Francisco González Estrada

Expediente 297/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
297/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
03/11/2020

Partes del expediente

  • FRANCISCO GONZÁLEZ ESTRADA y Otros.
  • Francisco González Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. III. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 297/2019, promovido por ***, en contra del acto reclamado a la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca. ANTECEDENTES Según lo manifestado por el quejoso, la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca, aprobó la convocatoria de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, para ocupar el cargo de titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a la que se pudo acceder en su página web, hasta el día uno de marzo del mismo año. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Francisco González Estrada, promovió juicio de amparo indirecto contra los actos de la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 6 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Previo cumplimiento de la prevención, en proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 297/2019; asimismo, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Por auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional declinó competencia al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, por considerar que se encuentra relacionado con un juicio de amparo de su estadística. El diez de julio de dos mil diecinueve, se tuvo al referido órgano jurisdiccional informando que no aceptaba la competencia declinada, por las consideraciones que expresó. Seguido el trámite del juicio, en proveído de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, se desechó la ampliación de demanda que pretendió el quejoso, por las consideraciones que se expresaron en ese auto. El ocho de agosto de dos mil diecinueve, se dio trámite al recurso de queja que promovió la parte quejosa en contra del auto relacionado en el párrafo que antecede, y por el que se desechó la ampliación de demanda propuesta. El veinticinco de febrero de dos mil veinte, se recibió testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 236/2019, en la que declaró infundado el medio de impugnación planteado contra el auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, motivo por el que se levantó la suspensión del procedimiento y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El catorce de agosto de dos mil veinte, se estimó pertinente realizar consulta a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a fin que determinara que órgano jurisdiccional era competente para seguir conociendo de este juicio de amparo, si este Juzgado o el homologo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. El treinta de septiembre de dos mil veinte, se recibió oficio de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que informó que ese órgano declaró improcedente la consulta planteada y determinó que es a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca a quien compete tramitar y resolver el presente juicio de amparo. Así, seguido el juicio por todos sus trámites, la audiencia constitucional, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se cuestiona un acto de la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca, que tiene su sede en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD El quejoso señaló bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto que reclama el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, fecha en la que presentó la demanda, sin que ninguna de las partes hiciera manifestación en sentido diverso; por tanto, es claro que se presentó oportunamente. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, permite sostener que la quejosa reclama lo siguiente: De la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca: El acuerdo en el que se aprobó la convocatoria para ocupar el cargo de titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. La convocatoria de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, que se pudo consultar hasta el uno de marzo del mismo año, en la página oficial de la Legislatura del Estado. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, al rendir informe justificado negó la existencia de los actos que se le atribuyó al órgano que representa; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa dado que manifestó que la convocatoria impugnada por el quejoso fue emitida siguiendo los lineamientos legales aplicables y por acuerdo unánime de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, mediante votación que se realizó en sesión ordinaria de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se emitió dicha convocatoria. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, con número de registro 211004, que a continuación se invoca: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Lo anterior, se corrobora con la copia certificada del dictamen de nueve de abril de dos mil diecinueve, por el que se puso a consideración del Pleno la terna para designar a la persona titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; que remitió la responsable como justificación al informe rendido, a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, al rendir informe justificado, hizo valer las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones VII y XII, esta última en relación con el diverso 5, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. A juicio del suscrito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo, la cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; [.] Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de las legislaturas de los Estados en elección de funcionarios en los casos en los cuales las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Por su parte, el artículo 114, Sección A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, dispone: Artículo 114. Conforme a esta Constitución y sus leyes respectivas, los órganos autónomos del Estado son entes públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Gozan de autonomía técnica, para su administración presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Tienen el derecho a iniciar leyes en las materias de su competencia, presentar el proyecto de presupuesto que requieran para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, así como promover controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en el ámbito de su competencia local. Están facultados para imponer las sanciones administrativas que la Ley establezca y, en su caso, ordenar procedimientos ante la autoridad competente. Cada órgano rendirá un informe anual de labores al Congreso del Estado, el cual deberá hacer público a través de los medios electrónicos disponibles en formatos abiertos, accesibles y reutilizables. La Ley establecerá las bases para la profesionalización de sus servidores públicos. Los órganos autónomos del Estado desarrollarán las actividades de su competencia, de conformidad con las siguientes disposiciones: A. DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA La protección y promoción de los derechos humanos en el Estado Libre y soberano de Oaxaca estará a cargo de un órgano autónomo del Estado denominado Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Su objeto es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos consagrados en esta Constitución, así como en el resto del orden jurídico mexicano e instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano; la atención, prevención y erradicación de cualquier forma de discriminación y violencia; y fomentar el respeto a la identidad y derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos del Estado. La Defensoría estará presidida por un titular cuya denominación será Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca La Defensoría tendrá las siguientes atribuciones: I. Conocer de las quejas que presente cualquier persona, sobre actos u omisiones de naturaleza administrativa que se consideren violatorios de los derechos humanos y provengan de cualquier servidor público del Estado o los Municipios, con excepción de los actos u omisiones del Poder Judicial del Estado; II. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias, propuestas, informes, así como denuncias y quejas a las autoridades respectivas. No tendrá competencia para intervenir o conocer de quejas referentes a asuntos, laborales, electorales y jurisdiccionales; Antes de emitir sus recomendaciones, conocer, adecuar y coordinar los sistemas normativos indígenas y las normas del Estado. III. Conocer de las quejas que presenten los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sobre actos u omisiones de naturaleza administrativa que se consideren violatorios de los derechos colectivos y provengan de cualquier servidor público del Estado o los Municipios, con excepción de los actos u omisiones del Poder Judicial del Estado; IV. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos órganos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. Ante el incumplimiento reiterado de sus recomendaciones, la Defensoría podrá hacerlas del conocimiento del Congreso y de la autoridad que estime pertinente para los efectos procedentes; y V. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le corresponde velar en el establecimiento de sus políticas públicas, así como en los actos que realice; salvaguarde y promueva la correcta aplicación y cumplimiento del principio del Interés Superior de la niñez, así como observar que se respeten y garanticen los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; VI. Las demás que le atribuyan esta Constitución y las leyes. El titular de la Defensoría será designado por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, durará siete años en el cargo, sin posibilidad de reelección, y será sustituido en los términos que determinen las leyes aplicables, las cuales fijarán los requisitos y procedimientos para la postulación de aspirantes, a través de convocatoria pública y consulta abierta, atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como a los principios de pluralidad, equidad de género, apartidismo y no discriminación. No será elegible quien, en los dos últimos años anteriores al día de su designación, haya sido legislador local o federal, se haya desempeñado como servidor público de mando superior de la Federación, del Estado o de los Ayuntamientos, o hubiese ocupado cargo directivo en partido político. Durante el ejercicio de su encargo no podrá ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público, excepto la docencia o la investigación académica, siempre que no medie remuneración alguna. Sólo podrá ser removido de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes en la materia. De los preceptos constitucionales transcritos se desprende que es facultad del Congreso del Estado de Oaxaca designar al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de sus facultades discrecionales, pues la designación del referido Titular no requiere la aprobación, supervisión o aval de algún órgano o ente público. Ello es así, porque mientras la Constitución Local atribuya al órgano legislativo la facultad de decidir por votación de sus miembros, sin sometimiento de éstos a órganos o personas ajenos, ni aquélla establezca tampoco que la decisión del Congreso del Estado de Oaxaca, deba ser aprobada, sancionada o ratificada por órgano o persona distinta, habrá elementos suficientes para concluir que la facultad relativa mantiene incólumes sus propiedades de autonomía e independencia o, en su caso, discrecionalidad, pues esta última característica implica también, que la facultad relativa esté despojada de vinculación a la decisión de terceros. De ahí que, si el quejoso señala como actos reclamados los emitidos dentro del procedimiento para la elección del Titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, emitidos por el Congreso del Estado, en uso de la facultad soberana que la Constitución local le confiere para designar a aquel funcionario, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo por sus consideraciones la jurisprudencia 2ª/J.102/2018 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 887, libro 58, tomo I, septiembre de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultad es discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar". De igual forma sirve de apoyo la Tesis 2ª.LXXXIX/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubor y texto siguiente: "COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia que prevé el precepto citado tiene lugar cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (o la estatal relativa, en su caso) confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, la atribución que el artículo 102, apartado B, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Federal confiere a la Cámara de Senadores (y en sus recesos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión) para elegir mediante votación calificada al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; lo que se corrobora con la exposición de motivos y los demás documentos integrantes del proceso legislativo que originaron el decreto que reformó el precepto constitucional mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, pues de ellos se advierte que al sentar las bases de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tuvo la clara intención de crear un auténtico defensor de los derechos relativos, concebido como organismo público autónomo, con independencia técnica y financiera, cuyo titular fuera designado por la Cámara de Senadores, sin obedecer a proposiciones de otra índole que pudieran afectar su autonomía de gestión. Además, la circunstancia de que los artículos tercero transitorio del decreto referido y 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establezcan que la comisión correspondiente del Senado debe realizar una auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad y entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos, así como que con base en su resultado dicho órgano podrá proponer al Senado la ratificación del titular para un segundo periodo o una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo, no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados; es más, este sistema tiende a optimizar el funcionamiento de la Cámara de Senadores, para que sus miembros puedan votar por alguna de las opciones que, en número reducido, se sometan a su decisión, de manera que alguna de ellas, en su caso, alcance la votación calificada requerida para su aprobación. En consecuencia, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección o ratificación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo". VIII. DECISIÓN Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción VII, dado que los actos reclamados por el quejoso Francisco González Estrada, derivan del procedimiento para la designación del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que efectúa el citado Congreso, lo procedente es sobreseer en este juicio, con base en el diverso 63, fracción V, del primer ordenamiento citado. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***, respecto al acto que reclamó de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado VII de esta sentencia. Notifíquese."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual, en respuesta a la consulta realizada respecto a la competencia para seguir conociendo del juicio de amparo en que se actúa, concluyó que esta resulta improcedente, porque no hay un conflicto de turno, pues este órgano jurisdiccional al no insistir en la declinación del juicio de amparo 297/2019, inmediatamente después de que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca informó la negativa, este juzgado aceptó el conocimiento. En consecuencia, en cumplimiento a lo resuelto por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, este órgano jurisdiccional continuará conociendo del trámite de este juicio; por ende, se señalan las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE, para llevar acabo la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al juicio de amparo en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, como de su contenido se advierte que el secretario de acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, acusa recibo del legajo de copias deducidas del juicio de amparo en que se actúa y demás documentos que le fueron enviados para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído dictado el veintiséis de julio del año en curso, informando que admitió a trámite dicho recurso. Ahora bien, como la interposición de ese recurso es contra el auto donde no se tuvo por ampliada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se ordena la suspensión del procedimiento, ya que, a juicio del suscrito, la resolución que se dicte en el recurso de queja puede influir en la sentencia, si se toma en cuenta que su interposición involucra la necesidad de saber si es factible ampliar la demanda de amparo. Por tanto, este órgano de control constitucional no puede seguir avanzando en la tramitación de este juicio de amparo, cuando no tiene la certeza de cuál será la opinión del Tribunal de alzada, en tornó al planteamiento aludido en el párrafo precedente. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo, decreta la suspensión del procedimiento. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

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