Francisco Gerardo Martínez Jiménez

Expediente 818/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
818/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Francisco Gerardo Martínez Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil veintitrés Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase a la magistrada presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, informando que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintitrés e indica que lo registró con el número 420/2023; en consecuencia, se toma nota de lo anterior. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés En atención al escrito del quejoso ********************, se advierte que interpone recurso de queja contra el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con los diversos 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se ordena remitir el referido escrito al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno; rendir el informe sobre la materia de la queja y enviar copia certificada de las constancias relacionadas con el auto impugnado. Sin que haya lugar a notificar a las demás partes la presente determinación, para que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el auto materia de la queja es el que desechó la demanda, motivo por el cual las demás partes no fueron emplazadas. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el escrito del quejoso ********************, mediante el cual, en atención al acuerdo de prevención de quince de agosto de dos mil veintitrés, aclara lo siguiente: El toca civil ********************/******************** del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, se formó con motivo del recurso ordinario de defensa que interpuso contra la sentencia de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 299/2021 el índice del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro. El recurso en cuestión fue el de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, mismo del que indica que por auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se solicitó al juez de primera instancia rindiera informe justificado, con motivo del amparo directo que promovió contra la sentencia de segunda instancia, sin que tenga la certeza de que el emplazamiento y la emisión del informe ya se haya realizado. La sentencia de segunda instancia se dictó el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, misma con la que no estuvo conforme por lo que promovió el aludido juicio de amparo directo formándose el cuaderno de amparo 38/******************** (asignado por el sistema informático de la mencionada sala). Como penúltimo punto en el escrito aclaratorio el disidente solicita la suspensión de plano de los actos reclamados. Precisa que los actos reclamados son: A la autoridad ordenadora magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, reclama: La parte conducente del acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno de amparo 38/********************, donde fija un monto como requisito de eficacia para que continúe surtiendo efectos la suspensión del acto reclamado. A la autoridad ejecutora juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, reprocha: La posible ejecución de la sentencia de doce de enero de dos mil veintitrés. Se hace efectivo apercibimiento. Atento lo anterior, en primer lugar debe decirse que la parte quejosa no se pronunció respecto al último requerimiento o inciso contenido en el acuerdo de prevención de quince de agosto de dos mil veintitrés, relativo a que indicara si era su voluntad señalar como acto reclamado la sentencia dictada en el juicio natural; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento en cuestión y de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, únicamente por lo que hace dicho acto reclamado. Desechamiento. En lo que respecta a los restantes puntos referidos en el escrito de cuenta, se tiene al impetrante cumpliendo con lo prevenido en el auto inicial. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, debido a que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la disposición inserta se desprende que el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el precepto 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente; lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causal de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Del estudio realizado a la citada jurisprudencia, se evidencia que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el presente asunto, este juzgado considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por ********************. Lo anterior es así, ya que de un análisis a la misma y del escrito aclaratorio, conduce a sostener que se actualiza una hipótesis de inejercicio de la acción de amparo que por ser indudable y manifiesta impide substanciar el juicio constitucional, de acuerdo con las consideraciones siguientes: Del estudio integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado [ordenadora] El auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno de amparo 38/********************, relativo al toca civil ********************/******************** del índice de esa Sala, en la que, en auxilio a la justicia federal y con fundamento en el artículo 190 de la Ley de Amparo, concedió la suspensión del acto reclamado [por haberla solicitado el ahí quejoso] y como requisito para su efectividad, fijó garantía por la cantidad de $********************,********************.******************** (******************** pesos, ********************/********************0, Moneda Nacional). Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro [ejecutora] La ejecución material. Conforme lo expuesto, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [...]" Por su parte, el diverso artículo 97, fracción II, inciso b) del mismo ordenamiento legal prevé: "Artículo 97. El recurso de queja procede: [.] II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; [.]" Del citado ordenamiento se obtiene que, para los casos en que se promueva juicio de amparo directo en el que no se provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, se conceda o niegue ésta, se rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, puede hacerse valer el recurso de queja. En el caso, la parte quejosa manifiesta que fue demandada en un juicio del orden civil en la que se dictó sentencia condenatoria; en desacuerdo con esa determinación, promovió recurso de apelación, del cual conoció la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca bajo el número de toca civil ********************/********************. Al resolver el toca civil, el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, los magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca confirmaron la sentencia recurrida; inconforme con aquella, el disidente promovió juicio de amparo directo. La demanda de amparo directo se radicó mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés y se procedió a dar el trámite correspondiente, asimismo, la Sala -señalada como responsable- concedió la suspensión del acto reclamado solicitada por el quejoso ******************** y fijó garantía de $********************,********************.******************** (******************** pesos, ********************/********************0, Moneda Nacional) como requisito para su efectividad -determinación que constituye el acto reclamado-. Conforme a dichos precedentes, es posible concluir que el acto que reclama la parte quejosa consistente en el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés dictado en el toca civil ********************/******************** del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; en el que se determinó lo descrito en párrafos que anteceden, mismo que legalmente no es susceptible de analizarse mediante el juicio de amparo indirecto, sino a través del recurso de queja contemplado en el artículo 97 fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que es la vía idónea para combatir las determinaciones relativas a la suspensión solicitada dentro de un juicio de amparo directo, como en el caso que acontece. Además, cabe descartar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en cuenta que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses del solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y por tal motivo desecharse la demanda de amparo indirecto, es una forma de impartir justicia por este juzgador. De modo que, al no haberse interpuesto ese medio de defensa previo a la presentación de la demanda de amparo, se actualiza la causal de improcedencia citada con antelación, al principio de definitividad que rige este medio extraordinario de impugnación. Ello, en razón que en el caso concreto, tampoco se actualiza una excepción a dicho principio como lo sería la carencia de fundamentación, que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; debido a que la determinación reclamada es subsanable mediante el recurso que se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo. Cabe destacar que la autoridad responsable magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, funge como auxiliar de los órganos jurisdiccionales competentes para conocer del juicio de amparo directo y debe ceñirse a los requisitos esenciales que rigen la procedencia de la medida cautelar y los parámetros para fijar el monto de la garantía o dispensar ese requisito de efectividad; asimismo, decidir sobre la suspensión y analizar la legitimación del solicitante de la medida cautelar. En consecuencia, con base en lo expuesto en líneas precedentes, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61 fracción XXIII, con el diverso artículo 97 fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******************** por su propio derecho, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apoya el sentido de este fallo, la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (********************a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2********************7, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el escrito del quejoso ********************, mediante el cual, en atención al acuerdo de prevención de quince de agosto de dos mil veintitrés, aclara lo siguiente: El toca civil ********************/******************** del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, se formó con motivo del recurso ordinario de defensa que interpuso contra la sentencia de doce de enero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 299/2021 el índice del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro. El recurso en cuestión fue el de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, mismo del que indica que por auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se solicitó al juez de primera instancia rindiera informe justificado, con motivo del amparo directo que promovió contra la sentencia de segunda instancia, sin que tenga la certeza de que el emplazamiento y la emisión del informe ya se haya realizado. La sentencia de segunda instancia se dictó el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, misma con la que no estuvo conforme por lo que promovió el aludido juicio de amparo directo formándose el cuaderno de amparo 38/******************** (asignado por el sistema informático de la mencionada sala). Como penúltimo punto en el escrito aclaratorio el disidente solicita la suspensión de plano de los actos reclamados. Precisa que los actos reclamados son: A la autoridad ordenadora magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, reclama: La parte conducente del acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno de amparo 38/********************, donde fija un monto como requisito de eficacia para que continúe surtiendo efectos la suspensión del acto reclamado. A la autoridad ejecutora juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, reprocha: La posible ejecución de la sentencia de doce de enero de dos mil veintitrés. Se hace efectivo apercibimiento. Atento lo anterior, en primer lugar debe decirse que la parte quejosa no se pronunció respecto al último requerimiento o inciso contenido en el acuerdo de prevención de quince de agosto de dos mil veintitrés, relativo a que indicara si era su voluntad señalar como acto reclamado la sentencia dictada en el juicio natural; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento en cuestión y de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, únicamente por lo que hace dicho acto reclamado. Desechamiento. En lo que respecta a los restantes puntos referidos en el escrito de cuenta, se tiene al impetrante cumpliendo con lo prevenido en el auto inicial. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, debido a que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la disposición inserta se desprende que el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el precepto 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente; lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causal de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Del estudio realizado a la citada jurisprudencia, se evidencia que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el presente asunto, este juzgado considera que debe desecharse la demanda de amparo promovida por ********************. Lo anterior es así, ya que de un análisis a la misma y del escrito aclaratorio, conduce a sostener que se actualiza una hipótesis de inejercicio de la acción de amparo que por ser indudable y manifiesta impide substanciar el juicio constitucional, de acuerdo con las consideraciones siguientes: Del estudio integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado [ordenadora] El auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno de amparo 38/********************, relativo al toca civil ********************/******************** del índice de esa Sala, en la que, en auxilio a la justicia federal y con fundamento en el artículo 190 de la Ley de Amparo, concedió la suspensión del acto reclamado [por haberla solicitado el ahí quejoso] y como requisito para su efectividad, fijó garantía por la cantidad de $********************,********************.******************** (******************** pesos, ********************/********************0, Moneda Nacional). Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro [ejecutora] La ejecución material. Conforme lo expuesto, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [...]" Por su parte, el diverso artículo 97, fracción II, inciso b) del mismo ordenamiento legal prevé: "Artículo 97. El recurso de queja procede: [.] II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; [.]" Del citado ordenamiento se obtiene que, para los casos en que se promueva juicio de amparo directo en el que no se provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, se conceda o niegue ésta, se rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, puede hacerse valer el recurso de queja. En el caso, la parte quejosa manifiesta que fue demandada en un juicio del orden civil en la que se dictó sentencia condenatoria; en desacuerdo con esa determinación, promovió recurso de apelación, del cual conoció la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca bajo el número de toca civil ********************/********************. Al resolver el toca civil, el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, los magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca confirmaron la sentencia recurrida; inconforme con aquella, el disidente promovió juicio de amparo directo. La demanda de amparo directo se radicó mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés y se procedió a dar el trámite correspondiente, asimismo, la Sala -señalada como responsable- concedió la suspensión del acto reclamado solicitada por el quejoso ******************** y fijó garantía de $********************,********************.******************** (******************** pesos, ********************/********************0, Moneda Nacional) como requisito para su efectividad -determinación que constituye el acto reclamado-. Conforme a dichos precedentes, es posible concluir que el acto que reclama la parte quejosa consistente en el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés dictado en el toca civil ********************/******************** del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; en el que se determinó lo descrito en párrafos que anteceden, mismo que legalmente no es susceptible de analizarse mediante el juicio de amparo indirecto, sino a través del recurso de queja contemplado en el artículo 97 fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que es la vía idónea para combatir las determinaciones relativas a la suspensión solicitada dentro de un juicio de amparo directo, como en el caso que acontece. Además, cabe descartar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en cuenta que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses del solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y por tal motivo desecharse la demanda de amparo indirecto, es una forma de impartir justicia por este juzgador. De modo que, al no haberse interpuesto ese medio de defensa previo a la presentación de la demanda de amparo, se actualiza la causal de improcedencia citada con antelación, al principio de definitividad que rige este medio extraordinario de impugnación. Ello, en razón que en el caso concreto, tampoco se actualiza una excepción a dicho principio como lo sería la carencia de fundamentación, que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; debido a que la determinación reclamada es subsanable mediante el recurso que se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo. Cabe destacar que la autoridad responsable magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, funge como auxiliar de los órganos jurisdiccionales competentes para conocer del juicio de amparo directo y debe ceñirse a los requisitos esenciales que rigen la procedencia de la medida cautelar y los parámetros para fijar el monto de la garantía o dispensar ese requisito de efectividad; asimismo, decidir sobre la suspensión y analizar la legitimación del solicitante de la medida cautelar. En consecuencia, con base en lo expuesto en líneas precedentes, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61 fracción XXIII, con el diverso artículo 97 fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******************** por su propio derecho, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apoya el sentido de este fallo, la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (********************a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2********************7, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios." Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PREVIO AVISO QUE SE LE DEJO)

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