Francisco de Jesús Lucero Sánchez
Expediente 782/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Francisco de Jesús Lucero Sánchez
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Actuario Judicial Federal adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se declaró firme el auto en el que se desechó la demanda de amparo relativa al presente juicio de amparo, lo que este juzgado toma nota para conocimiento y efectos legales conducentes. Finalmente, devuélvase el presente expediente al archivo definitivo.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Actuario Judicial Federal del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo de la llegada de los autos originales del presente juicio de amparo 782/2017-1A; asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; de lo anterior, se toma nota en el presente asunto para los efectos legales a que haya lugar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual se declinó la competencia a un Tribunal Colegiado con sede en esta ciudad, habiéndola aceptado el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Diana Reyes Amaya, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por periodo vacacional del Titular de este órgano jurisdiccional, concedido por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/6359/2017, de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida del SecretarioJesús Javier Segovia Sánchez, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. RADICACIÓN Vista la certificación que antecede, téngase por recibido el oficio número 466/2017, que remite el SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, al que adjunta original de demanda y papeleta de turno del juicio de amparo 14/2017 de su índice, presentada vía electrónica por FRANCISCO DE JESÚS LUCERO SÁNCHEZ, mediante el cual se declaró incompetente para conocer de dicho asunto. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en libro de gobierno uno de este Juzgado con el número 782/2017-1A. Acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, se estima que la competencia no recae ante este juzgado federal, pues en el caso se reclama una sentencia definitiva En efecto, derivado del análisis integral de la demanda de amparo, la parte quejosa estableció como acto reclamado: ".LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA AL C. FRANCISCO DE JESUS LUCERO SÁNCHEZ QUE ME FUE DICTADA, EN EL EXPEDIENTE 830/2008 Del Juzgado Séptimo de lo Penal de Tijuana Baja California" De lo anterior, se advierte que la resolución reclamada es de aquellas que ponen fin al juicio de origen, ello es así, toda vez que de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, se desprende que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo directo sólo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo. Ahora, como ya se precisó, en el presente sumario constitucional, el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva dictada en el expediente 830/2008, emitida por el Juzgado Séptimo de lo Pena de Tijuana Caja California. En consecuencia, con dicha resolución se pone fin al juicio de origen, por consiguiente se estima que la competencia no recae ante este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 34, 47 y 170 fracción I de la Ley de Amparo. Para una mejor comprensión del asunto en cuestión es preciso transcribir los numerales en mención, a saber: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" Consecuentemente, se considera que la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con el artículo 34 del invocado ordenamiento legal. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 3/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, identificada por el siguiente rubro y texto: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CONTRA LA SENTENCIA CONDENATORIA POR LA QUE SE IMPONE UNA PENA DE PRISIÓN, NO OBSTANTE QUE ÉSTA HUBIERA SIDO COMPURGADA. El artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, fija las excepciones a la regla general de quince días para presentar la demanda de amparo prevista en el numeral 21 del mismo ordenamiento, en cuyos casos podrá interponerse en cualquier tiempo, específicamente tratándose de los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. De dicho precepto se advierte que el legislador procuró incluir como principios fundamentales de la norma, entre otros, el respeto al derecho a la vida y a la libertad, al establecer una tutela privilegiada para la presentación de la demanda, cuando los actos de las autoridades pongan en peligro esos derechos humanos; sin embargo el legislador, al referirse a los actos que importen "ataques a la libertad personal", no hizo distinción alguna, en el sentido de si tal afectación debía ser directa o indirecta, por lo que conforme al principio pro persona dicha disposición debe interpretarse de forma extensiva y no rigorista, procurando en todo momento favorecer ampliamente a la persona, pues así lo amerita la preservación de la libertad de las personas, al constituir el valor más importante después de la vida. Ahora bien, la sentencia condenatoria por la que se impone una pena de prisión que ha sido compurgada constituye un acto que ataca indirectamente la libertad personal, pues aunque el sentenciado no tendrá restringida su libertad personal por la sanción fijada, ésta y los demás elementos que la componen -el acreditamiento del tipo penal y la plena responsabilidad-, así como otras condenas (la multa y la reparación del daño), subsisten en la sentencia; de ahí que cuando se promueva amparo directo contra dicha resolución, se actualiza la excepción prevista en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, no obstante que la pena de prisión hubiera sido compurgada." Del mismo modo, resulta aplicable la jurisprudencia I. 1o. A. J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." En mérito de lo expuesto, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo y con apoyo en lo previsto por los artículos 34, 47 y 170 fracción I de la ley de la materia, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole que de no tener inconveniente legal alguno acuse de recibo de estilo correspondiente e informe la determinación que tome respecto a la competencia planteada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Nueva Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. LIBRO DE GOBIERNO Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. RADICACIÓN Vista la certificación que antecede, téngase por recibido el oficio número 466/2017, que remite el SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, al que adjunta original de demanda y papeleta de turno del juicio de amparo 14/2017 de su índice, presentada vía electrónica por FRANCISCO DE JESÚS LUCERO SÁNCHEZ, mediante el cual se declaró incompetente para conocer de dicho asunto. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en libro de gobierno uno de este Juzgado con el número 782/2017-1A. Acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, se estima que la competencia no recae ante este juzgado federal, pues en el caso se reclama una sentencia definitiva En efecto, derivado del análisis integral de la demanda de amparo, la parte quejosa estableció como acto reclamado: ".LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA AL C. FRANCISCO DE JESUS LUCERO SÁNCHEZ QUE ME FUE DICTADA, EN EL EXPEDIENTE 830/2008 Del Juzgado Séptimo de lo Penal de Tijuana Baja California" De lo anterior, se advierte que la resolución reclamada es de aquellas que ponen fin al juicio de origen, ello es así, toda vez que de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, se desprende que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo directo sólo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo. Ahora, como ya se precisó, en el presente sumario constitucional, el acto reclamado consiste en la sentencia definitiva dictada en el expediente 830/2008, emitida por el Juzgado Séptimo de lo Pena de Tijuana Caja California. En consecuencia, con dicha resolución se pone fin al juicio de origen, por consiguiente se estima que la competencia no recae ante este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 34, 47 y 170 fracción I de la Ley de Amparo. Para una mejor comprensión del asunto en cuestión es preciso transcribir los numerales en mención, a saber: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" Consecuentemente, se considera que la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con el artículo 34 del invocado ordenamiento legal. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 3/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, identificada por el siguiente rubro y texto: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CONTRA LA SENTENCIA CONDENATORIA POR LA QUE SE IMPONE UNA PENA DE PRISIÓN, NO OBSTANTE QUE ÉSTA HUBIERA SIDO COMPURGADA. El artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, fija las excepciones a la regla general de quince días para presentar la demanda de amparo prevista en el numeral 21 del mismo ordenamiento, en cuyos casos podrá interponerse en cualquier tiempo, específicamente tratándose de los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. De dicho precepto se advierte que el legislador procuró incluir como principios fundamentales de la norma, entre otros, el respeto al derecho a la vida y a la libertad, al establecer una tutela privilegiada para la presentación de la demanda, cuando los actos de las autoridades pongan en peligro esos derechos humanos; sin embargo el legislador, al referirse a los actos que importen "ataques a la libertad personal", no hizo distinción alguna, en el sentido de si tal afectación debía ser directa o indirecta, por lo que conforme al principio pro persona dicha disposición debe interpretarse de forma extensiva y no rigorista, procurando en todo momento favorecer ampliamente a la persona, pues así lo amerita la preservación de la libertad de las personas, al constituir el valor más importante después de la vida. Ahora bien, la sentencia condenatoria por la que se impone una pena de prisión que ha sido compurgada constituye un acto que ataca indirectamente la libertad personal, pues aunque el sentenciado no tendrá restringida su libertad personal por la sanción fijada, ésta y los demás elementos que la componen -el acreditamiento del tipo penal y la plena responsabilidad-, así como otras condenas (la multa y la reparación del daño), subsisten en la sentencia; de ahí que cuando se promueva amparo directo contra dicha resolución, se actualiza la excepción prevista en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, no obstante que la pena de prisión hubiera sido compurgada." Del mismo modo, resulta aplicable la jurisprudencia I. 1o. A. J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." En mérito de lo expuesto, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo y con apoyo en lo previsto por los artículos 34, 47 y 170 fracción I de la ley de la materia, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole que de no tener inconveniente legal alguno acuse de recibo de estilo correspondiente e informe la determinación que tome respecto a la competencia planteada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Nueva Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. LIBRO DE GOBIERNO Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
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