Francisco de Jesus Lucero Sanchez
Expediente 244/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Francisco de Jesus Lucero Sanchez
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para que obre como corresponda el oficio que remite la Actuaria Judicial Federal, adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta localidad, mediante el cual informa en lo substancial que ese órgano Jurisdiccional aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 244/2019-7A, promovido por FRANCISCO DE JESÚS LUCERO SÁNCHEZ, correspondiéndole el juicio de amparo directo 125/2019 de su índice. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, de los que se desprende que el presente cuaderno, conforme al punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado] ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, vigente hasta el día dos de abril de dos mil trece. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el libro uno de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo que promueve FRANCISCO DE JESÚS LUCERO SÁNCHEZ, contra el acto de la autoridad responsable Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal, del Partido Judicial del Municipio de Tijuana, Baja California; en consecuencia, fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 244/2019-7A. INCOMPETENCIA En el caso concreto, el quejoso reclama esencialmente del Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal, del Partido Judicial del Municipio de Tijuana, Baja California, la sentencia definitiva dictada en la causa penal 830/2008, de su índice, ya que en el escrito de demanda lo establece de la siguiente manera: [.] IV.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. Le reclamo LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATOTRIA AL C. FRANCISCO DE JESUS LUCERO SANCHEZ QUE ME FUE DICTADA, EN EL EXPEDIENTE 830/2008 Del Juzgado Séptimo de Lo Penal de Tijuana Baja California con fecha 10 de septiembre del 2010 [.]; por lo que, se pone de manifiesto que en la especie se surten las hipótesis previstas en el artículo 170 de la Ley de Amparo, toda vez que estamos frente a una sentencia definitiva. Ahora, el artículo 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; (.) VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; ..." Por su parte, los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 34. Los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Tribunal Colegiado de Circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.) Del contenido normativo citado, se puede apreciar, por una parte, que en la Constitución General se establecieron las bases fundamentales que rigen el juicio de amparo, entre las cuales nos interesa ahora mencionar las siguientes: a) Tratándose del reclamo de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo es procedente, entre otros, contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. b) Al impugnar sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se pueden plantear violaciones cometidas en ellos, o que cometidas durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. c) Para la procedencia del juicio de amparo, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios respectivos, salvo que la ley permita la renuncia de recursos. d) Al reclamarse sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, deben hacerse valer las violaciones procesales, con la condición de que el quejoso las hubiere impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa ordinario, salvo las excepciones que allí se señalan. e) El amparo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, de conformidad con la ley, en los casos que allí mismo se detallan. Por otra parte, también se advierte que en el texto constitucional citado, se encomendó al legislador ordinario la tarea de establecer en la ley reglamentaria los procedimientos a los que se sujetarían las controversias de amparo, a partir de las bases fundamentales fijadas en la Constitución. De las citadas normas de la Ley de Amparo se tiene que rigen las siguientes normas: a) El juicio de amparo se tramitará en la vía directa o indirecta, en la forma que establezca la Ley de Amparo. b) Los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo en la vía de tramitación directa. c) La vía de tramitación directa del amparo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo (ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo). d) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. e) Para la procedencia del juicio de amparo, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. f) Cuando se reciba en un Tribunal Colegiado de Circuito una demanda de amparo que deba tramitarse en la vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Con base en lo anterior, es posible afirmar que las disposiciones citadas se ocupan de establecer, por un lado, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo en la vía directa. Por otro lado, la regla sobre procedencia de la vía de amparo directo cuando se impugnen sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio (casos en los que se pueden plantear violaciones cometidas en ellos, o que cometidas durante el procedimiento, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo). Expuesto lo anterior, dado que en el caso se está en presencia de una sentencia definitiva, pues el acto que aquí se reclama lo constituye la sentencia definitiva dentro de la causa penal causa penal 830/2008, del índice del Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal, del partido Judicial del Municipio de Tijuana, Baja California, esto es, se trata de una resolución que pone fin al juicio penal de origen en lo principal; por lo tanto, se actualiza la hipótesis a que se contrae el precepto 170 de la legislación invocada, resultando claro que la vía procedente para impugnar el citado acto de autoridad, lo es el juicio de amparo directo, por lo que es indudable que de esta demanda debe conocer un Tribunal Colegiado de Circuito. Al respecto, resulta aplicable en estricto sentido la Tesis de Jurisprudencia, P./J. 6/2015 (10a.), Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Pág. 95, registro digital 2008791, que a la letra dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. En ese tenor, se colige que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el numeral 47 de dicha Ley de la materia, este Órgano Jurisdiccional declara que carece de competencia legal para conocer del asunto; en consecuencia, remítanse el original de la demanda de que se trata, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase únicamente para oír y recibir notificaciones a María Yadira Pérez González, toda vez que al realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registro de cédula a su nombre. Por otra parte, en atención a lo solicitado por la parte quejosa en su ocurso de cuenta, hágase de su conocimiento que si bien solicita tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, éste no es propiamente un domicilio para los efectos del juicio de amparo, por lo que, en consecuencia, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquense por medio de lista, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Nueva Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES LIBROS DE GOBIERNOS Y CAPTURA EN EL SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
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