Francisco Felipe Toscano Mora
Expediente 299/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Francisco Felipe Toscano Mora
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto dictado por este juzgado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, donde se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que el Agente del Ministerio Público adscrito y la parte quejosa fueron notificados el uno de junio siguiente, quedando comprendido dicho lapso del dos al quince de los cursantes. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto de sobreseimiento de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Sin que para ello resulte inadvertido, que las autoridades responsables foráneas no se encuentran notificadas de los oficios en los que se les comunicó dicha determinación judicial; sin embargo, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; lo que en la especie no ocurre en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es depurable, toda vez que se concedió la suspensión de plano.
- Principal
De conformidad con los artículos 126 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio JCM/430/2021, enviados vía correo electrónico por el Juez del Juzgado Cívico y por el Coordinador de Jueces ambos del Tribunal de Barandilla del Ayuntamiento de Mazatlán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinden su informe justificado y el relativo a la suspensión de plano. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, ténganse recibidas las documentales que exhiben las autoridades de mérito y por lo que respecta al domicilio señalado por las autoridades responsables se deberán estar a lo acordado en auto de veintidós de mayo de dos mil veintiuno, en el que se proveyó al respecto. Ahora bien, de las constancias que acompañan las autoridades oficiantes, el suscrito advierte de manera oficiosa que sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Del análisis practicado a las citadas constancias se obtiene que, el acto reclamado no es factible examinarlo en razón de que ya no puede surtir efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Por consiguiente, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Así también, tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Se explica. En la demanda de amparo que dio origen a este juicio, el directo quejoso reclamó la detención e incomunicación de la que dijo ser objeto por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. Mediante el oficio de cuenta, las autoridades suscriptoras ofrecieron, entre otras, las siguientes pruebas documentales: 1. Acta de remisión de detenido con folio 4896, suscrita a la una con cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo del año en curso, dirigida al Tribunal de Barandilla, respecto del quejoso, por "infracciones contra la tranquilidad y seguridad de las personas". 2. Informe policial homologado en el que se pone al quejoso a disposición del Juez de Barandilla, por "alterar el orden público". 3. Boleta de libertad con número de folio 473833, de la que se desprende que a las veintiún horas con quince minutos del veintidós de mayo de dos mil veintiuno, se liberó al impetrante. Así, de la valoración conjunta de las documentales públicas de mérito, mismas que también fueron aportadas por las restantes autoridades responsables, -las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°- se desprende que el quejosa fue detenido a la una con cuarenta y cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil veintiuno, por "infracciones contra la tranquilidad y seguridad de las personas (alterar el orden público)" y al ingresar al Tribunal de Barandilla se le realizó el examen médico correspondiente en el que se determinó que no presentaba lesiones y se encontraba orientado; asimismo, se advierte que Francisco Felipe Toscano Mora, fue puesto en libertad a las veintiún horas con quince minutos de la propia fecha, haciéndose entrega de sus pertenencias. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte del directo agraviado pone de manifiesto la cesación en los efectos de la detención y eventual incomunicación reclamados, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado. Por consiguiente, resulta innecesario esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que se examinó; por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."
- Principal
Visto el estado de los autos, de los que se advierte la razón levantada el día veintidós de los cursantes, por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se desprende que el directo agraviado Francisco Felipe Toscano Mora, ratificó la demanda promovida en su favor por José de Jesús Orozco García; en consecuencia, con fundamento en el párrafo tercero del arábigo 15 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, misma que se ordena proseguir en todos sus trámites. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de la apertura del incidente de suspensión, en virtud de que mediante acuerdo de esta fecha, se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, el que deberán rendir dentro de los quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se solicita. De acuerdo a lo que establece el ordinal 117 de la Ley de Amparo, las responsables al rendir su informe justificado, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, acompañar, en su caso, copia certificada, completa y legible de las constancias conducentes para apoyarlo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y con fundamento en lo que dispone el precepto 260, fracción II, de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Además, de expresar un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirán en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria invocada, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la anotada Unidad de Medida y Actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público. Con la finalidad de agilizar el expediente en que se actúa, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que pueden remitir el informe que les fue requerido vía correo electrónico oficial a la dirección electrónica 8jdo12cto@correo.cjf.gob.mx o fax al número telefónico 016699826690, previa confirmación del mismo con el secretario de guardia. En el mismo orden de ideas, se hace del conocimiento de las autoridades federales, estatales o municipales, que en el presente juicio tengan la calidad de responsable o tercera interesada y que deseen incorporarse al concentrado de correos electrónicos institucionales de la entidades federativas y dependencias locales para la práctica de notificaciones que puedan realizarse en los términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo, o bien, modificarlo, que podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación respectiva al correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. Asimismo, con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes del juicio, que en caso de que tengan conocimiento de que en el asunto que nos ocupa se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten; pues, de no hacerlo, conforme a lo que disponen los numerales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. TERCERO INTERESADO. No existe. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo que nos ocupa, previa razón que por su entrega se deje asentada en autos. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al Actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. Notifíquese; personalmente al agente de ministerio público adscrito. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Karin Patricia Rodríguez Morán, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por José de Jesús Orozco García, en favor de Francisco Felipe Toscano Mora, contra actos del Juez Calificador del Juzgado Cívico del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa (denominación correcta), con sede esta ciudad, y otra autoridad.Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 299/2021-IV.Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, constitucionales; 1º, fracción I, 15, 20, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE TIENE PRESENTADA LA DEMANDA EN SUS TÉRMINOS, en la inteligencia que una vez que el directo agraviado, en su caso, la ratifique, se proseguirá con el trámite del juicio conforme a lo establecido en el numeral 15 del propio ordenamiento legal.En consecuencia, atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló el promovente, se presume la privación de la libertad fuera de procedimiento; acto que se encuentran comprendidos en el artículo 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, por lo que las autoridades responsables deberán suspender inmediatamente su ejecución.
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