Francisco Cruz Cruz a través de su apoderado
Expediente 1177/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1177/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Cruz Cruz a través de su apoderado
Actuaciones
- Principal
PRAL.1177/2021.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que por acuerdo de fecha ocho de noviembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por Julio César Morales Carrasco, apoderado legal del quejoso Francisco Cruz Cruz, del que quedó notificada el diez de noviembre siguiente, por lo cual, el plazo conferido para hacer valer en su contra el recurso de queja a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del doce al diecinueve de noviembre de este año, sin que hubiere interpuesto dicho medio de impugnación. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte quejosa no ejerciera tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destruible). Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, dado el sentido de la resolución que puso fin al juicio de amparo (auto de desechamiento) y no se concedió la suspensión de oficio y de plano, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Documental. En relación con la documental que exhibió la parte quejosa, como se trata de una copia que se autorizó mediante firma electrónica, no procede ordenar requerirle recupere la misma, como lo establece el artículo 20, segundo párrafo, del citado acuerdo general, ya que no se trata de un documento original. 7. Instrucción sobre certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que está encargado del trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 1177/2021 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Julio César Morales Carrasco, apoderado legal del quejoso ***, contra un acto de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, recibida en línea el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número ***. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Personalidad del promovente. Con apoyo en el precepto 11 de la Ley de Amparo se tiene por demostrada la personalidad de ***, como apoderado legal del quejoso ***, con la copia del acuerdo emitido el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en el juicio laboral 1230/2020 (4), en el que la responsable le reconoce dicho carácter, por haber sido exhibida la carta poder de este último ante esa autoridad. 4. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se realiza el análisis de la promoción inicial constitucional, de la que se advierte lo siguiente: Actos reclamados De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: -La omisión de dictar y notificar el laudo en el expediente laboral 1230/2020 (4), por parte de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Causa de improcedencia. Debe desecharse la demanda de amparo cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es decir, que se advierta en forma patente, notoria y clara; y se tenga la certeza y convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1º., 5º, fracción II, y 108, fracción III, de dicha ley, que refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III.- La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". Estos preceptos invocados prevén la procedencia del amparo contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Así, se considera que el acto reclamado consiste en un hecho voluntario y positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado o un particular que tenga facultades cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De ahí que no todos los hechos que el gobernado estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad, esto es, aquellos que afectan de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; además, si de acuerdo con su naturaleza, se debe considerar si puede exigirse su cumplimiento. De no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 1230/2020 (4), Al respecto, refirió, bajo protesta de decir verdad, que: a) El dieciocho de noviembre de dos mil veinte el actor presentó demanda laboral. b) Previo trámite del procedimiento, el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, además, se declaró cerrada la instrucción en ese juicio laboral y se turnó el expediente para la formulación del proyecto de laudo, sin que, hasta la fecha en que presentó demanda de amparo -cinco de noviembre de dos mil veintiuno, hubiere emitido el mismo, por lo cual, dice, no se han observado los principios de celeridad, inmediatez, economía y sencillez que rige en el procedimiento laboral. Ahora, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Del precepto trascrito se advierte que toda persona tendrá derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita en los plazos y conforme a los términos que fije la ley laboral, de lo contrario, se pugnaría con los principios procesales establecidos en esa misma legislación, consistentes en la obligación que tienen de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Además, a partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 8 y 25 específicamente, se permite configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva, en el que el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos que vinculan normativamente y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de plazo razonable conforme a las particularidades del caso. Criterio que se sostiene en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 124 del tomo XXV, abril de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En el caso, los artículos 685, 734 y 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, ley que rige el acto que se le reclama, como aparece en el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, que exhibe con la demanda de amparo, señalan: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. - -- - .." "Artículo 734. En los términos no se computarán los días en que en la Junta deje de actuar conforme al calendario de labores aprobado por el Pleno, así como cuando por caso fortuito o de fuerza mayor no puedan llevarse a cabo actuaciones. Los avisos de suspensión de labores se publicarán en el boletín laboral o en los estrados, en su caso". "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas.". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". "Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado". "Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes". Esto es, se impone la obligación de que dentro de los diez días siguientes al en que se declare cerrada la instrucción en un juicio laboral, el auxiliar deberá formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, hecho lo cual, se entregará una copia del proyecto a cada uno de los Integrantes de la Junta, y dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que se hubiere recibido esa copia, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que se juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; luego, dentro del término de ocho días, se señalará audiencia para su desahogo; y, posteriormente, el presidente citará para su discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes; en caso de aprobarse el proyecto sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo, y será firmado por los integrantes de la Junta; realizado el engrose, se entregará para su notificación. Esto es, entre la declaración de cierre de instrucción y la emisión del laudo y su notificación, se realizan diversos actos que se desahogan en un plazo el plazo de treinta y tres días hábiles. De ahí que si en este asunto se reclama de la Junta responsable la omisión de dictar el laudo respectivo, así como su notificación, pese a que el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno se declaró la cerrada la instrucción, es evidente que entre esa fecha (auto de cierre de instrucción) y la de presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio -cinco de noviembre del año en curso-, sólo han transcurrido veintidós días hábiles; es decir, no ha fenecido el término de treinta y tres días hábiles con el que cuenta la responsable para emitir el laudo y notificarlo. En esas condiciones la Junta se encuentra dentro del plazo legal para emitir el laudo y, como consecuencia, la parte quejosa no está en la posibilidad jurídica de alegar una violación a su derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional. Por tratar sobre un tema jurídico similar, se invoca la jurisprudencia XIX1o5 K, visible en la página 633, tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de la Novena Época: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". Así, al no existir algún acto de autoridad, con apoyo, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, la demanda de amparo promovida por Francisco Cruz Cruz, por actualizarse la referida causa manifiesta e indudable de improcedencia. Con la precisión que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión al peticionario de amparo, porque en el supuesto de que la autoridad responsable no emita el laudo, pese haber transcurrido el plazo para ello, previsto en la Ley Federal del Trabajo, podrá promover de nueva cuenta el juicio constitucional, en caso de que lo estime conveniente. Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia; por lo que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Es aplicable la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 5. Acceso y notificaciones en línea. Con apoyo en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 36, 39 y 55 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa 1º el acceso al expediente electrónico 1177/2021 y 2º la práctica de las notificaciones, vía electrónica, a través del usuario jcesarmorales. Se invocan las razones sostenidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.1o.P.34 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 58, septiembre de 2018, tomo III, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO". Por lo anterior, como el juicio se seguirá en línea y se efectuarán las notificaciones a través de ese medio, no procede tenerle señalando como domicilio para recibir notificaciones el que refiere en la demanda de amparo. 6. Autorizados. Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados únicamente para recibir notificaciones a las personas que indica, por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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