Francisco Daniel Yeme Gómez

Expediente 1105/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1105/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Francisco Daniel Yeme Gómez
  • Titular de la Fiscalía de Reinserción Social (antes dirección de Prevención y Readaptación Social) Puente Grande Jalisco

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintiuno. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra la determinación de dieciocho de octubre del año en curso, por la que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha resolución. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo de expediente. Considerando que en la determinación de dieciocho de octubre de este año se desechó la demanda de amparo, y en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 6. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, 1º para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, 2º que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Spral 1105/2021 mesa 4° an Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Se agrega oficio y anexo. Agréguese a los autos e oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en este municipio; en atención a su contenido, se acuerda: Téngasele informando a este Juzgado la designación de la licenciada*** como defensora del aquí quejoso Francisco Daniel Yeme Gómez; asimismo, indica que una vez que las necesidades del servicio lo permitan, se practicará la visita carcelaria correspondiente. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante remitiendo copia de conocimiento de la comunicación oficial DOAX-4915/2021, de tres del actual, del que se aprecia que informó a la citada licenciada su designación como defensora de la parte quejosa. Además, le indicó que debería practicar visita carcelaria al quejoso, con la finalidad de conocer los motivos que lo llevaron a promover el juicio de amparo y recabar su designación y autorización en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Estado de autos. Por otra parte, visto el estado de autos, de la diligencia de notificación personal de veintinueve de octubre del año en curso, realizada por el actuario adscrito al quejoso Francisco Daniel Yeme Gómez, se advierte que el quejoso solicitó un defensor para que lo asesore; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa esta determinación en la que se acordó lo relativo. 3. Forma de notificación. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y no obstante que ese centro de reclusión se encuentra aproximadamente a cien kilómetros de distancia, se comisiona al (la) actuario (a) adscrito (a) a este juzgado, para que, con las medidas de seguridad debidas, se haga presente a ese lugar, en un día de la semana que específicamente programe para tal fin y notifique personalmente este proveído. En el entendido que dicha comisión fuera de la zona urbana y de donde este juzgado ejerce jurisdicción territorial para realizar diligencias, es única y exclusivamente para ese efecto y es con el fin evitar esa encomienda a otro juzgado del orden común y que con ello se vea retrasada la pronta administración de justicia, en contravención a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. 3.1. Indicación al (la) actuario (a). También, se instruye al (a la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (vigente a la fecha en que se actúa). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 1105/2021 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Autoridad no responsable cumple requerimiento. Agréguese el oficio firmado por la encargada del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de dieciocho del actual, informa que el quejoso Francisco *** se encuentra recluido en ese centro penitenciario como procesado por diversos delitos del fuero federal y local; al respecto, proporciona las causas penales y juzgados llevadores de esos procedimientos. Nombramiento de defensor. En esas condiciones, como en proveído de dieciocho de este mes se reservó proveer lo relativo a la designación de un defensor público hasta en tanto se tuviera la información que ahora se recibe; por ello, se acuerda: Con fundamento en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el objeto de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los quejosos en este juicio de amparo, se ordena girar atento oficio al Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Oaxaca, con sede en este municipio, para que, de no tener inconveniente alguno, designe un defensor Público que asesore al quejoso, en todo lo relativo al trámite de este juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. A fin de que la Defensoría Pública tenga mayores elementos para la designación solicitada, remítasele por oficio la copia simple del 1) oficio de cuenta, 2) de la demanda de amparo y 3) del auto en el que se desechó la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXIV.2o. J/2 (10a.), de rubro siguiente: "*** Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 1105/2021 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo registrada el quince del actual en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca y turnada en la misma data este órgano jurisdiccional, promovida por *** por propio derecho, contra actos del titular de la fiscalía de Reinserción Social (antes Dirección de Prevención y Readaptación Social), en Puente Grande Jalisco, y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso con el registro 1105/2021. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. En estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, se estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, pues, conforme a la lectura integral del escrito, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta la parte quejosa es evidente e indudablemente improcedente, al no haberse agotado el principio de definitividad, ni actualizarse excepción alguna, como presupuesto para promover el amparo en la vía indirecta. El numeral citado en último término establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano jurisdiccional estima que se debe desechar la demanda de amparo; además, es preciso referir que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Precisión del acto reclamado. En la demanda de amparo la parte quejosa reclama: El no trasladar al gobernado a un centro penitenciario, cercano a su núcleo social primario, Tal como el; Centro Penitenciario el "El Metropolitano", en Puente Grande, Jalisco. Acto que atribuye a las siguientes autoridades: 1) Titular de Fiscalía de Reinserción Social, con residencia en Puente Grande. 2) Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con asede en la ciudad de México. Ahora, del análisis integral practicado a la demanda de amparo se obtiene que el acto concreto de que se duele el quejoso es la omisión para trasladarlo del lugar donde actualmente se encuentra recluido, esto es, del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al diverso centro penitenciario "El Metropolitano", en Puente Grande, Jalisco. Así, del aludido ocurso se advierte que resulta procedente el desechamiento de plano de la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consistente al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, en virtud de que el quejoso no agotó contra la omisión de traslado que reclama el medio de defensa ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ello, se estima que se actualiza la citada causal de improcedencia. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: -- - - - [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.". No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." La anterior norma recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo, en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Se reitera, el quejoso se duele de que las autoridades responsables no lo han trasladado del centro penitenciario en el que se encuentra (Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca), a otro centro penitenciario cercano a su núcleo esencial primario, como podría ser el centro penitenciario "El Metropolitano, en Puente Grande, Jalisco". Cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Como se puede advertir, respecto a la hipótesis referida en el inciso c), se distinguen tres tipos de traslados, a saber: 1. Los traslados voluntarios; se encuentran previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y son aquellos que inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al juez de Ejecución, este último celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 2. Los traslados involuntarios; tanto de procesados como de sentenciados, son aquellos previstos en el artículo 51 de la ley nacional especial, y deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3. Los traslados urgentes o excepcionales, que surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Cabe señalar que contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se deduce que los traslados siempre deben ser autorizados por el juez competente. Así, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un juez. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el tópico en examen. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena. A su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas. Esta resolución puede ser apelada por el interno, en caso de que no le favorezca a sus intereses. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno estará en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, de los precitados regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, es dable afirmar que el acto reclamado consistente en la omisión para ordenar que el quejoso sea trasladado a otro centro penitenciario cercano a su núcleo esencial primario (traslado voluntario), forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en sus artículos 30 y 31, que se transcriben a continuación: "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas". "Artículo 31. Clasificación de áreas La Autoridad Penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreas y espacios en el Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad (.)". Para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos, el traslado de un centro penitenciario a otro en términos de lo establecido en los artículos 107 a 110 de la ley en consulta. Debe aclararse que si bien dicha ley hace alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que su artículo 1o. dispone lo siguiente: ".Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.)" Es decir, tratándose de actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena, será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece de manera específica que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentre recluido, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad para formular el escrito correspondiente, cuando así le sea solicitado; asimismo, en dicho procedimiento el interesado podrá ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por otra parte, el artículo 114 de la citada ley especial penal señala que el director del centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en el plazo de cinco días y notificar su determinación en uno no mayor a veinticuatro horas; asimismo, si dicha resolución es adversa a los intereses de la persona privada de su libertad que haya solicitado la petición administrativa, éste podrá formular controversia dentro del término de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, ante el juez de Ejecución; pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento. Por su parte, el artículo 115 de la ley nacional, establece: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." En consecuencia, cuando las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, de no atenderse de inmediato, provoquen dejar sin materia la petición, y se constituyan un caso urgente, entonces la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Sobre ese orden de ideas, el quejoso se encuentra obligado a agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la promoción del juicio de derechos fundamentales, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; máxime que el juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; o anterior, conforme a los artículos 122 y 124 de la ley nacional especial. Es decir, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman, teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo; sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo Se invoca en apoyo la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta, del Libro 61, Diciembre de dos mil dieciocho, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018548, que a la letra dice: ".OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Así como la tesis aislada I.6o.P.133 P (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página dos mil seiscientos cuarenta y cinco, del Libro 62, Enero de dos mil diecinueve, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018918, de rubro: ".SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN". Por tanto, al no haberse agotado la controversia judicial ante el juez de Ejecución Penal contra el acto reclamado, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tal motivo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. 4. Requerimiento previo. Previo a designar un defensor público a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al (la) encargado (a) de la Dirección del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (autoridad no responsable), para que dentro del plazo de tres días, informe si el delito o delitos por los que se encuentra el quejoso privado de su libertad personal corresponde al fuero federal o al fuero estatal, proporcionando los datos necesarios para solicitar, en su caso, un defensor al Instituto Federal de Defensoría Pública. *** Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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