Francisco Eduardo Osalde Rivera

Expediente 838/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
838/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Francisco Eduardo Osalde Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a dos de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio proveniente de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós. Notifíquese por lista al quejoso.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, sin que a la fecha el quejoso lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por XXXXXXXXXXX. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de febrero de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Se ordena devolver a la autoridad responsable las constancias que remitió con apoyo a su informe justificado, requiriéndole el acuse de recibo de estilo dentro del término dentro del término de tres días legalmente computados, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el plazo que se concede, se le aplicará una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización de conformidad al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución General, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el diverso numeral 237 fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por oficio a la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y por lista al quejoso.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Agréguese en autos el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso *****************, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se tiene por cumplido lo peticionado y se da nuevamente cuenta con la demanda de garantías y escrito de desahogo de prevención, en los siguientes términos: ...FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de garantías y escrito aclaratorio, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ACTO RECLAMADO Del estudio integral de la demanda de garantías y escrito aclaratorio se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 615/2021, en la que modifico el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Cuadragésimo Primero Civil de la Ciudad de México, en la etapa de ejecución del convenio celebrado por las partes en el especial hipotecario 797/1997, promovido por ************* (antes*************) en contra del hoy quejoso, y en su lugar, ordenó que las subsecuentes notificaciones a dicho peticionario de amparo, aun las de carácter personal, le surtieran efectos por medio de boletín judicial. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, para una mejor comprensión del acto reclamado en la presente vía de control constitucional, es necesario hacer una relación de los antecedentes que se advierten de la demanda de garantías y escrito aclaratorio, así como de las constancias que en su momento fueron remitidas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los siguientes términos: 1. Ante el Juzgado Cuadragésimo Primero Civil de la Ciudad de México, se tramita el juicio especial hipotecario 797/1997, promovido por ****************** en contra del hoy quejoso; juicio en el que las partes, con fecha veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho, comparecieron a celebrar y ratificar un convenio de reconocimiento de adeudo obligación de pago y quita condicionada. 2.- Posteriormente, mediante auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictado en la etapa de ejecución del citado convenio, el juez de origen ordenó notificar personalmente al hoy quejoso el diverso proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por exhibido el contrato de cesión onerosa de derechos de crédito y litigiosos y se ordenó su notificación al aquí peticionario de amparo, dado que ello implicaba el cambio de la parte actora. 3. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien mediante resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca 615/2021, determinó modificar el auto apelado y, en su lugar, ordenó que las subsecuentes notificaciones al hoy quejoso, aun las de carácter personal, le surtieran efectos por medio de boletín judicial. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA Atento a lo anterior y al analizar la demanda de amparo, se desprende que en relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo la fracción XXIII del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, de los artículos 107, fracciones III, inciso b), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas de procedencia del juicio de amparo indirecto: 1. El juicio de amparo procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues esa afectación, o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. 2. El juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, fuera de juicio o después de concluido, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Asimismo, se desprende una regla específica introducida por el legislador, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituya cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos emitidos en ejecución de sentencia, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre y cuando tales actos constituyan la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. No obstante lo anterior, existen algunas excepciones en las que procede el juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, cuando dichos actos gozan de autonomía propia, o bien, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Al respecto, sirve de orientación la tesis III.2o.C.24 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, Septiembre de 2007, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, página 2485, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE, POR EXCEPCIÓN, CONTRA ACTOS O VIOLACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SIEMPRE QUE TENGAN AUTONOMÍA PROPIA Y DESTACADA EN RELACIÓN CON DICHA EJECUCIÓN. Por regla general, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento. Sin embargo, existen excepciones a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; motivo por el cual, cuando el acto reclamado en amparo consiste en el auto dictado en ejecución de sentencia, que niega revocar la resolución a través de la cual el Juez de instancia condiciona el reconocimiento del carácter de cesionaria de derechos litigiosos a la quejosa, al hecho de que se notifique extrajudicialmente la aludida cesión a los demandados, como este requisito impuesto por el Juez de origen se traduce en un desconocimiento implícito de la personalidad de la cesionaria, aquel auto no puede considerarse una simple resolución emitida en dicha fase, pues el proveído en cuestión no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia pronunciada en el procedimiento de origen, sino solamente establecer la legalidad o ilegalidad del punto jurídico a dilucidar; es decir, si fue correcta o no la condición impuesta a la cesionaria de derechos litigiosos de que se trata y, por ende, se considera como una excepción a la regla general para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues no podría ser impugnada mediante el diverso juicio de control constitucional que se promueva contra la última resolución a que se refiere el artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, Materia Común, página 6, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De acuerdo al anterior, se concluye que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de garantías indirecto cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, o bien, cuando afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Como ejemplo de la primera regla de excepción mencionada (actos que gozan de autonomía), se puede citar la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar para preparar la ejecución de la sentencia. También cabe en el supuesto mencionado, el auto por virtud del cual el juez niega decretar el embargo sobre los bienes del deudor, ya que si bien se trata de una actuación dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, no está encaminada a obtener dicha ejecución, sino por el contrario, tiene como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada. Por su parte, como ejemplo de la segunda regla de excepción (actos que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada), tenemos el caso de la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque con ella se pretende vencer la contumacia de una de las partes y, al mismo tiempo, se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Asimismo, otro ejemplo de esa regla es la interlocutoria que en segunda instancia ordena reponer el procedimiento de remate, en el que ya se había adjudicado el bien objeto de la venta judicial, pues afecta directamente el derecho sustantivo derivado de la determinación judicial de adjudicación, que es ajeno a los que pueden afectarse por la ejecución de la sentencia. Ahora bien, como ya se precisó en líneas que anteceden el acto reclamado consiste en la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 615/2021, en la que modifico el auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Cuadragésimo Primero Civil de la Ciudad de México, en la etapa de ejecución del convenio celebrado por las partes en el especial hipotecario 797/1997, promovido por ******************* en contra del hoy quejoso, y en su lugar, ordenó que las subsecuentes notificaciones a dicho peticionario de amparo, aun las de carácter personal, le surtieran efectos por medio de boletín judicial, entre las cuales se encuentra la notificación del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por exhibido el contrato de cesión onerosa de derechos de crédito y litigiosos y se ordenó su notificación al aquí peticionario de amparo, dado que ello implicaba el cambio de la parte actora. En esas condiciones, dicho acto no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma, ya que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución ni se advierte que con su emisión se pretenda impedir el cumplimiento de la cosa juzgada, además de que tampoco afecta los derechos sustantivos del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia PC.I.C. J/65 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil de Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, materias común y civil, página 1691, que dice: "CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE IMPUGNA EN FORMA AUTÓNOMA LA RESOLUCIÓN QUE LA RECONOCE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, AL NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS. Conforme a los artículos 2029 y 2030, tanto del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, como del Código Civil Federal, la cesión de derechos litigiosos comprende la transmisión de los derechos de la relación materia de la controversia y, en consecuencia, de la posición procesal del cedente, lo cual puede acontecer, incluso, una vez concluido el juicio, pues no existe disposición legal que lo limite. Así, en la etapa de ejecución de sentencia, el cesionario no adquiere una mera expectativa del derecho que previamente correspondía al cedente, pues éste ya fue declarado en el juicio, por lo cual, lo que adquiere es la facultad para exigir el cumplimiento de lo sentenciado; por ello, la resolución que reconoce la cesión de esta clase de derechos en la etapa de ejecución sólo podría afectar derechos adjetivos, en sede jurisdiccional, ya que permite al cesionario realizar cualquier gestión con el objeto de obtener el cumplimiento de la condena, lo cual guarda relación con la cosa juzgada y, además, porque el ejecutado se encuentra en condiciones de cumplir su condena ante la autoridad judicial, con independencia de la persona que ostente la calidad de acreedor. Por tanto, dicha resolución no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma, sino que para ello, el ejecutado sólo podrá hacerlo una vez que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se apruebe el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que no existe afectación a derechos sustantivos, porque aunque se demostrara que la cesión no debió reconocerse, no se generan consecuencias que restrinjan al ejecutado, en forma actual, el ejercicio de un derecho fundamental (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera). En todo caso, si al impugnarse la resolución referida a través del juicio de amparo conjuntamente con la última dictada en el procedimiento de ejecución, se determina que resultó fundada la oposición del ejecutado a la cesión de derechos litigiosos, la consecuencia sería declarar su invalidez y reponer el procedimiento a partir de dicha violación para que la autoridad judicial ejecute la sentencia, pero ahora en favor del cedente." Asimismo, no se advierte que con el acto reclamado se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, pues sólo tiene como efecto que se continúe con la ejecución del convenio celebrado por las partes en el juicio de origen y que, por tanto, la parte actora se encuentre en aptitud de realizar el cobro de la cantidad que tiene a su favor, derivada del citado convenio que constituye cosa juzgada. Por tanto, el acto que por esta vía combate el quejoso debe impugnarse en el amparo indirecto que en su momento se promueva contra la última resolución emitida en la fase de ejecución, entendida ésta como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del convenio señalado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA DE LA DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En tales condiciones, con base en los razonamientos expuestos, preceptos legales y criterios invocados, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por ******************. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la parte promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, se traduce en una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Notifíquese por lista al quejoso.

  4. Principal

    México, Ciudad de México, a tres de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia que resolvió sobreseer en el presente juicio de garantías... Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo el cual es destruible, ya que le fueron negadas la suspensión provisional y definitiva a la quejosa, de conformidad con el artículo, al Capítulo Octavo, artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; respecto del duplicado del incidente de suspensión se hace la observación que es susceptible de destrucción, ya que se encuentra dentro de los supuestos a que alude el Capítulo Octavo, en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa exhibió en la demanda de amparo el acta de nacimiento de la menor *************, copia simple la carpeta de investigación levantada ante la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes y el escrito de dos de diciembre de dos mil diecinueve, de la Psicóloga Nayeli Girón López, asimismo, en razón de que la parte tercera interesada exhibió como pruebas en los escritos con folio 27082 y 1966 consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación CI-FNNA/D/UL-D-2/00239/07- 2018, en dos tantos, copia certificada de la carpeta de investigación *******************, correspondiente al expediente número ********** y copia certificada del dictamen en psicología de veintiuno de enero de dos mil veinte, derivado de la carpeta de investigación ************; sin embargo dado que dichos documentos pueden obtenerse o expedirse nuevamente, notifíquese a las partes por medio de lista el presente proveído; de igual manera, hágase de su conocimiento que tienen el plazo de noventa días para recoger tales documentos, apercibidas de que, en caso de no hacerlo, serán destruidos por el Centro de Documentación y Análisis. De igual manera, se ordena devolver a las autoridades responsables, las constancias que acompañaron a sus informes justificados, requiriéndoles para que a la brevedad posible se sirvan remitir el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. REUBICACIÓN DE NUEVO TITULAR. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Notifíquese por medio de lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

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