Francisco Fuentes Ramirez

Expediente 1193/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1193/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Fuentes Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1193/2023-III Puebla, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada en forma autógrafa por el quejoso, por derecho propio, contra actos de la ".PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA." y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al promovente que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso a que, cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda. El escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Luego, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se advierte que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causal de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de lo siguiente:*** Ese traslado involuntario tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que la parte quejosa no agotó en forma previa, motivo por el cual su reclamo encuentra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Así se desprende de la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, en la cual estableció que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regula la controversia judicial, la cual constituye un recurso que debe interponerse ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el propósito de controvertir los traslados de las personas privadas de la libertad. Pese a lo anterior, la parte recurrente desatendió la ruta ordinaria de impugnación, porque los antecedentes de su demanda revelan que no ha interpuesto la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En otras palabras, decidió ejercer la acción de amparo contra el traslado involuntario del que se duele, en lugar de agotar la controversia judicial antes mencionada, lo cual implica una desatención al principio de definitividad que rige el acceso al juicio de amparo indirecto, motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que resultó de la contradicción de tesis invocada-, la cual fue emitida en la Undécima Época, con registro digital 2023736, del contenido: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Luego, como se advierte del criterio antes invocado, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra la inejercitabilidad de la acción de amparo contra actos de autoridades administrativas, distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por medio del cual esos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Máxime que la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, también esclareció que la controversia judicial contra el traslado involuntario, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no contempla mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión, y tampoco establece un mayor plazo para el otorgamiento. Dicho de otro modo, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, porque no exige mayores requisitos para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, el recurso ordinario que se denomina controversia judicial, previsto en la referida ley nacional, ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que se examine el traslado involuntario de una persona privada de su libertad. Entonces, el quejoso como persona privada de su libertad en un centro penitenciario, debe agotar la controversia judicial establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio de amparo indirecto contra la orden de traslado que alega. Además, debe indicarse que el traslado de internos también se encuentra en las condiciones de internamiento, porque el centro penitenciario donde algún interno sea recluido, involucra por sí mismo todos los aspectos que corresponden a la esfera de competencia de las autoridades carcelarias. Ello se desprende de los razonamientos contenidos en la tesis I.7o.P.122 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde en síntesis sostuvo que la orden de traslado de personas privadas de su libertad es un acto relacionado con las condiciones de internamiento, susceptibles de ser reparables mediante peticiones administrativas. Dicha tesis tiene el rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA" 1 . De modo que, la controversia judicial respecto del traslado de un interno a un diverso centro penitenciario del primigenio, es susceptible de considerarse un aspecto que forma parte de las condiciones de internamiento de la persona recluida. Al respecto, son ilustradores los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en las ejecutorias de los recursos de queja Q-36/2020 y Q-46/2020 -sobre la decisión de desechar una demanda al combatirse una orden de traslado-, en el sentido de que previo a presentarse la demanda de amparo, el interno debió agotar el recurso ordinario establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además de que dicha sala ha establecido que si una persona privada de su libertad pretende combatir actos inherentes a sus condiciones de internamiento - como el traslado involuntario que se reclama-, debe agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior, se desprende de la tesis jurisprudencial 1a./J. 79/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". 2 En ese sentido, estableció que previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la citada legislación para ese supuesto. Así se desprende de la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". Cabe destacar que dicho criterio fue reiterado por la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, de la cual emanó la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2021 (10a.), del rubro4 : "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.", ya citada. Por consiguiente, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar la controversia judicial establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de generar un acto definitivo y susceptible de ser reclamado mediante la acción de tutela constitucional. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de amparo por el acto consistente en el traslado involuntario reclamado, dado que encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizado. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el inmueble señalado en su demanda -en la ciudad de Puebla-. Además, queda autorizado para efectos de recibir notificaciones la persona nombrada por aquél, porque omitió conferirle en forma expresa los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Medios de contacto no procesal. Además, se tiene recibido el número telefónico y dirección de correo electrónico proporcionados por aquél, como medios de contacto no procesal. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese de forma personal al quejoso y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.- JUICIO DE AMPARO 1193/2023-III Puebla, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada en forma autógrafa por el quejoso, por derecho propio, contra actos de la ".PRIMERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA." y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al promovente que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso a que, cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda. El escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Luego, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se advierte que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causal de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de lo siguiente:*** Ese traslado involuntario tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que la parte quejosa no agotó en forma previa, motivo por el cual su reclamo encuentra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Así se desprende de la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, en la cual estableció que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regula la controversia judicial, la cual constituye un recurso que debe interponerse ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el propósito de controvertir los traslados de las personas privadas de la libertad. Pese a lo anterior, la parte recurrente desatendió la ruta ordinaria de impugnación, porque los antecedentes de su demanda revelan que no ha interpuesto la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En otras palabras, decidió ejercer la acción de amparo contra el traslado involuntario del que se duele, en lugar de agotar la controversia judicial antes mencionada, lo cual implica una desatención al principio de definitividad que rige el acceso al juicio de amparo indirecto, motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que resultó de la contradicción de tesis invocada-, la cual fue emitida en la Undécima Época, con registro digital 2023736, del contenido: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Luego, como se advierte del criterio antes invocado, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra la inejercitabilidad de la acción de amparo contra actos de autoridades administrativas, distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por medio del cual esos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Máxime que la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, también esclareció que la controversia judicial contra el traslado involuntario, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no contempla mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión, y tampoco establece un mayor plazo para el otorgamiento. Dicho de otro modo, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, porque no exige mayores requisitos para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, el recurso ordinario que se denomina controversia judicial, previsto en la referida ley nacional, ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que se examine el traslado involuntario de una persona privada de su libertad. Entonces, el quejoso como persona privada de su libertad en un centro penitenciario, debe agotar la controversia judicial establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio de amparo indirecto contra la orden de traslado que alega. Además, debe indicarse que el traslado de internos también se encuentra en las condiciones de internamiento, porque el centro penitenciario donde algún interno sea recluido, involucra por sí mismo todos los aspectos que corresponden a la esfera de competencia de las autoridades carcelarias. Ello se desprende de los razonamientos contenidos en la tesis I.7o.P.122 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde en síntesis sostuvo que la orden de traslado de personas privadas de su libertad es un acto relacionado con las condiciones de internamiento, susceptibles de ser reparables mediante peticiones administrativas. Dicha tesis tiene el rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA" 1 . De modo que, la controversia judicial respecto del traslado de un interno a un diverso centro penitenciario del primigenio, es susceptible de considerarse un aspecto que forma parte de las condiciones de internamiento de la persona recluida. Al respecto, son ilustradores los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en las ejecutorias de los recursos de queja Q-36/2020 y Q-46/2020 -sobre la decisión de desechar una demanda al combatirse una orden de traslado-, en el sentido de que previo a presentarse la demanda de amparo, el interno debió agotar el recurso ordinario establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además de que dicha sala ha establecido que si una persona privada de su libertad pretende combatir actos inherentes a sus condiciones de internamiento - como el traslado involuntario que se reclama-, debe agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior, se desprende de la tesis jurisprudencial 1a./J. 79/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". 2 En ese sentido, estableció que previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la citada legislación para ese supuesto. Así se desprende de la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". Cabe destacar que dicho criterio fue reiterado por la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, de la cual emanó la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2021 (10a.), del rubro4 : "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.", ya citada. Por consiguiente, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar la controversia judicial establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de generar un acto definitivo y susceptible de ser reclamado mediante la acción de tutela constitucional. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de amparo por el acto consistente en el traslado involuntario reclamado, dado que encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizado. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el inmueble señalado en su demanda -en la ciudad de Puebla-. Además, queda autorizado para efectos de recibir notificaciones la persona nombrada por aquél, porque omitió conferirle en forma expresa los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Medios de contacto no procesal. Además, se tiene recibido el número telefónico y dirección de correo electrónico proporcionados por aquél, como medios de contacto no procesal. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese de forma personal al quejoso y cúmplase.

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