñoz, Roberto Emilio Rivera Montoya y Jessica Díaz Arriaga, toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, registro 2021840, que es del siguiente tenor: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública.." Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que a efecto de que se haga la entrega de la copias que lleguen a solicitar las partes, éstas deberán generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las trece horas con treinta minutos a las diecisiete horas, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el acuerdo en mención, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o, en su caso, se procederá a su expulsión del recinto, de conformidad con el artículo 7 del ordenamiento multicitado. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1253, Libro XVI, de Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Exhortación para utilizar el "juicio en línea". En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos. Ahora, en relación con los oficios derivados del presente acuerdo, dirigidos a las autoridades responsables cuyas actividades se encuentren suspendidas con motivo de la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19, se instruye al Actuario de la adscripción, a efecto de que tales comunicaciones queden en su resguardo hasta en tanto las autoridades correspondientes reanuden sus actividades, y una vez que ello acontezca proceda a su entrega de manera inmediata. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en la circular SECNO 10/2021, emitida el trece de febrero de dos mil veintiuno por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, por la que se comunica la aprobación del punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; el presente acuerdo se elabora de manera remota o a distancia y se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), anexándose al efecto la evidencia criptográfica respectiva; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al local que ocupa este órgano jurisdiccional, una vez que se ordene la continuación de los plazos y términos. Notifíquese y personalmente
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