Francisco Eduardo Malesa Cervera

Expediente 534/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
534/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Francisco Eduardo Malesa Cervera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    PRAL. 534/2020-II Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual, informa que ha causado ejecutoria la resolución por la que determinó desechar el recurso de queja Q.C. 138/2021 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En consecuencia ARCHÍVESE el presente expediente como asunto concluido, previas anotaciones que se realicen en el libro correspondiente. Finalmente, a efecto de dar cumplimiento al contenido al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veintisiete, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece que aquellos expedientes que se hayan concluido por un acuerdo sin decidir el juicio en lo principal, serán susceptibles de destrucción; en esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que una vez que transcurra el término a que hace referencia el artículo veintiuno del Acuerdo General, se procederá a su destrucción, pues este asunto carece de relevancia documental. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a siete de julio de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual transcribe el auto de cinco de julio del año en curso, dictado en el recurso de queja QC. 138/2021, del que se advierte que desechó por improcedente dicho medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente asunto. NOTIFÍQUESE por lista a la quejosa.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito de la parte quejosa XXXXXXX, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de garantías, sin embargo, de autos se advierte que el auto por el que se desechó la demanda de amparo es de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el informe materia de la queja, así como copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del citado recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Turno, enviándole por separado el original del escrito de expresión de agravios. Ahora bien, toda vez que se trata de un recurso de queja, éste debe ser turnado a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, remítase el medio de impugnación por conducto del buzón judicial para que se le asigne número y se turne al Tribunal Federal que en razón de turno le corresponda conocer, lo anterior conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito y por lista a la parte quejosa.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veinte. Visto el escrito presentado por el quejoso XXXXXXX, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de catorce de octubre del año en curso; por lo que se procede acordar la demanda de garantías en los siguientes términos: Quejoso. XXXXXXX (demandado en el juicio de origen). Personalidad. La demanda la promueve por propio derecho. Autoridades Responsables. - Juez, Actuarios y Conciliador adscritos al Juzgado Trigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México. - Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. - Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México Derechos humanos y garantías violadas. Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales. Precisión del acto reclamado. De la demanda de amparo y escrito de desahogo, se advierte que la parte quejosa reclama, lo siguiente: 1. El auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, que ordena dar cumplimento al diverso de dos de marzo del año en curso, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 387/2015, tramitado ante el Juez responsable seguido por Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hoy su cesionario XXXXXXX en contra del quejoso, en el que se ordenó el lanzamiento, con el uso de la fuerza pública y fractura de cerraduras del inmueble ubicado en: XXXXXXX 2. El inminente riesgo de contagio que pone en peligro su salud, su vida y de los ocupantes con motivo de la práctica de dicha diligencia. 3. La circular CJCDF 33/2018, emitida por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, la que fue emitida sin considerar las medidas correspondientes a evitar el riesgo, contagio y propagación del virus SARS-CoV2. 4. El acuerdo 14/2016, por el que se expide el Protocolo de actuación Policial de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, así como la asignación de elementos para la práctica de la diligencia ordenada. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Por lo que hace a los actos reclamados precisados con los números uno y cuatro, se advierte que los actos reclamados no constituyen el último acto dictado en la etapa de ejecución, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al 107, fracción IV, párrafo segunda, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Ahora bien, el precepto legal transcrito en último término, sienta la base de la procedencia del juicio de amparo, al establecer los casos en los cuales son reclamables los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según se trate de aquellos dictados dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, como en la especie ocurre con el acto reclamado Para los actos dentro de juicio, las normas transcritas establecen como regla general la procedencia del juicio de amparo en la vía directa contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por violaciones cometidas en éstos o durante la tramitación del mismo; y como regla de excepción la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta cuando se trate de actos de imposible reparación. Para los actos fuera de juicio no se previenen reglas específicas. Para los actos después de concluido el juicio, se dispone que tratándose de ejecución de sentencias, únicamente será reclamable la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y que en el supuesto de remates, sólo podrá impugnarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, para la aplicación al caso concreto de estas reglas de procedencia depende de precisar, primero, si el acto reclamado proviene o no de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, segundo, de ser así, si tal acto se produce dentro de juicio, fuera de juicio o después de su conclusión, para lo cual es importante señalar que en esta vía se reclama, el auto veintidós de septiembre de dos mil veinte, que ordena dar cumplimento al diverso de dos de marzo del año en curso, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 387/2015, tramitado ante el Juez responsable, en el que se ordenó el lanzamiento, con el uso de la fuerza pública y fractura de cerraduras del inmueble ubicado en: XXXXXXX, así como el acuerdo 14/2016, por el que se expide el Protocolo de actuación Policial de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, así como la asignación de elementos para la práctica de la diligencia ordenada. De lo anterior, se advierte que la tramitación del referido juicio, está encomendada a un órgano jurisdiccional, y por tanto, el citado acto reclamado proviene indudablemente de un tribunal judicial y que, por lo mismo, se encuentra regido por las normas de procedencia del juicio de amparo antes transcritas. Tratándose, por lo tanto, de un acto proveniente de un tribunal judicial, se debe precisar si el mismo se produce dentro de un juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, y para ello, basta observar que como ha quedado señalado, el acto reclamado en la presente instancia constitucional nos lleva a la conclusión que deriva de la ejecución de sentencia, ya que el juicio es el conjunto de actos relacionados entre sí y que se presentan cronológicamente conforme a los mandatos legales, que inician con una demanda y terminan con una sentencia, de ahí que los actos que se ejecuten o emitan para dar cumplimiento a dicha sentencia, son propiamente actos de autoridad después de concluido el juicio. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos después de concluido el juicio, resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo anterior, debe concluirse que el acto reclamado, se produjo después de concluido el juicio dictado en ejecución de sentencia, y además, no constituyen el último acto emitido en dicho procedimiento de ejecución, pues en el caso a estudio, únicamente se reclama el auto veintidós de septiembre de dos mil veinte, que ordena dar cumplimento al diverso de dos de marzo del año en curso, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 387/2015, tramitado ante el Juez responsable, en el que se ordenó el lanzamiento, con el uso de la fuerza pública y fractura de cerraduras del inmueble ubicado en: XXXXXXX, así como el acuerdo 14/2016, por el que se expide el Protocolo de actuación Policial de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, así como la asignación de elementos para la práctica de la diligencia ordenada; por lo que al no cumplirse con esos requisitos el acto que por esta vía se reclama, no se satisfacen los supuestos de procedencia que establece el artículo 107, fracción IV, de la ley de Amparo. Además, es menester precisar que la quejosa es demandada en el juicio de origen y que al haberse emitido el acto reclamado en la etapa de ejecución de sentencia, el mismo resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, pues para que pueda impugnarse mediante el juicio de garantías, es indispensable que dicho acto sea el último que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo; esto es, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la ejecución de la sentencia o que se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. No pasa inadvertido para este juzgador el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J 108 2010 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE" -visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6-; sin embargo, este juzgador, estima, que el acto reclamado, emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia, no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural, pues el requerimiento de entrega del bien inmueble deriva directamente de la sentencia dictada en el juicio de origen. En efecto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado que existen actos emitidos en ejecución de sentencia ?en el caso en concreto ejecución de sentencia definitiva?, en contra de la cual sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia, puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente:  Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento (regla general).  Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (segunda regla de excepción). Ahora bien, la fracción IV, del artículo 107 del repetido ordenamiento, establece diversas restricciones con relación a la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera, incluso, en materia de procedimientos de extinción de dominio; o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo que en el caso a estudio no acontece, pues el acto que reclama el quejoso no es ajeno a lo resuelto en la ejecución de sentencia que constituye la verdad legal. Por tanto, si el acto reclamado que en esta vía se reclama, lo constituye, el auto veintidós de septiembre de dos mil veinte, que ordena dar cumplimento al diverso de dos de marzo del año en curso, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 387/2015, tramitado ante el Juez responsable, en el que se ordenó el lanzamiento, con el uso de la fuerza pública y fractura de cerraduras del inmueble ubicado en: XXXXXXX así como el acuerdo 14/2016, por el que se expide el Protocolo de actuación Policial de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, así como la asignación de elementos para la práctica de la diligencia ordenada; constituye un acto dictado en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en la citada controversia; esto es, no es ajeno a la cosa juzgada, motivo por el cual, el acto reclamado, como ya se dijo, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA DE LA DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma, se cita por analogía e identidad, la jurisprudencia número 1a./J. 19/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 34, tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía e identidad jurídica, la Jurisprudencia 104, registro 920552, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Apéndice 2001, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia TCC, página 141, que establece: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías." Ahora bien, por lo que hace a los actos reclamados marcados con los números dos y tres, se advierte que los actos reclamados no le causan un agravio personal y directo, por lo que se actualiza la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, fracción I y 5, fracción I, de la Ley Reglamentaria, preceptos que establecen: Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia'' Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. " De las normas transcritas en párrafos precedentes, se infiere que la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente, que los actos que reclama afectan su esfera jurídica, esto es, que el juicio de amparo únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado, dicho en sentido contrario, el juicio de amparo no procede cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica del quejoso, pues el máximo Tribunal del país, ha establecido que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo. Asimismo, respecto al concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que, la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que, el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera conjunta, es lo que provoca el origen de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente tutelados. Es aplicable al caso en concreto, por identidad de razón jurídica, la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3490, del Tomo LXXXll, correspondiente a la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4°. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Además, cabe citar, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo IV, materia civil, página quinientos ochenta y uno, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así, se advierte que, los actos reclamados antes precisados no le causan perjuicio real y definitivo a la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que el efecto jurídico y material es el inminente riesgo de contagio que pone en peligro su salud, su vida y de los ocupantes con motivo de la práctica de la diligencia señalada en el número uno de los actos que reclama y la circular CJCDF 33/2018, emitida por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, la que fue emitida sin considerar las medidas correspondientes a evitar el riesgo, contagio y propagación del virus SARS-CoV2, no ocasiona un agravio personal y directo en la esfera jurídica de la parte quejosa, que haga procedente el juicio de amparo, en términos de lo que dispone la fracción I, del artículo 5° de la Ley de Amparo, pues de su escrito de desahogo, señala que no fue solicitada la implementación de protocolos de sanidad relativos del virus denominado Covid-19 a la autoridad responsable; sin embrago es de conocimiento público la circular CJCDMX-20/2020, en el que se advierten los Lineamientos de Seguridad Sanitaria del Poder Judicial de la Ciudad de México, implementados por parte de los órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial, servidores públicos, así como público en general, con motivo del virus denominado virus SARSCoV2 (COVID-19), Por lo que tal determinación no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dada la nueva normalidad que enfrenta el país y las medidas adoptadas, por la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico en cada entidad federativa, así como las acciones, extraordinarias que se encuentran vigentes hasta en tanto se declare terminada la contingencia por el virus SARS-CoV2, de conformidad con lo establecido al acuerdo de catorce de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación,. En tales condiciones, con base en los razonamientos expuestos, preceptos legales, y con apoyo además en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. Notifíquese personalmente al quejoso.

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