Francisco Garcia Martinez

Expediente 1149/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1149/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2018

Partes del expediente

  • Francisco Garcia Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de siete de noviembre en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse

  2. Principal

    MESA II NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA II SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO: Vista la demanda de amparo formulada por Francisco García Martínez contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 1149/2018-II-B. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas documentales que anexa la parte quejosa a su demanda de amparo. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece:. El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas y otras autoridades, lo siguiente: a) La resolución de once de octubre del año en curso, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 342/2018, en la que declaró la improcedencia del incidente de falta de personalidad. b) La notificación de la resolución incidental de falta de personalidad de once de octubre del año en curso, practicada el dieciséis siguiente. c) La notificación de emplazamiento a juicio ejecutivo mercantil 342/2018, de tres de septiembre del año en curso. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, respecto del citado acto reclamado identificado con el inciso a), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario y en los cuales se establece:. De los preceptos anteriores se colige que el juicio de amparo deviene improcedente cuando la causa relativa resulte de alguna disposición de la ley, y que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, se tiene que el legislador definió tales actos, como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, como lo es cuando producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Precisado lo anterior, en el caso en concreto la parte quejosa reclama la resolución de once de octubre del año en curso, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 342/2018, en la que declaró la improcedencia del incidente de falta de personalidad, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas. Sin embargo, tal acto no es de aquellos que se consideran de imposible reparación, ya que no afecta materialmente algún derecho sustantivo, pues versa sobre un derecho adjetivo o procesal, amén de que no se le impide mantener una participación activa dentro del controvertido de origen. Al respecto, debe indicarse que dichos actos reclamados no afectan directa o inmediatamente los derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales, pues los efectos jurídicos que produce son meramente de carácter intraprocesal, ya que lo que se reclama no es un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues, en todo caso, las violaciones que pudiera entrañar pueden ser remediadas si la resolución que recaiga al negocio principal le resulte favorable a sus intereses, pero, en caso contrario, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, estará en condiciones de hacer valer tales violaciones en el amparo directo que, en su caso, intente contra la resolución que ponga fin al juicio. Bajo ese panorama, es incuestionable que el acto que reclama la parte quejosa -resolución de once de octubre del año en curso, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 342/2018-, no puede considerarse que sea de imposible reparación para poder ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, habida cuenta que dicho acto reclamado no afecta de una manera inmediata y cierta el derecho sustantivo del promovente, al ser susceptible de trascender o no al resultado. En efecto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución, que no pudieran ser reparadas, lo cual no ocurre tratándose de la resolución reclamada, pues se reitera que ésta incluso puede ser reclamada de forma conjunta con la sentencia que resuelva en definitiva el juicio de origen. Por otra parte, en relación con los actos reclamados identificados con los incisos b) y c), se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo la cual establece:. Primeramente, debe establecerse que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de los derechos humanos y derechos fundamentales de los gobernados, motivo por el cual, su estructura se funda en principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Tales principios generales se hayan instituidos en el precepto 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se recoge el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En ese sentido, el principio de definitividad guarda como propósito que el promovente del juicio de amparo agote los recursos ordinarios o medios de defensa legales por los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, esto a fin de evitar la proliferación y promoción indiscriminada de juicios constitucionales de amparo. Por ello, los medios de defensa ordinarios son creados por las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el supuesto de no obtener resolución favorable a sus intereses, se apertura el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes agraviadas no tuvieran la carga de exponer sus defensas o recursos ante las autoridades responsables, para que aquéllas culminen con las facultades que les competen, la acción de amparo se convertiría en un recurso ordinario. En ese tenor, el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, necesariamente antes de su promoción, el peticionario tiene que acudir a las instancias que puedan declarar la insubsistencia del acto de autoridad que produce afectación, salvo los casos de excepción contemplados legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ahora bien, se actualiza el supuesto de improcedencia en este juicio, en virtud de que la parte quejosa Francisco García Martínez, no agotó previamente al impulso de esta acción constitucional, el medio de defensa ordinario y que tiene la fuerza jurídica para modificar, revocar o nulificar los actos de autoridad que impugnó, es decir, los que hizo consistir en b) notificación de la resolución incidental de falta de personalidad de once de octubre del año en curso, practicada el dieciséis siguiente y c) notificación de emplazamiento de tres de septiembre del año en curso Bajo ese contexto, resulta incuestionable que en contra de los actos reclamados identificados con los incisos b) y c), procede el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria del Código de Comercio, como lo establece en su artículo 2. Al respecto, cabe precisar el contenido del artículo aludido, que dispone:. En ese contexto, de conformidad con el contenido normativo parcialmente transcrito, se advierte que los litigantes tienen la oportunidad de agotar el incidente de nulidad de notificaciones, previamente a acudir al juicio de amparo. En consecuencia, resulta evidente las notificaciones combatidas en esta instancia constitucional, son susceptibles de recurrirse mediante el incidente de nulidad de notificaciones; por tanto, previo a acudir a la presente instancia constitucional, la parte quejosa debió haber controvertido las notificaciones reclamadas, a través del medio de impugnación ordinario previsto en el artículo citado en los párrafos que anteceden. Con la anterior determinación, no se desconoce que el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, se haya adicionado al Código de Comercio el artículo 1068 Bis, relativo a las notificaciones en esa materia; sin embargo, dicho numeral regula la diligencia de emplazamiento en materia mercantil y no lo relativo a incidente de nulidad de actuaciones; de ahí que, la normativa aplicable para las notificaciones que se combaten sea la del Código Adjetivo Civil Federal, dado su carácter supletorio. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Francisco García Martínez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que señala para tal efecto, en virtud de que se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

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