Francisco Gómez Ruíz
Expediente 855/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Gómez Ruíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones II y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio y se negó la suspensión provisional y definitiva respecto de todos los actos; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tienen aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **********; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 8° Constitucional, expídase a su costa copia simple de las constancias que indica, previo recibo que de su entrega se deje en autos; autorizando para recibirlas a las personas que menciona.
- Principal
Visto el estado de autos, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;." A manera de preámbulo, conviene señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia ley, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo y protección de la justicia federal, entre los que destaca el de la fracción III, que estatuye que se debe mencionar a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5º, fracción II, del mencionado ordenamiento legal dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en la fracción III, del artículo 5º, que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas no es jurídicamente posible que el juez de amparo se pronuncie al respecto; aserto que se corrobora con el contenido de la jurisprudencia VI. 2o.J/205 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página cuatrocientos sesenta y ocho, tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." A fin de comprender por qué se actualiza la causal de improcedencia en análisis, conviene señalar que en su escrito de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado: IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Se reclama a todas y cada una de las AUTORIDADES RESPONSABLES TANTO ORDENADORAS COMO EJECUTORAS, (Puesto que desconozco cual de todas las autoridades precisadas anteriormente fue la que emitió el acto de molestia que ahora reclamo). Siendo entonces que se señala como acto reclamado la falta de notificación de la inmovilización de las cuentas bancarias de las que soy titular, y/o en su caso; la falta de notificación del embargo precautorio de mis cuentas bancarias, y/o en su caso; la falta de notificación del embargo de mis cuentas bancarias, y/o, en su caso; LA FALTA DE NOTIFICACION DE CUALQUIER ACTO, GRAVAMEN, LIMITACION, SIN IMPORTAR SU DENOMINACION, CON EL CUAL SE ME IMPIDE DISPONER LIBREMENTE DEL DINERO QUE TENGO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LAS CUALES SOY TITULAR. Actos reclamados que señalo y consisten en la falta de notificación, puesto que mediante tal omisión que tengo el temor fundado proviene de las autoridades responsables señaladas, es que se me deja en pleno estado de indefensión, puesto que no puedo saber la razón y cuenta, del por qué no puedo disponer del dinero que tengo depositado en mis cuentas bancarias, y ante tal omisión de notificación, es que desconozco cuál es el acto de molestia bajo el cual pesa dicho gravamen sobre mis cuentas bancarias. Al no estar en posibilidades de conocer el acto bajo el cual recae dicho gravamen o limitación en mis cuentas bancarias, se me deja imposibilitado de poder oponer un medio ordinario de defensa, y de igual manera se me deja en estado de indefensión al no saber en concreto cual autoridad fue la que emitió dicho acto que me impide disponer libremente de mis cuentas bancarias y de los recursos económicos que están depositados en las mismas. Al efecto me permito señalar que las cuentas afectadas mediante algún gravamen que reclamo su falta de notificación, y la institución bancaria de la que proviene son las siguientes: HSBC, S.A. titular ********** cuenta número: **********. Manifiesto que mí Registro Federal de contribuyentes es el siguiente: **********" Cabe señalar que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la afectación de la que se duele la parte quejosa consiste en: El aseguramiento o embargo de la cuenta bancaria número **********, aperturada en la institución bancaria HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, el cual fue ejecutado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a solicitud de la Directora de Ejecución en Suplencia de la Directora General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato; así como la falta de notificación de dicho embargo. Ahora bien, de lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables al Titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, a la Directora General de Ingresos, al Director de Recaudación, al Coordinador Ejecutivo Jurídico, a la Directora de Ejecución, al Director Regional de Auditoría Fiscal y al Coordinador de Ingresos, todos pertenecientes a la citada dependencia. Asimismo, de autos se desprende que el Subprocurador Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones y Representante legal de las autoridades responsables, al rendir su informe justificado manifestó que la Directora de Ejecución en suplencia de la Directora General de Ingresos, a través del requerimiento **********, de catorce de agosto de dos mil diecisiete, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el aseguramiento de las cuentas detectadas a nombre del quejoso, con la finalidad de garantizar el crédito fiscal que se le determinó. Por tal motivo, el veinticuatro de octubre del presente año se requirió al quejoso para que en el plazo de quince días ampliara su demanda por lo que se refería a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, con el apercibimiento que de hacerlo se proseguiría la secuela procesal teniendo únicamente como autoridades responsables y acto reclamado los señalados en su escrito inicial de demanda. En dicho proveído se ordenó su notificación personal, la que se efectuó el treinta de octubre pasado (foja 154 de autos); luego, como no desahogó dicho requerimiento, en providencia de veintiocho de noviembre del presente año se le hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo como autoridades responsables únicamente a las señaladas en su escrito inicial de demanda. En ese contexto, si de autos se desprende que se dio oportunidad a la parte quejosa, a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin que lo hubiera hecho, es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues, al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de la referida autoridad, pues no obstante que se previno al quejoso para que la señalara como responsable, o sea, se le dio la oportunidad para ello, éste no cumplió con el requisito establecido en la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue la que ejecutó la orden de aseguramiento de las cuentas bancarias del quejoso; por tanto, es precisamente a quien corresponde defender la constitucionalidad de los pormenores de dicho acto, al ser de su exclusiva responsabilidad. Luego, si fácticamente no se llamó a juicio a la autoridad que ejecutó el embargo de la cuenta bancaria de cuyo aseguramiento y falta de notificación se duele el quejoso, porque soslayó el requerimiento en ese sentido, es inconcuso que respecto del acto reclamado que se analiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del diverso numeral 108, del propio ordenamiento legal, por lo que debe sobreseerse el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;." A manera de preámbulo, conviene señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia ley, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo y protección de la justicia federal, entre los que destaca el de la fracción III, que estatuye que se debe mencionar a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5º, fracción II, del mencionado ordenamiento legal dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en la fracción III, del artículo 5º, que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas no es jurídicamente posible que el juez de amparo se pronuncie al respecto; aserto que se corrobora con el contenido de la jurisprudencia VI. 2o.J/205 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página cuatrocientos sesenta y ocho, tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." A fin de comprender por qué se actualiza la causal de improcedencia en análisis, conviene señalar que en su escrito de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado: IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Se reclama a todas y cada una de las AUTORIDADES RESPONSABLES TANTO ORDENADORAS COMO EJECUTORAS, (Puesto que desconozco cual de todas las autoridades precisadas anteriormente fue la que emitió el acto de molestia que ahora reclamo). Siendo entonces que se señala como acto reclamado la falta de notificación de la inmovilización de las cuentas bancarias de las que soy titular, y/o en su caso; la falta de notificación del embargo precautorio de mis cuentas bancarias, y/o en su caso; la falta de notificación del embargo de mis cuentas bancarias, y/o, en su caso; LA FALTA DE NOTIFICACION DE CUALQUIER ACTO, GRAVAMEN, LIMITACION, SIN IMPORTAR SU DENOMINACION, CON EL CUAL SE ME IMPIDE DISPONER LIBREMENTE DEL DINERO QUE TENGO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LAS CUALES SOY TITULAR. Actos reclamados que señalo y consisten en la falta de notificación, puesto que mediante tal omisión que tengo el temor fundado proviene de las autoridades responsables señaladas, es que se me deja en pleno estado de indefensión, puesto que no puedo saber la razón y cuenta, del por qué no puedo disponer del dinero que tengo depositado en mis cuentas bancarias, y ante tal omisión de notificación, es que desconozco cuál es el acto de molestia bajo el cual pesa dicho gravamen sobre mis cuentas bancarias. Al no estar en posibilidades de conocer el acto bajo el cual recae dicho gravamen o limitación en mis cuentas bancarias, se me deja imposibilitado de poder oponer un medio ordinario de defensa, y de igual manera se me deja en estado de indefensión al no saber en concreto cual autoridad fue la que emitió dicho acto que me impide disponer libremente de mis cuentas bancarias y de los recursos económicos que están depositados en las mismas. Al efecto me permito señalar que las cuentas afectadas mediante algún gravamen que reclamo su falta de notificación, y la institución bancaria de la que proviene son las siguientes: HSBC, S.A. titular ********** cuenta número: **********. Manifiesto que mí Registro Federal de contribuyentes es el siguiente: **********" Cabe señalar que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la afectación de la que se duele la parte quejosa consiste en: El aseguramiento o embargo de la cuenta bancaria número **********, aperturada en la institución bancaria HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, el cual fue ejecutado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a solicitud de la Directora de Ejecución en Suplencia de la Directora General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato; así como la falta de notificación de dicho embargo. Ahora bien, de lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables al Titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, a la Directora General de Ingresos, al Director de Recaudación, al Coordinador Ejecutivo Jurídico, a la Directora de Ejecución, al Director Regional de Auditoría Fiscal y al Coordinador de Ingresos, todos pertenecientes a la citada dependencia. Asimismo, de autos se desprende que el Subprocurador Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones y Representante legal de las autoridades responsables, al rendir su informe justificado manifestó que la Directora de Ejecución en suplencia de la Directora General de Ingresos, a través del requerimiento **********, de catorce de agosto de dos mil diecisiete, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el aseguramiento de las cuentas detectadas a nombre del quejoso, con la finalidad de garantizar el crédito fiscal que se le determinó. Por tal motivo, el veinticuatro de octubre del presente año se requirió al quejoso para que en el plazo de quince días ampliara su demanda por lo que se refería a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, con el apercibimiento que de hacerlo se proseguiría la secuela procesal teniendo únicamente como autoridades responsables y acto reclamado los señalados en su escrito inicial de demanda. En dicho proveído se ordenó su notificación personal, la que se efectuó el treinta de octubre pasado (foja 154 de autos); luego, como no desahogó dicho requerimiento, en providencia de veintiocho de noviembre del presente año se le hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo como autoridades responsables únicamente a las señaladas en su escrito inicial de demanda. En ese contexto, si de autos se desprende que se dio oportunidad a la parte quejosa, a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin que lo hubiera hecho, es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues, al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de la referida autoridad, pues no obstante que se previno al quejoso para que la señalara como responsable, o sea, se le dio la oportunidad para ello, éste no cumplió con el requisito establecido en la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue la que ejecutó la orden de aseguramiento de las cuentas bancarias del quejoso; por tanto, es precisamente a quien corresponde defender la constitucionalidad de los pormenores de dicho acto, al ser de su exclusiva responsabilidad. Luego, si fácticamente no se llamó a juicio a la autoridad que ejecutó el embargo de la cuenta bancaria de cuyo aseguramiento y falta de notificación se duele el quejoso, porque soslayó el requerimiento en ese sentido, es inconcuso que respecto del acto reclamado que se analiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del diverso numeral 108, del propio ordenamiento legal, por lo que debe sobreseerse el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
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