Francisco Efren Rodriguez Cervantes
Expediente 887/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Francisco Efren Rodriguez Cervantes
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta de la que se desprende que en el registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de éste Juzgado no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veinticuatro de noviembre del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la quejosa y a la Autoridad Responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa fueron notificadas el veinticuatro y veintiocho del mes de noviembre del año en curso, quedando comprendido dicho plazo del veintiocho de noviembre al doce de diciembre del referido año. En consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es destruible, toda vez que se sobreseyó en el juicio en que se actúa.
- Principal
De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio SS. 14996/2022, signado por el Secretario Primero de Acuerdos en funciones de Magistrado de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a través del cual rinde informe justificado. ********************Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.********************Ahora bien, en el sumario en que se actúa, se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de no dictar la resolución del incidente de ejecución del expediente ********************, radicado ante la Sala Regional Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.********************Ahora bien, del análisis practicado a las constancias allegadas al oficio de cuenta, se obtiene la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado.********************Para arribar a la citada conclusión, debe tenerse en cuenta que el acto reclamado no es factible examinarlo si no puede surtir efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular.********************Por consiguiente, la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá.********************Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." ********************Así también, tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."********************En el caso particular, ********************y******************** reclamaron del Magistrado de la Sala Regional Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, lo siguiente:********************"IV. ACTOS RECLAMADOS.********************Reclamo de la autoridad señalada como Responsable Ordenadora, el siguiente acto:********************a).- Al Magistrado de la Sala Regional Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, le reclamo la omisión de no dictar la resolución del incidente de ejecución del expediente ********************"****************************************De las constancias remitidas en copia certificada por el Secretario Primero de Acuerdos en funciones de Magistrado de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, relativas al incidente de liquidación tramitado en el juicio de nulidad ********************, las cuales revisten valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que la responsable resolvió dicho incidente el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y en lo que interesa dice:********************"(.) RESUELVE********************I. Se determina como importe de la condena que nos ocupa, la cantidad de $468,852.78 (cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos pesos 78/100 moneda nacional), para ********************y $477,201.78 (cuatrocientos setenta y siete mil doscientos un pesos 78/100 moneda nacional) para ********************II. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 49 y 103 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, se REQUIERE a las autoridades demandadas, para que dentro de un plazo de tres días hábiles contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen y acrediten la entrega al actor la cantidad de $468,852.78 (cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos pesos 78/100 moneda nacional), para ********************y $477,201.78 (cuatrocientos setenta y siete mil doscientos un pesos 78/100 moneda nacional) para ********************; apercibidas que en caso de no hacerlo se harán acreedoras a la imposición de una multa por el equivalente a la cantidad de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a saber, la cantidad de $962.20 (novecientos sesenta y dos pesos 20/100 moneda nacional); asimismo, se girará atento oficio a su superior jerárquico la actitud de desobediencia en que incurran, a fin de que las conmine a otorgar el cumplimiento requerido a la sentencia que nos ocupa (.)".********************Por consiguiente, resulta innecesario esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que se examinó y de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional.********************Da apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."********************Finalmente, hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.********************
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se otorgó a la autoridad responsable Sala Regional Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que este en aptitud de rendir su informe justificado; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional programada para este día y a fin de que tenga verificativo se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los fines legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el escrito signado por los quejosos Edmundo de Jesús Madrid Carrillo y Francisco Efrén Rodríguez Cervantes, por medio del cual desahogan la prevención que se les formuló en proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós; asimismo, manifiestan que no es su deseo señalar como responsable a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Los quejosos señalan como acto reclamado la omisión de no dictar la resolución del incidente de ejecución del expediente 804/2018, radicado ante la Sala Regional Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de los numerales 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción VI, 108, 112, 115 y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir del tres de agosto de este año, se exhorta a las partes, con la finalidad de que realicen los trámites necesarios para continuar el presente sumario bajo el esquema de "juicio en línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I, y 22, fracción II, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado, dejando a salvo los derechos de los quejosos para su apertura, en términos del artículo 130 del referido ordenamiento legal SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir dentro de los quince días siguientes a aquel en que reciban el oficio en que se solicita. De acuerdo a lo que establece el ordinal 117 de la Ley de Amparo, la responsable al rendir su informe justificado, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, asimismo, acompañar, en su caso, copia certificada, completa y legible de las constancias conducentes para apoyarlo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y con fundamento en lo que dispone el precepto 260, fracción II, de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Además, de expresar un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirá en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria invocada, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la anotada Unidad de Medida y Actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público. Con la finalidad de agilizar el expediente en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que pueden remitir el informe que le fue requerido vía correo electrónico oficial a la dirección electrónica 8jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, previa confirmación del mismo con el secretario de guardia. En el mismo orden de ideas, se hace del conocimiento de las autoridades federales, estatales o municipales, que en el presente juicio tengan la calidad de responsable o tercera interesada y que deseen incorporarse al concentrado de correos electrónicos institucionales de la entidades federativas y dependencias locales para la práctica de notificaciones que puedan realizarse en los términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo, o bien, modificarlo, que podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación respectiva al correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero, y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables, así como los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale la parte quejosa, en el entendido de que negarse a recibir dichos memoriales se harán acreedores a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se le hace de su conocimiento que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, solo deberán notificarse por oficio en su residencia oficial, además del auto de inicio, las resoluciones que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, conforme a las reglas previstas para la práctica de las notificaciones de carácter personal. De manera que los autos, resoluciones, decretos o providencias que no reúnan esos requisitos, se notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 29 de la propia legislación. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." DENOMINACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que se corregirá sin mayor proveído la denominación de aquellas autoridades responsables y tercera interesada que hayan sido señaladas de manera incorrecta, siempre que su denominación correcta sea de obvia y evidente constatación, o cuando la autoridad responsable informe su denominación o domicilio correcto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura el acceso a la tutela jurisdiccional de manera pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que informa, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mayo de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." CAUSAS DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. Asimismo, con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes del juicio, que en caso de que tengan conocimiento de que en el asunto que nos ocupa se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten; pues, de no hacerlo, conforme a lo que disponen los numerales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. TERCERO INTERESADO. De conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b), y con el diverso 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena emplazar por medio de oficio al presente juicio constitucional al Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, para lo cual, córrasele traslado con copia de la demanda y escrito aclaratorio. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo que nos ocupa, previa razón que por su entrega se deje asentada en autos. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al Actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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