Francisco González Rodríguez y Otros.

Expediente 1133/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 52 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1133/2021
Año
2021
Actuaciones
52
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Francisco González Rodríguez y Otros.
  • Francisco González Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios de cuenta, mediante los cuales, el servicio de mensajería acelerada "Estafeta", devuelve los oficios 26491/2022 y 26486/2022 de la estadística de este Juzgado de Distrito, dirigidos a las autoridades responsables "Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos (SEPB) de la Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios (COFREPRIS)" y "Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud del Gobierno México" de las que se aprecian en la etiqueta de visita y control marcados el recuadro de la primera "D02 Falta de datos o domicilio incorrecto" y la leyenda "mal dirigido" por lo que hace al segundo la leyenda "la autoridad no corresponde al cargo" (Sic). En ese sentido, en obvio de mayores dilaciones procesales reenvíense los oficios referidos a las autoridades responsables en comento, a efecto de que tenga conocimiento del proveído emitido el tres de agosto del año en curso, por este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la determinación de tres de agosto del año en curso, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo; asimismo, el original del incidente de suspensión es depurable conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) en virtud de que se concedió la suspensión provisional y definitiva; y el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses y tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión y el presente expediente serán destruidos, respectivamente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En tanto que, el original del incidente de suspensión, permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Dado que en el presente asunto obran documentos originales, remitidos por el representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de México, requiérase, para que dentro del término de noventa días comparezca para recoger los mismos; apercibido que de no hacerlo así se procederá a su destrucción; en el entendido de que deberá comparecer el propio representante legal, debidamente identificado con documento oficial y vigente a recogerlos, en obvio de ponderar por la seguridad del mismo; en la inteligencia, que previo a acudir a este órgano jurisdiccional a recoger el documento, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, Rubí Lizeth Cárdenas Jardón, autorizada de la parte quejosa, refiere bajo protesta de decir verdad que el quince de julio del año en curso, se le aplicó a la menor quejosa con identidad reservada de iniciales R.G.G.C., la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-coV2, para la prevención de la COVID-19, para lo cual anexa copia del comprobante de vacunación respectivo; circunstancia de la cual se toma conocimiento. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó al Consejo de Salubridad General y otras autoridades, la negativa de aplicar la vacuna a la menor de identidad reservada R.G.G.C., contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como todos sus efectos y consecuencias. Ahora bien, del escrito recibido en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actua, en fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, así como, del ocurso de cuenta, ambos signados por Rubí Lizeth Cárdenas Jardón, autorizada de la parte quejosa, se aprecia que los efectos del citado acto reclamado cesaron, en virtud a que, las autoridades responsables, en fechas diecisiete de junio y quince de julio, ambos del año en curso, vacunaron a la menor agraviada con las dos dosis de la vacuna contra el virus SARS-coV2 para la prevención de la COVID-19 del Biológico Pfizer BioNTech, por lo que es evidente que fue completado el esquema de vacunación en favor de la citada niña. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se deja insubsistente.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de México, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que dicha dependencia participa únicamente en la coordinación del desarrollo del evento de vacunación y quien es el encargado de llevar a cabo la vacunación de la población contra el virus SARS-CoV-2 son emitidas por el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, por lo que su representada está realizando las gestiones correspondientes para dar cumplimiento a la suspensión. Circunstancia que se toma conocimiento.

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