Francisco Garcia Maldonado
Expediente 128/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Francisco Garcia Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de dos de marzo del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2 de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
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MESA III NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
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MESA III SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO: Glósese el escrito aclaratorio signado por el quejoso, mediante el cual cumple con la prevención contenida en el acuerdo de catorce de febrero de dos mil dieciocho. Ahora bien, en relación con la demanda de amparo y escrito aclaratorio promovido por Francisco García Maldonado, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro se lee "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, esencialmente, la parte quejosa reclama lo siguiente: El acuerdo de quince de diciembre de dos mil diecisiete, en el que la licenciada Norma García Galván, agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrita a la Unidad General de Investigación Dos, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, en la carpeta de investigación NUC *** de su índice, giró un oficio al Delegado de la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema DIF, para que designe un psicólogo a su cargo y señale fecha y hora a efecto de que el aquí quejoso Francisco García Maldonado sea examinado y emita un informe psicológico acerca de su personalidad. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, a consideración de la suscrita, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 5°, de la invocada ley de la materia, este último aplicado en sentido contrario. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo será improcedente, en los demás casos, en que tal improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la invocada ley de la materia. A su vez, el artículo 107, fracción I, constitucional dispone:. Por su parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto se pedirá ante el Juzgado de Distrito, entre otros supuestos:.. Del texto de dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos, se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. Ahora bien, para una mejor exposición, es preciso hacer mención de los preceptos legales que regulan la etapa de investigación en el sistema penal acusatorio vigente, a saber, los numerales 131, 211, 212, 213, 251, 252 y 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales prevén lo siguiente:. El numeral 211 establece las etapas del procedimiento penal, y por lo que aquí interesa, se integra de la investigación, la cual comprende dos fases, a saber, una inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; y la complementaria, que va desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Como se puede ver, el Ministerio Público se erige como parte de la misma, y entre sus obligaciones se encuentra la de recibir las querellas o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y de dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. De esta manera, la noticia criminal (denuncia o querella) justifica el inicio a una carpeta de investigación, y como consecuencia de ello, nace la obligación del agente investigador de realizar actos de investigación a fin de esclarecer los hechos probablemente constitutivos de un delito, mismos que se irán adjuntando a la citada carpeta a fin de determinar si la noticia del delito justifica continuar con el desarrollo de esta etapa. Dicho sea de paso, la representación social en la fase de investigación, a diferencia del sistema inquisitivo, ya no desahoga ni valora medios de prueba como autoridad, sin perjuicio de que durante dicha fase realice actos de investigación. Esto es, se constituye como una autoridad parcial por naturaleza y, precisamente por ello, en algunos casos como se verá más adelante, se hace necesaria la intervención de un juez de control durante la etapa de investigación. Aspectos anteriores que se traducen en el principio de igualdad ante la ley y de igualdad entre las partes, pues por un lado todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa, y por otro, garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen . Hasta lo aquí expuesto, se puede advertir una distinción entre el inicio de una investigación y su integración debido a que: I) La etapa de investigación comienza con una denuncia o querella respecto de la existencia de un hecho que la ley señale como delito; y, II) Su consecuencia estriba en la obligación de la Representación Social de dar inicio a una carpeta (como una cuestión netamente administrativa) y de realizar actos de investigación a fin de esclarecer los hechos, mismos que se irán adjuntando a la citada carpeta a fin de determinar si la noticia del delito justifica continuar con el desarrollo de esta etapa. Ahora bien, retomando la idea de la etapa de investigación (que es la que en el caso interesa), en ésta el agente investigador puede llevar a cabo diversas diligencias a fin de esclarecer los hechos, empero, la legislación nacional penal adjetiva precisa de actos que pueden ser realizados sin supervisión judicial y otros en los que es necesaria su intervención a fin de salvaguardar los derechos humanos de las partes. En efecto, el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé de manera enunciativa actuaciones que el órgano investigador puede llevar a cabo sin la intervención judicial, como lo son: I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; III. La inspección de personas; IV. La revisión corporal; V. La inspección de vehículos; VI. El levantamiento e identificación de cadáver; VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; VIII. El reconocimiento de personas; IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; X. La entrevista de testigos; XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el Procurador, entre otras. Por su parte, el numeral 252 de la legislación en estudio, contempla técnicas de investigación en las que se requiere un escrutinio judicial como lo pueden ser: I. La exhumación de cadáveres; II. Las órdenes de cateo; III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma; V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, entre otras. Los matices antes apuntados, servirán de referencia para la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, en torno a la procedencia de la demanda de amparo, el artículo 107, en sus fracciones II, IV, V y VII, de la Ley de Amparo establece lo que sigue:. Las fracciones transcritas del numeral en comento son, a consideración de este órgano de control constitucional, las que en uno u otro caso hacen procedente el juicio amparo cuando se trata de la investigación en el sistema acusatorio; lo anterior, sin menoscabo de que se actualice una diversa. En ese orden de cosas, respecto a la fracción II, la cual establece que el amparo procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se actualizaría dicha hipótesis en tratándose de actuaciones que la Representación Social puede llevar a cabo sin la intervención judicial como lo son: la inspección de personas; la revisión corporal; la inspección de vehículos; la aportación de comunicaciones entre particulares; el reconocimiento de personas; entre otras. Respecto a la fracción IV, podría materializarse en la etapa de investigación inicial, también conocida como desformalizada, en tratándose de: las órdenes de cateo; la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma; el reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, entre otras; actuaciones éstas que se encuentran fuera de juicio en las que se encuentra involucrado el juez de control y cuya autorización podría violentar algún derecho humano del imputado. En cuanto a la fracción V, sería procedente el amparo contra actos realizados en la investigación complementaria, es así, pues hay que recordar que de una interpretación armónica de los artículos 107, fracción V, y 170 de la Ley de Amparo, el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control. En ese sentido, si la investigación complementaria forma parte de la audiencia inicial y el proceso comienza con la citada audiencia, sería aplicable la hipótesis de referencia pues se trata de actos en juicio cuyos efectos pueden ser de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Y con relación a la fracción VII, esta fracción hace palpable de su simple lectura la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En ese orden, dependiendo del caso en concreto, un acto de los mencionados podría ser sujeto de un control de constitucionalidad (cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, entre otros) pero ello dependerá si se encuentra comprometido un derecho humano de la persona que promueva el amparo. Pues bien, en el presente caso, se tiene que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de quince de diciembre de dos mil diecisiete, en el que la licenciada Norma García Galván, agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrita a la Unidad General de Investigación Dos, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, en la carpeta de investigación NUC **** de su índice, giró un oficio al Delegado de la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema DIF, para que designe un psicólogo a su cargo, señale fecha y hora a efecto de que el aquí quejoso Francisco García Maldonado sea examinado y emita un informe psicológico acerca de su personalidad. Actuación ésta, que afirma la parte quejosa, en su concepto, se traduce en una actuación arbitraria en la integración de la carpeta de investigación de que se trata. Es decir, que dicha actuación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, tal como lo establece el ordinal 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En otras palabras, el inicio de todo procedimiento penal es la denuncia, querella o requisito equivalente, en tanto que en la integración, el agente de Ministerio Público realizará todos los actos de investigación necesarios (ya sea en la investigación inicial o complementaria) para descubrir la verdad sobre los hechos materia de la denuncia o querella. En ese orden, como se adelantó, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia relativa a que con tal proceder, de ninguna manera se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica de manera directa, circunstancia ésta que torna improcedente el juicio de amparo. Máxime que al efecto, como lo expresó en su escrito aclaratorio de demanda, la responsable no ha dirigido algún apercibimiento o medida de apremio en su contra; lo que torna patente que no se afecta su esfera jurídica de manera alguna e incluso, de conformidad con la legislación nacional procesal penal, bastaría con que, en caso de ser invitado a desahogar la pericial ordenada por la fiscal el quejoso se negara, para que entonces, la autoridad investigadora estuviera en aptitud de solicitar la ejecución de un acto de investigación que requiere autorización previa del Juez de control. Lo que es más, el juicio de amparo deviene improcedente también, porque el acuerdo reclamado no constituye un acto en la investigación que pudiera comprometer los derechos humanos del quejoso. Así es, cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, fuera de juicio o después de concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando materialmente sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en el texto constitucional y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene una resolución favorable a sus intereses, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna irreparable a los derechos sustantivos del gobernado. Luego, si en el caso, el acto reclamado se trata del acuerdo en el que la Fiscal responsable, en ejercicio de sus facultades constitucionales, en la carpeta de investigación NUC **** de su índice, giró un oficio al Delegado de la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema DIF, para que designe un psicólogo a su cargo, señale fecha y hora a efecto de que el aquí quejoso Francisco García Maldonado sea examinado y emita un informe psicológico respecto de su personalidad. Entonces, salta a la vista que dicho acto no se considera de imposible reparación para poder ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, habida cuenta que no afecta de manera inmediata y cierta un derecho sustantivo del promovente. Lo anterior, es así, puesto que si bien no se soslaya que las consecuencias generadas por el acto reclamado podrían traducirse en un menoscabo al derecho de defensa que tiene dentro de la investigación de origen, cierto es también, que tales consecuencias, se encuentran supeditadas a los resultados que arroje la investigación o diligencias que en su momento practique el Fiscal Investigador, mismo que en este momento no le genera afectación alguna, puesto que podría llegarse al extremo incluso que el Agente Investigador, determine que no existe conducta delictiva alguna. Es por ello, que se afirma que el acto reclamado en el presente asunto, no es de aquéllos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación para poder ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto, como lo establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que como quedó expuesto en líneas anteriores, el acto reclamado no tiene como consecuencia la afectación directa de derechos sustantivos, pues se trata de un acto que arroja una consecuencia procesal, sin que afecte inmediata y directamente tales derechos. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, tiene facultades de investigación del delito y por otra, tiene la obligación de acreditar los elementos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irroga un perjuicio en este momento procesal, ya que la afectación, en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado, si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión o si existen méritos suficientes para vincular a proceso al imputado. Estimar lo contrario, implicaría entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, lo que jurídicamente sería inadmisible. En las relatadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de garantías antes analizada, lo procedente es, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA promovida por Francisco García Maldonado.
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MESA III NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
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