Francisco Felicisimo Ezequiel Baños
Expediente 410/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Felicisimo Ezequiel Baños
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
PRAL 410/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el veintisiete de mayo de este año, firmada y autorizada el treinta y uno de mayo siguiente, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por la otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las I) autoridades responsables y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1. Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de la sentencia sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. 5. Destino (depurable). Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, este expediente es depurable; por ello, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 6. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Certificación. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de que el mismo es depurable. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 9. Se acuerda oficio reservado. Finalmente, vistos los autos, se advierte que en acuerdo de nueve de junio de este año, se tuvo al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca solicitando una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; respecto de lo que se reservó acordar lo relativo, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia, lo que ya aconteció. Sin embargo, dicha solicitud no es procedente, dado el sentido de la sentencia de amparo, misma que no obliga a las autoridades responsables a un hacer, al haberse sobreseído en el juicio y negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.410/202 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio con terminación 911/2022, del encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, mediante el cual solicita una prórroga para acatar la sentencia de amparo. En consecuencia, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto cause ejecutoria la citada sentencia. Notifíquese.
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pral.410/2022 mesa 7 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las __________ R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el cuatro de abril de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, recibido el cinco de abril siguiente, por razón de turno, en este órgano jurisdiccional,*** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Además, narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 8, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de seis de abril de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 410/2022 y se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se pidió informe justificado a las autoridades responsables y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por el quejoso Francisco Felicisimo Ezequiel Baños Díaz y por los cuales se realizará el análisis relativo, son, del (de la): I. Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez: a) La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir de manera integral los términos de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3, en términos del artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. II. Titular o encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez: b) La omisión de acatar en el término de cuatro meses establecido para el cumplimiento íntegro de la sentencia firme y ejecutoriada, dictada el tres de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3. III. Titular de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez: c) No obligar ni instruir a su inferior jerárquico para que acate el cumplimiento íntegro de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, la 1) jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del delegado Estatal de ese Instituto y 2) la magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, negaron la existencia de los actos reclamados. Al respecto, la jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señaló que: Mediante oficio número UJDELOAX/4122/2021, de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, remitió al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del citado Instituto, la sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte y solicitó el cumplimiento de la misma. En tanto que la magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, refirió que: No existe la omisión reclamada en virtud que, respecto de la sentencia definitiva de tres de noviembre de dos mil veinte, el aquí quejoso promovió instancia de aclaración de sentencia, misma que se resolvió mediante interlocutoria de fecha dos de mayo de dos mil veintidós, refutándola como parte integra de la citada sentencia definitiva. Como se ve, pese a que dichas autoridades negaron la existencia de los actos que se le atribuyen, realizaron manifestaciones que comprueban la existencia de las omisiones que se les reclaman, ya que, a la fecha, no se ha cumplido con la sentencia dictada en el juicio de origen; por ello, se tienen por ciertos los actos que se les atribuyen a las responsables citadas con anterioridad. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran y en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, del texto que sigue: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Asimismo, por las razones que la sostienen, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 189, registro 208122: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables". Existencia que se corrobora con las constancias que remitió la sala responsable; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, de las que se advierte que, a la fecha, la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte, en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3, no está cumplida. Por su parte, el 3) titular o encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, no rindió su informe justificado, pese haber quedado legalmente notificado de su petición; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. De las constancias que integran este asunto, se advierte que respecto de dos autoridades responsables se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.). El primero de esos preceptos establecen que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de autoridad que vulneren derechos humanos y, el segundo, que para efectos del juicio de amparo es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, es necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concebido como autoridad responsable, para los efectos de la procedencia de este juicio, al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Así que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Se invoca en apoyo, por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia 2a. /J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora, el I) titular de la Delegación y II) titular o encargado de la Subdelegación de Prestaciones, ambos de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no tienen el carácter de autoridades responsables en este juicio de amparo. Lo anterior, porque el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca y la parte quejosa, como demandada y actora en el juicio natural, están sujetas a ciertas reglas procesales que los ubican en un plano de igualdad, pues quedan sometidas al procedimiento administrativo natural, por lo que las dos primeras no actúan en un plano de supra a subordinación respecto a la parte quejosa. Se puntualiza que si bien en la sentencia definitiva la autoridad vinculada al cumplimiento de la misma fue el titular de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el caso, el delegado Estatal de dicho Instituto es el superior jerárquico, máxime que la jefa de la Unidad Jurídica, en representación del delegado, manifestó en su informe que giró las instrucciones respetivas al subdelegado de Prestaciones para atender el cumplimiento de la sentencia definitiva; por lo que, efectivamente, son las autoridades competentes para conocer y tramitar el asunto de que se trata en cuanto al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio ordinario de referencia; por tanto, se reitera, se encuentran en un mismo plano de igualdad con la parte actora. De ahí que el incumplimiento de una sentencia por parte de la autoridad demandada en el juicio administrativo natural, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo prevé un procedimiento específico para darle ejecución. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente (registro 2007066): "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor". Asimismo, por identidad jurídica sustancial, la tesis jurisprudencial de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2016588 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 34/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 478 Tipo: Jurisprudencia AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales". En consecuencia, con fundamento, además, en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, respecto de los actos atribuidos al I) titular de la Delegación y II) titular o encargado de la Subdelegación de Prestaciones, ambos de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La causal de improcedencia analizada en este considerando, impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. La magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, indicó que respecto al acto que se le reclama, consistente en la omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para que se cumpla con la sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 4196/19-15-01-3, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que a la sentencia pronunciada todavía no le reviste el carácter de definitiva, en virtud que el dos de mayo de dos mil veintidós se resolvió la aclaración de sentencia que hizo valer la parte quejosa y cita la tesis número VI.2o.10 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo II, octubre de 1995, página 557, registro 204028, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CUANDO SE PROMUEVE ACLARACION EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA RESPONSABLE Y AUN NO SE RESUELVE AQUELLA." Empero, dicha causa de improcedencia debe desestimarse, toda vez que tal consideración constituye parte del estudio de fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 5, registro digital 187973, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". SEXTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, en los que, sustancialmente, manifiesta que a) la omisión reclamada a la Sala Regional vulnera en su perjuicio el artículo 17 constitucional, porque no se ha cumplido con la sentencia dictada en el juicio de nulidad, lo que ha generado que exista dilación en la etapa de ejecución; aunado que b) la sala responsable cuenta a su alcance con un procedimiento específico para la ejecución de las sentencias, previsto en los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La parte quejosa reclama en este juicio: De la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez: La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir de manera integral los términos de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3, en términos del artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contenciosos Administrativo. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la sala responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que: Con fecha tres de noviembre de dos mil veinte se dictó sentencia en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3, declarándose la nulidad de la resolución impugnada. Mediante escrito presentado ante la Sala responsable el ocho de diciembre de dos mil veinte, el quejoso Francisco Felicisimo Ezequiel Baños Díaz interpuso aclaración de sentencia, de conformidad con el artículo 54 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Con fecha dos de mayo de dos mil veintidós la Sala responsable resolvió la aclaración de sentencia planteada, refutando dicha interlocutoria como parte integra de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte. Análisis de los conceptos de violación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. En esta última etapa se acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 151, registro 2015591, del texto siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. En este último aspecto, el material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Es aplicable al respecto la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284, registro 2018637, del texto siguiente: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos". Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El tres de noviembre de dos mil veinte la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia dictó sentencia en el juicio 4196/19-15-01-3, a efecto de que el titular de la subdelegación de Prestaciones Oaxaca, de la Delegación Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de cuatro meses emitiera una resolución expresa en la que, dando respuesta a la solicitud que se le formuló el veintidós de abril de dos mil diecinueve y su cumplimiento de veinticuatro de mayo siguiente, ordene de inmediato, que a la pensión del aquí quejoso se le aplicaran los porcentajes de incremento del sueldo básico de los trabajadores en activo de la plaza en que se jubiló; luego, procediera a liquidar, en una sola exhibición, las diferencias procedentes. Sin embargo, a la fecha, la Sala responsable no ha iniciado con el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". Conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario -actualmente unidad de medida de actualización-, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir; apercibiéndola con multa también. Transcurridos los plazos otorgados, lo pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Análisis de las omisiones reclamadas. La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contrario a lo que alega la parte quejosa, ha observado los trámites establecidos en el procedimiento natural y de autos se advierte que no vulnera el derecho fundamental de ejecución de sentencia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así porque la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante interlocutoria de dos de mayo de dos mil veintidós, resolvió la aclaración de sentencia que hizo valer la parte quejosa, misma que se refuta parte integral de la sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 4196/19-15-01-3, adquiriendo hasta este momento el carácter de definitiva; pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al promoverse aclaración de sentencia, los plazos para la impugnación de ésta se interrumpen, reanudándose hasta en tanto se notifique la resolución interlocutoria de aclaración de sentencia; de ahí que, por el momento, la Sala responsable no ha iniciado el procedimiento de ejecución de sentencia establecido en el artículo 58 de la citada ley. Por tanto, se estima que la sala responsable no vulnera el derecho fundamental de ejecución de la sentencia a que se refiere el artículo 17 constitucional, de modo que, por ello, son inaplicables los diversos criterios invocados en los conceptos de violación por la parte quejosa. En consecuencia, al no existir queja que suplir, y al resultar infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. OCTAVO. Precisiones finales. En relación a los alegatos formulados por la parte quejosa, recibidos el diecisiete y veintitrés de mayo del año en curso, se puntualiza que no forman parte de la litis en el juicio de amparo, ni en ellas se hace valer alguna causa de improcedencia, que amerite estudio preferente; por lo que no se consideran; atento a la jurisprudencia P./J. 27/949, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice en su rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." NOVENO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** contra los actos atribuidos a las autoridades responsables siguientes: Titular o encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez: La omisión de acatar en el término de cuatro meses establecido para el cumplimiento íntegro de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3. Titular de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez. No obligar ni instruir a su inferior jerárquico para que acate el cumplimiento íntegro de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3. En términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a ***, contra el acto atribuido a la autoridad siguiente: Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, consistente en: La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir de manera integral los términos de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3, en términos del artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contenciosos Administrativo. En términos del considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. .
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NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 410/2022 Acuerdo: pral.410/2022 mesa 7 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las __________ R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el cuatro de abril de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, recibido el cinco de abril siguiente, por razón de turno, en este órgano jurisdiccional,*** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Además, narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 8, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de seis de abril de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 410/2022 y se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se pidió informe justificado a las autoridades responsables y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por el quejoso Francisco Felicisimo Ezequiel Baños Díaz y por los cuales se realizará el análisis relativo, son, del (de la): I. Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez: a) La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir de manera integral los términos de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3, en términos del artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. II. Titular o encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez: b) La omisión de acatar en el término de cuatro meses establecido para el cumplimiento íntegro de la sentencia firme y ejecutoriada, dictada el tres de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3. III. Titular de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez: c) No obligar ni instruir a su inferior jerárquico para que acate el cumplimiento íntegro de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, la 1) jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del delegado Estatal de ese Instituto y 2) la magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, negaron la existencia de los actos reclamados. Al respecto, la jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señaló que: Mediante oficio número UJDELOAX/4122/2021, de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, remitió al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del citado Instituto, la sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte y solicitó el cumplimiento de la misma. En tanto que la magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, refirió que: No existe la omisión reclamada en virtud que, respecto de la sentencia definitiva de tres de noviembre de dos mil veinte, el aquí quejoso promovió instancia de aclaración de sentencia, misma que se resolvió mediante interlocutoria de fecha dos de mayo de dos mil veintidós, refutándola como parte integra de la citada sentencia definitiva. Como se ve, pese a que dichas autoridades negaron la existencia de los actos que se le atribuyen, realizaron manifestaciones que comprueban la existencia de las omisiones que se les reclaman, ya que, a la fecha, no se ha cumplido con la sentencia dictada en el juicio de origen; por ello, se tienen por ciertos los actos que se les atribuyen a las responsables citadas con anterioridad. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran y en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, del texto que sigue: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Asimismo, por las razones que la sostienen, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 189, registro 208122: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables". Existencia que se corrobora con las constancias que remitió la sala responsable; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, de las que se advierte que, a la fecha, la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte, en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3, no está cumplida. Por su parte, el 3) titular o encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, no rindió su informe justificado, pese haber quedado legalmente notificado de su petición; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. De las constancias que integran este asunto, se advierte que respecto de dos autoridades responsables se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.). El primero de esos preceptos establecen que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de autoridad que vulneren derechos humanos y, el segundo, que para efectos del juicio de amparo es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, es necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concebido como autoridad responsable, para los efectos de la procedencia de este juicio, al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Así que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Se invoca en apoyo, por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia 2a. /J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora, el I) titular de la Delegación y II) titular o encargado de la Subdelegación de Prestaciones, ambos de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no tienen el carácter de autoridades responsables en este juicio de amparo. Lo anterior, porque el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca y la parte quejosa, como demandada y actora en el juicio natural, están sujetas a ciertas reglas procesales que los ubican en un plano de igualdad, pues quedan sometidas al procedimiento administrativo natural, por lo que las dos primeras no actúan en un plano de supra a subordinación respecto a la parte quejosa. Se puntualiza que si bien en la sentencia definitiva la autoridad vinculada al cumplimiento de la misma fue el titular de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el caso, el delegado Estatal de dicho Instituto es el superior jerárquico, máxime que la jefa de la Unidad Jurídica, en representación del delegado, manifestó en su informe que giró las instrucciones respetivas al subdelegado de Prestaciones para atender el cumplimiento de la sentencia definitiva; por lo que, efectivamente, son las autoridades competentes para conocer y tramitar el asunto de que se trata en cuanto al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio ordinario de referencia; por tanto, se reitera, se encuentran en un mismo plano de igualdad con la parte actora. De ahí que el incumplimiento de una sentencia por parte de la autoridad demandada en el juicio administrativo natural, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo prevé un procedimiento específico para darle ejecución. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente (registro 2007066): "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor". Asimismo, por identidad jurídica sustancial, la tesis jurisprudencial de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2016588 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 34/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 478 Tipo: Jurisprudencia AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales". En consecuencia, con fundamento, además, en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, respecto de los actos atribuidos al I) titular de la Delegación y II) titular o encargado de la Subdelegación de Prestaciones, ambos de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La causal de improcedencia analizada en este considerando, impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. La magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, indicó que respecto al acto que se le reclama, consistente en la omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para que se cumpla con la sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 4196/19-15-01-3, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que a la sentencia pronunciada todavía no le reviste el carácter de definitiva, en virtud que el dos de mayo de dos mil veintidós se resolvió la aclaración de sentencia que hizo valer la parte quejosa y cita la tesis número VI.2o.10 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo II, octubre de 1995, página 557, registro 204028, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CUANDO SE PROMUEVE ACLARACION EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA RESPONSABLE Y AUN NO SE RESUELVE AQUELLA." Empero, dicha causa de improcedencia debe desestimarse, toda vez que tal consideración constituye parte del estudio de fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 5, registro digital 187973, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". SEXTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, en los que, sustancialmente, manifiesta que a) la omisión reclamada a la Sala Regional vulnera en su perjuicio el artículo 17 constitucional, porque no se ha cumplido con la sentencia dictada en el juicio de nulidad, lo que ha generado que exista dilación en la etapa de ejecución; aunado que b) la sala responsable cuenta a su alcance con un procedimiento específico para la ejecución de las sentencias, previsto en los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La parte quejosa reclama en este juicio: De la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez: La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir de manera integral los términos de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3, en términos del artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contenciosos Administrativo. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la sala responsable, con valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que: Con fecha tres de noviembre de dos mil veinte se dictó sentencia en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3, declarándose la nulidad de la resolución impugnada. Mediante escrito presentado ante la Sala responsable el ocho de diciembre de dos mil veinte, el quejoso Francisco Felicisimo Ezequiel Baños Díaz interpuso aclaración de sentencia, de conformidad con el artículo 54 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Con fecha dos de mayo de dos mil veintidós la Sala responsable resolvió la aclaración de sentencia planteada, refutando dicha interlocutoria como parte integra de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte. Análisis de los conceptos de violación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. En esta última etapa se acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 151, registro 2015591, del texto siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. En este último aspecto, el material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Es aplicable al respecto la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284, registro 2018637, del texto siguiente: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos". Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El tres de noviembre de dos mil veinte la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia dictó sentencia en el juicio 4196/19-15-01-3, a efecto de que el titular de la subdelegación de Prestaciones Oaxaca, de la Delegación Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de cuatro meses emitiera una resolución expresa en la que, dando respuesta a la solicitud que se le formuló el veintidós de abril de dos mil diecinueve y su cumplimiento de veinticuatro de mayo siguiente, ordene de inmediato, que a la pensión del aquí quejoso se le aplicaran los porcentajes de incremento del sueldo básico de los trabajadores en activo de la plaza en que se jubiló; luego, procediera a liquidar, en una sola exhibición, las diferencias procedentes. Sin embargo, a la fecha, la Sala responsable no ha iniciado con el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". Conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario -actualmente unidad de medida de actualización-, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir; apercibiéndola con multa también. Transcurridos los plazos otorgados, lo pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente a fin de que determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Análisis de las omisiones reclamadas. La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contrario a lo que alega la parte quejosa, ha observado los trámites establecidos en el procedimiento natural y de autos se advierte que no vulnera el derecho fundamental de ejecución de sentencia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así porque la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante interlocutoria de dos de mayo de dos mil veintidós, resolvió la aclaración de sentencia que hizo valer la parte quejosa, misma que se refuta parte integral de la sentencia de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 4196/19-15-01-3, adquiriendo hasta este momento el carácter de definitiva; pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al promoverse aclaración de sentencia, los plazos para la impugnación de ésta se interrumpen, reanudándose hasta en tanto se notifique la resolución interlocutoria de aclaración de sentencia; de ahí que, por el momento, la Sala responsable no ha iniciado el procedimiento de ejecución de sentencia establecido en el artículo 58 de la citada ley. Por tanto, se estima que la sala responsable no vulnera el derecho fundamental de ejecución de la sentencia a que se refiere el artículo 17 constitucional, de modo que, por ello, son inaplicables los diversos criterios invocados en los conceptos de violación por la parte quejosa. En consecuencia, al no existir queja que suplir, y al resultar infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. OCTAVO. Precisiones finales. En relación a los alegatos formulados por la parte quejosa, recibidos el diecisiete y veintitrés de mayo del año en curso, se puntualiza que no forman parte de la litis en el juicio de amparo, ni en ellas se hace valer alguna causa de improcedencia, que amerite estudio preferente; por lo que no se consideran; atento a la jurisprudencia P./J. 27/949, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice en su rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." NOVENO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** contra los actos atribuidos a las autoridades responsables siguientes: Titular o encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez: La omisión de acatar en el término de cuatro meses establecido para el cumplimiento íntegro de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3. Titular de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez. No obligar ni instruir a su inferior jerárquico para que acate el cumplimiento íntegro de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3. En términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a ***, contra el acto atribuido a la autoridad siguiente: Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, consistente en: La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir de manera integral los términos de la sentencia dictada el tres de noviembre de dos mil veinte en el juicio ordinario 4196/19-15-01-3, en términos del artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contenciosos Administrativo. En términos del considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. .
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