Francisco González Olvera

Expediente 471/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 47 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
471/2015
Año
2015
Actuaciones
47
Última actuación
03/12/2018

Partes del expediente

  • Francisco González Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 10357/2018 del índice de este Juzgado, a través del cual se le envió el billete de depósito número N728361 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la cantidad de $1,683.30 (mil seiscientos ochenta y tres pesos 30/100 M.N.), cuya prescripción a favor del erario federal se declaró en proveído de once de julio de dos mil dieciocho; en ese orden, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Infórmese del contenido de este proveído a la encargada del libro de certificados de depósito, a fin de que haga la anotación correspondiente.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación de cuenta, de los que se advierte que aún obra en la caja de valores de este Juzgado el billete de depósito número N728361, que ampara la cantidad de $1,683.30 (mil seiscientos ochenta y tres pesos 30/100 M.N.), exhibido por la parte quejosa para la indemnización de los perjuicios que pudieran ocasionarse a los terceros interesados en caso de que no le fuera concedido en amparo, y que ha transcurrido el término de dos años previsto en los artículos 36 y 45 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, sin que el quejoso recogiera el aludido billete de depósito, no obstante haber solicitado su devolución mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis; por tanto, con apoyo en los preceptos en cita y además en los artículos 38 y 48 de la Ley de referencia, SE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DEL ERARIO FEDERAL de la suma que ampara el mencionado certificado de depósito. En ese sentido, con transcripción de este proveído envíese dicho documento transferido al Tesorero de la Federación; solicítese acuse recibo, y en acatamiento de la circular DGT/04/2007, no se hace necesario informar sobre la transferencia a la Dirección General de la Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, infórmese del contenido de este proveído a la encargada de la caja de seguridad de este Juzgado, a fin de que haga la anotación correspondiente.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada en proveído de veintidós de junio de dos mil dieciséis, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se negó el amparo a **********. b) Inconforme con dicha resolución, **********, autorizado de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, del que por razón de turno le tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, el que en ejecutoria de uno de junio del presente año, resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil dieciséis por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Celaya, Guanajuato, en el expediente 471/2015-III. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra los actos que reclama de la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Juez Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, consistentes en la resolución de once de mayo de dos mil quince, dictada en el toca 211/2014, y su ejecución." c) En auto de diez de los actuales, se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del indicado Tribunal de Alzada y se requirió a la Magistrada responsable para que cumpliera con la ejecutoria de amparo. d) En cumplimiento al fallo protector, la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, remitió a este órgano jurisdiccional el oficio número 1775, por el que informó que se había dejado insubsistente la determinación de once de mayo de dos mil quince, emitida dentro del toca número 211/2014, con lo que pretendió acreditar los trámites dados al fallo protector. e) Posteriormente, por oficio presentado el veintiuno de los actuales, la responsable remitió copia certificada de la resolución emitida el dieciséis de junio del año en curso, en la que determinó que el incidente relativo al pago de costas no es valuable en dinero, por lo que una vez llevado a cabo los cálculos necesarios para determinar el monto, llegó a la conclusión de que la cantidad que debe cubrir la parte demandada incidentista es por la cantidad de $7,779.91 (siete mil setecientos setenta y nueve pesos 91/100 m.n.). Ahora, del examen de la constancia remitida por la autoridad responsable, misma que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que se efectuó lo siguiente: El quince de junio de dos mil dieciséis, se dictó en el toca de apelación número 211/2014, el auto que dejó insubsistente la resolución dictada el once de mayo de dos mil quince; y, El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dictó una nueva resolución en la que, en cumplimiento al fallo protector determinó que el incidente que generó el pago de costas no es valuable en dinero, por lo que la cantidad que debe cubrir la parte demandada incidentista es por la cantidad de $7,779.91 (siete mil setecientos setenta y nueve pesos 91/100 m.n.). En esas condiciones, el suscrito estima que a través del acto emitido por la responsable y citado en párrafos que anteceden, la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. De conformidad al punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes, deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo. En otro orden, como resulta innecesario que en este Juzgado obren las copias certificadas del expediente M1207/1995, que adjuntó el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad al rendir su informe justificado, constantes en trece tomos, devuélvanse las mismas, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada en proveído de veintidós de junio de dos mil dieciséis, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se negó el amparo a **********. b) Inconforme con dicha resolución, **********, autorizado de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, del que por razón de turno le tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, el que en ejecutoria de uno de junio del presente año, resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil dieciséis por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Celaya, Guanajuato, en el expediente 471/2015-III. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra los actos que reclama de la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Juez Tercero Civil de Partido de Celaya, Guanajuato, consistentes en la resolución de once de mayo de dos mil quince, dictada en el toca 211/2014, y su ejecución." c) En auto de diez de los actuales, se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del indicado Tribunal de Alzada y se requirió a la Magistrada responsable para que cumpliera con la ejecutoria de amparo. d) En cumplimiento al fallo protector, la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, remitió a este órgano jurisdiccional el oficio número 1775, por el que informó que se había dejado insubsistente la determinación de once de mayo de dos mil quince, emitida dentro del toca número 211/2014, con lo que pretendió acreditar los trámites dados al fallo protector. e) Posteriormente, por oficio presentado el veintiuno de los actuales, la responsable remitió copia certificada de la resolución emitida el dieciséis de junio del año en curso, en la que determinó que el incidente relativo al pago de costas no es valuable en dinero, por lo que una vez llevado a cabo los cálculos necesarios para determinar el monto, llegó a la conclusión de que la cantidad que debe cubrir la parte demandada incidentista es por la cantidad de $7,779.91 (siete mil setecientos setenta y nueve pesos 91/100 m.n.). Ahora, del examen de la constancia remitida por la autoridad responsable, misma que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se desprende que se efectuó lo siguiente: El quince de junio de dos mil dieciséis, se dictó en el toca de apelación número 211/2014, el auto que dejó insubsistente la resolución dictada el once de mayo de dos mil quince; y, El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dictó una nueva resolución en la que, en cumplimiento al fallo protector determinó que el incidente que generó el pago de costas no es valuable en dinero, por lo que la cantidad que debe cubrir la parte demandada incidentista es por la cantidad de $7,779.91 (siete mil setecientos setenta y nueve pesos 91/100 m.n.). En esas condiciones, el suscrito estima que a través del acto emitido por la responsable y citado en párrafos que anteceden, la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. De conformidad al punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes, deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo. En otro orden, como resulta innecesario que en este Juzgado obren las copias certificadas del expediente M1207/1995, que adjuntó el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad al rendir su informe justificado, constantes en trece tomos, devuélvanse las mismas, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

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