Francisco Guerra Badillo

Expediente 239/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
239/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
10/05/2018

Partes del expediente

  • Francisco Guerra Badillo

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte el quejoso +++, reclamó lo siguiente: La falta de respuesta a la solicitud presentada por escrito, que hice a la ciudadana jueza de manera pacífica y respetuosa desde el día diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Ese acto existía a la presentación de la demanda de amparo , porque la autoridad responsable omitía dar contestación a la solicitud del quejoso. Pero en oficio recibido en este juzgado el trece de abril de dos mil dieciocho (fojas 18 a 40) la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales rindió su informe justificado, con el cual adjuntó las constancias para su sustento. Luego, de esas constancias se desprende el acuerdo de diez de abril del presente año, donde aquella dio trámite vía incidental al beneficio de la remisión parcial de la pena, solicitado por el quejoso. En efecto, el contenido de ese acuerdo revela que la autoridad responsable ordenó formar y registrar en su libro de gobierno, la carpeta de ejecución correspondiente, declaró su competencia, requirió las constancias necesarias para la resolución, y tuvo por anunciadas las pruebas que ofreció el quejoso en su escrito de solicitud de remisión parcial de la pena. Todo ello a fin resolver sobre la procedencia (de fondo) a la solicitud que planteó el quejoso. Por ende, resulta inviable examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues este juicio tenía como objeto en caso de concederse la protección constitucional, obligar a la juez responsable a dictar el acuerdo correspondiente al escrito del quejoso, pero los efectos del acto reclamado cesaron al haberse emitido el acuerdo correspondiente. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Encuentra aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis +++ sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En tales condiciones, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, esto es las diez horas con treinta minutos de hoy diez de mayo de dos mil dieciocho. En consecuencia, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad. Por último, se ordena realizar la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    De la certificación que antecede y el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que se carece del informe justificado de la autoridad responsable, pues todavía transcurre el plazo de quince días otorgado para ello (terminará el dieciséis de los cursantes). En consecuencia, la audiencia constitucional de este día se difiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de protección signada por ** por propio derecho, contra actos de la Jueza de Ejecución de Sanciones Penales de Puebla. Debido a que cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se tramita incidente de suspensión porque el quejoso omitió solicitar la medida cautelar, y tampoco se advierte la hipótesis prevista en el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que se trate de un acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir el goce del derecho involucrado. Se ordena notificar en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y de la demanda de protección. A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Por otro lado, se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de que haya quedado legalmente hecha la notificación, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace notar a la autoridad responsable que el informe deberá reunir los requisitos del artículo 117, cuarto párrafo, de la ley en comento, por lo que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberá remitir a este juzgado copia certificada completa, legible y ordenada de las actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación, el cual podrá rendir a través de los medios legales establecidos. Se apercibe a la responsable que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario) , de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, se requiere a la autoridad responsable que manifieste si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Luego, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 y el diverso 14, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a fin de integrar en forma debida el presente juicio de amparo, se requiere a la autoridad responsable, por el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de las personas que pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remita las constancias necesarias de donde se desprende tal información. Se apercibe a la autoridad responsable que si omite cumplir lo ordenado en el párrafo anterior en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo. Dicho plazo se concede al considerar el hecho notorio consistente en la carga de trabajo de las autoridades responsables, pese a que el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla un plazo de tres días, así como el hecho de que el incumplimiento del presente requerimiento les generaría consecuencias de trascendencia relevante, tanto en lo económico, como en su caso, de naturaleza penal, por resistirse a dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal; lo anterior, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 262, fracción V, de la Ley de Amparo. También se hace saber a la autoridad responsable que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Además se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: ".a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días". Para lograr el eficaz cumplimiento de lo anterior, se instruye al secretario encargado de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo que se encuentra al final de la minuta que se deje para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos que tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente que deberán verificar y cuidar los traslados y oficios de referencia y firmar el espacio relativo a su cargo, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, se le apercibe que en caso de que la autoridad que designó como responsable no exista con la denominación referida o en la residencia indicada, se tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ésta. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. En términos de la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace saber a la responsable, con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito. De igual manera, se ordena remitir oficio con copia de la demanda de amparo, al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de Puebla, para que haga valer los derechos que le corresponden como tercero interesado, los cuales implican la posibilidad de formular alegatos. Además, se le hace saber que desde el acto de emplazamiento, queda sujeto a consultar las determinaciones que se notifiquen por lista, como las relativas al informe justificado que se reciba en este juicio, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Para lograr el cumplimiento de lo anterior, se les apercibe con la imposición de una multa por el importe de treinta Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo. Una vez que se tengan las constancias de los actos reclamados, habrá de proveerse el emplazamiento de quien también deba asumir el carácter de tercero interesado. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, por así haberlo señalado el quejoso. Además, se tienen para oír y recibir notificaciones a las personas que precisó en su escrito de demanda de amparo; pues el quejoso omitió conferirles las facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por último, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).

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