Francisco Durán Caldera
Expediente 948/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 948/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Francisco Durán Caldera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifico que: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno al siete de enero de dos mil veintidós, para las autoridades responsables Legislatura, Director de la Policía de Seguridad Vial y Policía de Seguridad Vial, todos del estado de Zacatecas del estado de Zacatecas del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno al diez de enero de dos mil veintidós y Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial de Gobierno, todos del estado de Zacatecas del cuatro al diecisiete de enero de dos mil veintidós; sin que hubieren interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de derechos en que se actúa; De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, sin embargo, no se exhibió billete de depósito. No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos y con la promoción con folio 2100. Conste. Zacatecas, Zacatecas dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado por este juzgado en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo en cita; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es DEPURABLE el cuaderno original con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, en razón de que se concedió la suspensión provisional. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Ahora, en virtud de que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ponen a disposición de la parte quejosa, dichos documentos por el término de noventa días naturales, a fin de que los recoja; apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de éste se depuren. Por ultimo agréguese a los autos el escrito signado por Olga Hilda Valenzuela Arellano, en su carácter de autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido dígase que se deberá estar a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. cindy
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: ...Zacatecas, Zacatecas dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado por este juzgado en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo en cita; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es DEPURABLE el cuaderno original con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, en razón de que se concedió la suspensión provisional. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Ahora, en virtud de que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ponen a disposición de la parte quejosa, dichos documentos por el término de noventa días naturales, a fin de que los recoja; apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de éste se depuren. Por ultimo agréguese a los autos el escrito signado por Olga Hilda Valenzuela Arellano, en su carácter de autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido dígase que se deberá estar a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. ...
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 948/2021, ante Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, quien actúa con la secretaria Angélica Bobadilla Larios, que autoriza y da fe, se procedió a su celebración sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia. La secretaria da lectura a la copia del escrito inicial de demanda promovida por Francisco Durán Caldera, auto de veinticuatro de noviembre del año en curso, informe previo rendido por las autoridades responsables Gobernador, LXIV Legislatura y Dirección de Policía de Seguridad Vial, todas del Estado de Zacatecas. Por otro lado, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 18713 por la cual se tiene a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, por medio del cual formula alegatos. Aunado a lo anterior, se da cuenta con la situación de que el término de tres días concedido a la parte quejosa por auto de uno de diciembre del año en curso transcurrió del seis al ocho del citado mes y año, sin que diera cumplimiento al mismo. A lo anterior el juez provee: Téngase por recibidos los informes previos rendidos por las autoridades responsables, asimismo, se hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de uno de diciembre del año en curso y se tiene como inexistente a la autoridad señalada como policía de Seguridad Víal del Estado de Zacatecas; por tanto, suspéndase toda comunicación con la misma; por otro lado, téngase por recibido el pedimento de cuenta que suscribe la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes En el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta con la instrumental de actuaciones, la presuncional, así como las diversas documentales ofrecidas por el quejoso Francisco Durán Caldera, en su escrito de demanda. A lo que el juez determina. Con apoyo en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas. En periodo de alegatos. La Secretaria da cuenta con los alegatos presentados por el quejoso acordados en fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno; así como con el pedimento 905/2021, formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito y acordado en la presente audiencia. A lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las alegaciones de mérito y por perdido el derecho de las partes en formular alegatos, y se da por concluida la presente etapa, al encontrarse debidamente integrado el incidente en que se actúa y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en el invocado numeral, procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho. VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 948/2021, promovido por Francisco Durán Caldera, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, y turnado a este Juzgado, Francisco Durán Caldera, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "(.) Autoridades responsables: ( Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. ( H. LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas. ( Director de Policía de Seguridad Vial de Zacatecas. ( Policía de Seguridad Vial. Acto reclamado: ("LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 155, FRACCIÓN V, Y 191, FRACCIÓN IV, 196, FRACCIÓN I, 199, ESTE ÚLTIMO QUE ESTABLECE EL CATALOGO DE SANCIONES, Y ARTÍCULO 24, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS. ( LA ILEGALIDAD DE LA INFRACCIÓN 0048, EN LA QUE SE IMPONE LA INFRACCIÓN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN VIII, ARTÍCULO 191, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS. ( LA ILEGAL RETENCIÓN DEL VEHÍCULO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 155, FRACCIÓN V Y 196, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS. ( EL INMINENTE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN EN CONTRA DE LA MULTA.". SEGUNDO. El veinticuatro de noviembre del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar por duplicado y por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 948/2021, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33 fracción IV, 1, fracción I, 132, 144 de la Ley de Amparo vigente; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva debe contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados que se obtengan del estudio y análisis conjunto de la demanda, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Bajo esa tesitura, los actos reclamados en esta instancia consisten en como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 155, fracción V, y 191, fracción IV, 196, fracción I, 199, este último que establece el catálogo de sanciones, y artículo 24, fracción VIII, del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas; la ilegalidad de la infracción 0048 y; la ilegal retención del vehículo del quejoso. TERCERO. La autoridad responsable LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas, al rendir su informe previo negó la existencia del acto reclamado al no tener injerencia en la emisión del reglamento reclamado, dicha negativa se corrobora al tener a la vista el citado cuerpo de leyes en la página oficial del Periódico Oficial del Estado, de la que se desprende que dicha autoridad no participó en la expedición de la norma reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". CUARTO. En tanto que Gobernador y la Dirección de Policía de Seguridad Vial, ambas del Estado de Zacatecas, negaron la existencia de la totalidad de los actos reclamados, no obstante, dicha negativa queda desvirtuada; por lo que hace a la primera de ellas, se desvirtúa toda vez que es un hecho público y notorio su intervención en la creación del decreto; y por lo que hace a la segunda, su negativa se desvirtúa con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo, consistentes en copia de la boleta de infracción emitida contra el quejoso. QUINTO. Negativa de la suspensión definitiva. Primeramente, en el caso resulta improcedente conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados al Gobernador estado de Zacatecas, que se hacen consistir en la inconstitucionalidad del artículo 155, fracción V, y 191, fracción IV, 196, fracción I, 199, este último que establece el catálogo de sanciones, y artículo 24, fracción VIII, del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas; tomando en consideración que se trata de actos que ya acontecieron y, en consecuencia, quedaron consumados desde la fecha en que los mismos tuvieron verificativo, además de que contra la expedición de leyes la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas, y no éstas en sí, de lo que resulta que el análisis de su inconstitucionalidad es materia del fondo del amparo, razón por la cual la medida provisional resulta improcedente, y por tanto, debe negarse, ante la imposibilidad de retrotraer las cosas en el tiempo. Tienen aplicación los siguientes criterios cuyos rubros y textos son del tenor literal siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darse efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." SEXTO. Este juzgador se pronunciará sobre la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, sin importar que para ello que se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA" Por lo que hace al acto reclamado consistente en la retención del vehículo, conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados a petición de parte son: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza; 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página: 2347: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal". Ciertamente, se colma el requisito previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa solicita expresamente la medida cautelar. Por lo que hace al requisito previsto en la fracción II del citado artículo 128, relativo a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, este Tribunal Federal estima no se colma, pues de conceder la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias del acto de aplicación de los artículos 155, fracción V y 196, fracción I del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, se afecta el interés social y contravienen disposiciones de orden público. En efecto, el quejoso narró en su demanda de amparo que el doce de noviembre de este año, una policía de seguridad Vial, le levantó una infracción, por el supuesto de estar prestando servicio de transporte público, sin portar concesión o permiso experimental vigente y le fue retenida su unidad marca Nissan, modelo 2002, color blanco, número de serie 3N1EB31S92K365955. Ahora, los artículos reclamados con fundamento en los cuales se puede retener los bienes muebles de los quejosos, disponen lo siguiente: "Artículo 24. Los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros, automóviles y autobuses, además de Ilenar los requisitos establecidos en el artículo anterior deberán: (.) VIII. Portar la concesión o permiso experimental vigente correspondiente a la unidad. "Artículo 155. Cualquier vehículo podrá ser retirado de la circulación y resguardado en los depósitos vehiculares dependientes y autorizados por el Gobierno del Estado, como medida de seguridad preventiva para evitar afectación al orden público e interés social cuando: (.) V. El conductor sea sorprendido prestando servicio el servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades, sin contar con concesión o permiso experimental vigente; Artículo 191. Serán consideradas infracciones muy graves las siguientes conductas: (.) VI. Cuando el conductor sea sorprendido prestando el servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades, sin contar con concesión o permiso experimental vigente." Artículo 196. Queda prohibido a los elementos de la Policía de Seguridad Vial detener un vehículo, si éste no ha incurrido en la violacion flagrante de la Ley o sus Reglamentos, con excepcion de los siguientes casos: I. Cuando se implementen programas y operativos por parte de la Dirección sobre seguridad vial o inspección, con la obligación de que quienes intervengan en tales operativos deberán portar sus gafetes de identificacion correspondiente; (...)" Artículo 199. Las infracciones leves serán sancionadas con multas de 3 a 20 UMA; las graves con multas de 20 a 40 UMA; y las muy graves de 60 a 300 UMA, de conformidad con lo dispuesto en el siguiente catalogo de sanciones: TABULADOR DE INFRACCIONES. 24, fracción VIII Conductor sorprendido sin portar concesión o permiso experimental vigente Multa de 200 a 300 UMA De la interpretación teleológica de tales artículos se puede advertir que tienen por objeto salvaguardar la prestación del servicio público de transporte concesionado por el Estado de Zacatecas, mediante el control de los vehículos autorizados por la autoridad competente para brindar dicho servicio, pues a través de las autorizaciones que otorga el Estado la autoridad puede tener un padrón o registro vehicular que permite verificar el cumplimiento de las normas en beneficio y para la seguridad de los usuarios de los servicios del transporte público concesionado. Por lo tanto, se trata de disposiciones dictadas en beneficio del interés general, en cuya observancia está interesada la sociedad, por encima del interés individual. Resulta aplicable, en lo sustancial y por identidad de razón, la siguiente jurisprudencia. "SUSPENSIÓN EN AMPARO. DEBE NEGARSE CUANDO EL CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE LA SOLICITE CONTRA LA DETENCIÓN DEL VEHÍCULO QUE UTILIZA PARA SU PRESTACIÓN, POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIBLES (ARTÍCULO 70 DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA). El mencionado precepto establece que los vehículos que se utilicen para la prestación del servicio público de transporte en rutas urbanas no deben exceder de diez años de antigüedad, con lo cual se persigue proteger el interés colectivo y tutelar el orden público, ya que además de buscar la seguridad de los pasajeros y la disminución de accidentes, tiende a reducir el impacto ambiental. Ahora bien, si la protección al medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico son de interés social y utilidad pública, conforme a los artículos 1o., 2o., 3o., fracción XIX, 4o. y 7o., fracciones II, III y VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que están obligadas a cumplir, entre otras, las autoridades estatales, es indudable que si los concesionarios reclaman la detención de vehículos destinados al transporte público que no reúnan los requisitos legales previstos, debe negarse la suspensión del acto reclamado conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de lo contrario se causaría perjuicio al interés social, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones de seguridad y ocasionando el menor impacto ambiental." En tales condiciones, tomando en cuenta los anteriores parámetros, este órgano jurisdiccional concluye que no procede conceder la suspensión para el efecto solicitado por el quejoso, esto es, para que se le devuelva el vehículo retenido con motivo del acto de aplicación de las normas reclamadas, pues de hacerlo se siguen perjuicios al interés social, porque suspender el acto con los efectos que pide el quejoso, se priva a la colectividad del beneficio derivado de las normas reclamadas, consistente en la aplicación de las medidas de control y verificación a las que están obligadas las autoridades, cuyo fin último es brindar seguridad a los usuarios del servicio de transporte público concesionado por el Estado de Zacatecas. Este juzgador no pasa desapercibido lo alegatos presentados por la parte quejosa, en los que señala que la concesión de la suspensión no genera perjuicio al interés social, ya que de conceder la suspensión, no se autoriza la prestación del servicio público; sin embargo, no se cuenta con la certeza de que así sea y ante dicha incertidumbre, resulta improcedente conceder la suspensión para esos efectos ya que el interés general debe de prevalecer al individual. SÉPTIMO. Concesión de la suspensión definitiva. En otro aspecto, en cuanto a la ejecución de la multa reclamada, se hace el siguiente pronunciamiento: En ese orden de ideas, es preciso aclarar que el quejoso solicita que se le conceda la suspensión a efecto de que se suspenda el cobro de la multa reclamada. Al respecto se estiman actualizados los requisitos para la procedencia de la medida suspensional, en razón de que: 1. Es solicitada por el quejoso. 2. El acto reclamado resulta existente para efectos de la suspensión definitiva, dado que se presume tal circunstancia con lo manifestado por la parte quejosa, en el sentido de que el doce de noviembre de dos mil veintiuno, fue interceptado por una policía de Seguridad Vial, sin que se identificara y le levanto una infracción, por el supuesto de estar prestando servicio de transporte público, sin portar concesión o permiso experimental vigente, aunado a que presentó la copia de dicha infracción. 3. La naturaleza del acto reclamado admite suspensión, pues se advierte que genera efectos positivos con su ejecución susceptible de paralizarse, a saber: que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. 4. El quejoso resiente un perjuicio en su esfera jurídica ya que le fue impuesta una infracción de tránsito por el supuesto de estar prestando servicio de transporte público, sin portar concesión o permiso experimental vigente; asimismo, el quejoso resiente un perjuicio en su esfera jurídica ya que, de ser ejecutada la mencionada multa, se le causaría un agravio irreparable, en razón de que le causaría un menoscabo a su patrimonio. 5. Sin que la concesión de la suspensión implique una afectación al interés social u orden público, en razón de que el acto de ejecución sobre el que se pide la suspensión únicamente vincula a las partes contendientes, en el caso, el quejoso. De lo que se sigue que, en sí mismo, tal acto de molestia, es susceptible a la medida cautelar. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 128 y 147 de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, no se ejecute la multa impuesta al quejoso, hasta en tanto se notifique a las autoridades sobre la sentencia ejecutoriada. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." En el entendido de que la medida cautelar que se concede surte efectos desde luego, siempre y cuando el acto reclamado no haya sido ejecutado o provenga de diversas autoridades a la precisada como responsable por el agraviado, pues en tal caso, se considerará como acto consumado para los efectos legales conducentes. Para que la suspensión decretada continúe surtiendo efectos en cuanto al crédito fiscal, el quejoso deberá garantizar suficientemente el interés fiscal ante la autoridad responsable por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este auto, en conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Amparo; y lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado. Orienta a lo anterior, por las razones que la sustentan la tesis de jurisprudencia número PC.I.A. J/57 A (10ª.), visible en la página 2118, Tomo III, Noviembre 2015, Decima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor siguiente: "MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 2a./J. 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables". Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 128, 147 y 151 de la Ley de Amparo, resulta procedente CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 128, 139, 138, 140 y relativos de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se niega a Francisco Durán Caldera la suspensión definitiva solicitada, por los motivos precisados en los considerandos tercero, quinto y sexto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a Francisco Durán Caldera la suspensión definitiva solicitada, por los motivos precisados en el considerando séptimo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. GEE
- Incidental
El uno de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con las promociones con folios 17951, 17924, 17892 y 18097. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME PREVIO de las autoridades responsables gobernador (por conducto del coordinador general jurídico y representante), LXIV Legislatura (por medio del director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos) y Dirección de Policía de Seguridad Vial (por conducto del encargado del despacho), todas del Estado de Zacatecas; sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en la audiencia incidental respectiva. Con fundamento en el diverso numeral 9 de la ley en cita, se tienen como delegados y domicilio de las responsables que así lo solicitan, los que señalan en su ocurso. Asimismo, téngase como correo electrónico y teléfono de la autoridad mencionada en primer término para el contacto respectivo, el que indica en su oficio. Ahora, del comunicado de cuenta que remite la Dirección de Policía de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas, se advierte que dicha institución cuenta con una multitud de personas que ostentan el cargo de Policía de Seguridad Vial. En atención a lo anterior, dese vista a la parte quejosa con dicha circunstancia por el término de tres días siguientes a la legal notificación del presente auto, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo así dentro del citado plazo se tendrá por inexistente a la autoridad que denominó como "policía de Seguridad Vial del Estado de Zacatecas". Por lo tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Finalmente, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el pedimento con número de folio 18097 signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. Cindy*
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