Francisco Gonzalez Zambrano
Expediente 1220/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Francisco Gonzalez Zambrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de ********************, quien se ostenta como representante legal de la persona moral denominada ********************, con el que se apersona al presente juicio de garantías, solicita se le tenga por reconocida la personalidad con la que se ostenta, y con el carácter de tercero interesado; además, autoriza a diversas personas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En ese sentido, no ha lugar a acordar favorables sus peticiones, ni a tener por reconocida la personalidad con la que promueve ********************, primero pues no acredita con medio alguno ser el representante legal de la moral denominada ********************; además, que si bien en el escrito inicial de demanda el quejoso ******************** señaló como tercera interesada a la moral que dice representa, en este Juicio de garantías no fue llamada como parte; además, de que este controvertido se encuentra totalmente concluido, pues por sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, fue sobreseído y, por auto de diecinueve de enero de esta anualidad causó ejecutoria la sentencia de mérito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido para la suscrita Juzgadora que no obran en autos las constancias de notificación de la referida resolución, a las autoridades responsables 1. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila y 5. Primer Comandante de la Policía Investigadora Región Laguna I, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dichas autoridades, ya que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes resulte desfavorable la determinación que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Precisado lo anterior, toda vez que en el presente caso no existe ninguna necesidad legal para que continúe constituida la garantía exhibida por la parte quejosa para garantizar la suspensión provisional concedida; en consecuencia, devuélvansele los billetes de depósito N 807654 y N 807662, cada uno por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 moneda nacional), debidamente endosados a su favor, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, en el entendido de que la devolución por estrictas razones de seguridad y control sólo se hará los días miércoles de cada semana, de diez a doce horas, debiendo acompañar copia de su identificación oficial, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Finalmente, devuélvanse al 1. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, las copias certificadas del proceso 85/2015 de su índice, que remitió en justificación a su informe (anexos I y II) y, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le requiere para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, acuse recibo de las mismas. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal de Torreón, Coahuila, atento que mediante proveído de doce de diciembre del año próximo pasado, se tuvo por rendido el mismo (foja 38); aunado a que el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 46 a 50), se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad oficiante anexó al informe que se provee copia certificada de la causa penal 85/2015, de su estadística como justificación al mismo; y, dado el cuantioso número de fojas que integran el citado proceso, fórmense los cuadernos de prueba I y II, para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Esta sentencia no se ocupa de la autoridad que se tuvo por inexistente, en términos del considerando tercero. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1220/2017-B, promovido por Francisco González Zambrano, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. TERCERO Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
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