Francisco Garcia Esteva
Expediente 699/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Garcia Esteva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL. 699/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra la determinación dictada el treinta y uno de julio de este año, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la determinación estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución de desechamiento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 17, 20 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino y archivo. En términos del artículo 20, fracción IV, y 23 del referido acuerdo general, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción a Secretaría. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL. 699/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra la determinación dictada el treinta y uno de julio de este año, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la determinación estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución de desechamiento, sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 17, 20 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino y archivo. En términos del artículo 20, fracción IV, y 23 del referido acuerdo general, se comunica a las partes que este expediente es destruible, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción a Secretaría. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 699/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por el quejoso ********************, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, pues, bajo protesta de decir verdad, indica que: No presentó escrito de comparecencia en el juicio ******************** del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ya que únicamente acudió a los juzgados y encontró que en el Juzgado Segundo de lo Familiar era demandado en un juicio y que lo habían declarado rebelde sin haber recibido emplazamiento alguno. No se ha dictado sentencia en el citado juicio, y que se percató que se llevó a cabo una audiencia el diecinueve de junio del año en curso en ese juicio. Con base en lo anterior, se procede a dictar la determinación respectiva. 2. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, la parte quejosa reclama: Del 1) juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: La orden de emplazamiento y todo lo actuado en el expediente ********************. Del 2) juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca y 3) ejecutor adscrito a dicho juzgado: El emplazamiento desahogado mediante exhorto en el expediente ********************. Y de la lectura de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio se advierte, sustancialmente, que: El quejoso compareció ante el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca a revisar el expediente ********************. De la revisión del expediente advirtió que obraba una diligencia de emplazamiento de veintidós de marzo de dos mil veintidós, desahogada mediante exhorto por el actuario del Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, y que dicho quejoso fue declarado rebelde en el expediente del que derivan los actos reclamados. No se ha dictado sentencia en el expediente ********************. Sentado lo anterior, se estima que los actos reclamados no son de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad física, las posesiones o propiedades. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Art. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [...]." De los artículos y fracciones citados se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una sentencia a su favor; por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. A fin de dar claridad a la determinación que se toma, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación, si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el quejoso reclama del juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca 1) la orden de emplazamiento y todo lo actuado en el expediente ********************, y del juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca y ejecutor adscrito a dicho juzgado, 2) el emplazamiento desahogado mediante exhorto en el expediente ********************; es decir, la omisión de llamarlo a ese juicio. Además, el quejoso indicó que tuvo conocimiento del expediente ********************, con motivo que acudió a los juzgados y encontró que en el Juzgado Segundo de lo Familiar era demandado en un juicio y que lo habían declarado rebelde sin haber recibido emplazamiento alguno. Sin embargo, esos actos no constituyen actos de imposible reparación, ya que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el quejoso no se desprende que se haya dictado resolución definitiva en dicho expediente, por lo que se encuentra en posibilidad de comparecer al juicio ********************, en caso de que así lo estime pertinente, para hacer valer sus derechos. Es decir, no existe alguna afectación irreparable al quejoso y sobre todo actual, esto es, la afectación, daño o perjuicio que se cometa en su esfera jurídica, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a realizar. Lo anterior, porque el referido quejoso se duele de la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el expediente ********************, pero manifestó, bajo protesta de decir verdad, que no se ha dictado sentencia en el referido juicio; por tanto, se encuentra en aptitud de comparecer a ese juicio a defender sus derechos. 3. Se desecha la demanda de amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Se impone destacar que esta determinación no es contraria al principio de progresividad en relación al derecho de recurso judicial efectivo, dado que la citada porción normativa no eliminó un derecho, ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, ya que ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal. 4. Precisión. Es importante destacar que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Así, en el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 699/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el dieciocho de julio de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este Juzgado en la misma data, promovida por ************, por propio derecho, contra actos del juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y de otras autoridades; fórmese el expediente **********. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención de la demanda. A fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en los artículos 112 y 114, en relación con el diverso 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, a fin de que, en el plazo de cinco días, contado a partir de su legal notificación, por escrito, con las copias necesarias, y bajo protesta de decir verdad, indique: Si presentó escrito de comparecencia en el expediente familiar ******************** Si ya se dictó la sentencia en el citado juicio. Lo anterior, resulta necesario para determinar la procedencia de este juicio de amparo, debido a que la parte quejosa reclama: Del 1) juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: La orden de emplazamiento y todo lo actuado en el expediente ******************** Del 2) juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca y 3) ejecutor adscrito a dicho juzgado: El emplazamiento desahogado mediante exhorto en el expediente ******************** Y de la lectura de la demanda de amparo se advierte, sustancialmente, que: El quejoso compareció ante el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca a revisar el expediente ******************** De la revisión del expediente advirtió que obra una diligencia de emplazamiento de veintidós de marzo de dos mil veintidós, desahogada mediante exhorto por el actuario del Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, y que dicho quejoso fue declarado rebelde en el expediente del que derivan los actos reclamados. Pero no existe certeza en torno a la etapa procesal en que se encuentra el juicio familiar ********************, pues la parte quejosa únicamente alude que revisó el expediente y advirtió que se le emplazó mediante exhorto, por el actuario del Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca; asimismo, que se le declaró rebelde, y que se han desahogado diversas diligencias en dicho expediente, pero no indica si ya fue dictada la sentencia en dicho juicio. 3.1. Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con la prevención formulada dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 4. Hechos falsos. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracción I, sanciona la afirmación de hechos falsos en relación con el acto reclamado, esto es, aportar datos que no le consten o los omita, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual se le exhorta que, al cumplir con el requerimiento antes formulado, se conduzca con verdad en relación al requerimiento antes realizado. 5. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en el escrito de demanda; asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene por autorizada en términos de ese numeral, a ********************(cédula profesional ********************), por haberse encontrado registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas. Y en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala en el escrito de demanda, por así haberlo señalado expresamente la parte quejosa. 6. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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