Francisco Gonzalez Lazaro
Expediente 1022/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Francisco Gonzalez Lazaro
- Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de abril de dos mil veintiuno. I. CAUSA ELECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el doce de marzo de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula de este expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. II. DEVOLVER DOCUMENTAL. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante del Estado de Puebla, (anexo I), devuélvasele la misma; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de la citada documental. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su autorizada procesal en el domicilio señalado para tal efecto; por lista a los terceros interesados; mediante oficio a la autoridad responsable y tercero interesada; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. ADU.* En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría y los oficios correspondientes. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. AMPARO: 1022/2020-E SECCIÓN: T R Á M I T E OFICIAL: ALEJANDRO. "2021. AÑO DE LA INDEPENDENCIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula. Tel: (222) 303 7276. Correo: 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Maribel Pereda Corvera: 222 355 1924; Correo personal: maribel.pereda.corvera@correo.cjf.gob.mx. OF.E-400-1 Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante de Puebla. (autoridad responsable) Se anexa copia certificada del expediente de ejecución 238/2018/JESI. OF.E-400-1 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES ITINERANTE OF.E-400-AMF Agente del Ministerio Público Federal adscrito (no responsable.) EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1022/2020-E, PROMOVIDO FRANCISCO GONZÁLEZ LÁZARO, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de abril de dos mil veintiuno. I. CAUSA ELECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el doce de marzo de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula de este expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. II. DEVOLVER DOCUMENTAL. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante del Estado de Puebla, (anexo I), devuélvasele la misma; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de la citada documental. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su autorizada procesal en el domicilio señalado para tal efecto; por lista a los terceros interesados; mediante oficio a la autoridad responsable y tercero interesada; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]." LO QUE COMUNICO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 09 DE ABRIL DE 2021. A T E N T A M E N T E (FIRMA ELECTRÓNICA) MARIBEL PEREDA CORVERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 09 DE abril DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de abril de dos mil veintiuno. I. CAUSA ELECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el doce de marzo de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula de este expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. II. DEVOLVER DOCUMENTAL. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante del Estado de Puebla, (anexo I), devuélvasele la misma; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de la citada documental. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su autorizada procesal en el domicilio señalado para tal efecto; por lista a los terceros interesados; mediante oficio a la autoridad responsable y tercero interesada; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. ADU.* En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría y los oficios correspondientes. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica]. AMPARO: 1022/2020-E SECCIÓN: T R Á M I T E OFICIAL: ALEJANDRO. "2021. AÑO DE LA INDEPENDENCIA" PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número 82, piso 12, Ala Sur, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula. Tel: (222) 303 7276. Correo: 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Maribel Pereda Corvera: 222 355 1924; Correo personal: maribel.pereda.corvera@correo.cjf.gob.mx. OF.E-400-1 Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante de Puebla. (autoridad responsable) Se anexa copia certificada del expediente de ejecución 238/2018/JESI. OF.E-400-1 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES ITINERANTE OF.E-400-AMF Agente del Ministerio Público Federal adscrito (no responsable.) EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1022/2020-E, PROMOVIDO FRANCISCO GONZÁLEZ LÁZARO, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de abril de dos mil veintiuno. I. CAUSA ELECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el doce de marzo de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula de este expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. II. DEVOLVER DOCUMENTAL. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió la autoridad responsable 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante del Estado de Puebla, (anexo I), devuélvasele la misma; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de la citada documental. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su autorizada procesal en el domicilio señalado para tal efecto; por lista a los terceros interesados; mediante oficio a la autoridad responsable y tercero interesada; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]." LO QUE COMUNICO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 09 DE ABRIL DE 2021. A T E N T A M E N T E (FIRMA ELECTRÓNICA) MARIBEL PEREDA CORVERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1022/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula Puebla, promovido por Francisco González Lázaro, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte (2 a 9), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el dieciocho siguiente, Francisco González Lázaro, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos precisados en su demanda: La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, desechamiento parcial, admisión, suspensión de plazos, reanudación y trámite. En acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veinte (fojas 10 a 22), se radicó la demanda con el número de juicio de amparo 1022/2020 de este índice y se proveyó, sustancialmente, lo siguiente: a) Se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto de la autoridad que el quejoso señaló como 2. Secretaria adscrita a los incidentes con terminación 8 (Aralit Ortiz García), por considerar que a la secretaria de acuerdos adscrita al juzgado de ejecución no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. b) Se admitió a trámite respecto de la autoridad restante, sin incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 33). c) Se ordenó suspender el procedimiento en cumplimiento de la circular CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de Comisiones de Receso y Especial, en la que se determinó que durante el periodo comprendido entre el veintiuno de diciembre de dos mil veinte y once de enero de dos mil veintiuno, sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo, conforme al cual, únicamente se recibirían y daría trámite a los expedientes considerados como urgentes, o que pudieran seguirse totalmente a través de medios electrónicos. Una vez concluido el referido periodo, por auto de doce de enero de la presente anualidad (fojas 25 a 27), se reanudaron los plazos y términos en el presente expediente. No obstante, mediante circulares SECNO/08/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en atención a la modificación de la situación de contagios de la referida enfermedad, para los órganos pertenecientes al Sexto Circuito, entre otros, durante el periodo comprendido del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo; y, como la demanda de garantías que originó el presente expediente, se presentó en forma física y no se colmaron las condiciones y requisitos previstos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la tramitación del juicio de amparo en la modalidad en línea, no resultó procedente su continuación durante el periodo de suspensión aludido. Finalmente, en cumplimiento a la diversa circular SECNO/10/2021, signada por la citada juzgadora, los días dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, fueron declarados como inhábiles pero laborables, y se estableció que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En cumplimiento a lo anterior, en auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se decretó la reanudación de plazos y términos en el presente asunto. TERCERO. Parte tercera interesada. En acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno (foja 41 a 43), se ordenó emplazar como terceros interesados a: 1. María Antonia Cruz Amac, emplazada a juicio (por conducto de Florencio Cruz Amac) el veintisiete de enero de dos mil veintiuno (foja 36); y, 2. Luciano Cruz Escobedo, emplazado a juicio (a través de Inés Rivera Pineda) el once de febrero de la presente anualidad (foja 79) Quienes no se apersonaron al presente juicio de garantías. CUARTO. Cita para sentencia. Por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras etapas, se desarrolló al tenor del acta que antecede. SEC O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades que residen dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que Francisco González Lázaro, reclamó: ".el auto que ordena el archivo definitivo en el incidente de ejecución 238/2018/JESI." (Foja 3). Es imperioso señalar que el quejoso omitió expresar con precisión la fecha del acuerdo específico en el que se determinó el archivo del citado expediente, por tanto, a efecto de no irrogar perjuicio al justiciable, de la revisión de las constancias de autos se aprecia que la autoridad responsable emitió dos acuerdos en relativos al archivo definitivo del incidente que nos ocupa, por lo que se tienen como actos reclamados los siguientes: a) El auto de quince de septiembre de dos mil veinte, en la parte conducente donde se declaró sin materia el incidente de libertad anticipada y ordenó el archivo definitivo del incidente de ejecución 238/2018/JESI; y, b) El acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, en la parte conducente en la que se reiteró el archivo definitivo del incidente de ejecución 238/2018/JESI por las consideraciones expuestas en auto de quince de septiembre de dos mil veinte. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al rendir su informe justificado la Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante de Puebla, aceptó los actos reclamados (fojas 34 y 35), por lo que se tiene plena certeza de su existencia. Lo que se corrobora con la documental que remitió al rendir su informe, consistente en copia certificada del expediente de ejecución 238/2018/JESI de su índice (anexo I), con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de la que se aprecia que el quince de septiembre y uno de diciembre de dos mil veinte, se pronunciaron las determinaciones judiciales reclamadas (fojas 118, 119, 136 y 137 del anexo I). CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Para poder analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Esta autoridad advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en: a) El auto de quince de septiembre de dos mil veinte, en la parte conducente donde se declaró sin materia el incidente de libertad anticipada y ordenó el archivo definitivo del incidente de ejecución 238/2018/JESI. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Mientras que respecto del diverso acto reclamado identificado con el inciso b), consistente en: b) El acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, en la parte conducente donde se reiteró el archivo definitivo del incidente de ejecución 238/2018/JESI por las consideraciones expuestas en auto de quince de septiembre de dos mil veinte. Se actualiza la causa de inviabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, de la Ley de Amparo. Ahora, para explicar la actualización de las causas de improcedencia advertidas, se estima necesario realizar una breve síntesis de los antecedentes de los actos reclamados, que se advierten de la documental que remitió la juez responsable como apoyo a su informe, que son los siguientes: ... ... En esa tesitura, es incuestionable que se actualizan las causas de improcedencia analizadas, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de garantías. Atento a lo anterior, esta autoridad se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, por cuanto hace a tales actos de autoridad, no obstante ser existentes, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. SEXTO. Notificación al quejoso. De los autos que integran el presente controvertido constitucional se aprecia que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; sin embargo, no ha lugar a ordenar la notificación en ese centro de reclusión, en virtud de que en la demanda de garantías, solicitó expresamente que las notificaciones personales le sean practicadas en el domicilio señalado para tal efecto; además, autorizó en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo para recibirlas en su nombre a María del Rayo Rosalía Espinosa Lobato, quien también ostenta el carácter de defensora particular del quejoso dentro del expediente de ejecución de origen. Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al quejoso la presente sentencia, por conducto de su autorizada procesal y defensora particular en el domicilio designado para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986)." Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por Francisco González Lázaro, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su autorizada procesal en el domicilio señalado para tal efecto; por lista y a los terceros interesados; mediante oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado....
- Principal
(publicación citatorio)SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE 12 DE MARZO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1022/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula Puebla, promovido por Francisco González Lázaro, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte (2 a 9), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el dieciocho siguiente, Francisco González Lázaro, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos precisados en su demanda: La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, desechamiento parcial, admisión, suspensión de plazos, reanudación y trámite. En acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veinte (fojas 10 a 22), se radicó la demanda con el número de juicio de amparo 1022/2020 de este índice y se proveyó, sustancialmente, lo siguiente: a) Se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto de la autoridad que el quejoso señaló como 2. Secretaria adscrita a los incidentes con terminación 8 (Aralit Ortiz García), por considerar que a la secretaria de acuerdos adscrita al juzgado de ejecución no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. b) Se admitió a trámite respecto de la autoridad restante, sin incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 33). c) Se ordenó suspender el procedimiento en cumplimiento de la circular CAP/3/2020 signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de Comisiones de Receso y Especial, en la que se determinó que durante el periodo comprendido entre el veintiuno de diciembre de dos mil veinte y once de enero de dos mil veintiuno, sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo, conforme al cual, únicamente se recibirían y daría trámite a los expedientes considerados como urgentes, o que pudieran seguirse totalmente a través de medios electrónicos. Una vez concluido el referido periodo, por auto de doce de enero de la presente anualidad (fojas 25 a 27), se reanudaron los plazos y términos en el presente expediente. No obstante, mediante circulares SECNO/08/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en atención a la modificación de la situación de contagios de la referida enfermedad, para los órganos pertenecientes al Sexto Circuito, entre otros, durante el periodo comprendido del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo; y, como la demanda de garantías que originó el presente expediente, se presentó en forma física y no se colmaron las condiciones y requisitos previstos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la tramitación del juicio de amparo en la modalidad en línea, no resultó procedente su continuación durante el periodo de suspensión aludido. Finalmente, en cumplimiento a la diversa circular SECNO/10/2021, signada por la citada juzgadora, los días dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, fueron declarados como inhábiles pero laborables, y se estableció que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En cumplimiento a lo anterior, en auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se decretó la reanudación de plazos y términos en el presente asunto. TERCERO. Parte tercera interesada. En acuerdo de veintidós de enero de dos mil veintiuno (foja 41 a 43), se ordenó emplazar como terceros interesados a: 1. María Antonia Cruz Amac, emplazada a juicio (por conducto de Florencio Cruz Amac) el veintisiete de enero de dos mil veintiuno (foja 36); y,2. Luciano Cruz Escobedo, emplazado a juicio (a través de Inés Rivera Pineda) el once de febrero de la presente anualidad (foja 79) Quienes no se apersonaron al presente juicio de garantías. CUARTO. Cita para sentencia. Por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras etapas, se desarrolló al tenor del acta que antecede. SEC O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades que residen dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que Francisco González Lázaro, reclamó: ".el auto que ordena el archivo definitivo en el incidente de ejecución 238/2018/JESI." (Foja 3). Es imperioso señalar que el quejoso omitió expresar con precisión la fecha del acuerdo específico en el que se determinó el archivo del citado expediente, por tanto, a efecto de no irrogar perjuicio al justiciable, de la revisión de las constancias de autos se aprecia que la autoridad responsable emitió dos acuerdos en relativos al archivo definitivo del incidente que nos ocupa, por lo que se tienen como actos reclamados los siguientes: a) El auto de quince de septiembre de dos mil veinte, en la parte conducente donde se declaró sin materia el incidente de libertad anticipada y ordenó el archivo definitivo del incidente de ejecución 238/2018/JESI; y, b) El acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, en la parte conducente en la que se reiteró el archivo definitivo del incidente de ejecución 238/2018/JESI por las consideraciones expuestas en auto de quince de septiembre de dos mil veinte. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al rendir su informe justificado la Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante de Puebla, aceptó los actos reclamados (fojas 34 y 35), por lo que se tiene plena certeza de su existencia. Lo que se corrobora con la documental que remitió al rendir su informe, consistente en copia certificada del expediente de ejecución 238/2018/JESI de su índice (anexo I), con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de la que se aprecia que el quince de septiembre y uno de diciembre de dos mil veinte, se pronunciaron las determinaciones judiciales reclamadas (fojas 118, 119, 136 y 137 del anexo I). CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Para poder analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Esta autoridad advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en: a) El auto de quince de septiembre de dos mil veinte, en la parte conducente donde se declaró sin materia el incidente de libertad anticipada y ordenó el archivo definitivo del incidente de ejecución 238/2018/JESI. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Mientras que respecto del diverso acto reclamado identificado con el inciso b), consistente en: b) El acuerdo de uno de diciembre de dos mil veinte, en la parte conducente donde se reiteró el archivo definitivo del incidente de ejecución 238/2018/JESI por las consideraciones expuestas en auto de quince de septiembre de dos mil veinte. Se actualiza la causa de inviabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, de la Ley de Amparo. Ahora, para explicar la actualización de las causas de improcedencia advertidas, se estima necesario realizar una breve síntesis de los antecedentes de los actos reclamados, que se advierten de la documental que remitió la juez responsable como apoyo a su informe, que son los siguientes: ... ... En esa tesitura, es incuestionable que se actualizan las causas de improcedencia analizadas, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio de garantías. Atento a lo anterior, esta autoridad se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, por cuanto hace a tales actos de autoridad, no obstante ser existentes, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. SEXTO. Notificación al quejoso. De los autos que integran el presente controvertido constitucional se aprecia que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; sin embargo, no ha lugar a ordenar la notificación en ese centro de reclusión, en virtud de que en la demanda de garantías, solicitó expresamente que las notificaciones personales le sean practicadas en el domicilio señalado para tal efecto; además, autorizó en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo para recibirlas en su nombre a María del Rayo Rosalía Espinosa Lobato, quien también ostenta el carácter de defensora particular del quejoso dentro del expediente de ejecución de origen. Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique personalmente al quejoso la presente sentencia, por conducto de su autorizada procesal y defensora particular en el domicilio designado para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2020992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.P.21 K (10a.), Página: 2436)." Así también, tiene aplicación -en lo conducente- la tesis VI.2o.P.40 P sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. SI EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD SEÑALA AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, Y SOLICITA QUE SE REALICEN A TRAVÉS DE LA LISTA FIJADA Y PUBLICADA EN EL LOCAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PARA INTERPONERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN POR LISTA PRACTICADA A AQUÉLLOS, SIN QUE ESTO IMPLIQUE DEJARLO EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El plazo de diez días otorgado por el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, atento al diverso numeral 22, debe computarse por días hábiles, y a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación -lo que sucede, según el artículo 31, fracción II, de la misma ley, desde el día siguiente de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista- y se incluirá en él el del vencimiento. Luego, si el quejoso privado de la libertad señala autorizados para oír y recibir notificaciones, y solicita que se realicen a través de la lista fijada y publicada en el local del órgano jurisdiccional, es inconcuso que dicho plazo debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación por lista practicada a aquéllos, pues con fundamento en los artículos 12, 24, 26, 27 y 29 de la propia ley, incluso las notificaciones personales, deben entenderse con sus autorizados y mediante lista, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones por lista dirigidas al quejoso. (Época: Décima Época, Registro: 2014483, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: VI.2o.P.40 P (10a.), Página: 2986)." Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por Francisco González Lázaro, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto de su autorizada procesal en el domicilio señalado para tal efecto; por lista y a los terceros interesados; mediante oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado....
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Francisco Diaz Mendoza76/2020
- Francisco Felix Arellano829/2022
- FRANCISCO FERMIN FRANCISCO VALLADARES y Otros.773/2021
- Francisco Flores Carmona615/2023
- Francisco Gerardo Badillo Camacho2035/2015
- Francisco Gerardo Badillo Camacho1554/2015
- Francisco Gonzalez Zambrano1220/2017
- Francisco Heriberto Ganzalez Cruz633/2017
- Francisco Hermenegildo Simarron Ocoxtle244/2021
- Francisco Hernandez Flores574/2020
- Francisco Hernandez Gutierrez537/2015
- Francisco Hernandez Perez602/2019