Francisco Espinosa Rodríguez
Expediente 256/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/04/2021
Partes del expediente
- Francisco Espinosa Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en lo sustancial comunica que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de dieciocho de diciembre de dos mil veinte (sic), por los motivos ahí expuestos. Atento a lo anterior, y vista la certificación de cuenta, se advierte que tras una búsqueda minuciosa en los libros de gobierno de este órgano jurisdiccional y en el Sistema Integral de Expedientes (SISE), se constató que si se tiene registrado el juicio de amparo 256/2020 en el índice de este órgano jurisdiccional; sin embargo el mismo no fue promovido por el quejoso Pedro Víctor Ramírez Velázquez. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, mediante oficio que derive del presente auto, devuélvase la misiva de que se trata a su lugar de origen, para los efectos procedentes, previa copia simple que se deje en autos para constancia. Finalmente, reingrésese el presente asunto al archivo donde se encontraba.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que el quejoso no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de dieciocho de noviembre del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de esta anualidad, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. d) No hay originales que devolver. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, realizó en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de emitir el proyecto de laudo en el juicio laboral 240/2019. Previa substanciación del juicio de amparo, el dos de septiembre de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Francisco Espinosa Rodríguez, para los siguientes efectos: " la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, inmediatamente, con plenitud de jurisdicción, emita el laudo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral 240/2019, y se notifique dicha determinación en el lugar que para tal efecto haya señalado a la parte quejosa." El seis de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió al Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, su cumplimiento; luego por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio J. 29/4609/2020 (con anexo), remitido por la autoridad mencionada, mediante el cual, hizo del conocimiento de este Juzgado de Distrito el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y para acreditar su dicho remitió copia certificada del laudo de trece de octubre del año en curso emitido en el juicio laboral J.29/240/2019; sin embargo, dado que la autoridad responsable fue omisa en remitir la constancia de notificación a la parte quejosa en el presente juicio, se requirió a la misma para que en el término de tres días remitiera dicha constancia; la cual fue recibida mediante proveído de cuatro de noviembre del presente año, y con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa, sin que realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior se advierte que el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora bien, la constancia remitida por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
- Principal
MESA II.- SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO FRANCISCO ESPINOSA RODRÍGUEZ, EL AUTO DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN ATENCIÓN A QUE NO COMPARECIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DICHA DETERMINACIÓN, DENTRO DEL PLAZO QUE INDICA LA LEY DE AMPARO, CON MOTIVO DEL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, realizó en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de emitir el proyecto de laudo en el juicio laboral 240/2019. Previa substanciación del juicio de amparo, el dos de septiembre de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Francisco Espinosa Rodríguez, para los siguientes efectos: " la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, inmediatamente, con plenitud de jurisdicción, emita el laudo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral 240/2019, y se notifique dicha determinación en el lugar que para tal efecto haya señalado a la parte quejosa." El seis de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió al Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, su cumplimiento; luego por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio J. 29/4609/2020 (con anexo), remitido por la autoridad mencionada, mediante el cual, hizo del conocimiento de este Juzgado de Distrito el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y para acreditar su dicho remitió copia certificada del laudo de trece de octubre del año en curso emitido en el juicio laboral J.29/240/2019; sin embargo, dado que la autoridad responsable fue omisa en remitir la constancia de notificación a la parte quejosa en el presente juicio, se requirió a la misma para que en el término de tres días remitiera dicha constancia; la cual fue recibida mediante proveído de cuatro de noviembre del presente año, y con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa, sin que realizará pronunciamiento alguno. De lo anterior se advierte que el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora bien, la constancia remitida por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
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