Francisco Díaz Delgado
Expediente 291/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 291/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 01/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Francisco Díaz Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El uno de agosto de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del siete al veinte de julio de dos mil diecisiete, sin contar los días ocho, nueve, quince y dieciséis de julio del actual, por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia definitiva del treinta de junio de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo número 291/2017-1. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En el presente juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Sí existe expediente por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha el Secretario da cuenta al Secretario encargado del despacho, con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido para las partes el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva del treinta de junio de dos mil diecisiete, dentro del presente juicio de amparo número 291/2017-1, en el que se decretó el sobreseimiento; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable Secretario General de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, el expediente administrativo de restitución de tierra 1191/2015, que adjuntó en su oportunidad a su informe justificado. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe Olivia
- Principal
En cuatro de julio de dos mil diecisiete, se da cuenta a la Juez con la razón actuarial de tres del mes y año en curso. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de julio de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial de cuenta, y en atención a que de la misma se desprende que no le fue posible al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado notificar personalmente a la tercera interesada Ma. del Socorro Rangel Rodríguez, la sentencia dictada en treinta de junio del año en curso, ya que no obra en autos domicilio señalado de su parte en esta ciudad, no obstante que se les previno al momento de su emplazamiento para ello; por tanto, se le hace efectivo a la citada tercera interesada el apercibimiento decretado por auto de veintisiete de marzo del año en curso, el cual se le hizo de su conocimiento el seis de abril del presente año (foja 45), por lo que la notificación de la sentencia de mérito, así como las posteriores que tengan el carácter de personales practíquensele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. OE.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 291/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Francisco Díaz Delgado promovió demanda de amparo, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ordenadora: Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Ejecutora: Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "De la autoridad Ordenadora reclamo la resolución de fecha veinte de Diciembre del año dos mil dieciséis emitida por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas, emitida en autos del RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO en contra de la resolución de fecha nueve de julio de dos mil dieciséis dentro del expediente Administrativo de Restitución de Tierras, radicado en la Dirección de Fraccionamientos del estado de Zacatecas bajo el número 1191/2015, promovido por la C. MA. DEL SOCORRO RANGEL RODRÍGUEZ, en contra del suscrito. De la Autoridad Ejecutora, reclamo la ejecución de la resolución aludida por la cual se ordenó requerimiento sobre la desocupación voluntaria en el plazo de cinco días respecto de la superficie de 644.363mts cuadrados correspondientes al lote 159 fracción O-II, ubicado en la zona de Fraccionamientos de San Marcos Bimbaletes, terrenos expropiados a la ex hacienda de San Marcos del municipio de Loreto, Zacatecas, con apercibimiento de lanzamiento"." Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y, mediante acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, toda vez que la quejosa cumplió con la prevención que le fue realizada en auto de dieciséis anterior, se admitió el libelo constitucional; se registró con el expediente 291/2017; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició el cinco de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a autoridades administrativas que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La resolución de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, emitida por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas, con motivo del recurso de revisión promovido por el hoy quejoso contra la diversa de nueve de julio de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento administrativo de restitución de tierras 1191/2015 promovido por Ma. del Socorro Rangel Rodríguez. - La ejecución de la resolución aludida. TERCERO. Certeza. Ahora, la autoridad responsable Director de Fraccionamiento Rurales del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado (foja 49), negó la existencia del acto reclamado, en virtud a que no ha sido notificada de la resolución dictada con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, misma que constituye uno de los actos reclamados. Al respecto, los artículos 172 y 173, ambos de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, establecen lo siguiente: "Artículo 172. Las resoluciones definitivas de segunda instancia causarán ejecutoria tan pronto como haya transcurrido el término para impugnarlas, conforme a lo que al respecto dispongan las leyes relativas. Transcurrido el término sin que se impugnen, se enviarán los autos originales de la resolución al Director para su cumplimiento. Artículo 173. El Director, a fin de hacer cumplir sus determinaciones, podrá emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio: I. Apercibimiento; II. Multa desde mil hasta cinco mil pesos, y que deberá pagarse dentro de un plazo máximo de cinco días, comprobándose mediante la presentación del certificado, carta de pago o recibo correspondiente. El importe de la multa quedará a beneficio del Fisco del Estado; III. El auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse en el momento en que sea solicitado; IV. El arresto hasta por treinta y seis horas, después de haberse aplicado la medida a que se refiere la fracción I, y V. El rompimiento de chapas y cerraduras. Si la falta de cumplimiento llegare a implicar la comisión de un delito, se consignarán los hechos a la autoridad competente. Los actuarios podrán solicitar directamente el auxilio de la fuerza pública, cuando actúen en cumplimiento una determinación del Director". Así, de dichos preceptos se obtiene que las resoluciones dictadas en segunda instancia causarán ejecutoria tan pronto transcurra el plazo para impugnarlas, por lo que una vez fenecido el término, se remitirán los autos al Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, para que ejecute la resolución, empleando las medidas de apremio contenidas en el segundo de los preceptos transcrito para lograr su cumplimiento. Ahora bien, en el caso en estudio, si bien la autoridad, al rendir su informe de ley manifestó no haber recibido notificación respecto de la resolución emitida por el Secretario General de Gobierno del Estado respecto del recurso de revisión promovido por el ahora quejoso, de acuerdo con los preceptos citados le corresponde la ejecución de dicha resolución y, por tanto, es cierto el acto que se le reclama. Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.- En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por otro lado, Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 50 a 58). Además, como se dijo, remitió el original del procedimiento administrativo de restitución de tierras 1191/2015, promovido por Ma. del Socorro Rangel Rodríguez, contra el hoy quejoso, de la estadística de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado, en el cual dictó la resolución reclamada; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Sobreseimiento del juicio de amparo. No se realizará el estudio de los conceptos de violación, virtud a que este juzgado de Distrito advierte se actualiza la causa de sobreseimiento del juicio prevista en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, cuestión de orden público y estudio preferente. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis aislada número I.7º.P. 11 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1200, del tomo XXVIII, Agosto de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." En efecto, el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio". Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico, que el juicio de amparo, se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada, conforme con el cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado; en consecuencia, es lógico concluir, que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. Entonces, al constituir el desistimiento en el juicio de amparo la abdicación o el abandono de algún derecho, esto es, el apartamiento de la acción y demanda, para que el juzgador tenga una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente, como en la resolución de sobreseimiento que debe dictarse al respecto, resulta indispensable que dicho desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial, o ante un funcionario con fe pública, lo cual tiene como finalidad el cercioramiento de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. Tiene aplicación, la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 295, del Tomo XXIV, Agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente dice: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tenga una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando se tenga por desistido al agraviado en términos de ley para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En esa tesitura, mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecisiete (foja 84), se tuvo por recibido un escrito por el cual, el quejoso Francisco Díaz Delgado manifestó su deseo de desistirse del presente juicio; asimismo, en esa misma fecha éste compareció ante este órgano jurisdiccional a fin de ratificar el contenido del citado ocurso, lo cual aconteció como se advierte de la diligencia que obra a foja 83 de autos. Por tanto, si el quejoso emitió manifestación expresa de abandonar el ejercicio de la acción de amparo, como se advierte del escrito de desistimiento y de su ratificación ante la presencia judicial, entonces, se acredita plenamente la invocada causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso concreto, la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede verse en la página 147, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Así como la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 240, del Tomo XI, Abril de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo." No es obstáculo para la anterior determinación, la circunstancia de que el escrito de desistimiento se haya recibido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, ya que el Juez de Distrito debe tomar en cuenta los documentos presentados después de celebrada la audiencia, cuando con ello se acredite como en el presente caso, una causal de sobreseimiento, por ser de estudio preferente. Al respecto, sirve de apoyo por identidad jurídica, la tesis número II.1º.P. 33 K, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que puede consultarse en la página 664, del Tomo XIII, Junio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente señala: "AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO CON ELLOS SE ACREDITE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Si después de celebrada la audiencia constitucional, el Juez de Distrito toma en cuenta documentos que sirvieron para hacer de su conocimiento una causal de improcedencia, no puede considerarse una violación al artículo 155 de la Ley de Amparo, ya que siendo las causas de improcedencia de estudio preferente, acorde con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la ley en cita, el Juez está obligado a su análisis previo a cualquier otra cuestión. Además de que en esta hipótesis, es justificado atender a su contenido, de acuerdo con el artículo 74, fracción III, de la invocada ley, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga una causa de improcedencia, las que se rigen por disposiciones de orden público." En esas condiciones, es procedente sobreseer el presente juicio de control constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo; se, RESUEVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 291/2017, promovido por Francisco Díaz Delgado, contra el acto reclamado al Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, por las razones y consideraciones precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza, hoy treinta de junio de dos mil diecisiete, por así permitirlo las labores del juzgado. Doy fe. /manuelcc.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MA. DEL SOCORRO RANGEL RODRÍGUEZ, LA SENTENCIA EMITIDA EN FECHA TREINTA DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 291/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Francisco Díaz Delgado promovió demanda de amparo, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ordenadora: Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Ejecutora: Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "De la autoridad Ordenadora reclamo la resolución de fecha veinte de Diciembre del año dos mil dieciséis emitida por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas, emitida en autos del RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO en contra de la resolución de fecha nueve de julio de dos mil dieciséis dentro del expediente Administrativo de Restitución de Tierras, radicado en la Dirección de Fraccionamientos del estado de Zacatecas bajo el número 1191/2015, promovido por la C. MA. DEL SOCORRO RANGEL RODRÍGUEZ, en contra del suscrito. De la Autoridad Ejecutora, reclamo la ejecución de la resolución aludida por la cual se ordenó requerimiento sobre la desocupación voluntaria en el plazo de cinco días respecto de la superficie de 644.363mts cuadrados correspondientes al lote 159 fracción O-II, ubicado en la zona de Fraccionamientos de San Marcos Bimbaletes, terrenos expropiados a la ex hacienda de San Marcos del municipio de Loreto, Zacatecas, con apercibimiento de lanzamiento"." Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y, mediante acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, toda vez que la quejosa cumplió con la prevención que le fue realizada en auto de dieciséis anterior, se admitió el libelo constitucional; se registró con el expediente 291/2017; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició el cinco de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a autoridades administrativas que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La resolución de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, emitida por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas, con motivo del recurso de revisión promovido por el hoy quejoso contra la diversa de nueve de julio de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento administrativo de restitución de tierras 1191/2015 promovido por Ma. del Socorro Rangel Rodríguez. - La ejecución de la resolución aludida. TERCERO. Certeza. Ahora, la autoridad responsable Director de Fraccionamiento Rurales del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado (foja 49), negó la existencia del acto reclamado, en virtud a que no ha sido notificada de la resolución dictada con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso, misma que constituye uno de los actos reclamados. Al respecto, los artículos 172 y 173, ambos de la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, establecen lo siguiente: "Artículo 172. Las resoluciones definitivas de segunda instancia causarán ejecutoria tan pronto como haya transcurrido el término para impugnarlas, conforme a lo que al respecto dispongan las leyes relativas. Transcurrido el término sin que se impugnen, se enviarán los autos originales de la resolución al Director para su cumplimiento. Artículo 173. El Director, a fin de hacer cumplir sus determinaciones, podrá emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio: I. Apercibimiento; II. Multa desde mil hasta cinco mil pesos, y que deberá pagarse dentro de un plazo máximo de cinco días, comprobándose mediante la presentación del certificado, carta de pago o recibo correspondiente. El importe de la multa quedará a beneficio del Fisco del Estado; III. El auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse en el momento en que sea solicitado; IV. El arresto hasta por treinta y seis horas, después de haberse aplicado la medida a que se refiere la fracción I, y V. El rompimiento de chapas y cerraduras. Si la falta de cumplimiento llegare a implicar la comisión de un delito, se consignarán los hechos a la autoridad competente. Los actuarios podrán solicitar directamente el auxilio de la fuerza pública, cuando actúen en cumplimiento una determinación del Director". Así, de dichos preceptos se obtiene que las resoluciones dictadas en segunda instancia causarán ejecutoria tan pronto transcurra el plazo para impugnarlas, por lo que una vez fenecido el término, se remitirán los autos al Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, para que ejecute la resolución, empleando las medidas de apremio contenidas en el segundo de los preceptos transcrito para lograr su cumplimiento. Ahora bien, en el caso en estudio, si bien la autoridad, al rendir su informe de ley manifestó no haber recibido notificación respecto de la resolución emitida por el Secretario General de Gobierno del Estado respecto del recurso de revisión promovido por el ahora quejoso, de acuerdo con los preceptos citados le corresponde la ejecución de dicha resolución y, por tanto, es cierto el acto que se le reclama. Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.- En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por otro lado, Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 50 a 58). Además, como se dijo, remitió el original del procedimiento administrativo de restitución de tierras 1191/2015, promovido por Ma. del Socorro Rangel Rodríguez, contra el hoy quejoso, de la estadística de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado, en el cual dictó la resolución reclamada; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Sobreseimiento del juicio de amparo. No se realizará el estudio de los conceptos de violación, virtud a que este juzgado de Distrito advierte se actualiza la causa de sobreseimiento del juicio prevista en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, cuestión de orden público y estudio preferente. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis aislada número I.7º.P. 11 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1200, del tomo XXVIII, Agosto de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." En efecto, el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio". Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico, que el juicio de amparo, se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada, conforme con el cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado; en consecuencia, es lógico concluir, que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. Entonces, al constituir el desistimiento en el juicio de amparo la abdicación o el abandono de algún derecho, esto es, el apartamiento de la acción y demanda, para que el juzgador tenga una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente, como en la resolución de sobreseimiento que debe dictarse al respecto, resulta indispensable que dicho desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial, o ante un funcionario con fe pública, lo cual tiene como finalidad el cercioramiento de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. Tiene aplicación, la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J. 119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 295, del Tomo XXIV, Agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente dice: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tenga una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando se tenga por desistido al agraviado en términos de ley para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En esa tesitura, mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecisiete (foja 84), se tuvo por recibido un escrito por el cual, el quejoso Francisco Díaz Delgado manifestó su deseo de desistirse del presente juicio; asimismo, en esa misma fecha éste compareció ante este órgano jurisdiccional a fin de ratificar el contenido del citado ocurso, lo cual aconteció como se advierte de la diligencia que obra a foja 83 de autos. Por tanto, si el quejoso emitió manifestación expresa de abandonar el ejercicio de la acción de amparo, como se advierte del escrito de desistimiento y de su ratificación ante la presencia judicial, entonces, se acredita plenamente la invocada causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso concreto, la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede verse en la página 147, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Así como la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 240, del Tomo XI, Abril de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo." No es obstáculo para la anterior determinación, la circunstancia de que el escrito de desistimiento se haya recibido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, ya que el Juez de Distrito debe tomar en cuenta los documentos presentados después de celebrada la audiencia, cuando con ello se acredite como en el presente caso, una causal de sobreseimiento, por ser de estudio preferente. Al respecto, sirve de apoyo por identidad jurídica, la tesis número II.1º.P. 33 K, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que puede consultarse en la página 664, del Tomo XIII, Junio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente señala: "AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO CON ELLOS SE ACREDITE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Si después de celebrada la audiencia constitucional, el Juez de Distrito toma en cuenta documentos que sirvieron para hacer de su conocimiento una causal de improcedencia, no puede considerarse una violación al artículo 155 de la Ley de Amparo, ya que siendo las causas de improcedencia de estudio preferente, acorde con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la ley en cita, el Juez está obligado a su análisis previo a cualquier otra cuestión. Además de que en esta hipótesis, es justificado atender a su contenido, de acuerdo con el artículo 74, fracción III, de la invocada ley, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga una causa de improcedencia, las que se rigen por disposiciones de orden público." En esas condiciones, es procedente sobreseer el presente juicio de control constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo; se, RESUEVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 291/2017, promovido por Francisco Díaz Delgado, contra el acto reclamado al Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, por las razones y consideraciones precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Francisco Javier Soto Moreno, Secretario que autoriza, hoy treinta de junio de dos mil diecisiete, por así permitirlo las labores del juzgado. Doy fe. /manuelcc."
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Francisco Chavarría González963/2015
- Francisco Cordova Murillo3983/2014
- Francisco Cruz Arcos1648/2022
- Francisco de la O Escobedo444/2015
- Francisco del Río Esparza1280/2022
- Francisco del Río Esparza827/2021
- Francisco Díaz Enciso3349/2014
- Francisco Durán Caldera948/2021
- Francisco Durán Hernández603/2018
- Francisco Durán Hernández362/2018
- Francisco Duran Mercado1966/2018
- Francisco Eduardo Reveles Hernández1759/2015