Francisco Diaz Ledesma
Expediente 1080/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Diaz Ledesma
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el seis de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara firme dicho proveído, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de SEIS DE JULIO de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, a seis de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Díaz Ledesma, por propio derecho, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho; se provee como sigue: 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, relativa a la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no sean de imposible reparación. Del artículo 107, fracción V, en cita, se advierte que el legislador fue claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, mediante interpretación auténtica, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por contrapartida, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquellos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. Así, del referido artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y su interpretación, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal, a saber: a) Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución; y b) Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. Tales argumentos fueron expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), con registro 2066589, emitida por dicho Pleno, publicada el seis de junio de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con lo cual se ha determinado que ya es inaplicable el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". En éste, fundamentalmente, se sostuvo que conforme a la legislación anterior -Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis- era posible interpretar que el amparo indirecto procedía, no sólo contra actos que afectaran directamente derechos sustantivos, sino que podía considerarse como actos de imposible reparación, excepcionalmente, tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales que afecten a las partes en grado predominante o superior, entre las cuales se encontraba el caso de la falta de personalidad, que constituye un presupuesto procesal sin el que no queda debidamente integrada la litis. Empero, atento al nuevo contexto de la Ley de Amparo -que le imprimió el propio legislador-, como ahora lo ha determinado la Corte, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación -que afecten materialmente derechos sustantivos-, aunque con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se analicen las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo puramente procesal. Expuesto lo anterior, en el caso, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, pronunciado por la Magistrada del Tribunal Unitario del Distrito Dieciocho, en el que determina que no le confiere el carácter de parte demandada a la Jueza Sandra Gaeta Miranda, así como al Actuario César Marín Moreno Ramírez, ambos del Juzgado Décimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. De lo que se concluye que el acto aquí reclamado no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino derechos adjetivos que pueden ser reparados si al resolverse el juicio natural de donde deriva el acto que aquí se reclama, la parte quejosa obtiene una resolución favorable a sus intereses o, en su defecto, podrán ser reclamados en el amparo directo que se promueva contra la sentencia. Lo anterior es así, porque el hecho que no se haya tenido como demandadas a las autoridades señaladas, no implica afectación a algún derecho sustantivo del quejoso, lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses. Así pues, como se ha expuesto el acto que por esta vía se reclama no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sólo afecta derechos procesales adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueve el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Robustece lo anterior, por analogía de razones, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019176, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis P./J. 7/2019 (10ª) Tomo I, febrero de 2019, número de página 6. "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable, porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiarían la naturaleza intraprocesal del acto reclamado. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda se aprecia la naturaleza intraprocesal del acto reclamado. 3). Domicilio de parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de cuenta, y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a José Alfredo Antonio Reyes, no así a los diversos profesionistas que refiere, ello en razón de que no acreditan encontrase registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por tanto, se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, para los efectos legales a que haya lugar. 4).- Autorización de copias. Se hace del conocimiento de las partes que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, están en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesiten, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 5). Habilitación de días y horas inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 6). Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en concordancia con los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 en cita. Asimismo, se le hace saber al Secretario que autoriza y da fe que, acorde al fundamento citado, es su obligación dar fe del cumplimiento de lo aquí ordenado, a fin de que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.
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