Francisco de Asis Lopez Barcena
Expediente 1533/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1533/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco de Asis Lopez Barcena
- Junta Especial Numero Cuatro de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintidós de enero de dos mil dieciocho, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio registrado con folio 001930, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, por medio del cual informa acerca del cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, queda el contenido del oficio en mención, así como el registrado con folio 01123 y anexos de los mismos, en la secretaría de este juzgado, a la vista de la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Miguel Ángel Rojas Araos, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio signado por la junta responsable, a través del cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En virtud de lo anterior, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la justicia de la unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Ana Samantha Davis Sánchez, en su carácter de Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, de cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe a Ana Samantha Davis Sánchez, en su carácter de Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." En este orden, se ordena agregar el cuaderno incidental respectivo, para que obre como legalmente corresponda. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Miguel Ángel Rojas Araos, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca Morelos, siendo las once horas con veintitrés minutos del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, estando en audiencia pública el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, licenciado Jorge Carenzo Rivas, con asistencia del Secretario Arnulfo Torres García, con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo 1533/2017, promovido por Francisco de Asís López Barcenas. Abierta la misma, el Secretario hace constar la inasistencia de las partes, a continuación se hace relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que destacan por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Por otra parte, no ha lugar a diferir la audiencia constitucional tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, pese a que el informe justificado de la autoridad responsable no se rindió con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia, puesto que implicaría retardar el procedimiento en perjuicio del quejoso, en virtud de que se tiene pleno conocimiento de la omisión en que han incurrido las autoridades responsables; además de que el impetrante de amparo reclama de las autoridades responsables la violación del artículo 17 Constitucional ante la falta de administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes y al diferir la presente audiencia, se estarían prolongando los efectos del acto reclamado. Acto continuo, en el período probatorio; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza la prueba documental que al efecto anexó el quejoso a la demanda de amparo, así como la anexada por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración al momento de resolver en el presente juicio de amparo. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se declara abierto el periodo de alegatos, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones de la representante social adscrita mediante intervención ministerial MPF/536/2017, con lo anterior se procede a cerrar el período de alegatos. Consecuentemente, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1533/2017; y R E S U L T A N D O S PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Francisco de Asís López Barcenas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que enseguida se indica: Autoridad responsable Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca. Actos reclamados ". La omisión en pronunciarse a la petición realizada mediante promoción presentada con fecha 09 de Junio de 2017 conforme a los plazos y términos que prevé la Ley Federal del Trabajo.". (sic) SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Por auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, previo desahogo de la prevención hecha en autos, se admitió la demanda; se registró en el libro de gobierno con el número 1533/2017; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que corresponde al representante Social de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la fracción XXIV, del apartado cuarto, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, la jurisdicción territorial y la especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, ya que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad circunscrita a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos reclamados a la autoridad responsable, son los siguientes: La falta de respuesta al escrito suscrito por la apoderada legal del ahora quejoso, presentado ante la responsable el nueve de junio de dos mil diecisiete. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en su informe justificado aceptó la existencia del acto de molestia, lo que resulta suficiente para tener por cierto el acto que se le reclama. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia visible en la página 206, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Transcripción innecesaria de conceptos de violación. Toda vez que este Juzgado de Distrito no advierte causa de improcedencia que estudiar, procede analizar los conceptos de violación, los cuales se dan por transcritos, en obvio de repeticiones innecesarias, además de que no transgrede las normas que regulan el procedimiento y de acuerdo a lo señalado por la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 599, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar en su caso, la ilegalidad de la misma". QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Estudio de fondo. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Para dilucidar lo anterior es necesario señalar en primer término que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del transcrito numeral, se desprende la potestad jurídica de petición, cuyo titular es del gobernado en general, es decir, de toda persona física o moral que tenga este carácter; ésta se deriva del derecho subjetivo público individual consagrado en dicho numeral, que le confiere facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando solicitud o instancia escrita de cualquier índole, la cual adopta, específicamente, el carácter de simple petición administrativa, acción o recurso. El Estado y sus autoridades (funcionarios y empleados) a virtud de la relación jurídica consignada en el precitado precepto, tienen obligación de ejecución o cumplimiento positivo de un hacer, consistente en dictar un acuerdo escrito, congruente a la solicitud que el particular les eleve y dárselo a conocer en el breve término, que desde luego no constriñe a contestar a lo peticionado en determinado sentido, sino en el que se considere es el procedente, es decir, no tiene que ser precisamente favorable a las pretensiones del peticionario, ya que frente a una negativa que se estima ilegal de parte de las autoridades, cabe la inconformidad de aquél, pero con fundamento en otras disposiciones constitucionales u ordinarias; se reitera, la autoridad está obligada a contestar a cualquier petición que se le plantee por escrito, esté bien o mal formulada y además debe hacer del conocimiento del interesado en el breve término tal respuesta, aspecto éste último que si bien es impreciso, debe ajustarse casuísticamente a los distintos planteamientos y trámites necesarios para dar contestación. En concreto, de acuerdo con lo razonado y del texto del precepto en cuestión, se desprende que es obligación de toda autoridad respetar el derecho de petición de los particulares, de manera que una vez ejercido éste, el órgano del Estado a quien la petición vaya dirigida debe asumir precisamente dos conductas concretas, que son: a) emitir un acuerdo por escrito; y b) darlo a conocer en breve término al peticionario. Esta última obligación de toda autoridad, como se anunció puede cumplirse de distinta forma, tomando en consideración los elementos fácticos y jurídicos que envuelvan a la petición correspondiente. Así es como el derecho constitucional de petición se respeta, es decir, efectuando sucesiva e inmediatamente ambas acciones (la de emitir el acuerdo escrito y la de notificarlo, ésta última que redunda en que el gobernado de manera fehaciente y completa conozca plenamente lo que recayó a su petición). Es aplicable al respecto el criterio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicado en la página 426, tomo IV, Noviembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE QUE LA RESPONSABLE NOTIFICÓ EL ACUERDO AL QUEJOSO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. El artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) dictar el acuerdo correspondiente y b) que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto; por tanto, aun cuando llegare a estimarse que la autoridad recurrente cumplió con el primero de los requisitos formales, al turnar el escrito de petición suscrito por el agraviado a la autoridad correspondiente, por tratarse de un asunto de su exclusiva competencia, si no acredita en forma fehaciente que se dio a conocer en breve término el contenido del proveído en cuestión al quejoso, por medio de notificación personal o a través del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano que contenga la firma autógrafa del peticionario de garantías, es evidente que no se dio cabal cumplimiento al segundo requisito formal contenido en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta Magna." Cabe señalar que los órganos del Estado suelen considerar agotada su obligación de respetar el derecho de petición al emitir un acuerdo escrito, olvidándose de la correlativa e indispensable obligación de darlo a conocer al peticionario. Sin embargo, acorde a las consideraciones que se han vertido y a la tesis antes transcrita, tan obligatorio es para el órgano del Estado emitir el acuerdo que recaiga a la petición del gobernado, como notificárselo en breve término para que lo conozca, pues ambas acciones se complementan a efecto de respetar cabalmente la norma constitucional de referencia. En la especie, la autoridad responsable no aportó prueba alguna que demostrara que no incurrió en la omisión que el peticionario del amparo le atribuye, siendo bastante la documental allegada a la presente instancia para acreditar que le formuló la petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa, concatenada con el reconocimiento que del acto reclamado realiza la autoridad responsable al rendir su informe justificado; de lo que se sigue que resulta fundado el concepto de violación que hace valer el impetrante en el sentido de que se viola en su perjuicio el artículo 8º de la Constitución General de la República, al no haber dado respuesta alguna a la petición que elevó ante la responsable el nueve de junio de dos mil diecisiete. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Julio de 2004, página 248, del rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO.- Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse". Asimismo, la Jurisprudencia perteneciente a la Época y Semanario indicados, Instancia: Pleno, Tomo: XIII, Abril de 2001, tesis: P./J. 42/2001, visible en la página: 126, misma que indica: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Consecuentemente, lo que procede es conceder a Francisco de Asís López Barcenas, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, en el respectivo ámbito de su competencia: De respuesta completa al escrito que el quejoso le presentó el nueve de junio de dos mil diecisiete, con número de folio 003823, de su índice, y proceda a notificarlo de inmediato, conforme a la ley que rige el acto. Lo anterior en el entendido de que la concesión del amparo en los términos apuntados, no prejuzga sobre la procedencia o no, de la solicitud formulada, por lo que sus efectos son única y exclusivamente para que la autoridad responsable, en pleno uso de sus atribuciones y facultades, resuelva de inmediato lo que considere pertinente en relación al escrito elevado a su consideración y lo notifique al impetrante de amparo. Resulta de aplicación al caso, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, con el número 3ª. XXXIV/92, Tomo IX, Abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." SEXTO. Captura de la sentencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en los que se determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena la captura del presente fallo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 75, 76, 77, 215 y 216 de la Ley de Amparo en vigor, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Francisco de Asís López Barcenas, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada en el resultando primero, por las razones, fundamentos y efectos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, envíese la misma al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Arnulfo Torres García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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